Aplanadora legislativa aprueba ley del ISSSTE
Sólo cambios cosméticos; 313 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ


La mayoría integrada por diputados de PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa aprobó, con modificaciones cosméticas, la nueva ley del ISSSTE, que contempla la creación de un nuevo sistema de pensiones, aumenta la edad de jubilación, constituye una Afore pública (Pensionissste) con vigencia de sólo tres años, y promete sanear las finanzas de la institución.
Dicha legislación, producto de la negociación entre la Secretaría de Hacienda y Elba Esther Gordillo, contó con la complicidad del Revolucionario Institucional, que fue cuestionada inclusive por distintas voces del priísmo que lamentaron: ''Hoy confirmamos que la maestra todavía gobierna en el partido''. Al final, sin embargo, como en los mejores tiempos del régimen tricolor, la incipiente rebelión fue desactivada, se impuso la línea y un grupo de 40 diputados priístas inconformes fueron obligados a votar en favor del dictamen.
Compromiso roto...
Así, la fracción priísta dio marcha atrás, en una operación dirigida por Emilio Gamboa, y rompió su compromiso con el PRD para incluir en el dictamen una modificación que permitiera al Congreso ratificar el nombramiento presidencial del director del Pensionissste y evitar, como se pretendía, el manejo discrecional de los ahorros de los trabajadores.
La oferta del PRI y del PAN a los perredistas fue que los senadores presentarán una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con objeto de crear candados para la elección del director de la Afore pública, pues como fue aprobado el dictamen esa facultad se le concede al director del ISSSTE, en este caso Miguel Angel Yunes.
El diputado perredista Juan Guerra afirmó que aun si priístas y panistas cumplen su oferta, no hay garantía para impedir que, al definir un perfil para el director de la Afore, ''Gordillo nombre a quien ella quiera; siempre tendrá los perfiles''.
Con 313 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones de los diputados priístas Beatriz Pagés, vocera de la bancada, y José Amado Orihuela, el pleno aprobó el dictamen en lo general, y desechó uno a uno los artículos reservados por PRD, PT y Convergencia. Sin embargo, aprobó algunos cambios propuestos por la diputación perredista -que ocupó parcial y pacíficamente la tribuna para permitir los posicionamientos de los partidos-, pero que fueron presentados en tribuna por la coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, como suyos, con la anuencia del panista Héctor Larios y Gamboa.
Esas modificaciones permitirán transparentar las cuotas y aportaciones de los trabajadores al Pensionissste asegurar que en los convenios de prestación de servicios médicos suscritos por el instituto se privilegie a organismos públicos sobre hospitales privados. También se admitió la modificación al artículo séptimo transitorio para definir que no se transferirá de manera automática al Pensionissste y a Afore privadas las cuentas de trabajadores que no lo expresen de manera concreta.
Además, el pleno aceptó que anualmente se inviertan 8 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria y medicamentos, otorgar 2 mil millones para créditos a pensionados e incluir una cuota solidaria de 3.5 por ciento del salario base de cotización para los servicios médicos, y se definió una cuota del ahorro personal de los trabajadores, con cargo al gobierno, de 6.5 por ciento.
Asimismo, a petición del PRD se aceptó traspasar los montos remanentes resultantes del cobro de comisiones de cuotas y del costo real de operación, a un fondo solidario por el cual se solventará el pago de la atención médica y pensiones a los trabajadores eventuales. Parte de ese mismo fondo será trasladado a equilibrar los ahorros de los trabajadores con menores ingresos y garantizarles una pensión mínima.
La mayoría del pleno desechó la propuesta perredista para establecer la permanencia de la Afore pública, y que ésta no agotara su temporalidad en tres años, como finalmente se mantuvo.
