Jueves, 19 de octubre de 2006
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN OAXACA


MISION CIVIL DE OBSERVACION

Oaxaca 4 ? 8 de septiembre de 2006

Informe Preliminar:

?Violaciones a derechos humanos en Oaxaca. Del paro magisterial a la movilizacion popular?

Organizaciones participantes:

�� Peace Watch Switzerland (PWS)
�� Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
�� Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ?Todos los
Derechos para Todos y Todas?
�� Red Oaxaque?a de Derechos Humanos
�� Acci?n de los Cristianos para la Abolici?n de la Tortura (ACAT)
�� Centro de Derechos Humanos ?Fray Bartolom? de las Casas?
�� Centro de Derechos Humanos ?Fray Francisco de Vitoria?
�� Centro de Derechos Humanos ?Mahatma Gandhi?
�� Centro de Derechos Humanos Miguel Agust?n Pro Ju?rez
�� Centro de Derechos Humanos ?u?u Ji Kandii"
�� Centro de Derechos Ind?genas ?Flor y Canto?
�� Centro de Estudios Ecum?nicos
�� Centro Regional de Derechos Humanos ?Bartolom? Carrasco Brise?o?
�� Programa de Derechos Humanos del Instituto Tecnol?gico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO)
�� Tequio Jur?dico
�� Por su parte BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ acompa?? a los
integrantes de la Red Oaxaque?a de Derechos Humanos para la realizaci?n
de esta misi?n, como un mecanismo para garantizar la seguridad de las
personas.


Introducci?n

La Misi?n Civil de observaci?n en Oaxaca, integrada por 16 organizaciones locales, nacionales e internacionales, ha estado presente en la ciudad de Oaxaca y en algunos municipios desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de septiembre. El objetivo que esta misi?n se propuso fue constatar la realidad que vive el estado de Oaxaca y documentar violaciones a los derechos humanos.
Durante estos d?as la misi?n pudo entrevistarse con algunas personas detenidas, sus familias y abogados; con miembros de la APPO (APPO)1, con maestros de la secci?n 22, con miembros del peri?dico Noticias; con integrantes de ayuntamientos populares y con alguna de las autoridades municipales depuestas, con vecinos y vecinas de algunas colonias, con un grupo de empresarios, as? como con funcionarios del gobierno del estado.

La misi?n tiene un car?cter de observaci?n de derechos humanos, lo cual significa que se trata de conocer, documentar y establecer los posibles patrones de abusos cometidos por las distintas autoridades, as? como registrar el tipo y grado de incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar, proteger y asegurar los derechos humanos. Lo anterior considera todos los derechos humanos: vida, integridad y seguridad de las personas, derechos pol?ticos, lo mismo que los derechos econ?micos, sociales, culturales y ambientales.

Luego de escuchar los diversos testimonios identificamos como elementos del conflicto que se vive en Oaxaca los siguientes:

? Los problemas estructurales como son la pobreza y enorme desigualdad en la distribuci?n de la riqueza, el autoritarismo de los gobiernos, la corrupci?n y la total ausencia de espacios reales de participaci?n ciudadana.

? Los agravios del actual gobierno en contra de personas, organizaciones,municipios, empresarios, etc. La mayor?a de los entrevistados se?alaron alg?n agravio concreto sufrido por parte del gobierno estatal o de algunos de los municipales.

? El caso del ataque y permanente asedio en contra del peri?dico Noticias de Oaxaca que a la fecha no tiene soluci?n.

? El intento de desalojo del 14 de junio mostr? una actitud represiva por parte del actual gobierno y tambi?n dej? en claro un gran rechazo de la sociedad oaxaque?a a la represi?n como v?a para enfrentar los conflictos.

? Criminalizaci?n de la lucha social.

? Falta de transparencia en la administraci?n p?blica.

? La comisi?n de delitos por parte de algunos particulares, frente a lo cual los afectados encuentran que el acceso a la justicia, que es un derecho humano, no es posible y pone a estas personas en la doble situaci?n de v?ctimas de delitos y
tambi?n v?ctimas de violaci?n a derechos humanos.

1
Inicialmente la organizaci?n se llam? Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca pero m?s recientemente cambio a APPO y en ambos casos sus siglas son APPO.

2
El movimiento magisterial, como desde hace a?os, de nueva cuenta present? su pliego de demandas e inici? la respectiva movilizaci?n. Luego del 14 de junio el movimiento magisterial fue pasando de un movimiento gremial a un movimiento diverso, amplio y capaz de condensar mucha de la inconformidad social.

El movimiento social, hoy convertido en la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, ha logrado hacer evidentes las deficiencias de la estructura pol?tica de Oaxaca, as? como la imposibilidad de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos pol?ticos en la ?direcci?n de los asuntos p?blicos?.

Debemos reconocer que el movimiento que se vive en Oaxaca abri? posibilidades de participaci?n a sectores de la sociedad que hasta hace poco hab?an permanecido excluidos.
Las actuales circunstancias colocan a la sociedad oaxaque?a en la disyuntiva de
renunciar a sus aspiraciones y conformarse con el actual sistema o esforzarse por
reformar el Estado para que se dise?e, organice y eval?e la forma de gobierno partir de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de quienes viven en el estado de Oaxaca.

Art?culo 23 de la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos, sobre derechos pol?ticos.

Violaciones a derechos humanos de las personas detenidas

Como parte de la observaci?n, buscamos entrevistas directas con las personas que han sido detenidas y recluidas a ra?z de la movilizaci?n popular en el estado de Oaxaca.
Actualmente, en esta situaci?n se encuentran los se?ores: Germ?n Mendoza Nube, detenido el 9 de agosto y recluido en el Reclusorio Regional de Miahuatl?n; Ramiro Arag?n P?rez, detenido el 10 de agosto y recluido en la C?rcel Municipal de Zimatl?n; y Erangelio Mendoza Gonz?lez, detenido el 11 de agosto y recluido en el Reclusorio Regional de Cuicatl?n3. Asimismo, para documentar cabalmente las posibles violaciones a derechos humanos, dialogamos con las personas que fueron detenidas junto con ellos, con sus abogados y con sus familiares.

Caso de Germ?n Mendoza Nube
El 6 de septiembre un grupo de abogados/as y psic?logos/as nos entrevistamos con el
profesor Germ?n Mendoza Nube en el Centro de Readaptaci?n Social Regional
(CERESO) de Miahuatl?n.

