La democracia depende del fallo a la ley Televisa
La Corte puede dar una gran lección al Ejecutivo y al Legislativo
Revela que existe una grabación del exhorto de Manuel Espino a los parlamentarios panistas para que en 2006 votaran en favor de esa normativa, porque así convenía a Felipe Calderón
ANDREA BECERRIL


Javier Corral, durante la entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua
De la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la ley Televisa depende el futuro de la democracia en México. Los ministros pueden dar una gran lección a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que "terminaron doblegados ante la presión y el chantaje de las televisoras", advirtió Javier Corral Jurado, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN).
En entrevista con La Jornada respondió al dirigente nacional de su partido, Manuel Espino, quien días antes le exigió probar que se hubiera presionado a los panistas para votar en sus términos la polémica legislación de medios electrónicos: "Qué mayor presión para un militante de Acción Nacional, que le digan que de la aprobación de una ley depende que su candidato presidencial triunfe, que sin Televisa no ganamos".
Corral recordó a Espino la existencia de una grabación de ese debate de ocho horas, del 21 de marzo de 2006, en el que el dirigente, "en nombre del sistema nacional PAN", pidió al grupo legislativo, encabezado entonces por Héctor Larios, el voto en favor de la ley Televisa, porque así convenía a Felipe Calderón.
A su juicio, Espino, Larios, la ahora secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y los otros actores políticos involucrados "en este proceso tan penoso", deben seguir el ejemplo de Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y rectificar.
Aun si la Corte declarara sólo parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, como se propone en el proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, "será una avance fundamental, para hacer luego una corrección mayor, que quedará a cargo del Congreso".
Sin embargo, reconoció, se requieren los votos de ocho ministros.
Representante común, junto con el priísta Manuel Bartlett, de los 47 senadores de las fuerzas políticas que presentaron hace un año la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, Corral Jurado advirtió que ha sido una "larga y dura batalla contra intereses muy poderosos, pero están satisfechos y confían en que los ministros, libres de presiones indebidas y de chantajes, asuman su papel histórico de garantes de la Constitución, pero también de árbitros de la transición política frente a los poderes fácticos".
La presencia constante de funcionarios y emisarios de Televisa en la SCJN, intensificada luego de que se divulgó la propuesta de resolución, "comprueba su autoría en el diseño de la ley; asisten sin tener representación alguna en el proceso, porque son los principales beneficiarios de la legislación", advirtió Corral.
Consideró vergonzoso que dos senadores, Federico Döring (del PAN) y Javier Orozco (del Partido Verde Ecologista de México), "estén reducidos a la defensa de estrictos intereses particulares, en uno de los mayores despojos que se ha intentado cometer contra la nación".
-Espino sostiene que no dio instrucción a los senadores para que aprobaran en sus términos la ley Televisa y hasta le exige que pruebe sus dichos -se le plantea.
-A mí, el presidente nacional de mi partido no me va a hacer pasar como mentiroso. Si él quiere, revelo los contenidos exactos del debate que se dio la tarde-noche del 21 de marzo de 2006. Hasta ahora he mantenido en términos de confidencialidad esa discusión brutal que se dio, en lo que fue uno de los días más tristes de mi vida, por los argumentos esgrimidos. Espino debe recordar que ese debate está grabado, fueron ocho horas de discusión y todas están grabadas.
-Al otro día, el 22 de marzo, La Jornada publicó una nota informativa, con versiones de algunos senadores de que Espino les pidió aprobar la ley Televisa, porque la televisora se comprometía a hacer la campaña a Felipe Calderón que le permitiría ganar. ¿Así fue?
-Sí. No puede haber presión mayor para un legislador que le digan que de la aprobación de un una ley depende el triunfo del candidato presidencial, que la posibilidad de llegar o no a Los Pinos depende de esto, y que "sin Televisa no ganamos".
Corral aclaró que él no se dejó presionar y votó en contra en la reunión con Espino y al otro día declaró que la decisión de la bancada panista de apoyar en sus términos la ley Televisa fue por criterios de estricto carácter electoral. "Pero que la presión cayó al grupo, ¡le cayó!". La mayoría se sumó a la petición de Espino, a pesar de que el grupo legislativo había acordado en una reunión plenaria, celebrada poco antes -en Morelos- 13 modificaciones de fondo a la ley, ya que ésta, en palabras del entonces coordinador, Héctor Larios, requería de "una cirugía mayor", por contener insuficiencias, deficiencias y aberraciones.
Advirtió luego que Espino va en contra "del momento de la rectificación" de actitudes, como la asumida por el ahora coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, quien reconoció públicamente que la ley Televisa se impuso por presiones electorales.
"A Creel -dijo- hay que reconocerle que es el primero que tiene la valentía de rectificar, luego de un proceso de reflexión de su actuar político y gubernamental". Es un ejemplo que deberían seguir Espino, Larios, Vázquez Mota y "los demás actores políticos que estuvieron involucrados en este proceso tan penoso".
