Demandan a la Corte evitar convertirse en cómplice de asesinos y violadores
Emir Olivares Alonso
En respuesta al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien planteó en su proyecto de dictamen al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraer el caso Atenco sería contraproducente, debido a que "se podrían exacerbar" los ánimos al ir en contra de la preservación del "orden" alcanzado en esa comunidad, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) respondió: "¿cómo podemos gozar de paz y orden social cuando tenemos asesinados, violadas, torturados y encarcelados".
Con el fin de que la SCJN "no se convierta en cómplice de asesinos y violadores" y ejerza su facultad de atracción, con base en el artículo 97 constitucional, para analizar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el operativo policiaco de mayo pasado en San Salvador Atenco, integrantes del FPDT se manifestaron en la sede del máximo tribunal.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó en un comunicado que durante el debate en la sesión de la SCJN "se evidenció la debilidad" de los argumentos de Aguirre. "Al sugerir que la Corte se abstenga de investigar los hechos, niega el acceso a la justicia para quienes fueron víctimas de violaciones a derechos humanos en Atenco".
Consideró que "al no ejercer la facultad de investigación en el caso, la Corte permitiría institucionalizar la venganza como motivo de actuación de los cuerpos de seguridad pública estatales. Como atinadamente señaló el ministro (Góngora Pimentel), sólo una investigación como la que puede encabezar la Corte tendría la independencia y rigor necesarios para analizar el caso en su conjunto y valorar la responsabilidad estatal".
Una comisión de atenquenses fue recibida por el secretario general de la presidencia de la Corte, Alberto Díaz, a quien entregaron un documento en el que exi-
gen además de la creación de una comisión especial que analice el caso Atenco, que se revisen los amparos en favor de los detenidos por estos hechos, que se castigue a los culpables de violaciones a los derechos humanos y que sean liberados los "presos políticos" de Atenco y Oaxaca.
Díaz se comprometió con la comisión a que la próxima semana, cuando se retome la discusión del caso en el pleno de la Corte, los integrantes del FPDT podrán ingresar en la sesión.
Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, exhortó a los ministros ¬en especial al presidente del tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia¬ a razonar su decisión con apego no sólo a la legalidad, sino a la sensibilidad, para que se aplique la justicia.
Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, uno de los representantes legales de los detenidos en Atenco, dijo que resulta "inverosímil" que la Corte tenga dudas para atraer la investigación, luego de que diversos organismos nacionales e internacionales acreditaron que existieron delitos graves en contra del pueblo de Atenco.
Los integrantes del FPDT exhortaron a los 11 ministros a no permitir que esos crímenes queden impunes y se castigue no sólo a los responsables materiales, sino también a los autores intelectuales.


Hubo violaciones patentes a derechos humanos en Atenco: Góngora Pimentel
JESUS ARANDA
La discusión sobre la solicitud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigue el operativo policiaco de mayo pasado en San Salvador Atenco se complicó en la sesión de ayer de ese organismo, y ante la necesidad de que el pleno defina antes de tomar una decisión qué se entiende por "violación grave de garantías individuales", el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resolvió aplazar el debate para el próximo martes.
Sólo tres ministros ¬Genaro Góngora Pimental, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero¬ demandaron abiertamente que la SCJN investigue las denuncias hechas por pobladores de Atenco y organizaciones sociales, que acusan a los cuerpos policiacos federales y estatales de uso excesivo de la fuerza, allanamiento ilegal de domicilio, detenciones arbitrarias, tortura y abuso sexual de 44 mujeres detenidas.
José Ramón Cosío y Fernando Franco rechazaron el proyecto de dictamen que rehúsa investigar el caso, en razón de que no era lo suficientemente claro y le faltaba argumentar su postura, pero ninguno se pronunció abiertamente por que se hiciera la investigación.
A su vez, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Margarita Luna Ramos apoyaron la propuesta del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano; Ortiz Mayagoitia no definió su postura.
En la sesión del próximo martes, el pleno ya estará completo, pues Mariano Azuela Güitrón se integrará después de haberse ausentado unos días; hace unos meses él declaró que el artículo 97 constitucional ¬que prevé la facultad de la Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales¬ es "totalmente anacrónico y está redactado con los pies"; por lo que es previsible el sentido de su voto.
Ayer las puertas del salón de sesiones permanecieron cerradas para impedir que las consignas de pobladores de San Salvador Atenco, que realizaron un mitin afuera de la sede de la Corte, entorpecieran la labor de los ministros. También se tomaron precauciones para que en el recinto sólo estuvieran presentes funcionarios, estudiantes y periodistas. El público en general pudo seguir la transmisión por circuito cerrado de televisión.
El más elocuente fue Góngora Pimentel, quien de entrada no dejó duda de su postura al señalar: "hice mía la petición del grupo de ciudadanos ¬de que la SCJN ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional¬ porque mi conciencia no me dio otra alternativa.