El profesor Germ?n, de 41 a?os, originario del Estado de Hidalgo, es un activista social
de amplio reconocimiento entre las organizaciones que han confluido en la APPO.
Desde hace 19 a?os, una lesi?n en la m?dula espinal le impide la movilidad de los
miembros inferiores por lo que requiere una silla de ruedas y el uso permanente de
una sonda para realizar sus necesidades fisiol?gicas. Adem?s padece de diabetes, por
lo que tambi?n necesita medicamentos y dieta especial.
De acuerdo con el testimonio del maestro, confirmado con el de otros testigos
presenciales entrevistados, su detenci?n ocurri? el 9 de agosto aproximadamente a las
14:00 horas, despu?s de varias semanas de persecuci?n y hostigamiento que lo
obligaron a moverse de domicilio e incluso a salir del estado de Oaxaca. Ese d?a un
grupo de entre 25 y 30 personas vestidas de civil, algunas de ellas con armas de
grueso calibre, se presentaron enfrente de su casa mientras se dispon?a a entrar en su
domicilio. Sin identificarse y sin mostrar mandato escrito, dichas personas agredieron y
enca?onaron a sus acompa?antes, los se?ores Eliel V?zquez Castro y Leobardo L?pez
Palacios, para despu?s levantarlo violentamente en vilo con su silla de ruedas e
introducirlo a la fuerza en una camioneta blanca, tipo ?Urban?, carente de placas e
insignias oficiales.
Iniciaron entonces una serie de traslados en los que los diferentes captores del
profesor lo mantuvieron esposado, sin atenci?n m?dica adecuada, sin alimentaci?n e
incomunicado. En las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca fue
introducido violentamente a un helic?ptero y llevado a las instalaciones de la
Penitenciar?a de Tlacolula. Durante la tarde de ese d?a, 9 de agosto, el profesor fue
trasladado por vez primera al CERESO de Miahuatl?n, donde pas? la noche sin recibir
alimentos; tampoco le fue brindada atenci?n m?dica o asistencia para vaciar su
recolector de orina por lo que debi? dormir entre sus orines. Durante la ma?ana del d?a
siguiente, 10 de agosto, un helic?ptero lo condujo al Hospital General de la ciudad de
Puebla, aunque no recibi? ninguna atenci?n especializada ni le suministraron
medicamentos. A la ma?ana siguiente volvi? a ser trasladado al CERESO de Miahuatl?n, donde permanece a la fecha. No fue sino hasta el 12 de agosto que la
familia pudo verlo; ese d?a el maestro conoci? las acusaciones en su contra4. Existen
indicios de que ?stas pueden haber sido fabricadas.

Caso de Ramiro Arag?n

El 6 de septiembre un grupo de abogados/as y psic?logos/as intentamos
entrevistarnos con Ramiro Arag?n en la C?rcel Municipal de Zimatl?n. Sin embargo,
pese a que ?l mismo hab?a consentido nuestra presencia a trav?s de su esposa,
nuestro trabajo como defensores de derechos humanos fue obstaculizado por el
personal del penal.
Ramiro Arag?n P?rez, de 30 a?os, originario del estado de Oaxaca, es un bi?logo
especializado en la conservaci?n de recursos naturales, dedicado a la ornitolog?a. Su
trayectoria se liga a la academia aunque su compromiso social y el ser hijo de
maestros, lo han llevado a simpatizar con las movilizaciones recientes.
De acuerdo con sus testimonios, la tarde del d?a 9 de agosto se formaron varias
brigadas para buscar al profesor Germ?n Mendoza una vez que se hizo p?blica su
detenci?n y al no conocerse su paradero. En una de ellas, participaron Ramiro, Juan
Gabriel R?os y Eliona? Santiago S?nchez5. Buscando al maestro llegaron hasta la colonia
San Felipe del Agua; ah? aproximadamente a las 02:00 a.m. los intercept? un veh?culo
sin identificaciones oficiales, obstruy?ndoles el paso. Un grupo de varios individuos
vestidos de civiles armados los enca?on?, orden?ndoles bajar del auto. Ramiro, Juan
Gabriel y Eliona? fueron obligados a mostrar sus documentos y al identificarse los
?ltimos dos como maestros, quien dirig?a a este grupo de civiles orden? que les
amarraran las manos. Enseguida, fueron subidos a una camioneta que hab?a llegado
despu?s. Uno de los captores abord? el auto de Ramiro, el cual no ha sido recuperado.
Los detenidos fueron llevados a otra camioneta en donde empezaron a ser golpeados.
Las agresiones continuaron durante todo el traslado hasta la C?rcel Municipal de Ejutla,
donde llegaron aproximadamente a las tres de la ma?ana, sin que se les permitiera
comunicarse con sus familiares y sin ser informados sobre el cargo por el cual estaban
detenidos. El lugar en el que permanecieron durante todo ese d?a presentaba
condiciones insalubres. Posteriormente, fueron llevados a la delegaci?n de la
Procuradur?a General de la Rep?blica, donde se les inform? que en su contra se hab?a
integrado averiguaci?n previa por la supuesta posesi?n de arma exclusiva de uso del
Ej?rcito durante su detenci?n. Existen indicios claros de que las acusaciones pueden
haber sido fabricadas. Elionai y Juan Gabriel fueron liberados bajo cauci?n mientras
que Ramiro permanece en la c?rcel de Zimatl?n6.
4 Fue reaprehendido por un proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, en el que se le
atribuy? una supuesta autor?a intelectual, en el que se hab?a decretado un a?o antes su libertad, en v?a
incidental, por desvanecimiento de datos (Causa penal 86/2005, radicada en el Juzgado Primero Mixto de
Puerto Escondido); se le notific? de otro proceso relacionado con las jornadas de lucha magisterial de este a?o
en el que se le acusa por robo calificado (Causa penal 95/2006, radicada en el Juzgado Primero de lo Penal en
la Ciudad de Oaxaca); y se le inform? de la integraci?n de una averiguaci?n previa en su contra por supuesta
posesi?n de arma exclusiva de uso del Ej?rcito durante su detenci?n (A.P. PGR 76 ? D/2006).
5 Detenidos junto con Ramiro, fueron liberados bajo cauci?n
6 Causa Penal Federal 50/2006, instruida en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la Ciudad de Oaxaca.
Ramiro Arag?n permanece en prisi?n puesto que por el tipo de arma cuya posesi?n le imputaron no alcanza
fianza. Las pruebas en su contra se limitan al parte rendido por sus supuestos captores.


