Viernes, 23 de marzo de 2007
Aplanadora legislativa aprueba ley del ISSSTE
S?lo cambios cosm?ticos; 313 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones
ROBERTO GARDU?O , ENRIQUE MENDEZ


La mayor?a integrada por diputados de PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa aprob?, con modificaciones cosm?ticas, la nueva ley del ISSSTE, que contempla la creaci?n de un nuevo sistema de pensiones, aumenta la edad de jubilaci?n, constituye una Afore p?blica (Pensionissste) con vigencia de s?lo tres a?os, y promete sanear las finanzas de la instituci?n.
Dicha legislaci?n, producto de la negociaci?n entre la Secretar?a de Hacienda y Elba Esther Gordillo, cont? con la complicidad del Revolucionario Institucional, que fue cuestionada inclusive por distintas voces del pri?smo que lamentaron: ''Hoy confirmamos que la maestra todav?a gobierna en el partido''. Al final, sin embargo, como en los mejores tiempos del r?gimen tricolor, la incipiente rebeli?n fue desactivada, se impuso la l?nea y un grupo de 40 diputados pri?stas inconformes fueron obligados a votar en favor del dictamen.
Compromiso roto...
As?, la fracci?n pri?sta dio marcha atr?s, en una operaci?n dirigida por Emilio Gamboa, y rompi? su compromiso con el PRD para incluir en el dictamen una modificaci?n que permitiera al Congreso ratificar el nombramiento presidencial del director del Pensionissste y evitar, como se pretend?a, el manejo discrecional de los ahorros de los trabajadores.
La oferta del PRI y del PAN a los perredistas fue que los senadores presentar?n una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con objeto de crear candados para la elecci?n del director de la Afore p?blica, pues como fue aprobado el dictamen esa facultad se le concede al director del ISSSTE, en este caso Miguel Angel Yunes.
El diputado perredista Juan Guerra afirm? que aun si pri?stas y panistas cumplen su oferta, no hay garant?a para impedir que, al definir un perfil para el director de la Afore, ''Gordillo nombre a quien ella quiera; siempre tendr? los perfiles''.
Con 313 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones de los diputados pri?stas Beatriz Pag?s, vocera de la bancada, y Jos? Amado Orihuela, el pleno aprob? el dictamen en lo general, y desech? uno a uno los art?culos reservados por PRD, PT y Convergencia. Sin embargo, aprob? algunos cambios propuestos por la diputaci?n perredista -que ocup? parcial y pac?ficamente la tribuna para permitir los posicionamientos de los partidos-, pero que fueron presentados en tribuna por la coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, como suyos, con la anuencia del panista H?ctor Larios y Gamboa.
Esas modificaciones permitir?n transparentar las cuotas y aportaciones de los trabajadores al Pensionissste asegurar que en los convenios de prestaci?n de servicios m?dicos suscritos por el instituto se privilegie a organismos p?blicos sobre hospitales privados. Tambi?n se admiti? la modificaci?n al art?culo s?ptimo transitorio para definir que no se transferir? de manera autom?tica al Pensionissste y a Afore privadas las cuentas de trabajadores que no lo expresen de manera concreta.
Adem?s, el pleno acept? que anualmente se inviertan 8 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria y medicamentos, otorgar 2 mil millones para cr?ditos a pensionados e incluir una cuota solidaria de 3.5 por ciento del salario base de cotizaci?n para los servicios m?dicos, y se defini? una cuota del ahorro personal de los trabajadores, con cargo al gobierno, de 6.5 por ciento.
Asimismo, a petici?n del PRD se acept? traspasar los montos remanentes resultantes del cobro de comisiones de cuotas y del costo real de operaci?n, a un fondo solidario por el cual se solventar? el pago de la atenci?n m?dica y pensiones a los trabajadores eventuales. Parte de ese mismo fondo ser? trasladado a equilibrar los ahorros de los trabajadores con menores ingresos y garantizarles una pensi?n m?nima.
La mayor?a del pleno desech? la propuesta perredista para establecer la permanencia de la Afore p?blica, y que ?sta no agotara su temporalidad en tres a?os, como finalmente se mantuvo.
