Fuerza especial militar para “restaurar el orden público”.
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 9 de mayo (apro).- El Ejército Mexicano podrá salir a las calles para “restaurar el orden público y la paz social” con una unidad especial creada y controlada por el presidente Felipe Calderón.
Mediante un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, firmado por Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el gobierno federal anunció la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, que deberá comenzar sus operaciones en agosto próximo.
Aunque el decreto no precisa el número de efectivos que tendrá la fuerza, el cuerpo especial formará parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero estará bajo las órdenes directas de Calderón.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal se encargará de dar auxilio a las autoridades civiles de cualquier nivel, “en tareas de restauración del orden y la seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”.
En particular, sus elementos deberán intervenir de forma emergente en “el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”, tareas en las que serán capacitados y adiestrados, aunque su actuación se hará “con apego irrestricto a los derechos humanos”.
Su movilización se hará por instrucciones directas de Calderón. “Este cuerpo intervendrá por instrucciones del presidente de la República a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo”, establece el decreto.
De acuerdo con las consideraciones del Ejecutivo, “debe existir dentro de la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea un cuerpo especial bajo las órdenes del presidente de la República”.
El nuevo cuerpo del Ejército estará integrado por unidades que se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el secretario de la Defensa Nacional.
El titular de la Sedena deberá también encargarse de los recursos materiales y económicos para que empiece a operar ese cuerpo especial, unos 90 días después de la publicación del decreto; es decir, el 9 de agosto ya debe estar lista esa fuerza especial de reacción.
Según el decreto, que entra en vigor mañana 10 de mayo, el cuerpo especial tendrá los conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios materiales de que dispongan y de la aplicación técnica, táctica y estratégica “que las circunstancias demanden”.
Calderón señala que ante su obligación de preservar la seguridad nacional, el presidente tiene la facultad de crear nuevos cuerpos especiales del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.
Se apoyó, además, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 1996 avaló la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en labores de seguridad pública en apoyo de las autoridades civiles.
Según la interpretación del gobierno de Calderón, ese apoyo “implica su participación para efectos de la restauración del orden público, así como para enfrentar el crimen organizado o los actos ejecutados contra la seguridad de la nación”.
También buscó justificar la creación del cuerpo especial en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, según la cual éstos tienen la encomienda de garantizar la seguridad interior de la nación.
Soldados de elite, arma civil contra delincuentes.
Actuarán bajo las órdenes de la Sedena; ir tras criminales, su primera tarea
JESUS ARANDA
Por instrucción presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que tendrá como misión respaldar a las autoridades civiles ''en tareas diversas de seguridad pública'', lo que implica su participación para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos que se ejecuten contra la seguridad de la nación.
El decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, señala que este cuerpo castrense intervendrá por instrucciones del presidente de la República, ''a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo''.
Agrega que esta instancia se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, según lo determine el secretario de la Defensa, y estarán capacitadas en ''el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública'', para restablecer el orden y el estado de derecho.
Respeto irrestricto a derechos humanos
Asimismo, se aseguró que este agrupamiento ''en ningún caso podrá sustituir las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas'', y su actuación ''estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano''. Sin embargo, el documento no hace referencia alguna al número de elementos que lo integrarán. Las unidades se formarán según lo disponga el general secretario Guillermo Galván Galván, quien se encargará de proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios.
Ante el fracaso de la instrucción presidencial de diciembre pasado, para que el Ejército transfiriera 7 mil 500 efectivos y la Armada otros 2 mil 500 elementos a la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno federal resolvió crear el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, confiaron fuentes castrenses, las cuales aseguraron que este agrupamiento tendrá funciones ''operativas'' y eventualmente ''de inteligencia'', cuando así sea necesario.
''Es como una PFP, pero que estará bajo el mando exclusivo de la Sedena y actuará sólo cuando lo ordene su comandante supremo'', confió una fuente militar consultada.
En diciembre pasado, el presidente Calderón instruyó al alto mando del Ejército y la Armada para que transfierieran a un total de 10 mil elementos a la PFP, para consolidar así este cuerpo policiaco. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados y soldados y marinos prefirieron mantenerse en sus unidades; sólo fueron unos cientos los que aceptaron perder la antigüedad en el servicio y aventurarse para integrar la policía federal.
