Luego del fraude, no caímos en la trampa de la violencia: AMLO
Impuestos justos y defensa de Pemex, acuerdos de la CND
Críticas a Calderón, Gordillo y al silencio cómplice de muchos medios

ENRIQUE MENDEZ , ALMA E. MUÑOZ

Andrés Manuel López Obrador, ''presidente legítimo de México'', informó en la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND) que presentará una propuesta de reforma fiscal, la cual tendrá como fundamento ''que los impuestos sean progresivos, justos y equitativos'', y obtuvo el compromiso de los convencionistas para convocar, si el gobierno federal pretende privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), a una reunión extraordinaria en la que se tomarán ''las medidas necesarias para defender'' a la empresa.
''No permitiremos la entrega a particulares, nacionales o extranjeros, de la industria petrolera. De nuevo, la derecha ha lanzado una campaña para desmoralizar y hacer creer que Pemex está en quiebra y no hay más remedio que dejar el petróleo en manos privadas. Eso no es verdad, el petróleo es el mejor negocio del mundo: extraer un barril de crudo cuesta 3 dólares y se vende en 44'', afirmó.
En el Zócalo, cuestionó que después del fraude de 2006, Felipe Calderón quedara obligado a pagar facturas, especialmente a Elba Esther Gordillo, a la que entregó no sólo la Secretaría de Educación Pública y la Lotería Nacional, asegurándose ahora el manejo de los ahorros de los trabajadores del Estado. También reprochó el silencio cómplice de algunos medios de comunicación y resaltó: ''Vivimos tiempos de ignominia, tiempos de canallas''.
Ayer, la convocatoria a la marcha encabezada por López Obrador, y a la segunda asamblea de la CND en el Zócalo, no igualó movilizaciones anteriores, y aunque hubo una alta participación fueron notorios los huecos en la plaza.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, dos de los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), no movilizaron a simpatizantes y la mayoría de los asistentes fueron ciudadanos o miembros de las corrientes internas del sol azteca, organizaciones ciudadanas y sindicales.
Este domingo, en los edificios que rodean al Zócalo sólo había tres mantas: una, de los asam-bleístas de la ciudad en respaldo a la convención; otra, del Movimiento Nacional Los de Abajo, con el mensaje ''Escucha Lipe, el pueblo de México no tiene fe en ti'', y una más del Frente Amplio Autónomo Popular de Chimalhuacán.
Asimismo, la convención fue reforzada con los dirigentes de los partidos que forman el FAP: Leonel Cota, del PRD; Alberto Anaya -que suele votar con el PAN en el Senado-, del Partido del Trabajo, y Dante Delgado, de Convergencia, así como los coordinadores de las bancadas en las cámaras de Senadores y de Diputados del sol azteca, Carlos Navarrete y Javier González Garza, respectivamente. Sin embargo, no tuvieron una presencia relevante las fracciones parlamentarias de los tres partidos, ni el líder de Nueva Izquierda, la principal corriente perredista, Jesús Zambrano.
Después de encabezar una marcha desde el Angel de la Independencia, López Obrador realizó un balance sobre las decisiones políticas que se tomaron después del fraude electoral del 2 de julio de 2006, y consideró correcto el hecho de no llegar a acuerdos con ''los que usurparon el gobierno'' ni haber caído ''en la trampa de la violencia''.
Dijo que si después del fraude, en aras de una supuesta unidad nacional, la opción hubiera sido negociar ''con quienes pisotearon la voluntad popular y violaron la Constitución'', entonces se habría ''convalidado el golpe a la democracia y cancelado la posibilidad de una sociedad mejor para millones de mexicanos''.
Planteó que la salida contra esa acción no era la irresponsabilidad ni la violencia. ''Al contrario -resaltó-, habríamos dado el pretexto que querían nuestros adversarios para reprimir, intimidar y desatar el miedo. Nuestro movimiento no tendría el apoyo de millones de mexicanos que quieren un cambio verdadero pero sin violencia. Estaríamos en todo ese vía crucis que significa la pérdida de vidas, las desapariciones, las cárceles, el ultraje a mujeres, la tortura y la violación a los derechos humanos. Y probablemente tampoco estaríamos aquí.''
Aunque también, expuso el perredista, habría sido un ''error garrafal'' limitarse a no aceptar el fraude y protestar pacíficamente, pero que los ciudadanos regresaran a sus casas ''y dejar tirado el movimiento'' hasta las próximas elecciones presidenciales. En lugar de ello, sostuvo, fue asumida la ''responsabilidad histórica'' de rechazar el fraude, desconocer al gobierno usurpador, declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios, además de que se protestó con responsabilidad y apego a los principios de la resistencia civil pacífica. ''Y mandamos al diablo a sus instituciones'', dijo.