Caso Erangelio Mendoza S?nchez

El 5 de septiembre un equipo conformado por un abogado y dos psic?logos acudi? al
Penal Regional de Cuicatl?n con la finalidad de observar las condiciones de detenci?n
del profesor Erangelio Mendoza Gonz?lez, detenido desde el d?a 11 de agosto.
El profesor Erangelio Mendoza Gonz?lez es integrante de la Secci?n XXII del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educaci?n, siendo en el pasado Secretario General de
la misma, y participa como base magisterial en la APPO. Su estado de salud se ha visto
afectado por problemas de hipertensi?n.
Al llegar el equipo al penal, pese a la solicitud formal del profesor para la realizaci?n de
la entrevista, los custodios informaron que era necesaria la autorizaci?n del Director,
Lic. Pedro Omar Ruiz. Sin embargo, dicho funcionario neg? el ingreso. Ante la
insistencia, dijo: ?Pongan en el informe que el director se puso intransigente y que no
los dej? pasar. Esa es la verdad.? Aunque la entrevista no pudo realizarse, a trav?s de
los familiares recopilamos el testimonio sobre su detenci?n. De acuerdo con ellos, la
ma?ana del viernes 11 de agosto mientras el profesor conduc?a su camioneta, en
compa??a de dos personas, fue interceptado por un veh?culo sin insignias oficiales; de
?ste descendieron tres hombres armados quienes cortando cartucho, sin identificarse y
sin mostrar orden de aprehensi?n, lo obligaron a bajar de su camioneta y abordar el
veh?culo mientras lo amenazaban y le apuntaban con un arma en la cabeza.
Posteriormente fue subido a un helic?ptero, recibiendo malos tratos y agresiones en
todo momento. Fue trasladado hasta el Reclusorio Regional de Cuicatl?n. El profesor
no recibi? atenci?n m?dica y fue incomunicado hasta la ma?ana del lunes 14 de
agosto, a m?s de 72 horas de su detenci?n. Le fue dictado auto de formal prisi?n y fue
entonces que conoci? los cargos por los que se le acusaba7. Durante ese tiempo el
Director del reclusorio neg? a los familiares que el maestro estuviera ah?.
Actualmente, sus visitas son restringidas; las autoridades penitenciarias han advertido
a la defensa y a los familiares que de realizarse alguna protesta p?blica el profesor
ser? trasladado a otro penal.
Patr?n identificado en la observaci?n.
En los casos considerados arriba, se ha detectado un patr?n de graves violaciones a los
derechos humanos. En todos los casos, la detenci?n se ha efectuado por parte de
agentes del Estado vestidos de civiles o particulares actuando con su aquiescencia, que
no se identificaron ni mostraron mandatos escritos al realizarla, de manera ilegal y
violenta. Adem?s, a las personas presas no les fue consentido comunicarse con un
abogado desde el principio de la detenci?n ni ser revisadas por un m?dico de su
elecci?n. La relaci?n entre la detenci?n de estas personas y su actividad o inter?s a
cuestiones pol?ticas y/o sociales es indudable.
Para la Misi?n de Observaci?n, estas acciones y omisiones por parte de las fuerzas de
seguridad y de las autoridades judiciales constituyen innegables violaciones de
derechos y libertades fundamentales por parte del Estado Mexicano, tal y como est?n
7 Causas penales 195/2006, instruida en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Juan Bautista Cuicatl?n
por el delito de robo calificado, y 107/2006 instruida en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Tehuantepec, por el delito de da?os. Ambos hechos se relacionan con la jornada de lucha del magisterio de
este a?o; los testigos de cargo son servidores p?blicos.
6
establecidos por el derecho nacional e internacional. En el caso del profesor Germ?n
Mendoza Nube, tenidas en consideraci?n su discapacidad y su estado de salud, la falta
de atenci?n m?dica apropiada y de medidas espec?ficas adecuadas a su condici?n f?sica
constituye graves atentados en contra de su dignidad humana.
Por lo que respecta a las personas que han sido detenidas, la Misi?n ha documentado
violaciones a los siguientes derechos:
? Prohibici?n de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes8:
Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a ser tratadas en
manera respetuosa de su dignidad y a no ser sometidas a tratos crueles,
inhumanos y degradantes. La prohibici?n de la tortura en el derecho
internacional es absoluta e inderogable y su definici?n, seg?n la Convenci?n
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, se extiende a: ?todo acto
realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o
sufrimientos f?sicos o mentales, con fines de investigaci?n criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o
con cualquier otro fin. Se entender? tambi?n como tortura la aplicaci?n sobre
una persona de m?todos tendientes a anular la personalidad de la v?ctima o a
disminuir su capacidad f?sica o mental, aunque no causen dolor f?sico o angustia
ps?quica?. En los casos conocidos por la Misi?n, las personas detenidas han sido
torturadas y/o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
? Libertad de expresi?n: La libertad de expresi?n, reconocida en los art?culos
19 del Pacto y 13 de la Convenci?n, comprende la facultad de los individuos
para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. En los
casos documentados, existen claras pruebas de que las personas han sido
detenidas con relaci?n a sus actividades o inter?s a cuestiones pol?ticas y/o
sociales.
? Derecho a la libertad y seguridad personal: El derecho a la libertad
personal, previsto en los art?culos 9 del pacto y 7.3 de la Convenci?n, se asocia
a la necesidad de resguardar a ciudadanos y ciudadanas de privaciones
arbitrarias o ilegales de la libertad. Una detenci?n es ilegal cuando no se apega
a las hip?tesis establecidas por la legislaci?n nacional. Adem?s, siendo legal una
detenci?n puede ser arbitraria cuando es irrazonable, imprevisible o falta de
proporcionalidad en su ejecuci?n. La Misi?n document? que, por los medios
utilizados, la detenci?n de las personas entrevistadas fue ilegal y arbitraria.
? Derecho al debido proceso legal: Este derecho se contempla en los art?culos
14 del Pacto y 8 de la Convenci?n. Las violaciones en los casos mencionados
arriba son evidentes puesto que no se presumi? la inocencia de los detenidos;
no se les comunic? previa y detalladamente la acusaci?n formulada en su
contra; no se les concedi? el tiempo y los medios adecuados para la
preparaci?n de su defensa; y no se les permiti? ser asistidos por un defensor de
su elecci?n ni comunicarse libre y privadamente con ?l. Adem?s, en la situaci?n
que enfrenta Oaxaca actualmente no existen garant?as reales para presumir
8 Ver, entre otros: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos (PIDCP), articulo 10; Convenci?n
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, articulo1.1; Convenci?n
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) , Convenci?n Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, articulo 2.
7
que sus procesos ser?n o?dos y resueltos expeditamente por jueces
independientes e imparciales.
? Derecho a no ser incomunicado: incluido en el art?culo 8 de la Convenci?n
Americana, supone que cualquier persona que se encuentre privada de su
libertad pueda informar inmediatamente a su familia de su detenci?n y que se
le concedan todas las facilidades razonables para comunicarse con ?sta, con sus
amistades, conocidos o abogados, quienes podr?n visitarla. En los casos
documentados, la obligaci?n correlativa del Estado se ha incumplido pues las
autoridades omitieron se?alar, sin dilaci?n, el lugar donde se hallaban los
detenidos.
Por otra parte, el equipo psicol?gico constat? que actualmente en Oaxaca la tortura y
los tratos crueles inhumanos o degradantes han sido empleados para reducir a las
personas a un estado en el que se sienten desvalidos y en angustia extrema, lo que
puede producir un deterioro de las funciones cognoscitivas, emocionales y de
comportamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo de
Estambul. (P?rr. 234).