Fue por eso, explicaron las fuentes, que el Ejército optó por crear este cuerpo de apoyo, porque de esa manera cumplía con su cuota de tener elementos a disposición del Ejecutivo federal para la aplicación de operativos anticrimen, pero al mismo tiempo mantenía a sus elementos ''encapsulados'' en unidades especiales para evitar que se ''contaminen'' por el contacto que tengan en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
En el contexto de esta nueva estrategia gubernamental, la Armada de México, por su parte, formalizará en breve la creación de la policía marítima, la cual será la encargada de garantizar la seguridad pública y el estado de derecho en la zona costera, así como en el mar. Para tal efecto, se dijo, se crearán alrededor de 30 batallones de casi 600 infantes de Marina (casi 18 mil elementos), que serán distribuidos a nivel nacional y que también contarán con la encomienda de apoyar a las autoridades civiles, previa autorización del presidente de la República, en operativos en contra del crimen organizado, tanto en su área de influencia directa como en ''tierra firme'', en caso de ser necesario.
Precisaron las fuentes castrenses que para evitar en lo posible la ''contaminación de los elementos de inteligencia'', éstos apoyarán de manera extraordinaria a las autoridades civiles, pero una vez realizada su misión se incorporarán a sus unidades, y en todo caso, añadieron, serán las jefaturas de los estados mayores de las zonas y regiones navales las encargadas de generar información sobre narcotráfico y crimen organizado en su jurisdicción.
Por otra parte, cabe recordar que no es la primera vez que el Ejército crea grupos de elite, que terminan combatiendo la delincuencia organizada con resultados contraproducentes.
En los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se formó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y, posteriormente, el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), los cuales inicialmente fueron creados como unidades de reacción rápida para hacer frente a la guerrilla en Chiapas y en otras entidades, pero terminaron por ser utilizados por el alto mando en operativos de captura de capos del narcotráfico.
Los resultados no fueron los esperados, a grado tal que con el paso del tiempo parte de estos soldados de elite se pasaron a las filas del crimen organizado y fundaron el grupo de Los Zetas, que se convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo.
El decreto, publicado por el presidente Felipe Calderón, argumenta que ''entre las misiones generales que tienen encomendadas las fuerzas armadas'', se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación. Y argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en relación con la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, en las que determinó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en esas tareas y por tanto, las fuerzas armadas 'requieren de unidades u órganos encargados para desempeñar tareas de apoyo'' para la restauración del orden público, combatir el crimen organizado y ''para impedir actos que atenten contra la seguridad de la nación''.
Como los militares que sean asignados a esas tareas requieren de conocimientos y preparación específicos, ''debe existir dentro de la estructura'' de la Sedena un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente, que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos y estratégicos necesarios para intervenir en esa labor.
La creación de un cuerpo especial, añade el documento, ''pretende atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos y la estabilidad en cualquier parte del país''.
Busca el gobierno infundir un régimen de terror: Raúl Vera
soledad jarquín edgar
Saltillo, Coah., 9 de mayo (apro-cimac).- Cuando se quiere actuar por la fuerza, por la irracionalidad, no sirve la inteligencia. Esa es la tesis del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
El gobierno federal busca infundir un régimen de temor, donde no impere la ley sino la fuerza, la característica del Ejército, dice Vera, tras advertir que “estamos entrando a una dictadura en México”.
Frente a un “mal manejo de las instituciones se le enseña al pueblo que puede ir contra la legalidad, que puede hacer lo que quiera. Por eso digo que estamos entrando a una dictadura, donde el que trae uniforme y armas puede ir contra todo. Lo viví en Chiapas, lo vivo ahora en todo México”, dice el obispo católico.
Entrevistado poco antes de viajar a Guadalajara, donde asistirá a una reunión de la Red de los Derechos para Todos, con el tema de la migración, Vera sostiene que hay signos que hacen pensar en una dictadura.
Afirma que “en Zongolica terminaron por negar la violación de Ernestina Ascencio a manos de cuatro soldados que, dicho por el señor Felipe Calderón y ratificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habría muerto por gastritis”.
En Castaños, con el cambio de régimen, dos de las mujeres agredidas se retractaron y dijeron que no fueron violadas por militares y que les dieron dinero para denunciarlos. A eso hay que añadirle “la mano dura contra los defensores de la justicia social”, como el caso de Ignacio Valle y otros dirigentes de San Salvador Atenco, estado de México, que recibieron una sentencia de 67 años de prisión, así como la represión en Oaxaca.