El cambio de rumbo pri?sta ocurri? la ma?ana de ayer, a pesar de que en su reuni?n plenaria 40 legisladores de ese partido se opusieron a la iniciativa por desconocerla y no estar de acuerdo con la forma en que se negoci? con Gordillo. Gamboa Patr?n fue recriminado por un grupo de diputados de Puebla, Quintana Roo y Tabasco, as? como del Frente Juvenil Revolucionario. Lo acusaron de no socializar el contenido y fondo del dictamen y, sobre todo, de depender de la mano de la lideresa del SNTE. Muchos de los inconformes abandonaron la plenaria, mientras los incondicionales del coordinador pri?sta se quedaron para aplaudirle.
Beatriz Pag?s dijo: ''Lamentablemente existe una sombra de 'madrinazgo' que forma parte del error en la estrategia que se sigui? para discutir (la ley) al interior de los partidos. Lo peor que le puede suceder a los trabajadores y a M?xico es que los recursos fueran manejados a discreci?n por intereses pol?ticos. Esto es un error que manchar? una ley que, en el fondo, puede ser buena''.
Preocupado, Gamboa ingres? al sal?n despu?s del mediod?a y termin? por aceptar que Gordillo intervino en la redacci?n y negociaci?n de la ley. ''Creo que pudo haber participado, como lo hicieron muchos sindicatos, pero quien particip? fundamentalmente, hizo y tuvo el documento en sus manos, se llama Joel Ayala'', declar?.
En menos de una hora, Gamboa y su burbuja operaron la labor de convencimiento de los 40 pri?stas que lo hab?an amagado con abstenerse, y de ellos s?lo finalmente cumplieron su palabra Pag?s y Orihuela. Al preguntar a uno de los ef?meros rebeldes a cambio de qu? modific? su decisi?n, respondi?: ''Es dif?cil resistirse''.
El esperado debate devino justificaciones de PRI, PAN, PVEM, Panal y Alternativa frente a un solitario Juan Guerra, quien atribuy? las diferencias entre los pri?stas para definir su voto a la sombra de la maestra. ''Ni siquiera en la bancada pri?sta hay acuerdo y saben que es una imposici?n de Gordillo. No tienen consenso y no han hecho m?s que disciplinarlos; si se vota hoy as? es porque esa es la instrucci?n de la se?ora, y con ella s? se discuti?, como declar? ayer. Tres a?os negoci? Hacienda con ella y ni siquiera en todas las bancadas puede haber consenso, porque es una iniciativa que se cocin? afuera, al margen de los legisladores, y que quieren sacar como los pillos: r?pido y en lo oscurito".
La decisi?n dictada no ten?a marcha atr?s: la aprobaci?n de la nueva ley del ISSSTE era definitiva. Una y otra vez, el PRD intent? convencer a esa mayor?a de su error hist?rico, porque la legislaci?n no resolver? el problema de las pensiones ni los servicios m?dicos.
La persistencia molest?, ya entrada la tarde, al presidente de la mesa directiva, Jorge Zerme?o, quien lanz? un reproche que debi? justificar: ''Ofrezco disculpas por tener el micr?fono abierto''. La perredista Susana Monreal le replic?: ''Seguramente ya est? cansado, todav?a ni le preguntamos cuando usted manifiesta una actitud de hartazgo y hast?o''.


Luis Javier Garrido
El despojo
La destrucci?n anunciada del ISSSTE implica un paso adelante en la imposici?n en M?xico del proyecto trasnacional que, en aras de los privilegios del gran capital, busca cancelar los derechos de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. Es, por lo mismo, un nuevo de-saf?o para todos los mexicanos.
1. La aprobaci?n, en unos cuantos d?as, por la mayor?a PRI-PAN en el Congreso de una ley que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial desmantela el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado en 1959, es la primera de las grandes contrarreformas legales que los neoliberales mexicanos llamaron "paquete estructural", y constituye por lo mismo un paso significativo en la liquidaci?n del Estado surgido de la Revoluci?n y en la cancelaci?n de derechos b?sicos de los mexicanos.
2. La nueva contrarreforma no puede dejar de calificarse de hist?rica, pues al crear el Pensionissste como una Afore p?blica transitoria para administrar los 2 billones de pesos de las pensiones, que se transferir?n en tres a?os a administradoras privadas, se dejar? en el futuro a los trabajadores del Estado sin la posibilidad de un retiro con un m?nimo de dignidad y se crear?n las condiciones para el desmantelamiento de la infraestructura m?dica del instituto, cancel?ndose los derechos de los trabajadores del Estado tanto a la seguridad social como a la salud.
