Senadores del PAN afinan ya la entrega del sector energético
Según instruyó Felipe Calderón, consensuarán propuestas de reformas, principalmente con el PRI
En la agenda, cambios constitucionales para "adecuar la política exterior a los tiempos actuales"
ANDREA BECERRIL ENVIADA


Bancada panista durante la sesión del pasado jueves en el Senado Foto: Luis Humberto González
Valle de Bravo, Méx., 3 de febrero. Acorde con la petición que les formuló Felipe Calderón, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) decidieron impulsar, de manera prioritaria, la reforma energética, que permitirá abrir Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) a la inversión privada ¬nacional y extranjera¬, además de una modificación constitucional para "adecuar" a la época actual los principios rectores en materia de política exterior.
En voz del coordinador de la bancada, Santiago Creel, se dio a conocer la decisión de avanzar en una modificación a la Carta Magna para incluir el tema de derechos humanos y valores democráticos entre los principios que norman las relaciones de México con otras naciones, así como facilitar a Calderón la posibilidad de viajar fuera del país sin necesidad del permiso del Congreso, y la salida de tropas al extranjero, sin que el Senado deba autorizarlo.
En el último día de trabajos de la reunión plenaria que llevaron a cabo en este centro turístico mexiquense, los legisladores panistas se reunieron con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para afinar la agenda que tratarán de consensuar con los otros grupos políticos en el Senado, para aprobarla en los próximos tres meses.
En el encuentro, que también fue privado, el responsable de la política interior del país les recordó que el Presidente quiere que las reformas estructurales salgan por consenso, y para ello les pidió buscar el diálogo con las demás fuerzas políticas, especialmente con el PRI, que lleva un proyecto similar en materia energética en el Senado.
La propuesta panista, detallaron Creel y los senadores Fernando Elizondo ¬secretario de Energía en el sexenio foxista¬ y Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Refinación, establece la posibilidad de "alianzas estratégicas" de Pemex, CFE y LFC con empresas privadas, incluidas trasnacionales.
Aunque Elizondo aclaró que no se pretende privatizar las paraestatales energéticas ni modificar el marco constitucional, ya que ¬dijo¬ el Estado mexicano mantendría la rectoría sobre sus empresas, reconoció que habrá inversión privada para construir refinerías, por ejemplo.
Incluso, el senador Elizondo dejó abierta la posibilidad de que esas "alianzas estratégicas" de Pemex con empresas extranjeras pudieran también darse en la explotación de petróleo. Interrogado varias veces al respecto, respondió con evasivas, y Creel debió intervenir para aclarar que la apertura al capital privado "de ninguna manera" se propone en esa área.
El coordinador de la bancada panista precisó que "hay ya una coincidencia muy clara con otros grupos parlamentarios, y entonces vamos a trabajar en ello". No se puede seguir ¬insistió¬ con un esquema donde se exporta crudo barato y se importa gasolina cara.
Aunque no quisieron dar mayores detalles de su intención de hacer una reforma energética ni de las pláticas con el priísta Francisco Labastida, detallaron que se deberá modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, para que pueda darse en Pemex la apertura al capital privado.
Es una reforma similar, aceptó el senador Elizondo, a la que hizo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para posibilitar que inversionistas nacionales y extranjeros puedan generar electricidad.
Defendió incluso esa modificación, que ha llevado a que la tercera parte de la producción de electricidad esté en manos de trasnacionales. Sostuvo que gracias a esa reforma salinista, en la actualidad hay abasto suficiente de energía en el país.
Por otra parte, Creel dio a conocer otro de los puntos torales de la agenda de 20 puntos que van a tratar de sacar de aquí a abril, cuando concluye el periodo legislativo: una reforma constitucional para explicitar los principios de política exterior.
La intención es "darles una traducción de acuerdo con esta época, de tal manera que tengamos con mucha claridad no solamente los principios rectores, sino su traducción en las circunstancias actuales, y para incentivar la captación de inversión extranjera también", detalló.