Corral sostuvo que los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y PAN, así como sus candidatos presidenciales son responsables de la aprobación de la ley Televisa, "no sólo por su silencio, sino por el visto bueno que dieron a la legislación en distintos momentos". Hubo quien rectificó, el PRD en el Senado, y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pero, todos, recalcó, "fueron rehenes de ese principio absurdo de no pelearse con la televisión, con la valoración de que la necesitaban para ganar".
Los políticos, insistió, seguirán como rehenes de las televisoras si no reconocen que legislar en materia de medios de comunicación es uno de los temas torales de la reforma del Estado.
Comentó que la ponencia del ministro Aguirre Anguiano significa de alguna manera "un triunfo de carácter moral, jurídico y político", para la minoría que presentó la acción de inconstitucionalidad, toda vez que les da la razón en la objeción central, contenida en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, de que se creó un régimen privilegiado para los actuales concesionarios, en especial para los dos televisoras, lo que reforzará la concentración monopólica de los medios.
Es reconfortante, agregó, que el ministro Aguirre Anguiano retomara intervenciones completas de quienes la madrugada del 30 de marzo de 2006 argumentaron una y otra vez, en la tribuna del Senado, sobre las consecuencias negativas de la legislación, sin ser siquiera rebatidos por una mayoría decidida a aprobar por consigna la ley Televisa.
Sin embargo, dijo, se desestimaron algunas de las peticiones de inconstitucionalidad, como el refrendo automático, a perpetuidad de las concesiones y las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Esos temas, adelantó, se tratarán de recuperar en la discusión con los ministros.
Hizo notar que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, "ha tenido una actitud muy transparente, muy moderna, que se le debe reconocer, al decidir ventilar la discusión, hacerla pública". Con ese criterio, decidió abrir dos sesiones de audiencias públicas conjuntas, una hoy, en que recibirá a todos aquellos en favor de la ley Televisa y el martes a los contrarios.
Buena parte de los 47 ex senadores que interpusieron la demanda estarán con Ortiz Mayagoitia el martes, pero, opinó Corral, "lo interesante es ver quiénes acuden hoy, ya que a Televisa le sobran asesores y cabilderos".
La Ley del ISSSTE, diseñada para que "no se cobren las pensiones"
EMIR OLIVARES ALONSO
La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está diseñada para que los burócratas "se mueran y no cobren su pensión", además de que viola el artículo 14 constitucional referente a la retroactividad de las leyes, debido a que afecta a los actuales trabajadores cotizantes a ese instituto, pues pierden derechos adquiridos durante años, establece un informe elaborado por la agrupación Unidad de Estudios sobre Seguridad Social (UESS).
En el documento, la organización analiza varios artículos que afectan de manera directa a los trabajadores del Estado, entre los que encontró que el concepto de jubilación "ha desaparecido" de la redacción, y ahora se traslada a una pensión que será administrada por una aseguradora privada.
Otro punto es que el artículo 42 establece que las aportaciones de los trabajadores para su fondo de pensión serán de 13.525 por ciento de su salario base, mientras que el gobierno aportará 13.9 por ciento, pero del salario mínimo vigente en 1997 en el Distrito Federal, lo que representa 3.67 pesos.
El estudio agrega que el argumento de que las pensiones y jubilaciones anteriores eran costosas para el erario "son falsas", pues de los 627 mil 802 pensionados hasta 2006, el año pasado (con el antiguo régimen de 1983) se gastó 42 mil millones de pesos, que dividido entre la cantidad total de beneficiarios se otorgó una cantidad por ex trabajador de 66 mil 990 pesos, mientras que por la pensión de los últimos cinco ex presidentes de la República se gasta 65 millones por cada uno al año.
Eduardo Pérez, integrante de UESS, subrayó que con las disposiciones de la nueva ley, que con base en el artículo 92 establece una pensión garantizada de 3 mil 34 pesos, lo que "se consigue es que el gobierno de Felipe Calderón se ahorre 2 mil 541 pesos al mes por pensión promedio, lo que equivale a un recorte de 45.5 por ciento total".
El análisis realizado por la UESS refiere que otra de las consecuencias que tendrá la nueva ley del ISSSTE es que no se tomarán en cuenta -como lo establecía la ley del 83- extras al salario de los trabajadores, como el sobresueldo y las compensaciones, es decir, la pensión tendrá como base sólo el sueldo tabular, sin agregar la antigüedad o los pagos adicionales por distintas condiciones, lo que representaría una pérdida de entre 30 y 35 por ciento del monto final de la pensión.
Una más de las afectaciones que tendrá para los trabajadores -actuales y de nuevo ingreso- es que no se les permitiría gozar de dos pensiones, pese a que hubiesen cotizado tanto para el ISSSTE como para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, agrega que la nueva reglamentación del ISSSTE condena a los trabajadores que se pensionen a no volver a trabajar, como lo establece el artículo 96, que subraya que en caso de que un pensionado del instituto adquiera otro empleo, se le cancelará el pago de su pensión. "Si alguien se jubiló a una edad de 51 años, que es productiva, y por tanto consigue otro empleo por necesidad o por hacer algo y le corresponde por ley el Seguro Social, ahora cuando sea detectado, inmediatamente le será suspendida la pensión. Ahora van a prohibir hasta trabajar y ser productivo", concluyó.