Considerando los datos obtenidos en las entrevistas realizadas, podemos afirmar que
las v?ctimas y sus familiares han visto alterados sus proyectos de vida, al enfrentar una
experiencia traum?tica que irrumpe en su vida cotidiana, ocasionando un desequilibrio
en las relaciones afectivas entre los integrantes de sus grupos de pertenencia, familia,
compa?eros de trabajo, vecinos de su comunidad, amigos y en la manera de
establecer nuevas relaciones sociales.
De esta manera las secuelas psicol?gicas observadas en el plano individual, se refieren
-entre otras- a reacciones emocionales de temor, principalmente a personas dotadas
de autoridad; desesperanza por el futuro, por la perspectiva de soluci?n del conflicto
social en donde pueden repetirse acciones como las sufridas; y desconfianza incluso
hacia personas de su comunidad por el clima de inseguridad.
En el ?mbito colectivo, la pr?ctica de malos tratos, inhumanos y/o degradantes, puede
quebrantar o da?ar la voluntad de las relaciones de convivencia entre los individuos de
una comunidad. En este sentido, hemos documentado que las reacciones m?s
frecuentes presentadas por las v?ctimas y sus familiares son:
? Impotencia, asociada a la imposibilidad de solucionar un conflicto que les est?
causando da?o.
? Frustraci?n, por la acumulaci?n de da?os f?sicos, psicol?gicos (alteraciones en
funciones intelectuales, como la atenci?n y concentraci?n) y econ?micos.
? Tensi?n, relacionada con un estado constante de alerta que repercute en sus
necesidades fisiol?gicas de alimentaci?n y patrones de sue?o.
? Ambiente de aflicci?n, observado en una permanente preocupaci?n por la
seguridad de los miembros de la familia o del grupo social; as? como a la
incertidumbre por el futuro.
La experiencia de este primer acercamiento a las repercusiones psicol?gicas,
individuales y colectivas de un conflicto social de esta naturaleza, permite identificar
reacciones inmediatas, pero tambi?n obliga a considerar la importancia de atender la
8
salud mental de los miembros de una sociedad, afectados directa o indirectamente en
el mediano plazo.
9
Clima de intimidaci?n y represi?n del Estado
Manejo de Informaci?n
Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Pol?ticos por los Naciones Unidos, como la
Declaraci?n de Principios de Libertad de Expresi?n por la Comisi?n Interamericana de
Derechos Humanos, entre otros acuerdos de derechos humanos que ha ratificado
M?xico, explicitan que es obligaci?n del Estado respetar y asegurar para todas las
personas tanto el acceso como la expresi?n de informaci?n sin importar su opini?n
pol?tica, su etnia, su clase social, etc. Los miembros de esta misi?n civil de observaci?n
han recibido informaci?n y testimonios que confirman una t?ctica premeditada por el
estado para obstaculizar el derecho a la expresi?n de unos sectores de la poblaci?n en
particular.
Control de la informaci?n por parte del Estado
Se obtuve informaci?n sobre el sabotaje contra los siguientes medios de comunicaci?n:
Radio Plant?n, Radio Universidad, Canal 9 (tomado el 2 de agosto por mujeres),
Oaxaca Pol?tico, y Diario de Noticias.
El 14 de junio de 2006, Radio Plant?n sufri? el robo y destrucci?n de su equipo de
transmisi?n. Varios de sus colaboradores fueron detenidos. Esa misma noche, fue
tomada por un grupo de j?venes Radio Universidad, con el objeto de seguir ofreciendo
informaci?n desde la perspectiva del movimiento popular. Posteriormente (una vez
reinstalada la capacidad de transmisi?n de Radio Plant?n, su se?al radiof?nica es
bloqueada por otro equipo cercano y su sitio web ha sido objeto de sabotaje desde el 2
de septiembre, impidiendo su funcionamiento).
Desde el 17 de julio de 2005 y por un periodo de 31 d?as, diversos trabajadores y
reporteros del Diario de Noticias fueron secuestrados, violando el articulo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos, que establece: ?Nadie podr? ser sometido
a detenci?n o prisi?n arbitraria. Nadie podr? ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ?sta?. Por su
parte, la Convenci?n Americana ordena que ?Nadie puede ser privado de su libertad
f?sica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Pol?ticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas?.
En julio de 2005 durante el secuestro de personal del Diario Noticias, la Comisi?n
Interamericana de Derechos Humanos aprob? medidas cautelares para proteger la
integridad f?sica de esas personas, lo cual implica el reconocimiento de que existe
peligro eminente a sus vidas. El Estado mexicano nunca ha cumplido con sus
obligaciones a asegurar la seguridad de las personas mencionadas en dichas medidas
argumentando no disponer del presupuesto necesario. Actualmente varios empleados
quienes siguen recibiendo amenazas de muerte han cambiando su domicilio fuera del
estado para proteger a sus familias.
El 22 de julio fueron tiroteadas por hombres armados desconocidos vestidos de negro
las instalaciones de Radio Universidad.
El 2 de agosto respondiendo a la convocatoria p?blica para una marcha de mujeres, las
manifestantes llegan al radio y televisi?n del estado de Oaxaca, Canal 9, para pedir
10
media hora de transmisi?n en vivo con el fin de comunicar con su pueblo y se les fue
negado.
El 21 de agosto, sujetos desconocidos atentan contra instalaciones de internet de
Oaxaca Pol?tico.
El 21 de agosto por la madrugada al menos de 60 hombres con armas vestidos de
civil, disparan en repetidas ocasiones en contra de quienes participaban en las
guardias de resguardaba de las instalaciones. Se destruy? el equipo transmisor de la
radio y televisi?n del Canal 9 localizados en el cerro del Fort?n (dentro de la ciudad
Oaxaca), Sergio Valenc?a S?nchez de 58 a?os de edad hubo herido con arma de fuego,
una mujer lesionada no identificada y se reporta la desaparici?n de tres maestros. En
las inmediaciones de Radio la Ley es asesinado el arquitecto Lorenzo Pablo Cervantes
supuestamente por un comando de polic?as que viajaban con el rostro cubierto.
Inmediatamente despu?s, con la informaci?n de los hechos la ciudadan?a
espont?neamente se toman doce radiodifusoras comerciales, volviendo siete dentro del
mismo d?a, y por la noche se protegen con barricadas las cinco.
En el transcurso de la misi?n, las entrevista mostraron una percepci?n generalizada del
alineamiento de los medios de comunicaci?n comerciales con una de las partes en
conflicto: las autoridades estatales. Diversos periodistas se?alan la pr?ctica de
chantaje y sobornos sobre los contenidos de los medios de comunicaci?n. Adem?s
informan de la pr?ctica de la compra masiva de espacios publicitarios con el fin de
bloquear otras voces.
Una de las quejas repetidas en las entrevistas era la parcialidad de las fuentes de
informaci?n, se?alando el conflicto como asunto solamente de los maestros peleando
por sus sueldos. En la experiencia de esta misi?n quedo bastante claro y explicito que
el conflicto es multidimensional y tiene ra?ces en el contexto explicado en la
introducci?n de este mismo informe.
Denuncia por parte de periodistas profesionales de la existencia de un ?cerco
medi?tico? que impide un correcto acceso a la informaci?n.
Falta de acceso a la informaci?n
Existe asimismo un desconocimiento de las actividades ?oficiales? de las autoridades
constitucionales, tanto estatales como municipales (en los ayuntamientos tomados),
diputados del congreso del estado, etc. La poblaci?n no tiene acceso a sus agendas ni
a las decisiones que est?n tom?ndose.
Rumores
La existencia de rumores provoca un clima de terror en la poblaci?n. Dichos rumores
incluyen posibles agresiones por parte de polic?as o la inminente llegada del ej?rcito, o
la ejecuci?n de desalojos violentos, etc. Una se?ora del municipio de Santa Lucia
expres? que se siente en una situaci?n de tortura sicol?gica por los rumores que la
llevan a esperar en cualquier momento agresiones violentas.
11
Hostigamiento de l?deres
Agresiones violentas directas
