Jueves, 17 de mayo de 2007
Explosi?n en Pasta de Conchos, por negligencia y omisiones: diputados
Minera M?xico, Grupo M?xico y funcionarios de Trabajo y Econom?a, los culpables, concluye
ENRIQUE MENDEZ , ROBERTO GARDU?O


La comisi?n especial de diputados que investig? el caso Pasta de Conchos exigi? cancelar la concesi?n a los empresarios responsables Foto: Marco Pel?ez
Al concluir que la explosi?n en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, se debi? a un "suceso provocado, originado por negligencia y omisi?n" de Industrial Minera M?xico (IMMSA) y Grupo M?xico, de sus directivos, as? como de funcionarios de las secretar?as del Trabajo y de Econom?a, la comisi?n especial de la C?mara de Diputados que investig? el percance exigi? cancelar a la empresa el t?tulo de concesi?n y ejercer acci?n penal por homicidio culposo en contra de los responsables de la muerte de 65 mineros, ocurrida en febrero de 2006.
Tambi?n se demanda al gobierno de Felipe Calder?n sancionar al titular de Econom?a, Eduardo Sojo, "por ocultar informaci?n sobre los resultados de las verificaciones practicadas" a la mina; inhabilitar por 20 a?os a los ex funcionarios del Trabajo vinculados con la explosi?n; realizar el pago de las indemnizaciones a los deudos, as? como sancionar a IMMSA y a General de Hulla por inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social con un salario menor al pagado.
El documento de conclusiones, que consta de 168 cuartillas, ser?n votadas en favor este jueves por la mayor?a de sus integrantes, excepto los diputados de Acci?n Nacional. Posteriormente se entregar? al pleno de la C?mara para que lo avale y, a su vez, la comisi?n presentar? un conjunto de iniciativas de reforma al marco legal minero, que acote el otorgamiento de concesiones para la explotaci?n de minas, y al C?digo Penal para tipificar el homicidio industrial.
La comisi?n, que preside el diputado Yerico Abramo Masso, determin? que la tragedia de Pasta de Conchos "fue producto de una gran explosi?n cuya fuente fue una concentraci?n excesiva de gas metano y polvo de carb?n, que produjo el derrumbe pr?cticamente de toda la mina".
Asegur? que la presencia del gas metano fue producto, a su vez, de la negligencia y omisi?n de IMMSA, debido a seis factores determinantes: no concluy? la mamposter?a de los ca?ones antiguos 1 oriente y poniente, lo que gener? la concentraci?n; la falla de irrigaci?n continua de los mineros en los frentes de trabajo para evitar la suspensi?n del polvo de carb?n, que es un material altamente combustible; el inadecuado polveo a la totalidad de la mina.
Tambi?n, la ineficiente ventilaci?n; la falta de suficientes metan?metros, que hab?an sido solicitados reiteradamente por la comisi?n mixta de seguridad e higiene, y la falta de aislamiento en las uniones de las l?neas de conducci?n de alto voltaje en el tiro, y de aislante en los tableros de control y la limpieza de ?stos, como qued? comprobado en las actas ordinarias de la comisi?n mixta.
La comisi?n legislativa resalt? que no se contaba con un sistema de comunicaci?n interna en la mina, lo que dej? aislados a los mineros y que el vigilante notificara al gerente 30 minutos despu?s de ocurrido el percance y, ?ste, a su vez, inform? horas despu?s. Tampoco exist?an salidas de emergencia ni sistemas de alarma.
Otra de las conclusiones relevantes de la comisi?n se refiere a que los funcionarios de la Delegaci?n Federal del Trabajo en Coahuila "cometieron negligencia y omisi?n grave y culposa al ignorar el incumplimiento, por parte de la concesionaria, de las medidas de seguridad que segaron la vida de los trabajadores mineros del tercer turno, y responsabilidad administrativa y penal al no cumplir sus deberes" constitucionales y legales.