"La Corte no puede ser cómplice por omisión ni lavandería de violaciones a los derechos humanos; la Corte debe investigar qué pasó, si existieron violaciones graves a las garantías individuales, que en el caso son patentes, qué autoridades fueron las responsables de éstos, hacer recomendaciones precisas a las autoridades y, sobre todo, sentar un precedente de que en México eso no está permitido", expresó. Que se determine "si los hechos surgieron espontáneamente, o si fueron provocados, o si un ánimo de venganza por parte del gobierno suscitó tales acontecimientos".
Es tan vigente el tema, enfatizó, que al propio presidente Felipe Calderón lo han perseguido en sus giras en el extranjero en razón de estos hechos.
También cuestionó que el proyecto propusiera que la Corte no investigue hechos cuando la autoridad actúe en el marco de sus atribuciones para mantener el orden público. Eso "sería una licencia de la SCJN a las policías para que maten y golpeen por el simple hecho de ser policías; sería convalidar, ahora sí claramente, mediante una resolución, el 68 o el jueves de Corpus de 1971".
Recordó que aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el asunto, sólo el gobernador del estado de México la atendió; en cambio, el secretario de Seguridad Pública federal (Eduardo Medina Mora, quien ahora ocupa el cargo de procurador general de la República) se negó a aceptarla porque, alegó, estaba sustentada en "hechos falsos".
Enfatizó que una investigación "no va a exacerbar los ánimos sino, al contrario, ayudará a cerrar heridas sociales, a purificar la conciencia nacional.
"Todos vimos las terribles imágenes en la televisión de 32 hombres golpeando a otro en el suelo; vimos a los policías entrar en los domicilios sin ninguna orden judicial, tirando las puertas a patadas y cómo hasta a los perros les tocaron palos". Y aún persiste la pregunta: "¿quiénes son los responsables? ¿Actuaron motu proprio granaderos y policías?"
Señaló que no atender la gravedad de los hechos sería como "si en un ataque generalizado de locura se aplaudieran matanzas, como sucedió en la Alemania nazi".
Al igual que Cosío, Góngora criticó el proyecto, porque en éste sólo se reprodujo la postura de las autoridades, ignorando a las víctimas.
Pese a que no hubo un criterio mayoritario en favor del planteamiento de Aguirre Anguiano, las críticas de los ministros al proyecto obligaron a Aguirre a recular en varias de sus posturas, para asegurar un apoyo mayoritario.
Así, aceptó eliminar lo que decía sobre el mantenimiento de la "paz social"; adelantó que prescindiría de calificaciones relativas a personajes que estuvieron en los hechos ocurridos el 4 y el 5 de mayo del año pasado en San Salvador Atenco, como expresiones sobre la presencia de sindicalistas y extranjeros; además de quitar su afirmación de que "la Corte no debe intervenir cuando los hechos se motivaron por el legítimo ejercicio de las autoridades policiacas de sus atribuciones", y se dijo dispuesto a eliminar proposiciones tendientes a crear una doctrina jurisdiccional sobre el artículo 97 constitucional.



Critican a la SCJN por rehuir el caso Atenco
Le rogamos publicar la siguiente carta dirigida a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
1. Con relación al proyecto de resolución que el ministro Salvador Aguirre Anguiano ha emitido sobre el caso Atenco, mediante el cual propone que la SCJN no ejerza su facultad de investigación sobre los hechos represivos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, consideramos que esta determinación es una declaración eminentemente política y no una resolución jurídica.
2 Los argumentos sobre los cuales el ministro pretende sustentar su resolución son de carácter político; contrario a ello, el pleno de la Corte, como máxima instancia del Poder Judicial, su obligación es sujetarse estrictamente a lo que establece la Carta Magna y es incontrovertible que, en este caso, se surten los supuestos que prevé dicho ordenamiento para que investigue las graves violaciones a los derechos constitucionales cometidos por las autoridades federales, estatales y municipales que participaron en los hechos de represión en contra de un gran número de ciudadanos mexicanos y extranjeros. Las valoraciones de carácter político de ninguna manera pueden ser sustento de una resolución jurídica y de estricto derecho, como deben ser las emitidas por el máximo tribunal.
3. El argumento de que "el inicio de una nueva investigación por parte de la SCJN y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías podría ocasionar la exacerbación de los ánimos que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar" fueron argumentos esgrimidos en su momento por las dictaduras en Argentina, Chile, España... para no juzgar a torturadores y asesinos.
4. Sería muy preocupante que los demás ministros de la Corte avalaran este proyecto y votarán por la impunidad absoluta de quienes han violado de manera grave y flagrante las garantías fundamentales, en aras de una supuesta "preservación del orden".
5. Nunca se podrá "preservar el orden" si se aplica de forma discrecional y desigual de la ley. Por el contrario, "el orden" empieza por la aplicación irrestricta de la ley, sin privilegios de ningún tipo ni impunidad para las autoridades, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
Abogados litigantes: Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Guillermo Bañuelos, Humberto Oseguera y Pedro Aragón