¬¿Hacia dónde llevarán la política exterior?
¬La Constitución establece con mucha claridad cuáles son esos principios rectores, pero pensamos que puede allegarse un contenido a cada uno de ellos, de acuerdo con la circunstancia y la época que estamos viviendo. Es algo que quisiéramos empezar a trabajar con el resto de los grupos parlamentarios.
Creel aseguró que permanecerán la autoderminación y la no intervención en asuntos internos de otras naciones, pero "se van a aclarar, de manera que podamos contar con certidumbre respecto a cada principio, que es en un concepto bastante general".
¬¿Qué van a modificar en concreto?
¬Hay conceptos nuevos que surgen después de la Constitución de 1917; por ejemplo, el de derechos humanos es fundamental de política interior, y creemos que es algo que debe contemplarse también en los principios de política exterior.
Rechazó que esto pueda provocar problemas con otras naciones, como aconteció ya con Cuba, por la decisión del gobierno foxista de exigir a La Habana el respeto a derechos humanos.
Que el Presidente no tenga que pedir permiso para salir del país
Asimismo, Creel adelantó que presentarán una iniciativa para que en adelante el Presidente de la República pueda salir del país sin el permiso del Congreso, y la autorización se requiera sólo en viajes mayores de siete días.
Cuando se le hizo notar que la mayoría de las giras presidenciales al extranjero son por menos de una semana, el coordinador panista dijo que la obligación del Ejecutivo de pedir permiso al Legislativo para viajar fuera del país data de 1857, cuando el Constituyente tenía que analizar las condiciones internas, a fin de que no se aprovechara la ausencia presidencial para una revuelta o un golpe de Estado.
"Las condiciones son distintas, y por eso creemos que la Constitución debe reformarse", agregó. También anunció que en materia de política exterior legislarán en torno a la salida de tropas.
"Recuerden que siempre ha habido una discusión de si se requiere o no permiso del Senado para participar en algunos encuentros de ejercicios entre los distintos ejércitos, como ha ocurrido hace algún tiempo".
También, con base en la agenda legislativa que Calderón les pidió impulsar, van a presentar las reformas a la Ley del ISSSTE, en el sistema de pensiones; en materia de justicia, para aplicar los juicios orales, y la unificación de mandos de los cuerpos policiacos del país.
De su propia agenda, los senadores del PAN llevan la reforma electoral que abordaría precampañas, unificación de calendarios de elecciones, datos y transparencia, y los instrumentos con que debe contar el IFE, entre otras.
Todo lo quieren consensuar de inmediato con las demás fuerzas políticas, a fin de que pueda aprobarse en este periodo de sesiones. Inclusivo, la reforma energética que tienen ya platicada con el grupo parlamentario del PRI.


Le están dando la vuelta y permiten inversión privada en materias reservadas para el Estado
En peligro, la soberanía sobre recursos energéticos, advierte Raymundo Cárdenas
''El Presidente viola la Constitución y la Corte le dice que está bien'', acusa el perredista
ELIZABETH VELASCO C.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Raymundo Cárdenas Hernández, advirtió que cualquier reforma a la Carta Magna debe ser producto de una amplia consulta para, en su caso, aprobarla por unanimidad o por una amplia mayoría.
Tras señalar que en esa comisión legislativa existen más de mil iniciativas de reformas a la Constitución, el diputado perredista ponderó que lo necesario a revisar en estos momentos es la relación entre poderes y sus facultades, porque existen ''vacíos'', hay situaciones ya rebasadas y otras no satisfacen a una parte de la sociedad.
