Viernes, 27 de abril de 2007
Aprueban paquete antiterrorista que criminaliza la protesta social
VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL


Con una c?mara fotogr?fica, el senador panista Gustavo Madero. Lo acompa?an Graco Ram?rez, Jes?s Murillo Karam y Jos? Eduardo Calzada, durante la sesi?n de ayer en el recinto legislativo de Xicot?ncatl Foto: Micphotopress
El Senado de la Rep?blica aprob? ayer reformas a 12 leyes, con el prop?sito de sancionar el terrorismo y a quienes lo financian, a pesar de que -como advirtieron PRD, PT y Convergencia, se "criminaliza la protesta social" y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas.
El perredista Pablo G?mez se?al? que con la redacci?n propuesta al art?culo 139 del C?digo Penal Federal "se sigue la consigna de los gringos, que han pedido a todo el mundo que colabore contra el terrorismo, pero aqu?, en M?xico, se fue m?s all?, al incluir como actividades terroristas todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinaci?n".
El PRI coincidi? en que la redacci?n del art?culo 139 del C?digo Penal Federal que se propone "efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termina en tribunales y culmin con una condena de quien hace uso de sus derechos pol?ticos", se?al? el senador Fernando Castro Trenti.
Reconoci? que ese p?rrafo tendr? que ser modificado, y no s?lo eso, sino que se necesita una reforma de fondo sobre el tema. Sin embargo, se desecharon los argumentos del Frente Amplio Progresista, por lo cual las reformas a los c?digos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, as? como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y diversos ordenamientos financieros se aprobaron con 85 votos en favor.
Durante el debate, el senador del PRD Tom?s Torres dijo que es preocupante la definici?n gen?rica de terrorismo que se se?ala en el art?culo 139 del C?digo Penal Federal, en la que impone sanci?n de seis a 40 a?os de prisi?n, y hasta mil 200 d?as de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias t?xicas, armas qu?micas, biol?gicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la poblaci?n, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinaci?n".
Tufo echeverrista de los cambios
Pablo G?mez resalt? que "ese art?culo es viejo: fue introducido en la ?poca de Luis Echeverr?a, cuando exist?an la guerra sucia y la persecuci?n de guerrilleros, y tiene como contenido fundamental que el objeto de la conducta il?cita es atacar al Estado".
Ahora, explic?, se est? cambiando ese concepto por "actuar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinaci?n. Toda la parte que tiene que ver con el terrorismo internacional, con el lavado de dinero o de instituciones financieras, yo creo que est? bien, est? bien que M?xico acepte esta petici?n del gobierno de Estados Unidos, pero al aceptar ese planteamiento se le puso aqu?, en M?xico, en el delito de terrorismo, atentar contra la seguridad o presionar a la autoridad para que tome una determinaci?n".
El perredista pidi? que no fuera aprobado en esos t?rminos el art?culo 139, "porque en realidad no est? dirigido contra los terroristas, sino contra las personas que por cualquier otro medio violento puedan tratar de obligar a alguien, a una autoridad, a resolver en determinado momento. Aqu?, en M?xico, cuando se bloquea una carretera, los mandan diez a?os a la c?rcel de m?xima seguridad, a Almoloya; eso es lo que ha hecho el gobierno del PAN: por ataques a las v?as de comunicaci?n vas a la c?rcel 20 a?os".
El senador pri?sta Castro Trenti se sum? a la argumentaci?n perredista: "la redacci?n deja un mal sabor y una preocupaci?n a todos, en especial a los luchadores sociales, por aquello de que 'pueda causarse un da?o por cualquier otro medio violento'. Eso es lo que se inscribe en el marco de la preocupaci?n".
Sin embargo pidi? que se votara en favor, porque en la C?mara de Diputados se apoy? por consenso, y se comprometi? a "hacer una reforma de inmediato" -una vez aprobada esta--, que deje satisfechos a todos e impida un uso discrecional de la ley en perjuicio de los luchadores sociales.
El senador panista Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que la reforma busca tutelar la seguridad nacional y sancionar a quien pretenda, efectivamente, causar temor y alarma entre la sociedad.
Eso, subray?, es muy diferente a la libre manifestaci?n, y tambi?n "es diferente a situaciones de car?cter local que est?n previstas en la ley y que no tienen el prop?sito ni de crear terror ni de cometer actos violentos".
Insisti? en que no deben confundirse las manifestaciones sociales y pol?ticas con los actos de terrorismo.
Con las reformas aprobadas se aplicar? pena de nueve a?os de prisi?n y de 100 a 300 d?as de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Asimismo, se aplicar? pena de cinco a 15 a?os de prisi?n y de 200 a 600 d?as de multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo.
Tambi?n se fijaron castigos de seis a 40 a?os de c?rcel y hasta mil 200 d?as de multa al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos econ?micos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que ser?n utilizados, en todo o en parte, para apoyar a personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.