En contra de lo establecido por el Art. 3 de la Declaraci?n Universal de Derechos
Humanos, seg?n el cual todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad, numerosos l?deres del movimiento popular refieren agresiones violentas en
su contra:
? Asesinato de una persona frente a Radio La Ley en la ciudad de Oaxaca el 22 de
agosto.
? El regidor de Servicios fue balaceado en Xoxocotl?n el 3 de septiembre pasado.
? Una integrante de la Comisi?n del ?Movimiento en Defensa de Santa Cruz
Xoxocotl?n? en el municipio de Xoxocotl?n ha sido amenazada de muerte y y ya
sufri? una agresi?n.
? El reportero, ?scar Rodr?guez Hern?ndez, corresponsal del diario nacional
Milenio, fue agredido el 15 de agosto de 2006.
? Se han recibido testimonios de actividades de ?porros?.
Amenazas de muerte
Ubicamos a l?deres que est?n siendo hostigados, tales como: encargados de
radiodifusoras, regidores y presidentes en ?ayuntamientos populares?, acad?micos
universitarios, y l?deres de opini?n en prensa escrita.
Algunas de estas amenazas de muerte se han realizado desde una p?gina web
(www.oaxacaenpaz.org.mx), donde se llama al linchamiento de estas personas y se
incluye informaci?n personal proveniente del padr?n electoral.
Desde las radiodifusoras Radio Plant?n, Radio APPO, Radio Universidad y Radio
Rebelde refieren estar recibiendo constantes amenazas de muerte por diversos
medios: mensajes a celulares, correo electr?nico o llamadas telef?nicas.
Vigilancia
Otra forma de hostigamiento que hemos observado de forma generalizada es la
vigilancia y seguimiento a los l?deres del movimiento popular, tanto en eventos
p?blicos como en sus domicilios particulares y su vida privada. Estas acciones se
realizan de forma notoria, lo cual genera miedo en las personas.
La intimidaci?n sufrida por dichos l?deres viola el Art. 12 de la Declaraci?n Universal de
Derechos Humanos, que establece que ?nadie ser? objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada?.
A pesar de que la misi?n no ha podido observarlo, existen datos que invitan a pensar
que las autoridades constitucionales depuestas de sus cargos por los movimientos
populares est?n sufriendo tambi?n hostigamiento y miedo sobre su seguridad
personal.
12
Abuso de las instituciones del estado
Existen dos documentos aprobados internacionalmente que los funcionarios de polic?a
deben respetar: los Principios B?sicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el C?digo de Conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De acuerdo al art?culo 1 del
C?digo de conducta, ?los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplir?n en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado
de responsabilidad exigido por su profesi?n.? Debe mencionarse que el t?rmino
?funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? se refiere a todos los agentes de la
ley que ejercen funciones de polic?a, sean autoridades militares o fuerzas de seguridad
del Estado, est?n uniformados o no.
El contra de lo anterior, hemos observado un patr?n seg?n el cual las autoridades
constitucionales cuya posici?n est? siendo cuestionada por movimientos populares han
utilizado a los cuerpos de polic?a para atemorizar a la poblaci?n, en acciones
irregulares y frecuentemente sin uniforme ni identificaciones oficiales.
Por otro lado, diversas autoridades est?n abusando de procesos penales para afrontar
conflictos de tipo pol?tico, laboral o social. Integrantes de movimientos de oposici?n
han recibido ?rdenes de aprehensi?n. Asimismo, se ha denunciado la fabricaci?n de
delitos con el fin de encarcelar a personas participantes en estos movimientos.
Constatamos que durante los d?as que ha durado la misi?n no hemos observado la
presencia de polic?a uniformada (fuera de la polic?a de tr?nsito).
Presencia del ej?rcito
Militarizaci?n
La aparici?n de un conjunto de grupos guerrilleros en la Sierra Ju?rez el 30 de agosto,
d?as despu?s de la declaraci?n de la Procuradora del Estado calificando a la APPO de
guerrilla urbana, ha sido interpretada por algunas comunidades serranas como un
pretexto para militarizar la zona e intimidar a la poblaci?n.
La movilizaci?n del Ej?rcito intensific? sus operaciones abarcando la zona de
Ayotzintepec, zona de Jocotepec y parte de Valle Nacional. Aunque esta informaci?n se
maneja con discreci?n, se logr? establecer la llegada de refuerzos del Ej?rcito a esta
regi?n para escalar los municipios donde en a?os anteriores se detectaron c?lulas del
EPR.
La llegada de un destacamento militar a la comunidad de San Baltazar Yagalaxi, el
pasado s?bado 2 de septiembre y sus movimientos en inmediaciones de Ayotzintepec y
La Palma, preguntando si hay clases, si se encuentran los maestros y la ubicaci?n de
sus viviendas, ha sido interpretado como un acto de intimidaci?n. Extraoficialmente se
sabe que la actual incursi?n es para la b?squeda de grupos guerrilleros.
La instalaci?n de un ret?n militar en la comunidad de Guelatao el 6 de septiembre,
consideramos, se enmarca en la misma estrategia.
13
Situaci?n de seguridad de las personas
Violencia de Estado
La marginaci?n y la miseria que vive la mayor?a de la poblaci?n oaxaque?a,
principalmente campesinos e ind?genas, son el resultado de a?os de olvido de parte del
gobierno con pol?ticas omisas de los problemas sociales. De acuerdo al VI Informe
sobre la situaci?n de los derechos humanos en Oaxaca en 2005,9 el 73% de la
poblaci?n vive en pobreza extrema, es decir no cubre la canasta b?sica porque su
ingreso es inferior a 2000 pesos mensuales, lo cual no alcanza a cubrir las necesidades
de alimentaci?n, salud, vivienda y educaci?n con el fin de tener una vida digna.
De sus 570 municipios, el 80.3% est?n marginados de servicios b?sicos como drenaje,
alumbrado p?blico, agua potable, pavimentaci?n. En algunos de estos municipios se
asientan pueblos ind?genas, quienes enfrentan una situaci?n desventajosa ya que,
aparte de padecer la extrema pobreza, son discriminados por su origen ?tnico.
En muchos casos los programas de asistencia social no llegan a la poblaci?n por la
corrupci?n entre los diferentes niveles de la burocracia gubernamental.
La situaci?n en el campo es grave, se registran 656 conflictos agrarios10. Conflictos
causados por l?mites de tierras que reportan enfrentamientos entre la poblaci?n, por
ejemplo la reserva de la biosfera en la zona de los Chimalapas entre pueblos ind?genas
de Oaxaca y Chiapas. La defensa del territorio se ha convertido en una cuesti?n
importante para los campesinos y los pueblos indios, los grandes megaproyectos como
el Plan Puebla Panam? (PPP) o el Programa de Certificaci?n de Ejidos y Titulaci?n de
Solares (PROCEDE), representan un peligro para su seguridad y soberan?a alimentaria,
el uso y disfrute de tierras comunales y por la explotaci?n de recursos naturales a
manos de empresas transnacionales.
El estado de Oaxaca expulsa un gran n?mero de migrantes ?Anualmente se calcula que
emigran entre 200 mil y 250 mil oaxaque?os tanto a Estados Unidos como los estados
del norte del pa?s?11, ponen en riesgo su integridad f?sica y se exponen a malos tratos
de las autoridades de migraci?n mexicana y norteamericana y el peligro de su vida
ante la actuaci?n de grupos ?cazamigrantes?.
Todo lo anterior ha significado una violaci?n sistem?tica a los derechos humanos y
constituyen un factor de violencia institucionalizada del Estado.
El concepto de seguridad del gobierno
En el estado de Oaxaca, el ?rgano encargado de proporcionar seguridad p?blica es la
Direcci?n de Seguridad Publica, adscrita a la Secretaria de Protecci?n Ciudadana. De
acuerdo a la Ley de Seguridad P?blica para el estado de Oaxaca en su art?culo segundo
establece: ?La seguridad p?blica es una funci?n a cargo del Estado y de los Municipios,
9 Informe presentado en enero de 2006.
10 Ibid., p.91
11 Ibid., p.62
14
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as? como
preservar las libertades, el orden y la paz p?blicos.? 12
Seg?n datos del ?Programa Estatal de Seguridad P?blica?, las corporaciones que