Por ejemplo, dijo, ''el artículo 27 da a México la soberanía sobre los energéticos, pero le están dando la vuelta y permiten la inversión privada en materias reservadas para el Estado. Eso lo hace el Presidente de la República, quien de esa forma viola la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice que está bien''.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó que cualquier cambio debe efectuarse por consenso, pues ya no son tiempos de permitir que las modificaciones constitucionales sean ''producto de la imposición de un grupo sobre los demás'', además que en pocas ocasiones se cumple con lo establecido en la Carta Magna.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Adolfo Ríos Camarena advirtió que aun cuando se requieren reformas es necesario ser cuidadosos con los cambios que se buscan, porque ''podríamos perder lo más por lo menos; podríamos perder el dominio del Estado sobre los energéticos y la jurisdicción plena del Estado para el desarrollo económico del país''.
Sistema ''injusto, neoliberal y globalizado'': diputado priísta
Justo en la víspera del aniversario 90 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando los panistas se manifiestan por una reforma energética que permita la apertura a la inversión extranjera y nacional de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ríos Camarena consideró que los postulados constitucionales cobran cada vez más vigencia, sobre todo porque ''estamos inmersos en un sistema injusto, neoliberal y globalizado''.
Para el priísta, es necesario ''encontrar un proyecto propio de nación y no ser instrumento de políticas que vienen del extranjero''.
En ese sentido se manifestó por respetar ''la vigencia'' de la Constitución y por evitar reformas ''regresivas'', como las que en su momento aprobó Carlos Salinas de Gortari. ''(Esas) son contrarreformas, y por ellas se ha ido para atrás, por ejemplo, en el caso de los derechos de los campesinos y en la separación de las iglesias y el Estado''.
Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, hizo hincapié en que los mexicanos requerimos de una ''nueva'' Constitución que permita que las instituciones, ahora ''obsoletas, vuelvan a ser útiles''. El legislador perredista dijo estar ''totalmente de acuerdo con una nueva Carta Magna para transformar las instituciones y crear otras para hacer más transparente y vivible este país''.
En tanto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Esmeralda Sánchez Cárdenas, secretaria de la referida comisión, destacó que la diferencia de criterios entre los partidos no permite sacar adelante ''algunos temas'', por lo cual hizo un llamado a evaluar las iniciativas para conducirlas a buen fin.
Sobre los temas en que los partidos políticos consideran necesario hacer reformas, destacan por su importancia: materias reservadas a la rectoría del Estado ¬entre ellas la energética¬, fortalecimiento del federalismo, transparencia, sistema jurídico, derechos de los mexicanos en el exterior, relación entre poderes y sus facultades, partidos políticos, regulación de campañas y precampañas, integración de poderes, juicios orales y algunos otros.
Movilizaciones, un paro nacional y la toma de carreteras, entre las primeras acciones
Aprueban pacto nacional en busca de un gobierno que restaure la legalidad
MATILDE PEREZ U.
Un pacto político nacional de unidad para detener el "autoritarismo de la derecha", restituir la legalidad constitucional que incluye la defensa de los recursos naturales, la soberanía energética y un plan nacional de empleo acordaron más de 600 organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares al concluir el cuarto encuentro del llamado Diálogo Nacional al que convocó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Acompañados por la senadora Rosario Ibarra de Piedra y el diputado y ex dirigente del SME Antonio Almazán, los participantes determinaron refrendar hoy, en un acto público en el Hemiciclo a Juárez, el pacto político, entre cuyas demandas centrales incluye la exigencia del llamado a un referéndum para la revocación del mandato.
"El descontento, la irritación y rebeldía social van a ser canalizados en la unidad de los movimientos de insurgencia", señalaron en la llamada Declaración del Pacto Nacional por la Restitución de la Legalidad Constitucional y la Soberanía Popular.
Ayer, reunidos en las instalaciones del SME, los representantes de ese mosaico de organizaciones se comprometieron a "realizar su máximo esfuerzo para hacer un frente común a todas las políticas neoliberales que agreden las condiciones de vida y de trabajo, los derechos políticos y libertades democráticas del pueblo y los trabajadores, así como a defender el patrimonio, la soberanía e independencia del país".
