No es pecaminoso negociar, sostiene el director del instituto, Miguel Angel Yunes
La alianza PRI-PAN planeaba aprobar la madrugada de este martes la ley del ISSSTE
Diputados señalan al funcionario que ''huele muy mal'' la prisa con que se busca el acuerdo
ENRIQUE MENDEZ
La mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados se preparaba anoche a aprobar el dictamen de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que el director de la institución, Miguel Angel Yunes, reconoció que, una vez en marcha el sistema individualizado de ahorro para el retiro, el costo de reconocer la deuda que ya existe en el sistema de pensiones será de 1.2 billones de pesos, lo cual representa 14 puntos del producto interno bruto (PIB).
''Sí, es una deuda de muchos millones, pero si no hacemos nada el costo será sustancialmente más que el de la transición'', dijo. Ante las críticas del diputado Antonio Soto, respecto de que ''huele muy mal'' la prisa con que se buscó aprobar el dictamen y por el ''vínculo estrecho del director con la señora (Elba Esther) Gordillo'', a la que se vincula con la autoría de la reforma, Yunes respondió: ''No es pecaminoso buscar acuerdos y consensos, y el hecho de que un grupo de dirigentes sindicales y funcionarios hagamos este esfuerzo, tiene el objetivo de dar certeza a los trabajadores''.
El diputado perredista Juan Guerra refirió que el costo de la reforma será superior, porque el Estado tendrá que transferir 3.25 pesos cuando los trabajadores aporten un peso de manera voluntaria para garantizar el mínimo de una pensión de dos salarios mínimos. Esto implicaría, dijo, cuando menos medio billón de pesos más, y un costo de casi 20 puntos del PIB, ''que si van a terminar en manos privadas, el riesgo de la ley es enorme''.
Adicionalmente, un análisis de la bancada del Partido del Trabajo sobre la reforma plantea que el fondo de la iniciativa tiene tres objetivos en el corto plazo: prolongar la edad de jubilación cinco años más y romper con el esquema solidario y subsidiario para pasar a uno individualizado; liberar recursos para que puedan ser manejados por el monopolio de las Afore y los bancos mediante la bursatilización de los ahorros, y después abrir Pemex a la iniciativa privada y modificar los sistemas estatales de pensiones.
Durante cuatro horas, diputados y senadores debatieron con Yunes el contenido y los alcances de la iniciativa que se presentó al pleno apenas el jueves pasado, y que pretende ser aprobada en las próximas horas. Una de las principales polémicas la desató el contenido del oficio CEFP/220/2007, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, que fue conocido primero por Yunes y repartido posteriormente a los diputados.
Y es que para defender que la reforma no tendría ningún costo financiero, Yunes leyó ante senadores y diputados de las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social, el oficio del director general del centro, Edgar Nolasco, dirigido al presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac.
En dicho documento, el funcionario de la Cámara asegura que la iniciativa "no representa impactos presupuestarios adversos en las finanzas públicas, dado que para la determinación total del impacto presupuestario del seguro de pensiones se consideran todos los flujos generados por la propuesta, de manera que la reforma genera una disminución muy importante en la carga del Estado con el actual sistema de reparto, al disminuir el déficit sustancialmente".
Además, asegura, la generación del bono de reconocimiento del ahorro de los trabajadores que sean integrados al Pensionissste -la administradora de fondos de retiro de carácter público que se crearía con la nueva ley- "no contempla recursos adicionales, dado que éste se expide como un instrumento cupón cero que no implica mayor disposición de dinero''
Se trata de un ''estudio a modo", reprochó Antonio Soto. Sin embargo, el punto que más discusión generó fue la postura de recomendar la disposición de reasignaciones o excedentes petroleros para cubrir los fondos de préstamos personales y al seguro de salud. "Ahora resulta que tendremos que presupuestar los recursos extraordinarios, que no se pueden etiquetar. Aquí el director del ISSSTE nos presentó un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se dio una quemada enorme, porque sí habrá afectaciones presupuestarias", sostuvo.