El cambio de rumbo priísta ocurrió la mañana de ayer, a pesar de que en su reunión plenaria 40 legisladores de ese partido se opusieron a la iniciativa por desconocerla y no estar de acuerdo con la forma en que se negoció con Gordillo. Gamboa Patrón fue recriminado por un grupo de diputados de Puebla, Quintana Roo y Tabasco, así como del Frente Juvenil Revolucionario. Lo acusaron de no socializar el contenido y fondo del dictamen y, sobre todo, de depender de la mano de la lideresa del SNTE. Muchos de los inconformes abandonaron la plenaria, mientras los incondicionales del coordinador priísta se quedaron para aplaudirle.
Beatriz Pagés dijo: ''Lamentablemente existe una sombra de 'madrinazgo' que forma parte del error en la estrategia que se siguió para discutir (la ley) al interior de los partidos. Lo peor que le puede suceder a los trabajadores y a México es que los recursos fueran manejados a discreción por intereses políticos. Esto es un error que manchará una ley que, en el fondo, puede ser buena''.
Preocupado, Gamboa ingresó al salón después del mediodía y terminó por aceptar que Gordillo intervino en la redacción y negociación de la ley. ''Creo que pudo haber participado, como lo hicieron muchos sindicatos, pero quien participó fundamentalmente, hizo y tuvo el documento en sus manos, se llama Joel Ayala'', declaró.
En menos de una hora, Gamboa y su burbuja operaron la labor de convencimiento de los 40 priístas que lo habían amagado con abstenerse, y de ellos sólo finalmente cumplieron su palabra Pagés y Orihuela. Al preguntar a uno de los efímeros rebeldes a cambio de qué modificó su decisión, respondió: ''Es difícil resistirse''.
El esperado debate devino justificaciones de PRI, PAN, PVEM, Panal y Alternativa frente a un solitario Juan Guerra, quien atribuyó las diferencias entre los priístas para definir su voto a la sombra de la maestra. ''Ni siquiera en la bancada priísta hay acuerdo y saben que es una imposición de Gordillo. No tienen consenso y no han hecho más que disciplinarlos; si se vota hoy así es porque esa es la instrucción de la señora, y con ella sí se discutió, como declaró ayer. Tres años negoció Hacienda con ella y ni siquiera en todas las bancadas puede haber consenso, porque es una iniciativa que se cocinó afuera, al margen de los legisladores, y que quieren sacar como los pillos: rápido y en lo oscurito".
La decisión dictada no tenía marcha atrás: la aprobación de la nueva ley del ISSSTE era definitiva. Una y otra vez, el PRD intentó convencer a esa mayoría de su error histórico, porque la legislación no resolverá el problema de las pensiones ni los servicios médicos.
La persistencia molestó, ya entrada la tarde, al presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, quien lanzó un reproche que debió justificar: ''Ofrezco disculpas por tener el micrófono abierto''. La perredista Susana Monreal le replicó: ''Seguramente ya está cansado, todavía ni le preguntamos cuando usted manifiesta una actitud de hartazgo y hastío''.


Luis Javier Garrido
El despojo
La destrucción anunciada del ISSSTE implica un paso adelante en la imposición en México del proyecto trasnacional que, en aras de los privilegios del gran capital, busca cancelar los derechos de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. Es, por lo mismo, un nuevo de-safío para todos los mexicanos.
1. La aprobación, en unos cuantos días, por la mayoría PRI-PAN en el Congreso de una ley que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial desmantela el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado en 1959, es la primera de las grandes contrarreformas legales que los neoliberales mexicanos llamaron "paquete estructural", y constituye por lo mismo un paso significativo en la liquidación del Estado surgido de la Revolución y en la cancelación de derechos básicos de los mexicanos.
2. La nueva contrarreforma no puede dejar de calificarse de histórica, pues al crear el Pensionissste como una Afore pública transitoria para administrar los 2 billones de pesos de las pensiones, que se transferirán en tres años a administradoras privadas, se dejará en el futuro a los trabajadores del Estado sin la posibilidad de un retiro con un mínimo de dignidad y se crearán las condiciones para el desmantelamiento de la infraestructura médica del instituto, cancelándose los derechos de los trabajadores del Estado tanto a la seguridad social como a la salud.