A su vez, agreg?, Econom?a no cumpli? con sus obligaciones establecidas en los art?culos 7, fracci?n XII, 53 y 68 de la Ley Minera y ocult? los reportes del Servicio Geol?gico Mexicano sobre las normas de seguridad en la mina por parte de IMMSA.
El punto 8 de las conclusiones refiere: "es responsable tambi?n la Delegaci?n Federal del Trabajo en el estado de Coahuila, en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos". Otro de los resultados de la comisi?n determina que, a partir de la recomendaci?n 26/2006 de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos, se desprende la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligente actuaci?n de funcionarios de la Secretar?a del Trabajo y, cuestion? que hasta el momento la administraci?n calderonista no haya cumplido con el pago correspondiente de las indemnizaciones planteadas por el ombudsman. Respecto de su demanda de que Econom?a cancele la concesi?n a IMMSA, la comisi?n inform? que esta petici?n se sustenta en el hecho de que la empresa viol? la obligaci?n establecida en el art?culo 27, fracci?n 4 de la ley minera, en materia de seguridad, y no corrigi? el fortalecimiento de las vigas de los techos relacionadas con ?stas.
Adem?s, solicit? que se le aplique una multa y plante? que a ambas proposiciones se les d? seguimiento desde las comisiones de Econom?a y de Trabajo de la C?mara de Diputados.
En el caso de la solicitud a la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR), la comisi?n consider? que el Ministerio P?blico Federal debe iniciar un proceso por homicidio culposo contra los directivos de IMMSA y General de Hulla, as? como buscar que se les suspenda o se les proh?ba de manera definitiva sus derechos para ejercer sus profesiones. Asimismo, se requerir? a la PGR "la aplicaci?n rigurosa del C?digo Penal Federal" a los funcionarios p?blicos responsables.
En los tres casos, indic?, las solicitudes deber?n ser presentadas y verificadas en su cumplimiento por la Junta de Coordinaci?n Pol?tica de la c?mara.
La comisi?n tambi?n exigir? a las secretar?as del Trabajo y de Econom?a "el pago inmediato de las indemnizaciones a los familiares de los mineros fallecidos, por el acto grave de negligencia y omisi?n de los funcionarios p?blicos" de ambas dependencias.
Por otra parte, se pedir? al gobierno federal la aplicaci?n de los c?digos Fiscal de la Federaci?n y Penal Federal, as? como de las sanciones previstas en la Ley del Seguro Social a IMMSA y General de Hulla en materia de evasi?n fiscal, defraudaci?n y lo que resulte, debido a que las empresas inscribieron a los mineros ante el Seguro Social con un salario menor al de sus tabuladores, para evadir el pago de las cuotas, lo que provoc? a su vez un da?o econ?mico al instituto.
La comisi?n solicitar? a la Junta de Coordinaci?n Pol?tica que exija a la PGR determinar la garant?a de la reparaci?n del da?o a las v?ctimas y sus familias considerando las ganancias de IMMSA y General de Hulla, y el da?o en la p?rdida de ingresos por el periodo de vida laboral activa de los mineros muertos, y no s?lo tomar en cuenta lo que dispone la Ley Federal del Trabajo.
Mientras que al Seguro Social se solicitar? la revisi?n de la situaci?n de los sobrevivientes, respecto del monto de sus pensiones como de la ampliaci?n de beneficios.
Ordena IFAI a PGR informar cu?ntas averiguaciones y procesos penales hay contra Gordillo
de la redacci?n
M?xico, D.F., 16 de mayo (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Informaci?n (IFAI) orden? a la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) informar el n?mero de averiguaciones y procesos penales que existen contra la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci?n (SNTE), Elba Esther Gordillo.

