Riesgo de que se use el cuerpo de elite para la represión: legisladores
Es inconstitucional y representa el abandono del Estado en materia de seguridad: ONG
ANDREA BECERRIL , ENRIQUE MENDEZ , VICTOR BALLINAS
Los coordinadores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores consideraron importante la creación de un grupo de elite del Ejército para combatir el crimen organizado, de manera especial el narcotráfico, pero advirtieron que deben definirse bien sus facultades para que no se caiga en la tentación de usarlo para reprimir movimientos sociales, disidentes políticos o cometer excesos.
En la Cámara de Diputados, el PRD cuestionó el decreto por el que el Ejecutivo creó el nuevo cuerpo militar, y advirtió que constituye un peligro que el Ejército participe en tareas de carácter policiaco y preventivo. El coordinador del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Javier González Garza, resaltó que el nuevo cuerpo militar de elite "nos parece una desmesura peligrosísima, porque con el Ejército no se puede jugar".
En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que exigirá que se revisen las funciones y atribuciones de ese organismo, ya que preocupa que pueda actuar en "situaciones críticas de perturbación de la paz social, tal como se expresa en el decreto por el que se crea ese grupo militar".
"Quien perturba la paz social del país es el crimen organizado, y pretender equipararlo con una manifestación pública o un conflicto social sería una barbaridad, por eso hay que focalizar este cuerpo de elite, sus facultades, mandos y objetivo fundamental", recalcó Navarrete.
Asimismo, el coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, dijo que en ninguna forma alguna podrá utilizarse ese grupo para reprimir movimientos sociales. Destacó que el combate a la inseguridad y la violencia desatada en el país mejorará con la actuación de este nuevo cuerpo militar, lo que además permitirá el eventual regreso de los integrantes de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
El coordinador de los senadores priístas y presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, dijo que debe ponerse fecha al retiro del Ejército de las calles, y vigilar de manera especial a este nuevo grupo de elite, toda vez que los organismos de este tipo, si no tienen supervisión y control, "terminan por contaminarse y cometer excesos".
La fracción del PRI, recalcó Beltrones, pondrá atención especial a que esto no suceda, y confía en que el Ejército deje de participar en tareas policiacas.
Por otra parte, el PRD cuestionó en la Cámara de Diputados el decreto por el que el presidente Felipe Calderón constituyó el cuerpo de militar de elite, no sólo porque asume funciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), sino porque constituye un peligro que el Ejército participe en tareas de carácter policiaco y preventivo.
Javier González Garza resaltó el hecho de que este cuerpo especial sólo recibirá órdenes del Ejecutivo. "El señor Calderón lo que quiere es un Ejército de elite para ordenarles nada más él. Nos parece una desmesura peligrosísima, porque con el Ejército no se puede jugar".
Dijo que, a partir de lo publicado en el decreto, el gobierno federal podrá ocupar este cuerpo especial contra las protestas sociales, "y entonces debemos tener mucho cuidado; en nuestra opinión, la conformación de este grupo es anticonstitucional e invade las atribuciones que son exclusivas de la PFP en la preservación de las libertades, el orden y la paz pública".
Seguridad, tarea de civiles
El secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, aseveró que la creación del nuevo cuerpo militar de elite por parte del presidente Calderón "va contra la Constitución y significa el abandono total de la responsabilidad del gobierno en materia de seguridad pública, que debe ser una tarea realizada por civiles. Es una perversión de un Estado democrático, y se debe hacerle un cuestionamiento serio al Presidente por esa decisión".
Cortez destacó que es un enorme riesgo otorgarle más facultades discrecionales y mayores oportunidades al Ejército para participar en cualquier cosa; "es un enorme riesgo abrirle tanto las posibilidades a los militares, sin mecanismos de control y vigilancia, además de que es una tarea que no corresponde al Ejército".
El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos manifestó que de haber entrado como organismo de apoyo a tareas de seguridad, ahora resulta que el Ejército es la institución fundamental en esas actividades, y "eso me parece un enorme riesgo, sobre todo porque en el decreto por el que se crea se indica que 'estarán capacitados -el cuerpo de elite- en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública' para restablecer el orden y el estado de derecho".
Esta decisión de Calderón, aseveró Cortez, va en contra de lo que han manifestado instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales no de ahora, sino por lo menos desde hace una década, han advertido de los riesgos que implica dejar en manos de militares las tareas de seguridad".
