Lunes, 09 de abril de 2007
El ataque a Ernestina Ascenci?n, posible "mensaje de escarmiento": autoridades
"No hay oposici?n a la presencia del Ej?rcito, pero pedimos que no pisoteen derechos"
BLANCHE PETRICH ENVIADA


"Creo que la queja que presentamos" contra soldados "est? relacionada con la agresi?n a nuestra hermana mayor Ernestina", afirm? el alcalde Javier P?rez Pascuala Foto: Marco Pel?ez
Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresi?n f?sica que mat? a la anciana Ernestina Ascenci?n Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jes?s Orozco, recibi? una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
El presidente Felipe Calder?n y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galv?n Galv?n, tambi?n deb?an haber estado enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades municipales de Soledad Atzompa ten?a copia para ambos.
El presidente municipal Javier P?rez Pascuala no descarta que el ataque a la se?ora Ernestina Ascenci?n, de 72 a?os, estuviera relacionado con la irritaci?n de algunos oficiales por ese documento. "Creo que la queja que presentamos s? est? relacionada con la agresi?n a nuestra hermana mayor Ernestina. S? pudo haber sido una represalia, s? pudo ser un mensaje de escarmiento".
Considera que los hechos tendr?n graves consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los ind?genas de las comunidades serranas.
"La gente aqu? ya est? viendo que va a haber impunidad. Cuando vuelvan los soldados la poblaci?n va a tener m?s miedo. El temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."
Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre con su camisa ra?da y sus viejos huaraches, el en?simo incidente provocado por los soldados en su comunidad -robo de le?a, abuso de autoridad y faltas de respeto a los pobladores- fue la gota que derram? el vaso. Y no le import? ser, como agente municipal, el ?ltimo escal?n dentro de las estructuras de gobierno local para querer poner un alto a los excesos.
"Siempre pasa, desde hace a?os", explica Modesto a La Jornada. "Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por s? casi no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la le?a de la gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso. Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas. Con los soldados no se sabe".
No es habitual que en pueblos como ?stos las violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se cuentan por lo bajo. Si hay v?ctimas, ?stas prefieren el silencio para no ser estigmatizadas.
Pero lo que decidi? al agente Modesto a presentar su queja por escrito fue la respuesta que recibi? del cabo de infanter?a Edwin Mart?nez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y aqu? hacemos como queremos", le dijo.
"?Qui?n es el confundido?"
Convocado como mediador, el alcalde P?rez Pascuala intent? hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a ?l "tambi?n lo maltrataron".
Le contestaron que "estaba confundido, que ten?a que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de la municipal". El alcalde respondi?: "?Qui?n es el confundido? Porque yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Org?nica del Municipio Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, seg?n consta en el oficio, el militar interpelado "s?lo nos mir? con desprecio" y dio por concluida la discusi?n. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel. As?, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con todas las firmas y sellos de rigor.
Nunca hab?an presentado un escrito as?, a pesar de que el "mal comportamiento" de los militares ven?a de mucho tiempo atr?s; desde que, a mediados de los a?os noventa, empezaron los patrullajes de supuestos operativos contrainsurgentes y contra el narcotr?fico.
El presidente municipal niega que la poblaci?n de Zongolica se oponga a la presencia del Ej?rcito. Justamente eso fue lo que reiter? cuando habl? con el secretario Galv?n el pasado 8 de marzo durante la audiencia con legisladores perredistas -Javier Gonz?lez Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Mart?nez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco- en Lomas de Sotelo.
"Le expuse que entre nosotros no hay oposici?n a la presencia del Ej?rcito. Tienen el paso libre, pero se les pide que no pisoteen el derecho de la gente."
Con esta afirmaci?n, las autoridades de Soledad Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a Calder?n en una carta en la que expresaban: "La instituci?n castrense hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, s?lo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad f?sica y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ej?rcito para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva jam?s".
Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, despu?s del ataque y la muerte de la se?ora Ascensi?n, pudieron haberse desbordado. La misma noche del domingo la noticia se reg? como p?lvora en el escarpado caser?o de Tetlatzinga. "?Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al anochecer miles de hombres se hab?an congregado frente a la presidencia municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.
Era una patrulla donde viajaba el capit?n Jos? Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que eran los culpables. El capit?n persuadi? al alcalde para que le cedieran el paso con el argumento, que result? falso, de que los llevaba "arrestados".
Al d?a siguiente eran cerca de 6 mil los que se congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los 500 metros que los separaban del campamento militar, donde se hab?an atrincherado los 120 soldados del campamento, todos armados. Esa fue la escena que encontr? el gobernador Fidel Herrera cuando su helic?ptero descendi? en el poblado para apaciguar los ?nimos encendidos.
"Mi pueblo -afirma P?rez Pascuala- es muy sabio a pesar de no tener educaci?n. Ese d?a demostramos que somos prudentes, que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la v?a de di?logo y la exigencia de justicia."
El alcalde es un luchador social con un largo camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros derechos".
Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia. Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22 jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los m?s poblados panistas y el resto pri?stas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de gesti?n, donde tienen presencia la Organizaci?n Ind?gena N?huatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Ind?genas de la Sierra de Zongolica y la Organizaci?n Campesina Ind?gena de la Sierra de Zongolica. Incluso la Uni?n de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en n?huatl) mantiene su trabajo en la zona.
El arresto de la veracruzana Gloria Arenas, fundadora del TINAM en los a?os ochenta y posteriormente dirigente del Ej?rcito Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente sentenciada a 50 a?os de prisi?n), aliment? versiones que datan de 1996 sobre supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos armados, lo mismo que el arresto, el a?o pasado, de los hermanos Gerardo y Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ej?rcito Popular Revolucionario.
Esta semana, a ra?z de la muerte de Ernestina Ascenci?n, la presunta vinculaci?n del Ej?rcito con los hechos, el reclamo de justicia y la fricci?n entre los gobiernos estatal y federal, un an?nimo que fue distribuido a la prensa veracruzana se?ala los l?deres de la Zongolica -P?rez Pascuala, Ren? Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros "de una organizaci?n violenta y oscura" y con relaciones con la guerrilla.
"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".
Verg?enza
jorge carrasco araizaga
M?xico, D.F. (apro).- No es ninguna casualidad. En momentos en que en el pa?s est? en duda la credibilidad de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde Washington se difunde un vergonzoso informe que confirma la impunidad de quienes han violado los derechos humanos en el pa?s.