De manera un?nime, los comisionados del IFAI consideraron que difundir la cantidad de averiguaciones iniciadas, archivadas, en reserva, o ejecutoriadas, contra Gordillo, no afectaba el curso de las indagaciones.

Adem?s, se pronunciaron en favor de difundir el n?mero de cada una de las indagatorias y el estado que guarda cada una de ellas hasta ahora.

Lo ?nico que reserv? el IFAI fueron los delitos que se le imputan a la expriista en cada expediente, en apego a un criterio que ya se hab?a establecido en el pleno.

La PGR s?lo podr? difundir los delitos contra Gordillo en aquellos casos donde las averiguaciones se encuentren concluidas o donde antes la dependencia los haya mencionado en un bolet?n oficial, acordaron.

Aunque todos los comisionados estuvieron de acuerdo con la ponencia de Alonso G?mez Robledo, el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, fue el ?nico que emiti? un voto particular.

Lujambio indic? que va a desarrollar una disertaci?n sobre el derecho al buen nombre de los servidores p?blicos y que la va a incluir en este expediente como parte de la argumentaci?n de su voto particular.
Ley Televisa, la ?operaci?n torniquete (Segunda y ?ltima parte)
jenaro villamil
M?xico, D.F., 16 de mayo (apro).- En la historia de presiones detr?s de la ley Televisa, tambi?n fue clave la intervenci?n del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil D?az.

As?, de manera subrepticia y a trav?s de un asesor, Gil D?az hizo llegar a la Comisi?n de Comunicaciones y Transportes del Senado un documento en el que suger?a que las reformas se aprobaran sin ning?n cambio:

?Se aprecia dif?cil que la C?mara de Diputados vuelva a aprobar el dictamen que nos ocupa, y en el caso de los senadores la devuelvan con comentarios, por ello se considera que deben buscarse mecanismos alternos que garanticen consolidar los avances que se lograr?an con esta reforma, tales como la elaboraci?n de dict?menes separados, o bien propuestas a nivel reglamentario?, se?alaba el documento de Hacienda, firmado por Ra?l Abraham G?mez Ram?rez.

Los ?mecanismos alternos? que sugiri? Hacienda coincidieron con los propuestos por poderosas empresas como Avantel --la telef?nica de Roberto Hern?ndez donde trabaj? Gil D?az--, el Consejo de la Comunicaci?n, Voz de las Empresas --en que Televisa participa activamente--, y Telef?nica Movistar, la compa??a rival de Telmex que actualmente es dirigida por el propio Gil D?az.

Las coincidencias con Gil D?az no fueron gratuitas. Proceso tiene en su poder copia de un documento del 25 de septiembre de 2006, enviado por Ver?nica G?mez Ferro a los socios de Telef?nica Movistar, en que se confirma que el entonces titular de Hacienda exent? a esta firma del pago de roamming internacional, lo que le permiti? ser ?la primera y ?nica compa??a telef?nica inal?mbrica mexicana que no aplicar? ninguna tarifa de impuesto? por proporcionar dicho servicio.

Actualmente, Gil D?az es ?CEO? de Telef?nica Movistar, mantiene su v?nculo con Roberto Hern?ndez, el segundo accionista principal de Televisa, y planea diversas inversiones conjuntas con el consorcio de Azc?rraga Jean para competir con Telmex.

El avance de esta empresa en el terreno del triple play se anunci? esta semana, pese a que la Suprema Corte no ha definido la constitucionalidad de la ley Televisa:

La empresa Cablevisi?n anunci? el 9 de mayo a sus accionistas que el gobierno federal le otorg? una concesi?n para ofrecer servicios de telefon?a a partir del tercer trimestre del a?o.

Informes burs?tiles revelan que el posible socio en esta operaci?n ser?a Telef?nica, la empresa dirigida por Gil D?az. Cablevisi?n se convierte as? en la primera subsidiaria de Televisa y en la primera firma de televisi?n por cable que obtiene la autorizaci?n para ofrecer servicios de telefon?a fija, en el marco del llamado ?Acuerdo de convergencia?.