Por su parte, el senador perredista Tomás Torres aseguró que en el costo de la transición no se ha incluido que el Estado deberá erogar las pensiones en curso, "que son adicionales".
A lo largo de la reunión de trabajo, diputados de PRI y PT también cuestionaron el hecho de que, si se prevé el éxito de la figura de Pensionissste, entonces debería aprobarse un candado y mantener en esta administradora la exclusividad del manejo de las cuentas de los trabajadores, y no abrir la transferencia al concluir los tres primeros años de vigencia de dicho mecanismo de ahorro. "Si va a funcionar tan bien como dicen, seguramente ningún trabajador querrá pasarse a otra Afore a los tres años", argumentó el diputado del PT Joaquín Vela.
Previamente, en una extensa presentación de los principales puntos de la iniciativa, Yunes refirió que para proteger los recursos de los trabajadores, la administradora pública manejará los fondos "en exclusiva por 36 meses", y después de ese plazo "cada trabajador elegirá personal y voluntariamente si continúa en el Pensionissste o traslada sus recursos a cualquier administradora".
Aun cuando al cierre de esta edición se inició una ronda de participaciones para discutir la iniciativa, antes de debatir el proyecto de dictamen, PRI y PAN advirtieron que el documento se aprobaría aun de madrugada, y que sólo se admitiría una adición propuesta por el diputado priísta José Rosas Aispuro, quien planteó que la regulación sobre el manejo exclusivo de las cuentas sea revisado cada tres años, con base en estudios actuariales y, en su caso, promover reformas o adiciones.
Durante la discusión, Juan Guerra propuso que Pensionissste no opere como una Afore privada, y que su director sea electo por la Cámara de Diputados, y convocó a no cerrar la posibilidad de modificar la iniciativa y dar más tiempo para su revisión "No somos diputados para votar a ciegas", advirtió.
Luis Hernández Navarro
Ley del ISSSTE: atraco a mano alzada
Sobre advertencia no hay engaño. Sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23 de octubre de 2004. Una multitud de enardecidos maestros y trabajadores al servicio del Estado agredieron a golpes el convoy en el que viajaba el presidente Vicente Fox para protestar contra la privatización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los inconformes burlaron el cerco de seguridad del Estado Mayor Presidencial, se acostaron sobre el asfalto para impedir el paso de los vehículos oficiales y arremetieron contra las camionetas en las que se desplazaban los funcionarios y se enfrentaron con elementos de seguridad. Gritaban: "Fox, ¡entiende!, el ISSSTE no se vende" y "Esas reformas ¡no pasarán!"
Estupefacto, el entonces presidente sólo alcanzó a decir que los trabajadores no debían dejarse engañar, pues su gobierno no pretendía privatizar la institución.
Casi dos años después, su sucesor, Felipe Calderón, ha decidido materializar la pesadilla de maestros y trabajadores al servicio del Estado. El albazo legislativo está en marcha. El ISSSTE será privatizado, aunque se niegue que se quiere hacerlo. Ya lo dijo el priísta y prestidigitador legislativo Samuel Aguilar Solís, quien presentó la reforma en tribuna: "el ISSSTE no se privatizará; por el contrario, se refrenda el compromiso solidario del Estado mexicano con la seguridad social de sus trabajadores".
¡Qué va! Declaraciones para el auditorio aparte, el ISSSTE será privatizado, no porque sus instalaciones vayan a ser vendidas a particulares, sino porque al trasladar el régimen de jubilación a cuotas individuales se carga el peso de su funcionamiento fundamentalmente en los hombros de los trabajadores. Al migrar las pensiones de los burócratas a cuotas individuales se rompe el espíritu de la seguridad social como un mecanismo redistributivo del ingreso y de solidaridad intergeneracional, que tiene su origen en la Constitución de 1917. La medida forma parte de la privatización del sistema de pensiones.
Los ahorros de los trabajadores que cotizan al ISSSTE y no expresen explícitamente su deseo de pertenecer al nuevo sistema de cuotas individuales pasaran al control del Pensionissste. Este organismo manejará sus aportaciones durante tres años, para después ceder su manejo a la banca mediante las Afore. Viejos rivales sindicales de la calaña de Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, que han amasado verdaderas fortunas a costillas de sus agremiados, manejarán estos fondos. Un negocio multimillonario y redondo ante el que han hecho a un lado sus pleitos históricos.