La organizaci?n no gubernamental Human Rights Watch (HRW), observadora de la situaci?n de los derechos humanos en el mundo, emiti? el pasado jueves 5 un informe internacional que demuestra el desprecio del Estado mexicano hacia las graves violaciones a las garant?as individuales cometidas por algunos de sus integrantes, civiles y uniformados.

Bast? una comparaci?n b?sica de HRW para demostrar lo dicho por varios organismos defensores de derechos humanos en el pa?s: que el Estado mexicano tiene el peor comportamiento en Am?rica Latina en la investigaci?n y sanci?n de los abusos cometidos por los gobiernos de la regi?n en la ?poca de las llamadas ?guerras sucias?.

Mientras en Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos que sucedieron a las dictaduras militares investigaron y encarcelaron a varios de los jefes castrenses, policiales y pol?ticos responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, secuestros y desapariciones por motivos pol?ticos, en M?xico la historia result? muy distinta.

HRW no dud? en calificar como ?decepcionante? la actuaci?n de la Fiscal?a Especial para Movimientos Sociales y Pol?ticos del Pasado (Femospp), pues no dio resultados concretos no s?lo para sentenciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los a?os sesenta y setenta, principalmente, sino para reparar a las v?ctimas de las actuaciones del Ej?rcito, las polic?as o los cuerpos irregulares y paramilitares financiados y preparados por el Estado.

Creada por Vicente Fox al arranque de su gobierno, m?s por obligaci?n pol?tica que por compromiso con los derechos humanos, la fiscal?a despareci? con m?s pena que gloria, y sin ninguna se?al de que el gobierno de Felipe Calder?n pretenda retomar los muchos pendientes que dej? la oficina que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

El exfiscal, un ret?rico abogado que nunca hab?a litigado, apenas y puede mencionar como logro el proceso judicial iniciado en contra del expresidente Luis Echeverr?a ?lvarez. Pero ese caso podr?a quedar cerrado en definitiva en las pr?ximas semanas si la justicia federal acaba por desestimar sus d?biles argumentos sobre el genocidio en M?xico.