Otras reformas aprobadas
Durante la ?ltima sesi?n del periodo, el Senado aprob? reformas al C?digo Penal Federal para imponer sanciones de seis meses a seis a?os de prisi?n y de 50 a 250 d?as de multa a la persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar p?blico o en propiedad privada alg?n dispositivo tecnol?gico con el prop?sito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, im?genes o fotograf?as con contenido sexual, de exhibici?n corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ah? aparezcan.
Se sancionar? con pena de dos a ocho a?os de prisi?n, y de cien a 500 d?as de multa la promoci?n, publicaci?n, distribuci?n, en tiempo real o diferido, de las im?genes o fotograf?as sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan.
Asimismo, se aprobaron las reformas al art?culo 301 del C?digo Penal Federal mediante las cuales se sancionar? a quien azuce o suelte a un animal brav?o para provocar lesiones o causar la muerte de un individuo.
Confirman millonario desv?o de Napole?n G?mez Urrutia
Parte del fideicomiso minero se depositaba a un mensajero y ?ste ''lo repart?a''
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
Desde la secretar?a general del sindicato minero, el ratificado dirigente, Napole?n G?mez Urrutia, desvi? entre 2004 y 2006 recursos hacia cuentas ajenas a la organizaci?n, incluidos pagos a las tarjetas de cr?dito de su esposa e hijos. La anterior es una informaci?n derivada de reportes de la Comisi?n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia de la Secretar?a de Hacienda que contribuye en investigaciones de lavado de dinero.
Seg?n documentos hechos llegar a La Jornada, cuya autenticidad fue corroborada por dos fuentes diferentes, una parte de los 55 millones de d?lares que el sindicato minero recibi? del Grupo M?xico por la compra de 5 por ciento de acciones de filiales de esa compa??a minera, tuvo un destino diferente al de ser repartido entre los agremiados. El se?alamiento sirvi? para la persecuci?n judicial de G?mez Urrutia, quien ha negado el desv?o de recursos.
Este diario solicit? en varias ocasiones durante la ?ltima semana una entrevista con Napole?n G?mez Urrutia para conocer su opini?n sobre estos documentos, pero la petici?n no ha sido atendida.
Los documentos en poder de este diario establecen por primera vez la ruta del dinero y la forma en que fue utilizada una parte de esos 55 millones de d?lares para transacciones tan diferentes como la compra de bonos de la deuda brasile?a; inversiones en Turqu?a, y transferencias al Laredo National Bank, un intermediario con sede en Texas. Aunque no son ilegales por s? mismas, ese tipo de transacciones no estaban consideradas en el fideicomiso, constituido en Scotiabank Inverlat, en que fueron depositados los recursos de la venta de acciones.
La ruta del dinero lleva a un personaje que hasta ahora ha recibido poca atenci?n p?blica, Gregorio P?rez Romo, de 41 a?os de edad y desde hace 22 empleado del sindicato, donde ocupaba una plaza como mensajero. P?rez Romo, residente en Ecatepec, estado de M?xico, fue condenado por fraude por un tribunal de San Luis Potos? en octubre pasado, en un juicio en el que fue hallado corresponsable del desv?o de al menos 28 millones de pesos de los recursos recibidos por la venta de acciones. Una cantidad peque?a respecto del total, pero con la que se realizaron transacciones que pueden involucrar lavado de dinero.
Seg?n la resoluci?n judicial que encontr? culpable de fraude a P?rez Romo, el mensajero acept? que su cuenta de pago de n?mina, en una sucursal de BBVA-Bancomer en la colonia Del Valle, fuera utilizada para recibir aportaciones por m?s de 5 millones de pesos.
P?rez Romo declar? que su cuenta fue utilizada para depositar cheques firmados por G?mez Urrutia y el tesorero de la organizaci?n sindical, H?ctor F?lix Estrella. Seg?n informaci?n de la UIF, en el oficio UIF_RP41/06, asentada en la resoluci?n judicial, en dos a?os la cuenta de n?mina del mensajero recibi? 21 aportaciones por un total de 5 millones 246 mil 774.10; otros 135 mil pesos en centenarios, 10 mil euros y 23 mil 528 d?lares.
Asienta la resoluci?n judicial que el mensajero declar? en el proceso que su cuenta de n?mina recib?a dep?sitos diferentes a su salario ''por cantidades estratosf?ricas''. Su labor consist?a en retirarlos de su cuenta (1124453638) de la sucursal Etiop?a, para despu?s depositarlos en las ''cuentas que le indicaba el tesorero F?lix Estrella''. Seg?n su testimonio, realiz? transacciones de este tipo ''por unos 12 millones de pesos''.