3. El ISSSTE, por ende, s? se privatiza, contrario de lo que sustentan los pri?stas, pues sus funciones las cumplir?n ahora entidades privadas, no con un fin de solidaridad, sino con af?n de lucro, y la seguridad social, que era su fin ?ltimo, se va a tornar incertidumbre para sus afiliados, al tiempo que un pu?ado de especuladores se va a enriquecer a?n m?s a costas de los trabajadores.
4. La derecha mexicana est?, por consiguiente, festejando el acuerdo cupular, concluido en contra de los intereses de los mexicanos y a espaldas de los legisladores, pues asume que las negociaciones secretas y la mec?nica fast track seguida constituyen un precedente que propiciar? que culminen en 2007 la privatizaci?n del sector energ?tico y la contrarreforma laboral que cancele los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo exige el capital trasnacional.
5. La forma s? es importante en lo acontecido y s? se trata de un "mayoriteo" a la vieja usanza, al relegar la representaci?n pol?tica formal del pa?s a un conjunto de levantadedos, ya que incluso el dictamen de la comisi?n fue elaborado en las oficinas del gobierno, y es, de paso, una burla m?s a los mexicanos, pues ?stos no se enteraron de lo acordado ni pudieron discutirlo, dado que el anteproyecto no apareci? sino hasta el d?a 15 de marzo en la p?gina web de la C?mara de Diputados.
6. El art?fice principal de la contrarreforma no es Felipe Calder?n, como pretenden inducir los medios oficialistas, pues ?ste no es m?s que un pobre pelele de los intereses dominantes, sino Carlos Salinas de Gortari, quien al dominar el PRI tiene la llave maestra de las decisiones, y logr?: a) mediante su operadora en la burocracia oficial, Elba Esther Gordillo, controlar con su nuevo sindicato a la burocracia del ISSSTE -en lo que cont? con la complicidad del viejo hamp?n del pri?smo, el tambi?n salinista Miguel Angel Yunes, actual director del instituto-, y b) a trav?s de sus dos testaferros en las c?maras -el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patr?n-, encauzar, sin mucho problema, por cierto, las bancadas tricolores para que aprobaran de manera disciplinada la medida.
7. La contrarreforma, aunque no se diga, constituye parad?jicamente un paso m?s en la desaparici?n del PRI, que ha perdido ya su raz?n hist?rica de ser, pues en el proyecto derivado de los acuerdos Salinas-PAN (1988) este organismo pol?tico cumplir?a un papel transitorio durante dos o tres sexenios, en los que se desmantelar?a el Estado nacional hasta que el poder pol?tico quedase de manera definitiva en manos del partido de la derecha mexicana, y la hora est? llegando. El PRI, al liquidar el ISSSTE, prosigue su autoliquidaci?n.
8. Esta contrarreforma no hubiese sido posible sin la intervenci?n de la corrupta capo sindical Elba Esther Gordillo, quien est? siendo el pilar del nuevo corporativismo blanquiazul, en el que las viejas y nuevas organizaciones sindicales, encabezadas por l?deres tanto o m?s corruptos que los del pasado, son plenamente funcionales a los intereses trasnacionales.
9. El fraude electoral de 2006 no fue, por consiguiente, nada m?s para llevar a un t?tere a la Presidencia y garantizar a trav?s del PAN el control del Estado a un pu?ado de traficantes de influencias, sino para profundizar un proyecto econ?mico y pol?tico que busca destruir el Estado nacional y entregar el pa?s al control de multinacionales.
10. El sistema de "seguridad social" impuesto por el Banco Mundial ha fracasado en todo el mundo, como todos los proyectos neoliberales, y no har? en M?xico m?s que agravar la crisis nacional.



V?ctor M. Quintana S.
El calderonismo resucita la "disoluci?n social"
Mientras docena y media de agentes federales escoltaba al dirigente del Frente Democr?tico Campesino de Chihuahua (FDCCh), Jes?s Emiliano, esposado de pies y manos, de la prisi?n al edificio de los juzgados federales, el crimen organizado ejecutaba a dos agentes ministeriales en Chihuahua la semana pasada. La pr?ctica social dice lo que muchos discursos ocultan: mientras el calderonismo aplica toda la fuerza del Estado para criminalizar a la disidencia social, la delincuencia organizada ejecuta, impone, desgobierna.
