"Aberrante", la advertencia de Yunes de suspender derechos a inconformes
DE LA REDACCION
Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constitucionalistas, abogados laborales y legisladores calificaron de acto de "intimidación" y "aberración" las declaraciones del director general de ese organismo, Miguel Angel Yunes Linares, quien advirtió que quienes se amparen contra la nueva ley que rige al instituto y obtengan una suspensión de un juez federal podrían perder temporalmente sus derechos a los servicios y prestaciones que ofrece esa dependencia a los empleados gubernamentales.
Expertos en derecho constitucional aseguraron que se trata de una estrategia de "terrorismo laboral" que sólo busca "inhibir" la participación ciudadana en la defensa de sus garantías, pues aseguraron que no está "sujeta a la voluntad de ningún funcionario" la vigencia de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud, y "en caso de ser amparados, a los trabajadores se les aplicará la ley que estaba vigente, con todos sus beneficios".
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que de incurrir en la suspensión del servicio o en el disfrute de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, se podría imputar a Yunes responsabilidad penal, porque ni la salud ni los beneficios que otorga la ley son una "concesión otorgada por algún funcionario".
Miguel Angel Eraña, experto en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, señaló que "cualquier abogado, por menor que sea, tiene conocimiento de que un juicio de amparo no anula derechos. Por el contrario, se trata de una figura garantista que pretende proteger a los ciudadanos contra abusos del Estado", por lo que consideró que lo expresado por el director del ISSSTE es una "declaración de mala fe".
Por su parte, el PRD en la Cámara de Diputados consideró que la postura de Yunes Linares "constituye una agresión injustificable y desesperada" ante los miles de trabajadores que ya han recurrido al amparo contra la nueva ley de la institución.
En conferencia de prensa, diputados de ese grupo parlamentario resaltaron que es falso que el ISSSTE pueda dejar de prestar servicios a quienes se amparen, porque constitucionalmente la presentación de una demanda de este tipo no implica la pérdida o coacción del derecho a la salud.
En tanto, la Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE recomendó a Yunes que deje que las autoridasdes judiciales dictaminen en torno a los amparos interpuestos en contra de la nueva Ley del ISSSTE "y que no se atreva a negar los servicios a los trabajadores, porque eso sería inconstitucional e ilegal".
La Unión de Juristas de México, que encabeza la representación jurídica de más de cien mil trabajadores que se han amparado contra la nueva ley del instituto, rechazó que los burócratas inconformes corran el riesgo de perder sus derechos y prestaciones médicas en caso de que obtengan una suspensión provisional.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de ese organismo, aseguró que "Yunes está tratando de sorprender e intimidar a los empleados; su actitud, grave e irresponsable, puede configurar los delitos de abuso de autoridad e intimidación, sancionados con prisión de uno a nueve años".
En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificaron de acto de "provocación" el arribo, al filo del mediodía, de Yunes a las oficinas centrales del ISSSTE, donde los inconformes mantienen un plantón permanente para exigir la derogación de la legislación.
Tras un forcejeo con elementos de la Policía Federal Preventiva cuando intentaban evitar el ingreso del vehículo en el que se trasladaba el director general del organismo, maestros disidentes afirmaron que no caerán en nuevas provocaciones con la fuerza pública, porque "Yunes no es más que un instrumento al servicio de los intereses de Elba Esther Gordillo, y sabemos que sólo llegó para sacarse la foto y provocar un zafarrancho".
Por su lado, integrantes del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador rechazaron ayer que los burócratas que interpongan amparos se puedan ver afectados en sus derechos, pues ese procedimiento impugna artículos específicos y no la legislación en su totalidad.
Mario di Costanzo, secretario de Hacienda; Bertha Luján, titular del Trabajo, y Asa Cristina Laurell, de Salud, explicaron que de lograrse la suspensión de las reformas aprobadas lo que quedaría sin efecto serían las nuevas disposiciones, sin lesionar de ninguna manera los derechos adquiridos y la antigua normatividad.
Respecto de las declaraciones de Yunes, sostuvieron que sus advertencias sólo muestran que los operadores de Elba Esther Gordillo están desesperados ante el rotundo fracaso jurídico y social que representa la reforma a esta legislación.
La aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que el derecho a la salud y a la jubilación emana de principios consagrados en la Constitución, por lo que el Estado está obligado a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores en todo momento, subrayaron.
Por esta razón, resaltaron que ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo otra garantía consagrada en la Carta Magna.
Aseguraron que los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los asalariados.
En consecuencia, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar, con el objeto de amedrentar a los trabajadores, que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones, agregaron.
Puntualizaron que si Yunes no respeta los derechos de los burócratas incurriría en una flagrante violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se haría acreedor a un juicio político.