La nueva ley del ISSSTE es un mecanismo para socavar y desaparecer conquistas laborales. Una vía para aumentar requisitos para el retiro y disminuir prestaciones. Un instrumento para avanzar en la profundización de un modelo laboral que privilegia el trabajo precario. La seguridad social es parte del salario indirecto que la Constitución garantiza a los trabajadores como parte de sus emolumentos. Al erosionarla y desmantelarla se está homologando a la baja el salario. O sea, los legisladores que la aprueben cometerán un atraco a mano alzada.
El ISSSTE fue creado en 1959. El Estado estableció la redistribución del ingreso como criterio para normar el funcionamiento del sistema de pensiones de los servidores públicos. Por ello acordó que éstos aportarían 3.5 por ciento de su salario para el sistema de jubilaciones, y que lo que hiciera falta para la cobertura del pago total de éstas sería cubierto por el gobierno federal. La nueva ley cancela este criterio.
Para justificar la medida se ha dicho que la atención a los derechohabientes se corregirá. Nada más falso. Basta que la institución se mire a sí misma en el espejo del Instituto Mexicano del Seguro Social para concluir que la reforma no mejorará los deteriorados servicios médicos de la institución ni garantizará el abasto de las medicinas.
Los impulsores de la nueva ley aseguran que con ella se bursatilizará la cartera actual del Fovissste para incrementar sustancialmente el número de créditos para vivienda. La verdad es diferente. En los hechos la reforma busca, en parte, tapar un enorme boquete financiero provocado por el mal manejo de los programas de vivienda para los servidores públicos. Esos programas, que son una fuente de inmensos recursos económicos, han sido administrados por operadores de Elba Esther Gordillo. La ley abrirá el camino para otorgar una moratoria de facto a quienes han hecho mal uso de ellos.
La rabia que los maestros de Chihuahua volcaron contra Vicente Fox hace casi dos años y medio por el temor a la privatización del ISSSTE no es un asunto del pasado. Los legisladores pueden aprobar sin discusión y en lo oscurito un nuevo atraco contra los trabajadores. Lo que no van a poder frenar son las múltiples expresiones de descontento que de inmediato se harán sentir por todo el país.
Muy probablemente, Felipe Calderón ganará este asalto en las cámaras. Sin embargo, más temprano que tarde cosechará los frutos de la ira que ha sembrado.
Alistan PRI y PAN aprobación de reforma a Ley del ISSSTE
jesusa cervantes
México, D.F., 19 de marzo (apro).- Con los votos en contra de PRD, PT y Convergencia, diputados y senadores de PRI y PAN –además de legisladores del Verde Ecologista y Nueva Alianza— se aprestan esta noche a aprobar el dictamen que da luz verde al nuevo sistema de pensiones para los burócratas, lo que implica la eliminación de la actual ley del ISSSTE.
Desde las 18:00 horas de este lunes, las comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y el Senado arrancaron la discusión –en lo que denominaron “conferencia”— de la iniciativa que apenas el jueves anterior presentó en la tribuna del recinto de San Lázaro el priista Samuel Aguilar.
Después de los ‘amarres’ de esta noche, que apuntan a la aprobación del dictamen, el pleno de la Cámara avalaría la iniciativa y el Senado haría lo propio el próximo jueves.
Sin embargo, durante la discusión el PRI estuvo limitando las participaciones, e incluso llegó a mencionar que se estaba discutiendo el “dictamen”, cuando en realidad apenas se analizaba la iniciativa.
Empero al cierre de la edición, el Junta de Coordinación Política no había agendado el punto para la discusión en el pleno de este martes, pese a ello, mañana mismo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puede incluir de último minuto su aprobación.
Por parte del PRI en el Senado, asistió el legislador Heladio Ramírez López, quien destacó las “bondades” de la iniciativa, pero acotó: “Este asunto lo tenemos que ver con más detenimiento, pues estamos hablando del dinero de millones de trabajadores”.
Con ello abrió la puerta para que el Senado de la República le haga algunas modificaciones a la controvertida iniciativa, una vez la haya aprobado la Cámara de Diputados, y pueda así el priismo acotar el poder de facto que esta reforma le confiere a la líder magisterial, Elba Esther Gordillo.
Es pertinente señalar que la iniciativa fue elaborada desde noviembre pasado por el gobierno federal, en acuerdo con la líder vitalicia del SNTE, Gordillo Morales, y Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Al encuentro de hoy asistieron bajo protesta los perredistas Pablo Alejo, Juan Guerra y Miguel Ángel Navarro, este último presidente de la Comisión de Seguridad Social.
La posición del PRD parte del reclamo que desde el viernes anterior hiciera el presidente de la Comisión de Seguridad Social al de Hacienda, el diputado del PRI, Estefan Chidiac, por haber convocado este lunes a “conferencia”, cuando lo previsto por el perredista Miguel Ángel Navarro fue analizar la iniciativa a partir del 21 de marzo, sin embargo, el priista, en coordinación con el titular del ISSSTE y operador de Gordillo, Miguel Angel Yunes, determinaron dictaminar la iniciativa este lunes.
En la reunión de hoy, el perredista Juan Guerra expuso que la nueva ley no beneficiaba al los burócratas, ya que se anulaba “el régimen solidario, “al crearse las cuentas individuales para el retiro”, pero además los legisladores del sol azteca manifestaron su oposición al nuevo organismo --denominado Pensionissste--, tanto en su conformación como su vigencia, como “organismo de gobierno”, para pasar luego el manejo de cuentas a manos privadas.
Pero la posición de PRD, PT y Convergencia, con el respaldo en esta ocasión de Alternativa, no fue atendida esta noche por el PRI, el que desde el 7 de marzo ofreció a Felipe Calderón los votos necesarios para sacar adelante la reforma al ISSSTE.
El nuevo poder de la maestra
Con la nueva ley, según lo establece el propio articulado, el gobierno federal financiará parte de sus proyectos prioritarios en materia de generación de energía, gas, petroquímica, construcción de vivienda y carreteras.
Pero no sólo eso, el organismo encargado de determinar a cuáles de estos programas se invertirán los fondos de retiro de los burócratas estaría conformado por quince integrantes, en el que Elba Esther Gordillo mantiene mayoría.
El Pensionissste tendría durante tres años en su poder el dinero de los trabajadores, el que ascendería a unos 160 mil millones de pesos.
Otro de los puntos controvertidos de la nueva ley es que abre la posibilidad de que los adeudos de los trabajadores que hoy tienen casa del Fovissste --y que no han podido liquidar sus créditos-- puedan ser vendidos por el instituto que encabeza Miguel Angel Yunes a un banco, el que a su vez puede revenderlos, con la consecuencia de que los burócratas puedan ser desalojados de sus viviendas.
Además, se continuaría con la lenta privatización del instituto, ya que la contratación de servicios médicos privados por parte del ISSSTE se concretaría, ya no en casos excepcionales, sino por obligación y regla.
Finalmente, esta nueva ley incrementaría el poder económico y político de la “maestra” Gordillo, pues ya no sólo manejaría los millonarios recursos de los maestros, sino de todos los burócratas. Y ello le zanja elñ camino para alcanzar acuerdos con empresarios, a quienes favorecería con la adquisición de acciones en diferentes áreas, pero no con su dinero, sino con el de los 2.5 millones de empleados al servicio del Estado.
Prepara fraude en favor del PAN, denuncian maestros
Desvía el SNTE recursos públicos a comicios de BC
KARINA AVILES
La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Elba Esther Gordillo, creó ''al margen de la ley'' una estructura financiera con recursos estatales para pagar a comisionados del gremio megisterial y a miembros del Partido Nueva Alianza (Panal), que operarán el ''fraude'' en las próximas elecciones de Baja California en favor del Partido Acción Nacional (PAN), según documentos y una denuncia presentada por miembros de la sección 2 y de la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM) en Baja California.