integran la polic?a del Estado son: Polic?a Juvenil, Escuadr?n de Moto Patrullas, Unidad
Policial de Operaciones Especiales (UPOE) con bases en Oaxaca de Ju?rez, Istmo y
Papaloapam, Polic?a Tur?stica Estatal, Polic?a Tur?stica Informativa, Grupo Salvavidas,
H. Cuerpo de Bomberos del Estado y la Unidad Canina.13
La presencia de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) durante 2005 fue
relevante para contener los intentos de las marchas por alcanzar el Z?calo de la Ciudad
y en el resguardo de edificios p?blicos. Considerando que la UPOE es un cuerpo de
elite, entrenado militarmente, para el combate de la delincuencia organizada y que la
Unidad Canina est? entrenada para combatir el tr?fico de droga, detecci?n de
explosivos y localizaci?n de armas; la presencia de ambos cuerpos fue considerado un
exceso por la Red Oaxaque?a de Derechos Humanos al poner de manifiesto una
tendencia a la criminalizaci?n de la protesta social14. Cabe se?alar que su existencia,
objetivos y necesidad no est? suficientemente sustentada jur?dicamente.
La actuaci?n de los cuerpos polic?acos en el desalojo del 14 de junio, fue inadecuado al
sobrepasar las funciones establecidas para cada una de las corporaciones polic?acas
participantes15. Entre la poblaci?n, y los mismos polic?as se admite que el desalojo fue
una derrota, donde los mismos polic?as quedaron atrapados en la violencia que
generaron.
Actuaci?n de las fuerzas de seguridad del Estado
La utilizaci?n de los cuerpos polic?acos tiene un parteaguas despu?s del 14 de junio. El
rechazo a la acci?n polic?aca demostrada en la tercera megamarcha (16 junio) llev? a
una estrategia de intimidaci?n y provocaci?n donde los polic?as dejaron los uniformes,
los veh?culos oficiales y sus recintos oficiales, esto ?ltimo, por la toma de sus
instalaciones para iniciar actos de vigilancia, provocaci?n e intimidaci?n. La detenci?n
de polic?as por parte de la APPO pone en evidencia esta situaci?n. Fue el caso del
polic?a bancario Isa?as P?rez Hern?ndez detenido por disparar en contra de
manifestantes en el paseo Ju?rez El Llano (31 de julio), o el operativo de ?limpieza de
vialidades? que dispar? contra manifestantes en varios puntos de la ciudad, hiriendo de
gravedad a Lorenzo San Pablo Cervantes (22 de agosto) en la radiodifusora La Ley
710, quien falleci? en el Hospital Civil.
Lo anterior, violenta la legislaci?n internacional de los derechos humanos, como los
Principios B?sicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley16 y el C?digo de Conducta para
12 Vigente a partir del 20 de abril de 2001 y publicada en Extra, 20 abril de 2001.
13 Publicado en el Extra, peri?dico oficial, del 30 de mayo de 2005. El estado cuenta con 14 delegaciones de
seguridad p?blica, 87 partidas de polic?as, 27 destacamentos en reclusorios, 6 bases de operaciones mixtas, 5
m?dulos de seguridad en el ?rea metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, 17 m?dulos de seguridad p?blica y 6
casetas de revisi?n de taxis.
14 VI Informe de la Red Oaxaque?a de Derechos Humanos.
15 La Unidad Ministerial de Intervenci?n T?ctica (UMIT); la polic?a preventiva conjuntamente con la Unidad Policial de
Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Canina, la Polic?a Auxiliar Bancaria (PABIC); Polic?a Municipal con el
Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento de Oaxaca (GOE), Polic?a Juvenil y Tur?stica. Se calcula que
participaron entre 2000 y 2500 elementos.
16 Aprobado por la ONU en septiembre de 1990.
15
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley17, que establecen la protecci?n de los
derechos humanos determinados y protegidos por la Declaraci?n Universal de los
Derechos Humanos, la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Pol?ticos, la Declaraci?n sobre la Protecci?n de
todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, entre otros instrumentos.
Es de mencionarse que el descontento en las filas de diferentes corporaciones, mismas
que se han denunciado p?blicamente a trav?s de la radio y de escritos presentados de
manera an?nima, de varios de ellos tiene conocimiento la Red Oaxaque?a de Derechos
Humanos, ponen en evidencia malos tratos de sus superiores, falta de equipo y
uniformes, falta de capacitaci?n, incumplimiento de horarios de trabajo,
acuartelamientos constantes, malas condiciones de vivienda y alimentaci?n en los
sitios de acuartelamiento, violaciones a los derechos del ni?o en el caso de la Polic?a
Juvenil integrada por adolescentes de 14 a 17 a?os, en su mayor?a hijos de polic?as.
Causas del hostigamiento y amenazas
Los testimonios demuestran que los hostigamientos, amenazas y ataques se enfocan
en personas que o ya tienen historial de militancia en organizaciones civiles y sociales
o que se exponen en el actual movimiento como dirigentes dentro del magisterio o de
la APPO y sus organizaciones miembros.
Tambi?n est?n afectadas personas que, a partir de los sucesos del desalojo del d?a 14
de junio, est?n participando activamente en el movimiento, ya sea en las barricadas o
plantones, o apoyando en cosas muy puntuales como llevar comida, conducir un
espacio en las dos radiodifusoras (La Ley 710 y Oro, ambas en manos de la APPO) o
bien, resguardando las instalaciones de Canal 9. De ?stas personas, algunas de ellas
no tienen un historial de activismo social y/o pol?tico, sino que los d?as despu?s del
desalojo tornan a ser su primera experiencia de este tipo.
Patrones de intimidaci?n y ataque a la seguridad de las personas
Para este indicador, en particular entrevistamos a 22 personas pertenecientes a la
dirigencia del magisterio, dirigencia de la APPO y gente del movimiento.
El tipo de amenazas y hostigamiento que ponen en riesgo su integridad f?sica y mental
y que se repite en cada una de las personas entrevistadas son las siguientes:
? Fabricaci?n de delitos / ?rdenes de aprehensi?n: la mayor?a de las
personas entrevistadas ya hab?an, anteriormente, participado en alguna
actividad de lucha pol?tica y/o social en el estado. Delitos por los cuales ya
se les hab?an hecho un expediente de averiguaci?n previa, en a?os
anteriores, est?n siendo reactivados.
Algunos de los delitos que se les acusan al magisterio en el actual conflicto
son: robo con violencia a parqu?metro, durante el desalojo del d?a 14 de
junio; asociaci?n delictuosa, asonada y mot?n, enmarcada en la ?pinta? del
cerro de Santa Anita; quema de autobuses y bloqueo de carreteras en
17 Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resoluci?n 34/169 de diciembre de 1979.
16
Xalapa del Marqu?s; y el robo calificado con violencia en la C?mara de
Diputados. Delitos que se les inculpa y que no tienen el suficiente sustento
para que su participaci?n en ellos sea probada (incluso de gente que est?
fuera del estado o del pa?s), y dejan la duda de que las acusaciones est?n
fundamentadas en motivos pol?ticos. De las 91 ?rdenes de aprehensi?n para
el magisterio, 27 de las personas tienen m?s de un delito, de los
anteriormente mencionados, en su contra.
De las 134 ?rdenes o amenazas de aprehensi?n conocidas, 19 son contra
mujeres y 115 contra hombres.
? Vigilancia y seguimiento de personas, familias, viviendas, veh?culos
y toma de fotograf?as: el total de las personas entrevistadas expresaron
que permanentemente est?n siendo vigilados/as y seguidos/as, no s?lo ellas
y ellos sino que adem?s se ha extendido hacia su familia. En los alrededores
de sus viviendas han observado, o por informaci?n de sus vecinos/as, que
personas vestidas de civil, identificados por ellos/as mismas como gente de
la polic?a, rondan de continuo, ya sea a pie o en camionetas no
identificadas.
De las 22 personas entrevistadas, sabemos que 4 de ellas (con toda su
familia) han tenido que abandonar sus casas por temor de poner en riesgo
su vida, la de su familia y vecinos/as. El resto no lo expres? o bien, no
tienen otro lugar en donde refugiarse.
La toma de fotograf?as se ha realizado durante las movilizaciones
