Lunes, 02 de abril de 2007
En Zongolica se gesta una movilizaci?n que clama "por la verdad y la justicia"
Quince personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 ?ltimas horas
Testigos relatan una historia contraria a la versi?n de fallecimiento por causas naturales
BLANCHE PETRICH


El cad?ver de Ernestina Ascensio Rosario Foto: Cortes?a de Proceso
En el lapso de casi doce horas que transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 a?os, fue encontrada malherida en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando expir?, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agon?a.
Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de la comunidad, Luis Aguilar y Jos? V?zquez, la enfermera de la cl?nica rural de la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un m?dico de Ciudad Mendoza y tres especialistas del hospital regional de R?o Blanco, que la atendieron durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y constataron su estado f?sico.
Tambi?n son testigos el alcalde de Soledad Atzompa, Javier P?rez Pascuala, y el regidor, el comandante de la polic?a municipal y el juez que lo acompa?aron. Y Ren? Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Ind?genas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia que no coincide con la hip?tesis de muerte natural, por ?lceras p?pticas y anemia.
El acta de defunci?n firmada por el doctor Juan Pablo Mendiz?bal, la primera necropsia firmada por tres m?dicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodr?guez, y declaraciones del procurador estatal, Emetrio L?pez, daban cuenta de la muerte violenta y la violaci?n sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio P?blico con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuradur?a General de Justicia de Veracruz anunci? que iniciar?a una investigaci?n contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batall?n de Infanter?a, con sede en El Lencero.
Esta fue la hip?tesis que prevaleci? entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calder?n, en entrevista con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La Jornada, dijo que la se?ora hab?a muerto "por gastritis". A partir de entonces la versi?n oficial cambi? de direcci?n y la Secretar?a de la Defensa Nacional y el titular de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jos? Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con la hip?tesis de muerte por enfermedad.
"Lo que la gente vio y sabe"
Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco, funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Ind?genas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).
Por eso, el alcalde y su cabildo, acompa?ado por las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves 29 a Xalapa a entregar al gobierno estatal un pronunciamiento en el que ofrecen "no hablar" en los pr?ximos 15 d?as y esperar el resultado oficial de las investigaciones, a cargo del fiscal especial Juan Alatriste. Pero advierten: "Si no tenemos resultados y se contin?a haciendo lo posible para garantizar impunidad a los militares, entonces nuestro pueblo iniciar? una movilizaci?n social". Solicitan "a pesar de todo", audiencias con Calder?n y el ombudsman. Su petici?n no ha merecido respuesta.
Los testimonios de la muerte de Ernestina, presentados ante el Ministerio P?blico y dos visitadores de la CNDH describen a la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un campamento militar. "Ten?a la falda levantada, se le ve?an sus piernitas", dijo Luis Aguilar. El y Jos? V?zquez, ind?genas nahuas, ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue trasladada.
Adem?s est? el testimonio de su hija Marta, que declar? a los funcionarios de la procuradur?a estatal y a los periodistas que su madre, antes de expirar, le dijo que hab?a sido agredida por soldados. Funcionarios federales del m?s alto nivel pretenden hoy "desmentir" esa confesi?n de la madre a su hija, instantes antes de expirar.
Los 22 agentes municipales que acompa?aron a P?rez Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra hermana mayor" respaldan la convicci?n del dirigente: "No dudamos de la palabra de la difunta Ernestina".
Se cuenta adem?s con el testimonio de Ren? Huerta, l?der de la CROISZ, uno de los hombres que ayud? a bajar a do?a Ernestina de la camioneta en el hospital de R?o Blanco, en una cobija. "S? sangraba. El m?dico de guardia la tap? con una bata. Escuch? el testimonio de sus hijos. Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."
Los m?dicos legistas Mar?a Catalina Rodr?guez, Pablo Mendiz?bal e Ignacio Guti?rrez, que dictaminaron muerte violenta por hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier declaraci?n, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campa?a gubernamental. Han sido amenazados con una investigaci?n penal para determinar si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".
Otros testigos tambi?n empiezan a retractarse, como Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que hab?a declarado ante las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a Ernestina (se calcula que habr?a ocurrido entre las dos y tres de la tarde) hab?a visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agreg? un detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH acudieron al lugar y constataron que hab?a c?scaras de naranja.
Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es "imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura Julio Atenco. Y si los hubiera, "dif?cilmente estar?an descansando y comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".
Pero mientras en el Distrito Federal se teje, difunde y defiende la hip?tesis por muerte natural, en Xalapa se habla -seg?n fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontaci?n" entre el gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilizaci?n que clama "por la verdad y la justicia".
"La familia de do?a Ernestina le abri? sus puertas a la CNDH, accedi? a la exhumaci?n y la segunda necropsia. S?lo pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la Zongolica", recomienda Huerta, l?der de la CROISZ.
Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio Xocua M?ndez, dirigente de la Organizaci?n Campesina Ind?gena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) "ya hab?a un ambiente muy fuerte" de tensi?n entre el Ej?rcito y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotaci?n forestal.
La incursi?n de soldados en los pueblos de la monta?a "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras opciones de organizaci?n", explica el l?der, quien admite que los incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".
La mayor?a de los roces entre soldados y pobladores se produce porque los militares acostumbran tomar la le?a que necesitan sin pedirla, mucho menos comprarla. Los ind?genas no organizados, cuyas labores de explotaci?n forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian estos robos. Eso disgusta a los militares".
El problema forestal en Zongolica se agudiz? a ra?z de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado alcald?as y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una motosierra, o la le?a de la gente. Adem?s se percibe la intenci?n del gobierno de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace d?cadas que no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situaci?n de ofensa en la comunidad".
Xocua asegura que Zongolica "est? muy organizada". Predominan en la regi?n la OCISZ y la CROISZ. Y considera que puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando as? lo solicite la comunidad".



Documenta la Auditor?a Superior discrecionalidad y dispendio salarial en ese ?rgano
En 2005, 19 funcionarios del TEPJF cobraron m?s que Fox
El magistrado presidente, Leonel Castillo, percibi? en ese a?o 8 millones 442 mil 890 pesos
ENRIQUE MENDEZ


Entrega-recepci?n del informe de la ASF sobre la Cuenta P?blica 2005, el pasado 29 de marzo Foto: Jos? Antonio L?pez


Sesi?n del Tribunal Electoral. Imagen de archivo Foto: Marco Pel?ez
Al documentar la discrecionalidad y el dispendio salarial de la c?pula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci?n (TEPJF), la Auditor?a Superior de la Federaci?n (ASF) comprob? que 19 altos funcionarios de ese ?rgano recibieron, cada uno, un sueldo anual superior al que percibi? Vicente Fox como presidente de la Rep?blica, en 2005.
M?s a?n, el monto total de los ingresos de los magistrados y los altos funcionarios del TEPJF -que en 2006 calificaron la elecci?n presidencial en favor de Felipe Calder?n- fue de 95 millones 926 mil 870 pesos, lo cual constituye 12 por ciento del presupuesto destinado a salarios, que en 2005 fue de 801 millones 865 mil 100 pesos. Esa cantidad, a su vez, representa 71 por ciento del total del presupuesto del tribunal, lo que refleja una alta concentraci?n de gasto en salarios, prestaciones y bonos.
Por primera vez desde que se constituy? el organismo electoral, la ASF revis? integralmente su ejercicio del cap?tulo 1000, servicios personales, y como resultado ''detect? discrecionalidad en la asignaci?n y uso de dichos recursos''.
Sin embargo, ante el dispendio, la auditor?a s?lo recomend? ''establecer disposiciones y mecanismos que racionalicen las percepciones de los servidores p?blicos de ese alto tribunal'', aun cuando en sus conclusiones a la revisi?n de la cuenta p?blica determin? que, al utilizar de manera discrecional los recursos para el pago de bonos y prebendas, los magistrados violaron las medidas de austeridad definidas por la C?mara de Diputados para el Presupuesto de Egresos de la Federaci?n 2005.
El magistrado presidente
El ?rgano fiscalizador concluy? que el ahora ex presidente del tribunal, Leonel Castillo, percibi? en ese a?o 8 millones 442 mil 890 pesos, como sueldo y prestaciones especiales, monto superior en 4 millones 798 mil 630 al obtenido por Fox. No s?lo eso: un secretario general de acuerdos gan? casi 40 mil pesos m?s que el jefe del Ejecutivo.