Lo más conveniente, añadió, es que creamos la Convención Nacional Democrática, constituimos el ''gobierno legítimo'' y determinamos ''seguir luchando hasta lograr la verdadera transformación de México''. Sabemos, afirmó, que ''nada se logrará si continúa operando este régimen autoritario de corrupción y privilegios. Entre más dure esta pesadilla, más deterioro habrá en todos los órdenes de la vida nacional''.
Más que una crisis económica y de bienestar, se padece ''un proceso de degradación progresiva que sólo podrá detenerse con una renovación tajante de la vida política de México'', e insistió en que para ello se necesita que los representantes populares ''cuando menos cumplan con tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo''.
En lo que fue su primer informe parcial de gobierno, López Obrador denunció que ''está más que demostrado que la actual política económica sólo beneficia a especuladores financieros, a hombres de negocios vinculados al poder'', y también dio cuenta de cómo ese grupo se aprovecha con la evasión del pago del impuesto sobre la renta (ISR).
Refirió que, en 2004, las empresas mexicanas pagaron por ese gravamen 118 mil millones de pesos, mientras los asalariados contribuyeron con 182 mil millones, es decir, los trabajadores pagaron 64 mil millones más que todo el sector empresarial, a pesar de que éste recibió 60 por ciento del ingreso nacional, mientras que los empleados apenas 30 por ciento.
''Se ha llegado al extremo que, por ejemplo, Cementos Mexicanos, con un margen de utilidad de 40 por ciento, sólo pagó 2.3 por ciento de impuestos sobre sus ventas en ese año (2004); Teléfonos de México, con un margen operativo de utilidades de 50 por ciento, pagó 8.9 al fisco; Kimberly Clark, 6.3; América Móvil o Telcel, 6.6; Femsa (Coca- Cola), 2.1; Bimbo, 1.7; Grupo Alfa, 2.3; Grupo Carso, 2.7; IMMSA, 2.4; Grupo Maseca, 1.3, y Wal-Mart, 2.4 por ciento. Y todo esto sin considerar que las negociaciones multimillonarias en la Bolsa Mexicana de Valores también están exentas de impuestos'', afirmó.
En contraste, dijo López Obrador, un obrero o trabajador de la clase media paga de 15 a 28 por ciento del ISR, según sus ingresos. El ''presidente legítimo'' tomó como base esos comparativos para señalar que todos, incluidos los hombres más ricos, de México y del mundo, deben entender que en una sociedad con tanta desigualdad y pobreza no puede haber paz social ni seguridad pública.
Citó como otra muestra del pago de facturas del gobierno de Felipe Calderón, el hecho de que Gastón Azcárraga, ''a quien Vicente Fox prácticamente le regaló Mexicana de Aviación'', ahora presentó una demanda contra el sindicato de sobrecargos para modificar el contrato colectivo, quitarles prestaciones y hacerlos trabajar el doble por el mismo sueldo''.
Al final de su discurso, el ex candidato presidencial justificó que ''puede haber dos gobiernos: el de las minorías, un gobierno de la mafia; y otro de la mayoría de nuestro pueblo, que es el escudo de los humildes y los pobres''.
La convención aprobó que su tercera asamblea se realice el 20 de noviembre, cuando López Obrador cumple un año como ''presidente legítimo'', aun cuando algunos solicitaron que se adelantara al 2 de julio o al primero de septiembre. Sin embargo, se definió por mayoría la primera fecha, acordada previamente por la comisión organizadora.
Sin cambios, aprobarán hoy comisiones del Senado la nueva Ley del ISSSTE
Los priístas "votaremos con alto sentido de solidaridad", dice Eduardo Calzada Rovirosa
VICTOR BALLINAS
Sin modificaciones, este lunes se aprobará en reunión de trabajo de comisiones unidas de Hacienda y de Seguridad Social del Senado, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados el jueves pasado, para que se pase al pleno en la sesión del martes y quede para primera lectura.
Este lunes sesionarán por la tarde las comisiones senatoriales de Hacienda y Seguridad Social, con el objetivo de aprobar la minuta de la reforma a la Ley del ISSSTE, "sin cambios", como acordaron los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional con los diputados de sus respectivos partidos, y esté lista para ser presentada al pleno del Senado en la sesión del martes, y el miércoles sea aprobada en segunda lectura.
Paralelamente, en la sesión del martes, el grupo del PRI presentará una iniciativa de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que van encaminadas a evitar que Elba Esther Gordillo se apodere del organismo que administrará los millonarios fondos de las pensiones de los servidores públicos, tal como negociaron PRI y PAN, para aprobar las modificaciones a la Ley del ISSSTE.
"Muy buena respuesta" del PRI y el Verde
El coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, aseveró: "el proceso de dictaminación -de los cambios a la Ley del ISSSTE- en esta cámara empieza este lunes a la una de la tarde en reunión de comisiones unidas de Hacienda y Seguridad Social; tenemos una muy buena respuesta por parte del PRI y del Partido Verde Ecologista de México. Espero que la estemos presentando el martes en primera lectura al pleno, y eventualmente, el miércoles se presente en segunda lectura, se discuta y se apruebe".