Las amenazas de Yunes no acabarán con las protestas sociales: CNTE
Se reorganiza el magisterio oaxaqueño; acordará nuevo plan de acción este sábado
DE LOS CORRESPONSALES
Las amenazas del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Angel Yunes Linares, sobre la suspensión de derechos y prestaciones a burócratas que promuevan amparos contra la reforma a la ley de la institución no amedrentarán a los afectados, que pese al clima de intimidación se inconformarán ante los tribunales.
Así lo afirmaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz, quienes dijeron que suspender garantías sería inconstitucional.
Los dichos de Yunes son meras especulaciones para intimidar a la clase trabajadora, plantearon representantes del magisterio. Incluso a la par de los juicios de amparo, los burócratas mantendrán las movilizaciones y la resistencia civil.
El maestro Miguel Angel Mora Triana recordó que los mentores veracruzanos presentarán al menos 15 mil amparos contra las reformas a la citada ley.
José Francisco Román Gutiérrez, secretario general de Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), informó que alrededor de 500 profesores han acudido de manera individual al Poder Judicial de la Federación para interponer un juicio de amparo contra la ley del ISSSTE. Puntualizó que los docentes están echando mano de las herramientas que les otorga la Constitución. El sindicato que encabeza continuará realizando movilizaciones sociales y jurídicas hasta el 14 de mayo, fecha límite para entregar los recursos.
En Nuevo León, más de mil trabajadores de dependencias federales y maestros de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el apoyo del PRD, tramitaron juicios de amparo.
Socorro Ceseñas Chapa, presidenta estatal del sol azteca, dijo que un equipo de abogados elaboró los escritos de todos los interesados, quienes no pagarán un solo peso por este servicio, sino únicamente los gastos por la certificación de documentos y las copias fotostáticas. Informó que hasta el momento han promovido más de 15 mil amparos, presentados por la CNTE, el PRD y despachos privados.
Mientras tanto, la CNTE de Oaxaca celebrará su octavo congreso ordinario a partir del próximo sábado en la ca-pital del estado, para acordar un nuevo plan de acción que desarrollarán todas sus secciones y contingentes en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE.
El secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales Carreño, informó que en dicho congreso participarán unos mil delegados efectivos y fraternales de secciones de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Chihuahua, Durango, Morelos, Zacatecas, Chiapas, Distrito Federal y de otras entidades donde tiene presencia la oposición magisterial, así como invitados especiales de organizaciones sociales.
Precisó que el acto tiene como propósito analizar la situación política, económica y social a nivel nacional e internacional, con el propósito de generar propuestas encaminadas "a enfrentar de manera unitaria la embestida de los neoliberales con sus mal llamadas reformas estructurales".
Piden al gobierno de Nayarit un informe sobre tuberculosis
VICTOR BALLINAS , ANDREA BECERRIL
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, para que rinda un informe sobre el número de muertes por tuberculosis en la entidad y las acciones que ha ordenado para combatir esa enfermedad, en virtud de que se tienen noticias de que hay más de 40 enfermos y dos de ellos murieron en las dos semanas recientes.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Convergencia presentaron dos puntos de acuerdo para solicitar a González Sánchez un informe sobre el asunto y exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación para que pida cuentas de los recursos públicos ejercidos por el mandatario y, en su caso, se finquen responsabilidades, en virtud de que el gobernador gasta 300 mil pesos al día en publicidad mientras el municipio de La Yesca, con una alta incidencia de tuberculosis, cuenta con un presupuesto de 86 mil pesos diarios.
Además, los legisladores señalaron que hay contradicciones entre las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud. Demandaron a los secretarios de Salud federal y estatal aplicar un programa de erradicación de la tuberculosis en las comunidades marginadas de Nayarit, y gestionar la asignación de recursos emergentes a fin de atender el problema.
Los diputados panistas Mario Alberto Salazar y Adrián Fernández manifestaron que el gobernador Ney González gasta demasiado dinero en la promoción de su imagen ''mediante el reparto de despensas en cajas que valen más que el propio contenido, conocidas como cajitas felices de Ney, en las cuales se resalta la imagen del gobernador''.
Denunciaron en tribuna que el gobernador y su equipo han censurado los programas de la estación de radio XEUX en los que se denunciaban los gastos excesivos en la promoción de la imagen personal del mandatario estatal y las numerosas muertes por tuberculosis.
El diputado Alejandro Chanona, de Convergencia, dijo que datos del IMSS señalan que se registran 16 nuevos casos de tuberculosis al año por cada 100 mil habitantes, y 12 corresponden a La Yesca. Según la presidenta municipal, actualmente hay 43 habitantes que padecen esa enfermedad y se han reportado 10 decesos.
Las regiones que han resultado más afectadas por esta enfermedad son Chapaliya, Guadalupe, Ocotán, Las Palomas y los Mezquites.
Por su parte, el senador priísta Raúl Mejía dijo que en Nayarit hay problemas como en mucho otros estados, ''pero en el tema de la tuberculosis somos el estado número 16. Eso significa que hay 15 estados que tienen problemas más serios que nosotros, a pesar de que tenemos grandes pobrezas y escasez de recursos''.