Las gratificaciones abultaron los ingresos de Castillo, que fueron enlistados por la ASF en una tabla especial para compararlos con los del mandatario, y en ella se incluyen apoyos para pago de renta y de colegiaturas, de gasolina, de lentes e inclusive un vale por un pavo.
As?, determin? que una cuarta parte de los ingresos del magistrado fueron por la denominada ''compensaci?n garantizada'', que le permiti? ingresos por 2 millones 182 mil 78 pesos; adem?s, obtuvo los siguientes beneficios, no contemplados para el mandatario: prestaciones de previsi?n social, 196 mil 89 pesos; prestaciones inherentes al cargo, 606 mil 80; prima quinquenal, 16 mil 320; gastos de representaci?n, 12 mil 200; seguro de separaci?n individualizada FS, 64 mil 120; ayuda de medicinas, 34 mil 500; ayuda de despensa, 230; ayuda de gasolina, 13 mil 500, y subsidio de renta, 30 mil 900 pesos.
Tambi?n, apoyo para anteojos, 4 mil pesos; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, un mill?n 254 mil 560; est?mulo anual, 301 mil 880; apoyo para el desarrollo personal y profesional, 627 mil 280; compensaci?n extraordinaria, un mill?n 568 mil 200; apoyo econ?mico escolar, 21 mil; compensaci?n por servicios especiales, 156 mil 820; prestaciones de fin de a?o, 14 mil 290; apoyo para gastos complementarios, 3 mil 400, y un vale para un pavo por 710 pesos.
La asignaci?n de esas prestaciones se incluy? en diversas partidas, aunque todas forman parte del rubro est?mulos por productividad, al que el tribunal se asign? 112 millones 530 mil 600 pesos.
Un monto de esa naturaleza le permiti? al TEPJF entregar bonos a los magistrados, y a su elite, de la siguiente manera: de ocho a 12 meses de salario bruto por est?mulo anual; de cinco meses de salario por compensaci?n extraordinaria; de cuatro meses de sueldo por ayuda de fomento a la cultura; de cuatro meses por ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, y de dos meses como ayuda para el desarrollo personal y profesional. Tan s?lo en el caso de estos dos ?ltimos rubros, el tribunal gast? 83 millones 783 mil 600 pesos, pero se trata de recursos destinados s?lo a servidores p?blicos de mando superior, es decir, a 19 personas, desde el secretario t?cnico administrativo hasta los magistrados.
Y aun cuando el pago de ambos est?mulos est? condicionado a la disponibilidad presupuestal, el tribunal electoral los presupuest? de origen y ''realiz? pagos individuales discrecionales de entre 11 mil 700 y un mill?n 254 mil 600 pesos. Lo hizo, adem?s, anticipadamente, en junio y agosto de 2005, cuando que por disposici?n legal del propio tribunal deben ser pagados en noviembre.
En ambos casos, la ASF cuestion? que se pagara el bono de fomento a la cultura de la legalidad sin considerar las posibles bajas de personal de manera posterior, y su disposici?n fuera de los tiempos legales implic? un costo financiero de 129 mil pesos.
Aguinaldo en abril
El uso discrecional de los dineros p?blicos inclusive llev? al TEPJF a entregar el ''est?mulo anual'' a sus altos funcionarios en abril de 2005, y no en diciembre. En este caso, el desembolso de dicha prestaci?n implic? 26 millones 704 mil 100 pesos.
La auditor?a determin? ''que dicho est?mulo se pag? de manera anticipada en la segunda quincena del mes de abril de 2005, pero correspondi? al tiempo laborado del primero de enero al 31 de diciembre de 2005'', aun cuando dicho pago estaba acotado ''a condiciones futuras de realizaci?n, es decir, a disponibilidad presupuestal''.
Adem?s, el uso prematuro de esos recursos implic? un costo financiero de 304 mil pesos de intereses, que la ASF considera deben ser justificados o bien reintegrados a la Tesorer?a de la Federaci?n.
El tribunal tambi?n dispuso de 147 millones 879 mil pesos como ''compensaci?n extraordinaria'' de cinco meses adicionales de salario a magistrados, directivos y trabajadores, incluido el personal de honorarios, sin que fueran aprobados lineamientos que precisaran y regularan el pago de esa prestaci?n.
La ASF consider? un probable da?o econ?mico, por el pago anticipado de bonos, de 433 mil pesos, que deben ser aclarados o recuperados por el tribunal.
Publicado por solaripa69 @ 10:41
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