Contraofensiva legal de STUNAM para encarar la reforma a la Ley del ISSSTE
PATRICIA MUÑOZ , KARINA AVILES
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) anunció que iniciará un proceso legal contra la imposición de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y promoverá una "cascada de juicios de amparo" individuales y colectivos contra esta disposición, y hasta prevé llevar la disputa jurídica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta organización que llevará a cabo mañana martes 27 una falta colectiva de todos los trabajadores de la UNAM, anunció el inicio de una batalla jurídica contra esta reforma. En el mismo sentido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que también en repudio a la iniciativa, pararán actividades "al menos 30 mil escuelas de todo el país de educación primaria y secundaria", sobre todo del estado de Oaxaca.
A los paros se unirán empleados de instituciones como el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras organizaciones gremiales del sector educativo. Además, la CNTE y el STUNAM encabezarán la tarde de ese día una marcha al Zócalo capitalino, donde estarán acompañados por centrales obreras independientes. Sin embargo, desde temprano habrá un mitin de trabajadores en las oficinas centrales del ISSSTE y de ahí se desplazarán a la Cámara de Senadores.
Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del STUNAM, señaló que, tan sólo en la falta colectiva de los trabajadores de esta institución, se estima que participarán 30 mil técnicos y administrativos, ya que es unánime el rechazo a dicha reforma.
En conferencia de prensa, estableció que en el fondo de esta iniciativa para modificar la Ley del ISSSTE hay "una disputa entre la camarilla de Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por el manejo de los recursos de los empleados" del gobierno, lo que pone en grave riesgo el futuro de las pensiones de los asalariados.
En el mismo sentido, la secretaría del trabajo del "gobierno legítimo", dio a conocer un decálogo de razones por las que los senadores deben rechazar la reforma a la Ley del ISSSTE, en el que señala que Pensionissste está diseñado como una Administradora de Fondos para el Retiro privada, "pero, además, será el gran botín de los líderes sindicales que amarraron la reforma". Añade que la modificación fue diseñada por el Banco Mundial e impulsada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con Elba Esther Gordillo y Joel Ayala.
Por otra parte, la CNTE convocó a todas las organizaciones sindicales que cotizan en el ISSSTE a formar el consejo general de huelga en defensa de dicho instituto, luego de informar que el martes realizará un paro de 24 horas en al menos 30 mil escuelas del país, y participará en dos marchas en la ciudad de México para rechazar esa iniciativa que sólo "beneficia a Elba Esther Gordillo" y perjudica a la base trabajadora.
En asamblea nacional representativa, desconoció al "Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Elba Esther Gordillo, por traición a los trabajadores de la educación, al no defender el patrimonio que representa el ISSSTE".
Con participación de 24 secciones magisteriales, los profesores disidentes determinaron definir el plan de acción que seguirán en la semana y ratificaron que este martes será un día completo de manifestaciones.
A las 8 de la mañana, celebrarán un mitin frente a las instalaciones del ISSSTE y, posteriormente, se trasladarán en marcha hacia el Senado. Pedro Ramírez Vázquez, integrante de la dirección política nacional, indicó que, en caso de que les impidan llegar a la casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico, establecerían un cerco en torno a esa cámara en varias cuadras aledañas. O, en su caso, permanecerían en el Eje Central, con lo que se bloquearía esa avenida.
El mismo día, la CNTE y otras organizaciones sindicales emprenderán una marcha a las 4 de la tarde, la que partirá del Angel de la Independencia al Zócalo. A escala nacional, los profesores se han coordinado para suspender las actividades educativas y estiman que en por lo menos 30 mil escuelas no darán clases.
Advirtió que no está descartado "un paro indefinido" a partir de este miércoles. Para ello, iniciarán una consulta entre la base. Por primera vez, añadió, se movilizarán las 58 secciones del país. Además, enfatizó, "los trabajadores de educación en el Distrito Federal y el resto de trabajadores afectados por la ley, también se levantarán".
Sustentan con estudio oposición a reformas

Chile, Uruguay, Argentina y España corrigieron sistema por no dar cabal protección a trabajadores, detallan
Francisco Reséndiz
El Universal
Lunes 26 de marzo de 2007
Al menos tres países de América Latina y uno de Europa han decidido realizar reformas de segunda generación a sus respectivos sistemas de pensiones debido a que, sostienen, las efectuadas entre 1980 y 1990 no han protegido a cabalidad a sus trabajadores.
Un análisis elaborado por especialistas de la Cámara de Senadores establece que Chile, Uruguay, Argentina y España han decidido emprender cambios legales con el fin de proteger a sus sociedades y disminuir el poder de las empresas que manejan los sistemas de pensiones.
Este estudio (EL UNIVERSAL tiene copia) será parte de la argumentación que esgrimirán en el Senado los opositores -entre ellos el PRD encabezado por Ricardo Monreal y Carlos Navarrete- a la reforma al régimen de pensiones del ISSSTE que aprobó la Cámara de Diputados, para que el Estado mantenga el control de los fondos de servidores públicos.
El documento advierte:
"Las reformas al ISSSTE se deben estudiar en el contexto global del fracaso de las reformas legales de primera generación, y como el pretexto para cubrir un esquema de graves deficiencias que tiene la primera generación".
Aquí se presentan algunos cambios en cuatro países para proteger a sus pensionados y jubilados.
El 15 de diciembre de 2006, la presidenta chilena Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley de reforma provisional para crear el "Nuevo Sistema de Prensiones Solidarias".
El eje fundamental de la reforma está en crear un sistema de pensiones solidarias con la finalidad de aportar una pensión básica a quienes por la razón de sus bajas cotizaciones por más de 20 años no alcancen un salario que les permita vivir.
Se crea un instituto de previsión social para administrar el sistema de pensiones solidarias, así como una superintendencia de pensiones para fiscalizar todas las organizaciones del sistema, sean públicas o privadas. Para aumentar la trasparencia se creará una comisión de usuarios.
"Uruguay fue uno de los países pioneros en la seguridad social. Con el transcurso del tiempo, este sistema comenzó a mostrar signos de agotamiento, llegando a 1990 con una situación crítica de desfinanciamiento", señala el documento.
En el nuevo sistema el Estado tiene dos pilares: por un lado, administra el reparto que es común a todos los afiliados. Por otro, no sólo interviene como controlador del pilar de capitalización individual, sino que compite con las administradoras de fondos privadas.
El 24 de febrero, el gobierno anunció la reforma del sistema previsional que permitirá, entre otros puntos, que los afiliados al régimen de capitalización puedan pasarse al de reparto (es decir, la jubilación que da el Estado) y que las comisiones de las administradoras se reduzcan.
Los ejes de la iniciativa son los siguientes: se fija la libre opción entre los sistemas de capitalización y de reparto por un periodo inicial de 180 días. Los aportes de los indecisos que ingresan en el mercado laboral en los primeros 90 días se dirigirán al régimen de reparto.
El Consejo de Ministros de España aprobó el 16 de febrero el proyecto de ley de medidas en materia de seguridad social, que desarrolla una reforma global del sistema. Las principales características de este proyecto en materia de jubilación son:
Para acreditar el periodo mínimo actualmente exigido para obtener derecho a la pensión se computarán sólo los días efectivamente cotizados, se crean coeficientes reductores de la edad de jubilación para nuevas categorías de trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Incentivos en todos los supuestos a la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Incremento de 2% de la pensión por cada año cotizado después de los 65.











Marín Torres: Gastos secretos
juan pablo proal
Puebla, Pue., 26 de marzo (apro).- Como ya se ha hecho costumbre cada vez que se le solicita, el gobernador Mario Marín Torres se negó a hacer públicos los gastos que ha erogado en materia de publicidad, bajo el argumento de que su difusión “puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado”.

La cerrazón de la administración estatal fue censurada por Josefina Busadé Castelán, miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y por el Partido Acción Nacional.

Desde hace once meses Apro, el PAN y varios periodistas poblanos han solicitado en distintas ocasiones un informe sobre los gastos publicitarios del gobernador, quien incrementó sustancialmente su promoción luego del escándalo que derivó de su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge.

Sin embargo, mediante distintas argucias, la administración estatal se ha negado a proporcionar la relación de sus gastos en medios locales y del Distrito Federal.

Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Apro solicitó en dos ocasiones –la última hace dos meses-- copia de las facturas que ha firmado la Dirección de Comunicación Social.

El miércoles pasado por la noche, el mismo día en que se cumplía el plazo legal para que lo hiciera, la dependencia negó la información:

“De revelarse puede causar perjuicio o daño a las funciones públicas del estado; así como a aquella que contiene opiniones, recomendaciones o información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que son parte de un proceso deliberativo para la toma de una decisión administrativa, así como a la que por disposición legal es considerada secreta, reservada, restringida u otra análoga.”

Sin haber leído totalmente la respuesta de la Dirección de Comunicación Social, la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé Castelán, sostuvo que las facturas son documentos públicos que no pueden ser negados por la administración de Marín Torres.

Argumentó, además, que es imposible que la difusión de los convenios publicitarios ponga en riesgo a “las funciones públicas del estado”, debido a que se firmaron mediante una previa decisión derivada de un proceso deliberativo.

Desde que el 10 de abril del año pasado Apro solicitara los convenios de publicidad del gobierno del estado, la Dirección de Comunicación Social ha ofrecido diferentes argumentos para negar la información. Sus respuestas las ha remitido en el límite legal para contestar, que es de 30 días hábiles.

En el recurso PUE-2006-000193, por ejemplo, respondió que el concepto “materia de publicidad” es muy amplio y se presta a muchas interpretaciones, “por lo que no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere”.

Días después, cuando el gobierno despilfarraba los recursos de Comunicación Social en la defensa mediática de Marín Torres por la exhibición de su contubernio con Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Apro solicitó un informe de los gastos en anuncios relacionados con el tema, así como el capital que destinó para un estudio que mandó a hacer a la empresa privada Repetto, en un intento por demostrar que la voz del mandatario había sido alterada.

A esto, la Dirección de Comunicación Social respondió:

“La información que usted solicita referente al costo del análisis de la grabación que alude, es de información reservada de conformidad con el artículo 12 fracción V y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de Puebla; toda vez que es información que compromete las investigaciones que realizan las autoridades competentes, por lo que no puede difundirse o usarse con un fin distinto al señalado por la ley.”

El PAN también ha exigido en otras ocasiones –principalmente a través del diputado federal Arturo Flores Grande— una relación del capital gastado por la administración estatal en materia de publicidad, aunque el resultado ha sido igual de insatisfactorio.

“Si el gasto ha sido normal o no genera sospecha que nos lo hagan del conocimiento”, afirmó Marcos Castro Martínez, secretario general del PAN, quien añadió que la cerrazón del gobierno se debe a que “no están invirtiendo el dinero de forma correcta”.

Miembros de la Comisión de Acceso a la Información Pública aseguran que la negativa del gobierno representa una clara violación a los artículos 5, 5 y 6 de la Ley de Acceso a la Información.