Ayer fueron los dirigentes del FDCCh y Roger del Rosal, en San Luis Potos?; hoy, los j?venes de M?rida, Yucat?n; un poco antes los seguidores de la otra campa?a, los campesinos de Michoac?n, los l?deres de la APPO, los Atencos... La Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, advierte que el gobierno de Felipe Calder?n est? trazando muy clara su pol?tica: criminalizar la protesta social, blandiendo acusaciones muy graves que distraigan las energ?as de los activistas sociales y siembren el temor a disentir. Lo mismo acaba de declarar Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos de los Ind?genas.
Con la coartada de "salvaguardar el estado de derecho" se aplica el C?digo Penal pasando sobre todos los derechos. El manejo que se dio al caso de Jes?s Emiliano, liberado gracias a la presi?n social y a la intervenci?n del gobierno de Chihuahua, y a otros cuatro dirigentes del FDCCh, sobre quienes pesan a?n ?rdenes de aprehensi?n, ejemplifica la estrategia represiva del calderonismo.
A partir de una acci?n de protesta del FDCCh ante la delegaci?n de la Secretar?a de Agricultura en Chihuahua -demandaban recursos emergentes para la para la siembra de ma?z y la entrega inmediata de los recursos del Procampo-, la dependencia presenta una rutinaria denuncia de hechos ante la PGR. Los propios denunciantes se sorprenden de la celeridad con que se liberan las ?rdenes de aprehensi?n, en menos de tres semanas, y de la tipificaci?n del delito que hace el Ministerio P?blico: "sabotaje".
El propio Ministerio P?blico hace econom?a de cualquier evidencia pericial. De ninguna manera fundamenta ni a) que se produjo un da?o a los servicios p?blicos del pa?s, ni b) que se hizo con la intenci?n de "trastornar la vida econ?mica del pa?s", elementos que constituyen el delito de sabotaje, seg?n el art?culo 140 del C?digo Penal Federal. Y si sorprende que la PGR no fundamente su acusaci?n, sorprende m?s todav?a que la juez d?cima de distrito obsequie sin m?s requisito las ?rdenes de aprehensi?n.
En el farragoso e inconsistente alegato del agente del Ministerio P?blico se cita la jurisprudencia para fundamentar el delito de sabotaje. Y se acude, nada menos, que ?al expediente integrado contra los l?deres del movimiento ferrocarrilero de 1959! O sea, que el Ejecutivo, encabezado por Calder?n, aliado con el Poder Judicial, ha hecho lo que parec?a imposible: resucitar con otro nombre el viejo delito de "disoluci?n social", instrumento del autoritarismo para reprimir y aplastar a disidentes, como los ferrocarrileros, los m?dicos de mediados de los a?os 60 y los activistas del movimiento del 68.
Adem?s del contenido, de por s? muy grave de la acusaci?n, el proceso seguido a Jes?s Emiliano se distingue por el pisoteo continuo de los derechos humanos. No se le muestra nunca la orden de aprehensi?n, nunca se identifican los agentes que lo detienen, la defensor?a de oficio tarda largas horas en comparecer, se inicia la diligencia de la declaraci?n preparatoria casi en secreto, no en los juzgados, sino con el traslado de todo el tribunal a la penitenciar?a, sin esperar que llegue su abogado defensor.
Ni el FDCCh ni las organizaciones sociales de Chihuahua se quedar?n con los brazos cruzados. Interpondr?n una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir que no se queden impunes las violaciones a los derechos humanos en este proceso. Pero habr? que ir m?s all?, pues lo que ocurre con activistas sociales de todo el pa?s estos d?as exige que las fuerzas democr?ticas y progresistas presenten un frente conjunto para no permitir que el gobierno de facto siga cerrando los espacios de protesta social y siga acusando a las organizaciones populares de graves delitos para amedrentarlas.
Si a alguien puede acus?rsele de "sabotaje", bas?ndonos en el peritaje de 25 a?os de pol?ticas neoliberales, es a los gobiernos federales que han pasado por este pa?s de 1982 a la fecha. Cualquier recuento hist?rico nos revela, primero, los graves da?os a las actividades econ?micas y servicios p?blicos generados por las pol?ticas de ajuste neoliberal. Y la intenci?n de "trastornar severamente la econom?a y la defensa del pa?s" queda patente con la quiebra de miles de campesinos y empresas agropecuarias, y en la entrega de la soberan?a alimentaria de la naci?n.
Publicado por solaripa69 @ 9:13
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios