Crisis de seguridad y justicia en México: AI
Persisten impunidad de funcionarios, detenciones arbitrarias y tortura, señala.
Demanda a Calderón comprometerse con los derechos humanos
VICTOR BALLINAS.
México es un país de ''leyes sin justicia'', aseguró ayer Amnistía Internacional (AI), y resaltó que el sistema de seguridad pública y de justicia penal ''está en crisis''. Esta organización internacional denunció que ha documentado desde hace varios años violaciones a derechos humanos e impunidad: en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura, y no obstante que los detenidos son presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato, ''así los condena''.
Rupert Knox, investigador para México de AI ¬con sede en Londres¬, y el director del organismo para España, Esteban Beltrán, cuestionaron que el presidente Felipe Calderón ''aún no haya hecho un pronunciamiento sobre derechos humanos y la importancia que les dará en su gobierno. Queremos un compromiso concreto del Ejecutivo sobre este tema y que se comprometa a llevar a cabo una reforma al sistema de justicia''.
Hicieron pública su preocupación porque ''el Presidente, en su gira por Europa, no habló de los derechos humanos, de cuál será su política. Queremos saber si le interesa la protección de estos derechos y cómo los garantizará. Es muy preocupante que el mandatario no se haya manifestado aún, porque se podría interpretar que las violaciones de derechos son toleradas''.
Al presentar ayer el informe titulado México, leyes sin justicia: violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública, los integrantes de AI ¬acompañados por el abogado Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan¬ destacaron que que ''las violaciones a los derechos humanos en México son frecuentes por funcionarios; el gobierno no ha logrado una justicia eficaz para todos''.
Beltrán preguntó: ''¿Existe la justicia en México o simplemente hay leyes?'' Frente a él y los demás funcionarios de Amnistía estaban algunos de quienes han padecido injusticia, torturas, violaciones sexuales, abusos, detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas, incomunicación, secuestro, negación a contar con un abogado.
Ahí se encontraban también el ecologista de Guerrero ¬preso injustamente¬ Felipe Arreaga, quien después de 10 meses fue absuelto; José Gregorio Arnulfo Pacheco y su esposa Flora Sánchez. Sin importar que está parapléjico, Pacheco fue sacado de su casa en Atenco, vejado, golpeado y acusado de secuestro, entre otros delitos; después de más de cinco meses fue absuelto.
Además acudió Bárbara Italia Méndez, joven violada por policías en los camiones que la llevaban detenida de Atenco al penal de Santiaguito; y de Oaxaca estaban presentes Ramiro Aragón y Ruth Guzmán. Aragón, también parapléjico, fue acusado injustamente de portar armas de fuego, lo privaron de su silla de ruedas y de sus medicamentos. Además, lo torturaron.
Los representantes de Amnistía Internacional dijeron: ''Aquí están ejemplos del vergonzante sistema de justicia. Aquí están algunos de los rostros de la injusticia para que den su testimonio de viva voz''.
Beltrán destacó que en 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país, aun cuando la víctima llegue con signos evidentes de tortura los jueces aceptan la confesión como prueba en uno de cada nueve casos. En 2004 vimos que las pruebas fueron aceptadas sin chistar, a pesar de que habían sido obtenidas bajo tortura, señaló.
''Con asombro hemos visto un sistema de justicia en México en el cual todo mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario; al revés de los sistemas de justicia en el mundo, que son inquisitoriales, aquí es acusatorio. El sistema de justicia mexicano es ineficiente. En 2002, 42 por ciento de los detenidos eran inocentes y tardaron años en probarlo. Es asombroso que la Constitución no recoja el principio de inocencia'', añadió.
Una característica ''insólita'' de este sistema en crisis, aseveró Beltrán, ''es que el juez no está presente en las audiencias. No hay juez y cuando está su presencia no es activa. Tampoco hay defensores presentes, firman después. Hay una crisis crónica del sistema de justicia''.
Amnistía demanda compromisos claros al gobierno de Calderón: ''Pedimos su compromiso de que en este sexenio habrá reformas al sistema de justicia, empezando por la Constitución, para que quede plasmado el principio de inocencia; que haya juicios justos; que se protejan los derechos de los acusados y de las víctimas; que se garantice la independencia de jueces; que se acuse sólo ante un juez y en presencia de un abogado defensor para acabar con la tortura como regla''.
Es fundamental ''conocer si al Presidente le van a importar los derechos humanos. No hay señales de ello; nos preocupa la nula mención de estas garantías. No sabemos qué ocurre con el Programa Nacional de Derechos Humanos. Es una vergüenza la desaparición de la fiscalía para movimientos del pasado''.
Ambigua respuesta de Gobernación a las denuncias, señala Amnistía Internacional
''No estamos convencidos de que los derechos humanos sean prioridad para el gobierno''
FABIOLA MARTINEZ
Los representantes de Amnistía Internacional (AI) que acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación (SG) recibieron, por parte de funcionarios de esta dependencia, ''una respuesta ambigua e insegura'' respecto de los señalamientos de violaciones a derechos humanos ocurridas en México de 2004 a la fecha, particularmente en los casos de Atenco y Oaxaca.
''No estamos convencidos de que los derechos humanos sean prioridad para este gobierno; por el contrario, hay síntomas preocupantes; no hemos recibido mensajes tranquilizadores'', advirtió Esteban Beltrán, director de la sección España de Amnistía.
Dijo que es preocupante que nadie haya sido procesado hasta el momento, pese a la existencia de 26 denuncias de abuso sexual (en San Salvador Atenco, estado de México), así como registros de 19 casos de tortura, en 2004, en Guadalajara, Jalisco.
Precisamente en este último episodio, el actual titular de la SG, Francisco Ramírez Acuña, era el gobernador y quien se negó a contestar a los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
''En México hay un problema grave de impunidad; nos vamos preocupados'', dijo Beltrán al término de un encuentro ¬de poco más de una hora¬ con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Alessio Robles, así como con la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Carmen Díez.
Advirtió que ''los casos como Atenco o Oaxaca son la punta del iceberg de un problema gravísimo'' que tiene que ver con la impunidad, lo cual provoca que casi nadie denuncie ante el Ministerio Público y que sólo 14 por ciento de esas quejas sean recibidas.
Una promesa...
Beltrán y su compañero Rupert Knox, investigador del secretariado internacional de AI, del Programa Regional para América, salieron de Gobernación con la única promesa de que el gobierno del presidente Felipe Calderón enviará al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional (en torno al sistema judicial) en la que se incluyen algunos aspectos ¬recomendados por AI¬ como la presunción de inocencia.
Dijo que Amnistía Internacional esperará a que el gobierno calderonista defina sus prioridades en los primeros cien días de gestión, y si el tema de los derechos humanos está en esa lista.
Confió, por ello, en que el gobierno mexicano cumpla en materia de derechos humanos por voluntad propia; no obstante, de manera paralela, Amnistía enviará cartas a todas las representaciones consulares en torno a la situación que priva en México.
''Amnistía Internacional y los miembros de esta organización en todo el mundo, que son dos millones de personas, irán a las embajadas de México a transmitir esta preocupación; a su vez, el gobierno y el Congreso de este país recibirán miles de cartas para que avance esa reforma'', agregó.
Por lo pronto ¬comentó Esteban Beltrán¬, ''lo que vemos son síntomas preocupantes, como la supresión de la fiscalía para asuntos del pasado o la falta de reconocimiento de que la tortura es un problema grave en este país''.
Los enviados de Amnistía Internacional entregaron al subsecretario de Gobernación el informe ¬difundido horas antes, en conferencia de prensa¬, el cual incluye 35 casos que evidencian, en conclusión de este organismo internacional, el fracaso del sistema de procuración de justicia, debido ¬fundamentalmente¬ a la impunidad.
De acuerdo con Rupert Knox, los funcionarios gubernamentales se comprometieron a emitir una respuesta tras estudiar el informe de AI.
Respecto de las denuncias de violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco y Oaxaca, destacó que la autoridad no ha cumplido en la investigación de los casos y, por el contrario, las víctimas tienen que señalar, investigar y dar pruebas del delito.
''La obligación del Estado mexicano es investigar y recabar las pruebas, eso es fundamental''.
La perspectiva del subsecretario ¬ agregó Knox¬ es que la respuesta gubernamental se dará en la iniciativa de reforma antes citada.
''Dicen que están comprometidos (con los derechos humanos), pero nosotros queremos pruebas, indicadores reales de cumplimiento'', concluyó.
Exige ONG auditoría al Instituto de la Mujer Oaxaqueña
pedro matías
Oaxaca, Oax., 7 de febrero (apro).- El Colectivo Feminista de Oaxaca exigió a las contralorías estatal y federal que realicen una auditoría al Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros, humanos y materiales.
Durante una protesta frente a la Fuente de las Siete Regiones, la representante del movimiento de mujeres, Zoila Ríos Coca, también demandó a la presidenta del IMO, Norma Reyes Terán, un informe público y detallado de las acciones, resultados y seguimiento de los programas realizados desde el año 2000, fecha de la creación del Instituto.
Aunque las mujeres representan el 60 por ciento de las personas que viven en extrema pobreza y que son subempleadas –con trabajos de hasta 17 horas diarias--, el IMO no ha cumplido con su función, al contrario, existe una grave desatención al sector femenino, denunció Ríos Coca.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en Oaxaca sólo el 20 por ciento de la población rural femenina tiene acceso a los servicios de salud.
De igual forma, Oaxaca ocupa los primeros lugares en muertes por cáncer cervicouterino y cáncer de mama; el segundo lugar en feminicidios, primer lugar en violencia contra las mujeres a manos de su pareja, primer lugar en violencia sexual y tercero en violencia psicológica, además, el segundo delito sexual en la entidad es el abuso sexual hacia niñas y niños.
La activista recordó que los movimientos organizados de mujeres han promovido políticas públicas para mejorar la situación de las mismas; y han obligado a los gobiernos federal y estatal, a incluir en sus planes la creación de instancias de atención a problemáticas que afectan de modo directo a la población femenina.
Puso como ejemplo la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, las agencias especializadas en delitos sexuales y los institutos de las mujeres, entre otros.
Sin embargo, lamentó que a pesar de la presión política de los grupos feministas, la creación de tales instancias y la firma de los acuerdos y tratados internacionales, los resultados obtenidos para el mejoramiento integral de las mujeres siguen traduciéndose en “nulos avances, en desigualdades, en violencia y opresión”.
Exigió a los responsables del IMO un informe acerca de las aportaciones económicas que recibe del gobierno estatal y sus municipios, así como de los que se obtengan a través de los patronatos, organizaciones no gubernamentales, comités e instituciones locales.
Además, de un informe sobre el presupuesto asignado al Programa Estatal de la Mujer (Proem), incorporado al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, el cual, de acuerdo con el decreto de creación del IMO, integra aportaciones de organismos internacionales, así como las aportaciones que bajo cualquier título realicen los gobiernos federal, estatal y municipal y en general cualquier institución o persona.