multitudinarias, actividades de grupos peque?os en p?blico y en el momento
de ser vigilados/as en sus domicilios y/o plantones.
? Insultos y agresiones: cuatro de las mujeres entrevistadas fueron
agredidas verbalmente por taxistas, vecinos y grupos porriles cercanos al
plant?n o a sus domicilios.
Una de las entrevistadas fue agredida f?sica y verbalmente por un grupo de
cuatro personas, identificadas por ella misma como gente del PRI. ?stas, a
su vez, incitaban a otras a lincharla.
? Balaceras: los d?as entre el 21 y el 25 de agosto fue una semana de graves
sucesos en torno al conflicto que se est? viviendo en Oaxaca. Esto se
enmarca en el programa ?Limpieza de vialidades? ordenado por la
Procuradora General de Justicia del estado de Oaxaca, Lizbeth Ca?a Cadeza,
donde en la madrugada del d?a 22 de agosto varios grupos de polic?as,
fuertemente armados, balacearon las antenas del Canal 9 trasladados,
aproximadamente en 30 camionetas pick up 4X4 sin placas y algunos otros
en motocicletas. El cuerpo policial iba a acompa?ado de grupos de choque a
bordo de camiones de volteo. Algunas de las armas utilizadas eran de alto
calibre (casquillos de calibre 22, 24, 28 y 9 mil?metros) y de uso exclusivo
del ej?rcito (AR 15).
En las noches subsecuentes las balaceras continuaron en las barricadas y en
los plantones de las radiodifusoras.
17
Los patrones anteriores son los que se presentaron como de mayor gravedad ya que
ponen en riesgo la vida e integridad f?sica de las personas. Los siguientes patrones
complementan el cuadro de la falta de seguridad de las personas, se presenta una lista
de ellos y la informaci?n de ?stos se detallar?n en el informe completo de esta Misi?n
Civil de Observaci?n.
? Delincuencia com?n por grupos de choque, porros, etc.
? Uso del Internet con fines de incitar a la poblaci?n a atentar contra la
dirigencia del movimiento
? Llamadas telef?nicas y tel?fonos intervenidos
? Rumores (ataques el d?a 15 de septiembre; bombas en lugares p?blicos,
involucrar grupos del crimen organizado y sicarios)
? Provocaciones por parte del gobierno para confrontar sectores de la
poblaci?n
Ruptura del tejido social
En el recorrido que realizamos, pudimos constatar el clima de tensi?n que ha generado
el conflicto entre los diferentes sectores de la sociedad oaxaque?a. Uno de los aspectos
que han contribuido al clima de desconfianza e inseguridad entre la poblaci?n en
general, ha sido el hecho de que en d?as precedentes al "paro c?vico de labores", del 18
de agosto, varios medios de comunicaci?n se?alaron que la poblaci?n en general se
encontraba con mucho temor realizando "compras de miedo"18 por lo que pudiera
pasar en los d?as siguientes.
En efecto, la APPO convoc? a un "paro c?vico de labores" el 18 de agosto a nivel estatal
en el cual logr? la suma de otros sindicatos, como la secci?n 35 del IMSS. El hecho
hizo que las actividades cotidianas se detuvieran en las principales poblaciones y
ciudades del estado. Durante el desarrollo de los bloqueos realizados, el maestro
Benito Castro Ju?rez sufri? un ataque por tres sujetos armados que se opon?an al
bloqueo, al parecer, dec?an ser personas ajenas al gobierno o a alg?n grupo pol?tico.
Luego de la trifulca, los sujetos dejaron gravemente herido al maestro Benito19 y
provocaron un clima de tensi?n en el resto de los bloqueos. Coincidentemente, el auto
en el que escaparon los sujetos responsables del atentado fue localizado frente a la
Academia de polic?a en el municipio de San Sebasti?n Etla20.
18 Especialmente Televisa y TV Azteca locales y las radios comerciales de la capital del Estado. La Agencia
de Noticias Reforma report? una aglomeraci?n inusual en los centros comerciales. 18 de agosto, NOTICIAS,
1A, Virgilio S?nchez.
19 Los hechos del paro c?vico y atentados contra los manifestantes fue reportado en los diferentes medios de
comunicaci?n tales como: NOTICIAS, 1A/ 16A, Octavio V?lez Ascencio; EL IMPARCIAL, 4A, Carlos
Alberto Hern?ndez; entre otros. El Dr. Mois?s Antonio Arag?n Kuri, subdirector del Hospital Regional
"Presidente Ju?rez" del ISSSTE, a petici?n de la RODH, entreg? el reporte m?dico de los profesores Benito
Castro Ju?rez y Sergio Valle Jim?nez quienes hab?an sufrido heridas por arma de fuego durante las
actividades del paro c?vico. Oficio No. SDM/149/06.
20 Nota del 19 de agosto, NOTICIAS, 1A/ 16A, Octavio V?lez Ascencio.
18
Por otra parte, durante nuestro recorrido, constatamos que el abandono y la
ingobernabilidad son visibles en la ausencia de los servicios b?sicos en diferentes ?reas
de la ciudad. Seg?n testimonios recogidos por nuestra Misi?n Civil de Observaci?n, la
suspensi?n de ciertos servicios b?sicos21 se intensific?, especialmente, en la semana
del 21 al 25 de agosto en que se intensificaron los ataques y hostigamientos en contra
de los manifestantes presentes en los plantones y barricadas.
Con lo anterior pretendemos afirmar que la desconfianza y psicosis ha penetrado en
todos los sectores de la poblaci?n, generando una ruptura del tejido social y
agudizando la polarizaci?n social de la cual son v?ctimas, incluso, algunas familias. Otro
dato que agudiza esta psicosis, es la compra de armas en algunos sectores de la
sociedad para hacerse cargo de su propia seguridad.22
La irresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en la falta de atenci?n a los
diferentes reclamos sociales, ha ocasionado la descomposici?n y ruptura del tejido
social. En cierto modo, esa actitud del gobierno est? obligando a la poblaci?n
oaxaque?a a vivir bajo un ambiente de violencia, presi?n y, m?s a?n, de intimidaci?n
que conduce al establecimiento de una cultura del miedo siendo ?sta el tel?n de fondo
para la violaci?n sistem?tica a los derechos humanos consagrados en la legislaci?n
local, nacional e internacional.
Los l?mites
Durante los d?as de visita de la Misi?n de Observaci?n Civil, constatamos que la
ingobernabilidad ha provocado una serie de iniciativas de parte del movimiento social:
Asamblea de los Pueblos de Oaxaca23 ?APPO. Reconocemos que ha sido un esfuerzo
de b?squeda hacia una forma de establecer ciertos mecanismos de convivencia
ciudadana. Estos ?acuerdos ciudadanos para la gobernabilidad? pretenden ofrecer la
posibilidad de establecer las bases para un nuevo pacto social, como el establecimiento
de la ?mesa unitaria de negociaci?n y di?logo? con la Secretar?a de Gobernaci?n.
Sin embargo, aunque se trata de una serie de acciones con una buena finalidad, esto
se enfrenta con los l?mites de la organizaci?n social y est? rebasada por las formas de
actuaci?n de los m?s diversos grupos que forman parte de la APPO y de la sociedad en
general.
La provisionalidad organizativa de la APPO, sin embargo, dejan ver su vulnerabilidad y
la falta de mecanismos de control de las manifestaciones de adhesi?n y de repudio a la
pol?tica del gobierno del estado. Las acciones de autodefensa se multiplicaron y, se
tiene noticia, que tan s?lo en la semana del 21 al 25 de agosto aparecieron alrededor
de 1,200 barricadas en toda la ciudad de Oaxaca. En los primero d?as fueron la forma
vecinal de proteger al movimiento de una nueva represi?n como la del 14 de junio; sin
embargo, con el paso de los d?as algunos han tomado arbitrariamente sus propias
decisiones y han impuesto su propia ley, a pesar de que la dirigencia de la APPO ha
21 Suspensi?n del servicio de limpieza y recolecci?n de basura. Apagones en diferentes colonias del norte de
la ciudad. Este ?ltimo dato, fue aclarado por la Comisi?n Federal de Electricidad pues, dijo, se trataba de
labores de mantenimiento de las redes de servicio. A pesar de esto, entre la poblaci?n afectada, no logr?
contener el miedo y el rumor de que se trataba de una medida de acoso por su apoyo a la APPO.
22 En entrevista con el sector empresarial, afirmaron que algunos compa?eros del gremio est?n comprando
armas para defender su patrimonio. Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2006.