Los informes -cuya copia tiene este diario-, basados en documentación oficial de la administración del gobernador panista Eugenio Elorduy Walther, que ''ha actuado en complicidad con el SNTE'', prueban que la lista de nombres que conforman el padrón del Panal son los mismos que están comisionados y que reciben cheques vía la ''partida 11031'' del presupuesto de egresos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) del gobierno de Baja California.
Ese es ''el mismo esquema que operó en la pasada elección presidencial y que ahora se pretende repetir en todos los estados'', alertaron los denunciantes. En 2007 habrá 14 elecciones. El 5 de agosto serán las de Baja California.
Minutos después de que el presidente de la ACM, Noé Rivera, acompañado por el profesor de la sección 2 Guillermo Estrada Ruelas, entregó a este diario la documentación, el segundo fue atacado por tres sujetos en la estación del Metro Chilpancingo y amenazado: ''Si dices algo en los medios te vas a morir'', le dijeron.
Los documentos y la denuncia de administración fraudulenta contra la ex secretaria general de la sección 2 y hoy senadora Irma Martínez Manríquez, quien recibió los recursos de la citada partida y no los reportó en el informe que rindió ante el pleno en septiembre pasado, muestran que sólo uno de los militantes del Panal y miembro del SNTE, Francisco García Iñiguez, recibió 17 cheques de la partida 11031 del ISEP por cantidades que van desde mil 800 hasta 49 mil pesos durante los ejercicios fiscales 2005 y 2006.
La denuncia 1934/07/206/AP, interpuesta el 16 de marzo ante la Procuraduría General de Justicia del estado por los profesores Estrada Ruelas, Uzziel Palacios y Rafael Olvera (los dos últimos de la ACM) señala que Irma Martínez Manríquez, en su carácter de secretaria general, recibió del ISEP dos millones 803 mil 310 pesos que ''no aparecen registrados'' en el informe que presentó ante el décimo pleno seccional extraordinario de la sección 2.
Lo anterior ''se corrobora en el informe rendido por el titular de la Secretaría de Promociones Económicas de la sección 2, en cuyo apartado de ingresos aparece el rubro 'donación ISEP', pero sólo por la cantidad de 190 mil pesos'', por lo que ''hay un faltante no considerado como ingresos por 2 millones 611 mil 331 pesos. Por ello, dicho informe resulta insuficiente para acreditar el destino legal de los recursos. Resulta indiscutible que fueron alteradas las cuentas o cantidades en los informes, toda vez que fueron omitidos los ingresos totales por conceptos de donación del ISEP''.
Nombres, cheques y comisionados
En respuesta a las solicitudes con los números UCT-Folio 615 y UCT-Folio 579, el sistema educativo estatal, a través de la Unidad de Enlace de Transparencia, confirmó a los quejosos lo siguiente: ''El presupuesto ejercido en 2006 en la partida 11301 del ISEP (aportación al sindicato) es de 1 millón 445 mil 810 pesos'' y ''el presupuesto de la partida 11031, 'aportaciones al SNTE sección 2', para el ejercicio fiscal 2005 es de 1 millón 357 mil 499 pesos''. En suma, más de 2 millones 800 mil pesos.
La dependencia proporcionó además las listas con los nombres, los números de cheques y las cantidades que recibieron los militantes del SNTE mediante el presupuesto del ISEP. Francisco García Iñiguez y Julio César Medina Quiroz están entre los beneficiarios que, además, aparecen en la lista de representantes del Panal en Baja California.
Por si fuera poco, si se cruza la lista de los miembros del partido de Elba Esther Gordillo con la de los 198 maestros comisionados para el ciclo escolar 2006-2007 (que aparecen en el oficio 06/205 de la Secretaría de Educación del estado) se comprueba que en la mayoría de los casos son los mismos. Sólo por citar algunos de ellos se menciona a los siguientes: José Alfonso López Chávez, Raymundo Saucedo Pelayo, Gregorio Carranza Hernández, Ernesto Leyva Alcaraz, Rubén Baltasar Murrieta, Corina González Real y Patricio Ibarra de la Rosa.