El origen
El 22 de octubre de 2004, el sindicato minero, representado por G?mez Urrutia, firm? con el Grupo M?xico, del empresario Germ?n Larrea, un convenio para la venta al corporativo de 5 por ciento de acciones que la organizaci?n gremial hab?a recibido en el proceso de privatizaci?n de la industria en el gobierno de Carlos Salinas. El paquete accionario fue tasado en 55 millones de d?lares. Esa cantidad fue aportada a un fideicomiso con el fin de que fuera repartido a un grupo de trabajadores. El gobierno de Vicente Fox, seg?n un dictamen de la Procuradur?a General de la Rep?blica, recurri? a pr?cticas ilegales, como la falsificaci?n de firmas, para desconocer a G?mez Urrutia como l?der -en el contexto de la explosi?n de la mina Pasta de Conchos, de Grupo M?xico. El argumento fue que hab?a hecho uso il?cito de los 55 millones de d?lares. Fue se?alado de desviar al menos 22 millones de d?lares. G?mez Urrutia fue restituido en la direcci?n del sindicato la semana pasada. Sigue exiliado en Canad?, porque todav?a enfrenta procesos judiciales.
El mensajero
Carlos Pav?n, secretario de asuntos pol?ticos del sindicato y uno de los hombres m?s cercanos a G?mez Urrutia, neg? ayer en declaraciones a este diario la veracidad de los documentos de la CNBV y la UIF. ''Es una gran mentira'', dijo respecto del conjunto de pruebas sobre operaciones financieras.
Fue interrogado sobre el papel del mensajero. La Jornada tiene documentadas todas las transacciones que realiz? desde su cuenta de n?mina y los dep?sitos, que no corresponden con el nivel de ingresos que recib?a y de los cheques que le entregaba el tesorero.
La respuesta de Pav?n fue que, efectivamente, la cuenta de n?mina de Gregorio P?rez Romo recib?a fondos del sindicato ajenos al pago de su salario. ''Se le depositaban para que ?l a su vez, desde su cuenta de n?mina, los trasladara a cada delegado del sindicato en el pa?s. Se le hac?an los dep?sitos a su cuenta (del mensajero) y ?l a su vez lo distribu?a a quien debiera''.
Legalmente, las operaciones de una persona moral, como lo es el sindicato, no pueden ser realizadas desde la cuenta bancaria de una persona f?sica, que no puede expedir recibos a nombre del sindicato, en el caso documentado.
-?Por qu? a esa cuenta?
-Porque lo conoc?an en el banco -respondi? Pav?n. Desconozco los montos que se depositaron para los delegados.
La prueba oculta
Cuando Pav?n fue interrogado sobre el hecho de que la CNBV aport? pruebas documentales sobre los movimientos bancarios del mensajero insisti? en que esas pruebas no existen y asegur? que la comisi?n entreg? a la Procuradur?a General de la Rep?blica, en el ocaso de la administraci?n federal pasada, un oficio en el que, afirm?, el organismo regulador ''declara que no hay delito que perseguir en la operaci?n del fideicomiso donde se depositaron los 55 millones de d?lares''. Ese oficio, asever?, est? en poder de los abogados de G?mez Urrutia.
-?Por qu? una prueba tan contundente para G?mez Urrutia, si ya la tienen sus abogados, no ha sido exhibida p?blicamente?
-Ya tienen ese oficio los abogados y lo van a utilizar para pedir la anulaci?n de las ?rdenes de aprehensi?n -respondi? Pav?n.
-?Pero por qu? no lo han hecho p?blico si es una prueba que puede ser tan contundente como la que exhibieron sobre falsificaci?n de firmas?
-Lo est?n estudiando.
La CNBV no tiene entre sus atribuciones la de juzgar delitos financieros. S?lo aporta informaci?n requerida por la autoridad judicial.
Un oficio de la CNBV, de fecha 28 de noviembre de 2005, incorporado al legajo de documentos en el juicio contra el mensajero, da cuenta de algunas de las operaciones realizadas desde las cuentas del sindicato minero.
Algunas operaciones fueron realizadas desde Consultor?a Internacional, Casa de Cambio SA, una de las intermediarias a las que el mensajero transfer?a dinero cuando era depositado en su cuenta de n?mina.
Son: transferencias por 40 mil 500 d?lares a las cuentas en American Express 376667969023003 y 371386409591009, a nombre de Alejandro G?mez Casso, hijo de G?mez Urrutia.
Otros 66 mil d?lares a un particular llamado Bernardo Ortiz Garza, a una cuenta en el Laredo National Bank; 33 mil francos suizos a nombre de la International Metalworks Federation, a la cuenta CH8808440246564290090, en el Coopchbbcoop Bank, en Suiza.
En total son 28 millones de pesos que, seg?n la sentencia judicial, fueron desviados por G?mez Urrutia. Adem?s de las citadas, hay transferencias a otro de sus hijos, Ernesto G?mez Casso, por 40 mil d?lares; a una empresa de seguridad, Ballistic Protection, por 8 mil 855 d?lares; a una particular de nombre Mar?a del Carmen P?ez Mart?nez de la Garza Evia, por 1.9 millones de d?lares; y al fondo turco Selahattin Turcan, por 28 mil d?lares.
Publicado por solaripa69 @ 14:28
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