“Era como si estuvieran poseídos…”
carolina velásquez
Narra víctima de Castaños su experiencia personal

México, D.F., 14 mayo (apro-cimac).- “Dijeron que ellos eran soldados; que eran superiores a cualquiera; que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Además, nosotras éramos unas putas y para eso estábamos, para complacerlos en todo.

“Primero fue uno de ellos. Me tomó por la fuerza, me golpeó y me hizo mucho daño. Se portó como un loco, como un verdadero cobarde. Yo estoy acostumbrada a tratar con todo tipo de hombres y algunos son groseros, pero esto era muy diferente. Los soldados disfrutaban con nuestro dolor, era como un juego perverso, en el cual todos querían ganar”.

“Mimí”, la autora de estos dos párrafos, narró --en un texto de cinco páginas titulado “Prisionera de la vida”--, una experiencia que la marcó para siempre. Lo hizo ante 200 mujeres reunidas en el encuentro Mujeres en Resistencia, realizado en la ciudad de Oaxaca, del 26 al 28 de abril pasado.

Ella es una de las víctimas de la violación cometida por militares a 13 mujeres en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.

Después de lo sucedido esa madrugada en los bares “El Pérsico” y “La Playa”, en la zona de tolerancia de Castaños, “Mimí” dice que se armó de valor y con la ayuda de algunas personas decidió hacer una denuncia.

“Por una parte, para que estos desgraciados paguen por lo que hicieron, para que se haga justicia, pero principalmente porque de esta forma puedo recobrar mi dignidad. He pasado por mucho; mi calvario aún continúa. Entre los peritajes, las declaraciones y las visitas con la psicóloga transcurre mi vida, pero gracias a eso he aprendido que, independientemente de mi oficio, yo tengo derecho a decidir y que nadie puede ni debe forzarme a hacer algo que yo no quiera”, señala.