Líderes de Atenco, más que estar en prisión, viven en un centro de exterminio: familiares
Con variadas argucias se impide que reciban visitas de sus parientes en el Altiplano
ISRAEL DAVILA


Ignacio del Valle (izquierda) y Adán Espinoza, dos de los líderes de ejidatarios de San Salvador Atenco, en una fotografía de julio de 2002. Familiares de Del Valle denunciaron el hostigamiento que padece en prisión Foto: Francisco Olvera
Almoloya de Juárez, Mex., 10 de mayo. Desde su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, en mayo de 2006, Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, han estado sometidos a un hostigamiento permanente de las autoridades, denunciaron hoy familiares de estos internos.
Castigos recurrentes, abusos del personal de custodia, tratos denigrantes en el interior de la cárcel y el impedimento para que sus familiares los puedan visitar cada semana, han sido algunas de las situaciones que durante un año han tenido que enfrentar los integrantes del FPDT, que el sábado pasado fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión.
"Este no es un centro de readaptación social sino un centro de exterminio", dijo una de las parientes de los dirigentes del movimiento de Atenco, quien prefiere no dar el nombre para que no le nieguen, de nueva cuenta, el ingreso al penal.
Sumidos en la rabia por la excesiva condena que les impusieron a Del Valle, Alvarez y Galindo, los familiares revelan una serie de irregularidades a las que se han enfrentando desde que las autoridades determinaron declarar a los tres atenquenses como personas de alta peligrosidad.
Por ejemplo, la madre adoptiva de Héctor Galindo no ha podido ingresar al penal y ver al detenido, debido a que la dirección del centro penitenciario no reconoce la existencia de parentesco entre ellos, por lo que cada semana se le niega el ingreso.
A pesar de que ha acudido a la Comisión de Derechos Humanos, la señora no ha tenido éxito.
Por su parte, la esposa de Felipe Alvarez sólo ha podido ver a su marido en dos ocasiones en un año que lleva recluido en el penal del Altiplano. La dirección del centro federal de readaptación social no quiere otorgarle el permiso para su ingreso, debido a que el nombre de su acta de nacimiento con el que aparece en la credencial de elector no es idéntico, aun cuando se trata de la misma persona. A Felipe sólo lo ha podido visitar su hermano.
El caso de Ignacio del Valle no es diferente. Sus hermanas tampoco han tenido suerte, y al líder más visible del movimiento sólo lo frecuenta un familiar a quien no le han puesto obstáculos las autoridades. No obstante ni sus hijos ni su esposa ni varias de sus hermanas lo han podido ver en este año de reclusión.
Los tres atenquenses no tienen derecho a nada en el interior del penal del Altiplano. Libros, periódicos y revistas las tienen prohibidas. Si las cartas que les envían sus familiares tienen dibujos o marcas, son severamente castigados con el aislamiento hasta por tres semanas, como ya ha ocurrido con Ignacio del Valle y Felipe Alvarez.
También les cancelan continuamente su derecho a una llamada telefónica a la semana. Les dan cinco minutos para comer y si no lo hacen en ese periodo, los regresan a su celda.
Cabe señalar que los familiares aseguraron que cada vez que salen y entran a la celda son desnudados para ser revisados por el personal de custodia.
Además, en el interior del penal existen castigos colectivos, es decir, si alguien comete una falta en algún módulo, todos los internos recluidos ahí son castigados.
Los tres atenquenses se encuentran separados y en distintos módulos, por lo que es imposible que haya contacto entre ellos. Ignacio del Valle se encuentra en el módulo 4 del penal de máxima seguridad, Felipe Alvarez pasó del 5 al 8 y Héctor Galindo será trasladado a otro modulo, ya que hace unos días había permanecido también en el 8.
Fue hasta hace dos semanas, cuando una comisión de magistrados de la Corte visitó a los líderes del FPDT, que las cosas han cambiado un poco. "Pero de seguro este cambio de actitud es temporal, porque cuando la Corte concluya con sus visitas para la investigación que realiza por los hechos de mayo del año pasado, todo volverá a ser igual para ellos", comentó otro de sus parientes.
Ahora, tras ser sentenciados, los familiares aseguran que Del Valle, Alvarez y Galindo se encuentran tranquilos. "Así nos los han expresado porque saben que son inocentes. Sólo nos piden que sigamos en lucha", dijeron.