Para llevar a cabo sus compromisos realizarán a partir del próximo 15 de febrero y hasta mayo una serie de movilizaciones que concluirán, inicialmente, el 2 de mayo con un paro nacional y la toma de carreteras, las cuales estarán "rodeadas de la más amplia solidaridad y respaldo político a cada una de las organizaciones, frentes, coordinaciones sindicales, sociales, populares y políticas", acotaron.
El pacto, que fue aprobado por unanimidad, establece la promesa de cada participante de "trabajar juntos para crear las condiciones para el surgimiento de un nuevo gobierno emanado democráticamente del pueblo y que responda a él en todo momento, restaurando la legalidad constitucional y el espíritu fundacional del Constituyente de 1917, así como los valores esenciales de la nación".
Previa a la lectura y aprobación del pacto, los representantes e integrantes de dichas organizaciones abordaron, a lo largo del día, en siete mesas de trabajo, temas como el empleo, la seguridad social, los derechos humanos, el patrimonio cultural y energético, democracia, militarización y equidad de género, entre otros. En ese ámbito, Rosario Ibarra de Piedra solicitó a todos los presentes hacer un esfuerzo para terminar con los "sectarismos, las envidias, las traiciones y codazos. Les pido lleguemos a un acuerdo para que se haga realidad por lo que hemos luchado", demandó.
En esas mesas de discusión fue recurrente la sugerencia de sostener la continuidad de la organización conjunta, las convicciones y no "bajar la guardia en contra del gobierno de Felipe Calderón".
Gilberto López y Rivas destacó que se requiere el esfuerzo de la unidad social para promover el referéndum de revocación del mandato, "última salida pacífica" al creciente enojo social, sostuvo.
En el pacto, las organizaciones sostuvieron que iniciarán acercamientos y relaciones fraternas con todas las organizaciones y personalidades democráticas, progresistas y honestas de América Latina y el Caribe y de otras partes del mundo.
También subrayaron que su lucha incluye la exigencia de la reducción de los precios del maíz, tortilla, huevo, medicamentos, electricidad, gas y gasolinas; la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo, y el rechazo al Area de Libre Comercio de las Américas.
Guillermo Almeyra
La marcha del 31 y el Diálogo Nacional
Nunca había sucedido que, apenas a dos meses de instalado un gobierno mexicano, debiese enfrentar, en un día de trabajo, una enorme marcha de repudio, compuesta a mitad por contingentes sindicales y campesinos numerosos como en un primero de mayo, y por sectores populares que siguen al candidato a presidente que fue víctima de un fraude abierto y escandaloso. En ese sentido, la marcha del 31 fue un éxito y una respuesta a la actual ofensiva brutal y cínica del gobierno del presidente fraudulento contra los derechos democráticos (Oaxaca, Atenco, el fraude) y contra el nivel de vida de los trabajadores. Hay, sin embargo, algunos peros...
Es importante que incluso algunas direcciones sindicales y campesinas charras hayan debido adherirse a la marcha, presionadas por el descontento y el temor a sus bases, pero lo cierto es que lo hicieron para "mostrar los músculos", pero para negociar con el gobierno en mejores condiciones y no para presentar un frente unido de oposición social sino para romperlo (¿mañana, pasado mañana?) si les tiran unas migajas desde el poder. El aguerrido contingente de los electricistas, que saben que están en la mira del gobierno y tratan de formar un frente social para combatir contra la política del gran capital que aplica Calderón, era por eso una excepción. Además, la resistencia priísta a permitir un discurso de López Obrador, y hasta la falta de curiosidad por saber qué diría, se expresó en el éxodo de muchas organizaciones del Zócalo, que quedó amarillo. Dicho sea de paso, esta es una nueva demostración del fracaso del coqueteo perredista con el priísmo que (hasta ahora) se opone a Calderón.