“Mimí” habló ante mujeres de San Salvador Atenco, Zongolica, la APPO de Oaxaca, migrantes en Estados Unidos y representantes internacionales.

Castaños, ubicado a 260 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es un municipio pobre habitado por 24,936 personas (12,257 mujeres), que vive de la agricultura y, sobre todo, del trabajo en la zona industrial de Monclova. A casi un año de los hechos, de un proceso judicial por la vía civil contra 8 soldados detenidos (cuatro aún están prófugos), se espera que la resolución del juez se dé a conocer a fines de julio próximo.

Esta es la tortura vivida por “Mimí” la noche del martes 11 de julio.

“Una nueva y terrible sorpresa me deparó la vida, a mí y a todas mis compañeras, cuando todo un batallón de soldados llegó hasta los salones de la zona de tolerancia en que yo trabajaba. Eran muchos. Venían a bordo de vehículos Hummer de los que usan en el Ejército, con uniformes y todo tipo de uniformes.

“Ahora sé que se trataba del 14 Regimiento Motorizado. Yo no tengo idea de que signifique eso. Sólo sé que no tuvieron piedad. Era como si estuvieran poseídos o como sí un odio irrazonable provocara su iracundo y depravado proceder. Me dolió y mucho. Eso que nos pasó no lo merece ninguna mujer. Fue como ellos quisieron. Me desnudaron y tuve que bailar mientras observaban y se reían. En todo momento me apuntaron con sus armas. Me gritaron un sin fin de groserías, me humillaron, me hicieron sentir peor que basura.

“Vino uno, otro y todavía otro más. Mientras mi miedo crecía, pensaba que era el fin. Yo casi podía jurar que me iban a matar; a todos nos iban a matar.

“Después de que abusaron de mí, esos tres degenerados me llevaron junto a las demás. Nos pusieron desnudas de frente en una pared y simularon un fusilamiento. Tengo muy grabada la voz de uno de ellos, que era el que daba las órdenes. Yo me sentí morir. Es lo peor que me ha pasado en mi vida.

“Justo cuando esperaba el tiro que terminaría con mi vida, cerré mi ojos y recé. Pensé en todo lo que hasta ahora había sido mi vida. Fue entonces que pude escuchar las risas. Eran carcajadas burlonas. Abrí mis ojos y dijeron ¡bang! Ese momento jamás se me olvidará; aún tengo pesadillas por las noches. Tengo miedo y siento que continuamente alguien me persigue. Es horrible, como en un momento pueden arruinarte la vida para siempre”.



“La impunidad del fuero militar”

La prensa local y nacional han reportado sistemáticamente el caso de las 13 mujeres violadas por elementos del Ejército mexicano en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Aun cuando no es la primera vez que este tipo de hechos suceden, es el único en el que, hasta ahora, en México se juzga por la vía civil a 8 elementos del Ejército. El proceso ya concluyó y las víctimas están en espera de que se castigue a los culpables.

Desde 1994 en Chiapas y hasta 2006 en Coahuila, los elementos del Ejército mexicano involucrados en delitos de violación sexual contra mujeres, no han sido castigados. En tanto, sus víctimas, mujeres indígenas o pobres, viven el calvario del miedo y la intimidación, señala la reportera Soledad Jarquín Edgar en el texto “La impunidad del fuero militar. Violación sexual contra mujeres”.

Jarquín documenta los casos pendientes y los señalamientos de ong`s defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de la causa de su no solución a favor de las víctimas: el fuero militar.

“El fuero militar ha sido el principal obstáculo para la realización de acciones justas e imparciales y es una flagrante violación a los derechos humanos que ninguna autoridad legislativa se atreve a corregir, como la existencia de una ley particular que se aplica a militares sobre la propia Constitución mexicana”, señala.

Seis son los casos pendientes: tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4 de 1994); dos tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3 de 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); dos mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21 de 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16 de 2002), una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22 de 2002).

A éstos se suma el reciente caso de la indígena nahua Ernestina Ascencio, presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército en la Sierra de Zongolica.