Solazado en el esc?ndalo por la actuaci?n contra Echeverr?a, Carrillo nada puede decir sobre el desempe?o de la fiscal?a en contra de miembros del Ej?rcito, se?alados como los principales violadores a los derechos humanos en estados como Guerrero durante el combate a la guerrilla en aquella ?poca.

El mensaje fue el de la impunidad. Ning?n castigo, ninguna responsabilidad ni reparaci?n. Ning?n se?alamiento oficial, protocolario, sobre la verdad de lo ocurrido y que cuestionara la actuaci?n de los militares, no s?lo en esa sure?a entidad, sino en otras.

Por su lado, Jos? Luis Soberanes, presidente de la CNDH, se comporta de igual modo. Cuestionado de por s? por varias organizaciones de derechos humanos, el llamado ombudsman nacional tiene ahora al organismo metido en una crisis de credibilidad.

Su actuaci?n ante el deceso de la anciana ind?gena Ernestina Ascensio Rosario, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por una presunta violaci?n cometida por militares, coloca al organismo como un ap?ndice del gobierno federal.

Cada vez le resulta m?s dif?cil a la CNDH defender la l?nea trazada por el propio Calder?n respecto de los motivos de la muerte de la anciana, y que s?lo sirvi? para enredar m?s las investigaciones.

El michoacano tiene un motivo muy claro para deslindar al Ej?rcito de esa muerte, pues se trata de su principal aliado pol?tico.

Sin embargo, el inter?s de Soberanes es m?s oscuro. Si su raz?n de ser como personaje p?blico es la defensa de la dignidad humana, su descalificaci?n a los diagn?sticos del gobierno de Veracruz y a los se?alamientos de los familiares de Ernestina, no hacen m?s que abundar la justificada e hist?rica desconfianza hacia la actuaci?n del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. (6 de abril de 2007)
Pasta de Conchos: Fin de la historia
arturo rodr?guez garc?a
San Juan de Sabinas, Coah. 9 de abril (apro).- Luego de 13 meses de negarse a aceptar las recomendaciones de expertos para agilizar las acciones de recuperaci?n de los 65 cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, Industrial Minera M?xico (IMMSA), propietaria de la mina, anunci? la semana pasada la culminaci?n de sus operaciones y el posible ?sellamiento? de la estructura colapsada el 19 de febrero del a?o pasado.

Desde el pasado 1 de abril, IMMSA empez? a filtrar a medios de comunicaci?n locales una supuesta investigaci?n, en la que se advierte un grave riesgo para la poblaci?n aleda?a a Pasta de Conchos y a los trabajadores que se accidentaran en el yacimiento.

El informe fue elaborado por Daniel Wooton, un investigador norteamericano, de cuyo curr?culum tambi?n filtr? copias. El presunto documento se ha conocido con su apellido.

El Informe Wooton establece que existe una inundaci?n de 80 por ciento de agua en el fondo, que est? contaminada con bacterias y virus que pueden causar un impacto ambiental. La supuesta amenaza bacteriol?gica, incluye VIH y tuberculosis.

Desde la Pastoral Laboral, Cristina Auerbach ha considerado absurda la amenaza bacteriol?gica que IMMSA plantea como argumento para el cierre de sus operaciones. Investigadora del ?rgano de la Conferencia Episcopal, recuerda que, desde un principio, el ?nico y principal reclamo de las familias a Grupo M?xico, propietaria de IMMSA, fue la recuperaci?n de los cuerpos para darles sepultura.

En febrero de 2006, Apro dio cuenta de esa exigencia por parte de los deudos de Pasta de Conchos que, en diferentes ocasiones, cuando la empresa suspend?a actividades, gener? enfrentamientos verbales, manifestaciones y tomas de oficinas administrativas.

Elvira Mart?nez, viuda de Jorge Vladimir Mu?oz, quien muri? en el fil?n, es la ?nica que no acep? la llamada ?ayuda humanitaria? de 750 mil pesos que entreg? la empresa. Su ?nico reclamo, desde el 24 de febrero en que se hicieron oficiales las muertes, ha sido la recuperaci?n del cad?ver de su esposo.

Mart?nez dice: ?Hemos visto que la empresa quiere zafarse del compromiso de cumplir con el rescate?. Y se?ala que, en sus informes a las familias, siempre refer?a lo que estaba por hacer y lo que hab?a hecho, pero esta vez ?no hab?a comentado que fuera a traer un experto como ese a la mina?.