Vera, quien estuvo cinco años en la diócesis de Chiapas, emite un pronóstico sobre el caso Castaños: los ocho soldados detenidos y en proceso “podrían ser liberados, les pueden poner una sentencia mínima o, de plano, podrían decir que no hay sustento para su castigo. Son capaces de eso, como de manera tan absurda `resolvieron` Zongolica”
El obispo dominico recuerda lo vivido en Chiapas: “Las y los indígenas eran masacrados, desaparecidos” en acciones realizadas por paramilitares. Y relata que, como integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, presentaron una denuncia ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), una acusación por crímenes de lesa humanidad contra Ernesto Zedillo. Añade que más tarde Vicente Fox no aclaró nada.
Afirma que los paramilitares eran protegidos, nadie los perseguía. “Ni siquiera ahora han sido desarmados; hay noticias muy preocupantes de que no han sido desactivados. Y es que cuando se quiere actuar por la fuerza, por la irracionalidad, no sirve la inteligencia”.
Sostiene que ese es el caso del narcotráfico, al que se le ataca por la fuerza, no por la acción de desmantelar la corrupción desde dentro, en su instalación entre los ambientes políticos dentro de la administración pública, “intromisión denunciada desde septiembre de 2005 por el Papa Benedicto XVI ante obispos del noreste del país”.
Para el obispo de Saltillo, la función del Ejército no puede ser sustituida, como tampoco ellos pueden sustituir las fuerzas policíacas de la autoridad civil, las responsables de desmantelar la corrupción dentro de las instancias políticas y las instancias financieras, porque el lavado de dinero del narcotráfico requiere de empresarios, de banqueros.
“Los mandan a perseguir a policías corruptos, pero se están fijando en los pies. No se fijan en quienes articulan los carteles, las personas que están en los altos puestos. Por eso, los militares están rebasados; alguien protege al narcotráfico desde muy arriba”, dice.
Cita como otro ejemplo la última acción militar en las comunidades michoacanas, semejante a la que realizan “los gringos” contra el terrorismo en Afganistán, donde para perseguir a uno, “agarran y torturan a todo el pueblo”.
Vera destaca que es pública y notoria la cercanía entre “el señor Felipe Calderón y el Ejército”. Señala que Calderón pide respeto, pero parece que respetar significa también dejar en la impunidad las acciones cometidas ilícitamente por militares, como sucedió en Zongolica y como podría pasar en Castaños. O, que le den 13 años de cárcel al “Chapo” Guzmán y 67 a Ignacio del Valle.
En julio de 2006, tras el ataque de militares a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en el que fueron violadas 14 trabajadoras, el obispo Vera pidió a los altos mandos militares de la región que castigaran a los militares. “De lo contrario se les irán todos encima; por unos cuantos los van a embarrar a todos”, les dijo.
En Zongolica no era la primera denuncia por violación cometida por militares contra mujeres indígenas de la zona. Entonces, dice, la respuesta del gobierno federal muestra un mal manejo de las instituciones. “Se pone a defender a los violadores, en lugar de decir aquí están, como lo hizo el régimen pasado. Sin embargo ahora podemos esperar resultados absurdos en Castaños”.
Señala que al pueblo se le desfigura la imagen del Ejército. “Estamos ante un enrarecimiento” del ambiente en el país por el uso de las fuerzas públicas contra los luchadores sociales, como sucedió en San Salvador Atenco, en Oaxaca, en la aprehensión de 120 policías sin métodos legales, sin investigación previa. “¿Qué es lo que nos están enseñando? Lo que se enseña es a ir contra la legalidad”.
Vera López propone como solución crear al “sujeto social. Es urgente que seamos las y los mexicanos quienes devolvamos la cordura, los que pongamos un hasta aquí por los métodos de la razón; es decir, por los cauces de la legalidad y no responder por las armas. Hoy, el violento es el gobierno.
“Tenemos que recordarles que no son señores para hacer con nosotros lo que se les ocurra; que no son intocables; que están ahí después de un proceso electoral manoseado; que vimos todas y todos y que ahora quieren imponer, por el temor, su poder”, añade.