3. El ISSSTE, por ende, sí se privatiza, contrario de lo que sustentan los priístas, pues sus funciones las cumplirán ahora entidades privadas, no con un fin de solidaridad, sino con afán de lucro, y la seguridad social, que era su fin último, se va a tornar incertidumbre para sus afiliados, al tiempo que un puñado de especuladores se va a enriquecer aún más a costas de los trabajadores.
4. La derecha mexicana está, por consiguiente, festejando el acuerdo cupular, concluido en contra de los intereses de los mexicanos y a espaldas de los legisladores, pues asume que las negociaciones secretas y la mecánica fast track seguida constituyen un precedente que propiciará que culminen en 2007 la privatización del sector energético y la contrarreforma laboral que cancele los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo exige el capital trasnacional.
5. La forma sí es importante en lo acontecido y sí se trata de un "mayoriteo" a la vieja usanza, al relegar la representación política formal del país a un conjunto de levantadedos, ya que incluso el dictamen de la comisión fue elaborado en las oficinas del gobierno, y es, de paso, una burla más a los mexicanos, pues éstos no se enteraron de lo acordado ni pudieron discutirlo, dado que el anteproyecto no apareció sino hasta el día 15 de marzo en la página web de la Cámara de Diputados.
6. El artífice principal de la contrarreforma no es Felipe Calderón, como pretenden inducir los medios oficialistas, pues éste no es más que un pobre pelele de los intereses dominantes, sino Carlos Salinas de Gortari, quien al dominar el PRI tiene la llave maestra de las decisiones, y logró: a) mediante su operadora en la burocracia oficial, Elba Esther Gordillo, controlar con su nuevo sindicato a la burocracia del ISSSTE -en lo que contó con la complicidad del viejo hampón del priísmo, el también salinista Miguel Angel Yunes, actual director del instituto-, y b) a través de sus dos testaferros en las cámaras -el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón-, encauzar, sin mucho problema, por cierto, las bancadas tricolores para que aprobaran de manera disciplinada la medida.
7. La contrarreforma, aunque no se diga, constituye paradójicamente un paso más en la desaparición del PRI, que ha perdido ya su razón histórica de ser, pues en el proyecto derivado de los acuerdos Salinas-PAN (1988) este organismo político cumpliría un papel transitorio durante dos o tres sexenios, en los que se desmantelaría el Estado nacional hasta que el poder político quedase de manera definitiva en manos del partido de la derecha mexicana, y la hora está llegando. El PRI, al liquidar el ISSSTE, prosigue su autoliquidación.
8. Esta contrarreforma no hubiese sido posible sin la intervención de la corrupta capo sindical Elba Esther Gordillo, quien está siendo el pilar del nuevo corporativismo blanquiazul, en el que las viejas y nuevas organizaciones sindicales, encabezadas por líderes tanto o más corruptos que los del pasado, son plenamente funcionales a los intereses trasnacionales.
9. El fraude electoral de 2006 no fue, por consiguiente, nada más para llevar a un títere a la Presidencia y garantizar a través del PAN el control del Estado a un puñado de traficantes de influencias, sino para profundizar un proyecto económico y político que busca destruir el Estado nacional y entregar el país al control de multinacionales.
10. El sistema de "seguridad social" impuesto por el Banco Mundial ha fracasado en todo el mundo, como todos los proyectos neoliberales, y no hará en México más que agravar la crisis nacional.



Víctor M. Quintana S.
El calderonismo resucita la "disolución social"
Mientras docena y media de agentes federales escoltaba al dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), Jesús Emiliano, esposado de pies y manos, de la prisión al edificio de los juzgados federales, el crimen organizado ejecutaba a dos agentes ministeriales en Chihuahua la semana pasada. La práctica social dice lo que muchos discursos ocultan: mientras el calderonismo aplica toda la fuerza del Estado para criminalizar a la disidencia social, la delincuencia organizada ejecuta, impone, desgobierna.