Antes: Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

llamado a sus simpatizantes a evitar agresiones y abusos contra la poblaci?n en
general.
Fuimos testigos de c?mo la gente report? que algunas personas sospechosas de atacar
a las barricadas, ante ello, la dirigencia de la APPO imparti? justicia sobre los acusados
aplicando castigos para luego dejarlos en libertad. Es verdad que en algunos casos se
ha evitado el linchamiento de parte de la poblaci?n simpatizante de la APPO, pero se
corre el riesgo que en algunos casos pueda ocasionar la falta de control y manejo de
los conflictos de modo de que pone en una grave disyuntiva de erigirse como autoridad
y, por ende, asumir?a las responsabilidades que emanen de sus actos24.
24 El informe ser? completado con testimonios que ahondar?n en varios componentes que definen los l?mites y
riesgos en que podr?an incurrir las acciones del movimiento social. Tales como: abusos en la autodefensa del
movimiento y potenciales violaciones a los derechos humanos.


Conclusiones

La misi?n civil de observaci?n luego del trabajo de estos d?as llega de manera provisional a las siguientes conclusiones:

? El conflicto que en estos d?as constatamos es social, no s?lo magisterial. Est? m?s all? de la capital. Hay situaciones que hablan de ingobernabilidad y que no tienen una relaci?n directa con el movimiento magisterial ni con la APPO.

? Hemos conocido informaci?n de hechos que constituyen violaciones como son el uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresi?n, de asociaci?n y de reuni?n y a los c?digos de conducta de los cuerpos de seguridad.

? Las personas integrantes de la APPO y de los diversos movimientos que, en diferentes municipios del estado de Oaxaca, desconocen a las autoridades formales, sufren un clima generalizado de terror, consecuencia tanto de agresiones directas (incluyendo homicidios) como de amenazas sistem?ticas.

? Reconocimos una t?ctica premeditada por el estado para obstaculizar el derecho a la libertad de expresi?n, en particular de los sectores de la poblaci?n cr?ticos
con el gobierno del estado de Oaxaca y sus correspondientes funcionarios.

? En t?rminos generales la violencia directa no proviene del magisterio, ni de los ciudadanos que se han organizado como APPO, ni de aquellos que conforman los ayuntamientos populares; sino de grupos que act?an desde la clandestinidad.

? Pudimos reconocer que existe violaciones a la libertad de tr?nsito tanto por parte de los cuerpos de seguridad como por algunos de los mecanismos de autodefensa.

? La presencia del ej?rcito en la regi?n de la Sierra Norte parece ser una medida de intimidaci?n contra la poblaci?n.

? Tambi?n encontramos informaci?n respecto de violaciones a los DESCA a causa de la falta de pol?tica social y el stablecimiento de megaproyectos sin tomar en cuenta la opini?n, los intereses, la cosmovisi?n y la decisi?n sobre sus recursos de los pueblos originarios.

? Encontramos que se est?n gestando diferentes movimientos, algunos de ellos anclados en formas de organizaci?n ind?genas, que han encontrado formas incluyentes de participaci?n tanto en la capital como en los municipios que visitamos.

? En la ciudad y en los municipios visitados encontramos un clima de ansiedad generalizada que est? deteriorando el tejido social y se manifiesta en signos como la desconfianza entre los ciudadanos, la divisi?n y confrontaci?n en ?mbitos familiares, de trabajo y sociales; lo cual est? llevando a que algunas
personas abandonen la ciudad e incluso consideren el armarse como opci?n de seguridad.



Recomendaciones

Con base en lo observado durante la misi?n y en correspondencia con nuestras conclusiones las organizaciones firmantes recomendamos:

1. Que se descarte por completo el uso de la fuerza como v?a para solucionar el conflicto.

2. Que, de acuerdo con las obligaciones incluidas en la Constituci?n Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se garantice el m?ximo respeto a los derechos de las personas detenidas; particularmente, los relacionados con el debido proceso legal y con el deber del Estado de realizar
investigaciones serias para identificar a los responsables y asegurar a las v?ctimas una reparaci?n integral, tanto en el ?mbito individual como en el colectivo.

3. Como parte del proceso de soluci?n del conflicto se realicen investigaciones efectivas respecto de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto, determinando responsabilidades y aplicando las sanciones respectivas,
evitando que prevalezca la impunidad.

4. Que el ej?rcito salga inmediatamente de la Sierra Norte e informe p?blicamente de las actividades realizadas hasta ahora en la regi?n.

5. Se d? lugar a una transformaci?n de las fuerzas de seguridad p?blica en el sentido de una reforma policial democr?tica que garantice la seguridad de los ciudadanos y no la de los gobiernos en turno.

6. Iniciar el debate p?blico para realizar una reforma integral tanto del sistema de procuraci?n como de impartici?n de justicia.

7. Frente al deterioro del tejido social establecer, con la participaci?n social, un proceso cultural que reestructure la identidad social con el patrimonio de la ciudad y del estado as? como considerar la necesidad de implementar un programa de salud mental comunitaria.

8. Que todos los involucrados en la resoluci?n del conflicto tomen en cuenta los beneficios del aumento y nuevos rasgos de la participaci?n social y que ?sta sea la base del proceso de transformaci?n del Estado en Oaxaca.
Publicado por solaripa69 @ 11:55  | Pol?tica
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