Aunque la Declaración del Zócalo, en líneas generales, hace críticas y formula puntos de lucha correctos, no dice sin embargo cómo organizar el combate para concretarlos ni da objetivos inmediatos. Es más, la exigencia de las organizaciones sociales y del propio AMLO de un nuevo "pacto social" demuestra que, por razones de interés, ignoran deliberadamente el carácter del gobierno y de los capitalistas a los que proponen ese pacto, los objetivos y planes de ambos y el sentido de su política y de su ofensiva. ¿O alguien cree en serio en la neutralidad del gobierno espurio y en el sentido social de los capitalistas mexicanos y de sus achichincles? El discurso de López Obrador demuestra ese mismo intento negociador y conciliador. AMLO formuló objetivos (aumento general de salarios, defensa del campo, etcétera) pero dejó todo en manos de su fracción parlamentaria. Ahora bien, aparte de que la misma es minoritaria y, por consiguiente, en el mejor de los casos sólo puede levantar banderas que le rendirán hipotéticamente en futuras elecciones pero que no organizan hoy, esa fracción es la que aceptó el presupuesto del gobierno, sin presentar una alternativa, y esos partidos son los mismos que presentan en Yucatán a la yunquista ex dirigente panista Ana Rosa Payán como nueva Virgen Roja del derecho, las libertades y el progresismo. Por eso y como la gente tiene politización y olfato, ni el Zócalo se llenó para escuchar al Pejepresidente, ni hubo entusiasmo y creatividad, ni la marcha y el acto posterior contaron con la indispensable proporción de jóvenes necesaria para una lucha seria. ¡Ah!, una vez más los de la otra campaña se destacaron por su ausencia sectaria, y Marcos por su silencio, que Calderón agradece...
El Diálogo Nacional (DN), que trata de asegurar la continuidad de las movilizaciones y de construir un frente social amplio, no puede ignorar cuál es la relación de fuerzas ni dejar de considerar hasta dónde pueden ir sus aliados transitorios y qué se debe hacer para llegar a la mayoría de los trabajadores y de la población. La gente común desconfía de los que se agitan para que el gobierno los vea y para negociar con éste en mejores condiciones, formulando amenazas, pero sin intentar cumplirlas. El DN, contrariamente a AMLO y a la otra campaña, sólo puede subsistir si inicia un trabajo lento pero importante para unir a la mayoría de la población detrás de su programa y de sus objetivos irrenunciables, pero organizándola, explicando un programa nacional y obrero alternativo, cómo construir otro país. Para eso es necesario unir la acción a la palabra. Si a dos meses de la toma de posesión de Calderón más de 100 mil personas se unieron en una marcha es porque existe, en amplios sectores, disposición a moverse si su esfuerzo parece efectivo, tal como lo demostraron el plantón perredista en el Zócalo y la lucha de la APPO hace unos pocos meses. Es posible, pues, preparar con movilizaciones la convocatoria de un paro cívico nacional por las reivindicaciones comunes de los que asistirán al DN y de los que asistieron a la marcha, y en la perspectiva de la lucha por una política alternativa a la del gran capital. Los planes alternativos para la energía, la educación, la sanidad, la ciencia, el campo existen desde hace rato y son fruto de una elaboración colectiva. AMLO los ignoró y los enterró, la otra campaña simplemente los ignora y buena parte de las direcciones sindicales y campesinas los dejan de lado para negociar, como sucedió con los planteamientos de El Campo no Aguanta Más. Pero la esperanza del Peje en los Sabines y en las Ana Rosa Payán o en futuros triunfos en las elecciones por venir no tiene nada que ver con lo que pasa en el país y en el mundo. Calderón sólo puede aplicar su política hambreadora y antinacional con la ilegalidad y la represión (y eso incluye también la anulación de cualquier elección que no esté amañada y preparada, como estuvo la que organizó el PAN). Si se quiere trabajo, defensa del campo, tortillas, democracia, hay que contar por lo tanto con las propias fuerzas. Nadie en el poder nos regalará nada, ni por iluminación del Espíritu Santo hará nada menos que un nuevo pacto social con quienes quiere aplastar.