Adem?s, considera que, en las ?ltimas semanas, se hab?an suspendido las labores continuamente, con el pretexto de que hab?a altas concentraciones de metano. ?Digo pretexto porque en ning?n momento se nos mostraron las mediciones de gas, pero hay trabajadores que nos dicen que si hay condiciones y no han resentido ning?n efecto de gas?.

Y es que, desde un principio, los trabajadores han dado informaci?n a las familias y, en las ?ltimas semanas, afirman que los ingenieros les cerraban el paso y no quer?an avanzar. Inclusive, Mart?nez refiere que ya llegaron hasta el Diagonal 20 (t?nel transeversal a mil metros de profundidad) y ?han avanzado mucho? por el ca??n regreso (seg?n la averiguaci?n judicial, escasamente siniestrado), pero colocaron una malla cicl?nica para que no pasaran los trabajadores, por lo que sospechan que la empresa esconde algo ?que no les conviene que se sepa y ah? est?.

Adem?s, se han ?sellado? injustificadamente t?neles internos y, la duda persiste, pues en el Diagonal 18, se supone que hab?a una locomotora averiada donde debieron encontrar tres cuerpos, pero la empresa no ha dado cuenta de nada hasta ahora, por lo que la viuda aventura: ?Quiz? no quieren que se sepa algo que les afecte en el proceso penal?.

La sospecha es la misma que hace un a?o formularon los ingenieros que participaron en la explosi?n de las minas de Barroter?n, pues en aquella ocasi?n, una explosi?n mucho m?s grande que dej? 160 muertos, concluy? con la recuperaci?n de cuerpos, un mes despu?s del siniestro.

La negativa de IMMSA

Apenas se empez? a publicar el material difundido por IMMSA, cuando unas 40 familias en Pasta de Conchos se manifestaron. El pasado lunes 2 exigieron informes y nadie les respondi?; el martes se plantaron afuera de las instalaciones de la empresa y, el mi?rcoles, cerraron el paso a los trabajadores del primer turno y no dejaron entrar a los del segundo. Fue el d?a de la confirmaci?n oficial.

Empleados de la empresa, como lo hacen cada vez que hay protestas, les tomaron fotograf?as y anotaron los nombres de las inconformes. Por la noche del mi?rcoles se permiti? el paso, aunque hasta ahora la protesta se mantiene, con el se?alamiento de que algo se esconde dentro del fil?n.

La sospecha no es extra?a. El 6 de marzo de 2006, en una reuni?n con directivos de Grupo M?xico, funcionarios de la Secretar?a del Trabajo y de la Direcci?n de Minas del gobierno estatal, empleados de ?sta ?ltima recomendaron un procedimiento, que consist?a en perforar y desgasificar en la zona, donde se supon?a estaban los trabajadores; construir un t?nel llamado Tiro Vertical, e introducir una maquinaria de Frente Larga, con el que se construir?an galer?as y t?neles para la b?squeda. Fue el gerente de la mina, Rub?n Escudero, quien de inmediato desestim? el procedimiento.

En mayo, IMMSA contrat? a un grupo de expertos de la empresa espa?ola Hulleras del Norte. Los expertos que llegaron a asesorar el avance de los trabajos para localizar los cuerpos, hicieron recomendaciones semejantes a las de la Direcci?n de Minas, y como los directivos de IMMSA no los escucharon, optaron por regresar a Espa?a a tres d?as de haber llegado, no sin antes confiar a este reportero el motivo de su anticipado regreso.

Fue hasta septiembre cuando la empresa dio a conocer la construcci?n de un t?nel, pero por la zona minada, lo que implicaba riesgos de explosi?n e inundaci?n, ya que podr?a golpearse un t?nel en desuso. Nada los detuvo, aunque el procedimiento recomendado era realizar la b?squeda por la zona virgen del yacimiento que, al parecer, la empresa no quiso afectar para una futura extracci?n.

Finalmente, el pasado 19 de febrero, Marccelo Malentacchi, secretario general de la Federaci?n Internacional de Trabajadores de Industrias Metal?rgicas (Fitim), y Manny Armenta, l?der de la United Steelwrokers, de Estados Unidos, ofrecieron a las viudas de los 65 mineros de Pasta de Conchos, expertos extranjeros para asesorar la recuperaci?n de cuerpos. Un d?a despu?s, hicieron la misma oferta al titular de la STPS, Javier Lozano Alarc?n.