Ayer fueron los dirigentes del FDCCh y Roger del Rosal, en San Luis Potosí; hoy, los jóvenes de Mérida, Yucatán; un poco antes los seguidores de la otra campaña, los campesinos de Michoacán, los líderes de la APPO, los Atencos... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, advierte que el gobierno de Felipe Calderón está trazando muy clara su política: criminalizar la protesta social, blandiendo acusaciones muy graves que distraigan las energías de los activistas sociales y siembren el temor a disentir. Lo mismo acaba de declarar Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos de los Indígenas.
Con la coartada de "salvaguardar el estado de derecho" se aplica el Código Penal pasando sobre todos los derechos. El manejo que se dio al caso de Jesús Emiliano, liberado gracias a la presión social y a la intervención del gobierno de Chihuahua, y a otros cuatro dirigentes del FDCCh, sobre quienes pesan aún órdenes de aprehensión, ejemplifica la estrategia represiva del calderonismo.
A partir de una acción de protesta del FDCCh ante la delegación de la Secretaría de Agricultura en Chihuahua -demandaban recursos emergentes para la para la siembra de maíz y la entrega inmediata de los recursos del Procampo-, la dependencia presenta una rutinaria denuncia de hechos ante la PGR. Los propios denunciantes se sorprenden de la celeridad con que se liberan las órdenes de aprehensión, en menos de tres semanas, y de la tipificación del delito que hace el Ministerio Público: "sabotaje".
El propio Ministerio Público hace economía de cualquier evidencia pericial. De ninguna manera fundamenta ni a) que se produjo un daño a los servicios públicos del país, ni b) que se hizo con la intención de "trastornar la vida económica del país", elementos que constituyen el delito de sabotaje, según el artículo 140 del Código Penal Federal. Y si sorprende que la PGR no fundamente su acusación, sorprende más todavía que la juez décima de distrito obsequie sin más requisito las órdenes de aprehensión.
En el farragoso e inconsistente alegato del agente del Ministerio Público se cita la jurisprudencia para fundamentar el delito de sabotaje. Y se acude, nada menos, que ¡al expediente integrado contra los líderes del movimiento ferrocarrilero de 1959! O sea, que el Ejecutivo, encabezado por Calderón, aliado con el Poder Judicial, ha hecho lo que parecía imposible: resucitar con otro nombre el viejo delito de "disolución social", instrumento del autoritarismo para reprimir y aplastar a disidentes, como los ferrocarrileros, los médicos de mediados de los años 60 y los activistas del movimiento del 68.
Además del contenido, de por sí muy grave de la acusación, el proceso seguido a Jesús Emiliano se distingue por el pisoteo continuo de los derechos humanos. No se le muestra nunca la orden de aprehensión, nunca se identifican los agentes que lo detienen, la defensoría de oficio tarda largas horas en comparecer, se inicia la diligencia de la declaración preparatoria casi en secreto, no en los juzgados, sino con el traslado de todo el tribunal a la penitenciaría, sin esperar que llegue su abogado defensor.
Ni el FDCCh ni las organizaciones sociales de Chihuahua se quedarán con los brazos cruzados. Interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir que no se queden impunes las violaciones a los derechos humanos en este proceso. Pero habrá que ir más allá, pues lo que ocurre con activistas sociales de todo el país estos días exige que las fuerzas democráticas y progresistas presenten un frente conjunto para no permitir que el gobierno de facto siga cerrando los espacios de protesta social y siga acusando a las organizaciones populares de graves delitos para amedrentarlas.
Si a alguien puede acusársele de "sabotaje", basándonos en el peritaje de 25 años de políticas neoliberales, es a los gobiernos federales que han pasado por este país de 1982 a la fecha. Cualquier recuento histórico nos revela, primero, los graves daños a las actividades económicas y servicios públicos generados por las políticas de ajuste neoliberal. Y la intención de "trastornar severamente la economía y la defensa del país" queda patente con la quiebra de miles de campesinos y empresas agropecuarias, y en la entrega de la soberanía alimentaria de la nación.