El obispo Ra?l Vera L?pez, miembro de la Pastoral Laboral, fue cuestionado respecto del ?Informe Wooton?. Dijo: ?Lo ?nico que s? es que la Fitim y los Steelworkers ofrecieron expertos al secretario del Trabajo y no se han aceptado?.

Exigen el reinicio de las labores

Desde que ocurri? el siniestro en Pasta de Conchos, los tres ?rdenes de gobierno, la primera y la segunda comisi?n legislativa para Pasta de Conchos, la Pastoral Laboral y los organismos ciudadanos que han seguido el caso, han hablado de una tercer?a internacional, pero hasta ahora nadie la atrajo. El argumento es que la mina debe estar completamente reconstruida para realizar un peritaje sobre el siniestro.

Esta vez, la comisi?n legislativa refiri? que se realice un informe con expertos autorizados en consenso por la C?mara de Diputados, la STPS, el Instituto Mexicano de Geolog?a y la UNAM, para que determine si es confiable el ?Informe Wooton?. Una propuesta que, hasta ahora, nadie ha atra?do.

Bajo un sol de 37 grados, decenas de familias exigen el reinicio de las labores. Sus argumentos no son ?nicamente por la libertad de culto, sino porque, ante la negativa de las autoridades a admitir que hubo negligencia en la operaci?n minera, saben que la ?nica esperanza de que se castigue a los responsables es la culminaci?n de las excavaciones.

?Yo necesito saber?, ha dicho siempre Elvira.

Y es que las deficiencias publicadas en Proceso, d?as despu?s del siniestro, las conclusiones de la Pastoral Laboral y de la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), as? como de la Procuradur?a de Justicia del estado y del grupo de trabajo alternativo de la C?mara de Diputados la pasada legislatura, no han sido suficientes para que las secretar?as del Trabajo y Econom?a y, en general, el gobierno federal, admitan que sobre el accidente en Pasta de Conchos, en el que murieron 65 mineros y 13 resultaron heridos, hay un sinn?mero de responsables:

De la empresa, por forzar operaciones inseguras; de la STPS, por falsear inspecciones; del IMSS, por no realizarlas, y del Sindicato Minero, por permitir que trabajaran sus agremiados cuando estaban se?alando deficiencias.

Responsable constitucionalmente de la industria minera, la STPS no ha admitido nada, a pesar de que su ?rgano interno de control determin? numerosas inconsistencias en la labor de sus empleados, antes de declarar el diagn?stico bajo reserva.

En tanto, en el semidesierto del Golfo de Sabinas, decenas de personas esperan respuesta a sus demandas de siempre: la recuperaci?n de cuerpos.

Al sitio, a pesar de ser Semana Santa, llegan asesores de conflictos a respaldar al vocero Enrique Valverde, quien dirige las acciones de ?intimidaci?n y el maltrato? a las familias que protestan.

Decenas de guardias privados de seguridad bajo sus ?rdenes, se abalanzan amenazantes contra las viudas s?lo lo suficiente para exaltarlas y hacerlas desesperar. Alg?n investigador de Pastoral Laboral llega para dar ?nimo a la ?resistencia?, y Ra?l Vera, acude a elevar pelgarias, porque hace un a?o fue con Samuel Ruiz, y el obispo titular de la regi?n carbon?fera, Alonso Garza, se molest? y, pr?cticamente, le prohibi? oficiar en su di?cesis.

El sindicato ya no existe en Pasta de Conchos. La empresa lo desmantel? cuando provoc? un movimiento laboral y luego aplic? el contrato colectivo, donde se establece que cuatro faltas injustificadas son motivo de despido. Justo cuatro d?as dur? el movimiento laboral y todos los sindicalizados fueron despedidos.

La ?nica resistencia es la de unas 40 familias, que se mantienen en su reclamo, aunque casi est?n seguras, por las acciones de IMMSA y el llamado ?Informe Wooton?, de que Pasta de Conchos, donde contin?an 63 trabajadores sepultados, pretende ser declarado, oficialmente, un camposanto.
Publicado por solaripa69 @ 14:10
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