Este acuerdo, aprobado en octubre de 2006, tambi?n es puesto en tela de juicio en el proyecto de resoluci?n del ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Otros negocios entre Telef?nica y Televisa son la posible adquisici?n de Amnet, red de empresas de televisi?n por cable con presencia en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Refrendo autom?tico, medios p?blicos y publicidad electoral

En medio de esta recomposici?n de alianzas empresariales y de nuevas presiones v?a la c?mara que agrupa a concesionarios, el equipo de abogados de los 47 senadores que impugnan la ley Televisa, insistir?n ante los ministros de la Suprema Corte la necesidad de decretar como anticonstitucional el mecanismo de ?refrendo autom?tico?, avalado en el art?culo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisi?n.

Por ello el exsenador priista Manuel Bartlett precis? que el refrendo autom?tico se contrapone al art?culo 28 de la misma ley y al marco legal en telecomunicaciones. ?Es la principal contradicci?n que existe en el proyecto de sentencia?, argument?.

Por su parte, Carlos Sotelo, actual presidente de la Comisi?n de Radio y Televisi?n en el Senado, consider? que ?es lo m?s grave? de la resoluci?n, porque ?transgredi? la soberan?a nacional?.

?Si los ministros no derogan lo sustantivo de la ley Televisa, como es el refrendo autom?tico, todo lo dem?s es maniobra medi?tica?, sostuvo el Sotelo, senador del PRD, en entrevista telef?nica con Proceso.

No obstante, anunci? que independientemente de c?mo resuelva la Suprema Corte, ya preparan en el Senado una nueva ley de medios p?blicos, la que incorporar? a los m?s de 200 sistemas de televisi?n y radio permisionados que pertenecen a la Red de Medios P?blicos.

Inform? que esta iniciativa incorporar? tambi?n las demandas de las radios comunitarias y de las radios independientes que han sido excluidas de los beneficios de la ?transici?n digital?, y de la posibilidad de dar servicios alternativos de telecomunicaciones.

A su vez, el presidente de la Asociaci?n Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Steve Buckley, entreg? el 9 de mayo una carta a los ministros de la Suprema Corte, en la que establece que las modificaciones que ordene el Poder Judicial a la ley Televisa ?son centrales para la vida democr?tica del pa?s?, y que este organismo con presencia en m?s de cien pa?ses ?seguir? con suma atenci?n la discusi?n al respecto?.

A su vez, organismos ciudadanos como el Centro Nacional de Comunicaci?n Social AC, Incide Social y Fomento Cultural enviaron a los ministros su posici?n, en que demandan avalen la inconstitucionalidad de cuatro art?culos (16, 17-G, 28 y 28-A) y que desaparezca la figura del ?refrendo autom?tico?.

Exhortan a la Corte para que ?no forme parte de ese grupo de instituciones pol?ticas que han llevado a aprobar una ley que vulnera derechos ciudadanos?.

En relaci?n con el tema de la propaganda electoral, tanto Bartlett D?az como Sotelo y Carlos Rojas consideraron que si la Suprema Corte mantiene la posibilidad de que sean los candidatos y no los partidos quienes contraten directamente los espacios con las televisoras, este ordenamiento puede modificarse en la pr?xima reforma electoral.

Rojas present? en la C?mara de Diputados --desde octubre del 2006-- una iniciativa para adicionar los art?culos 190 y 191 de la ley electoral, as? como el 50 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnaci?n en Materia Electoral, con el fin de prohibir que los tiempos oficiales en radio y televisi?n sean utilizados por el presidente de la Rep?blica y otras dependencias federales durante la campa?a electoral, y en consecuencia se le destinen al IFE para la publicidad gratuita de los candidatos.

?Si hacemos una reforma, esto te da para varios spots, y por lo menos para tres debates televisivos sin que le cuesten a los mexicanos. El PRI debe cumplir esta propuesta que se aprob? en su asamblea del 3 de marzo de este a?o?, advirti? Rojas.
Llama auditor Superior de la Federaci?n acabar con la corrupci?n y la impunidad
de la redacci?n
M?xico, D.F., 16 de mayo (apro).- El auditor superior de la Federaci?n, Arturo Gonz?lez de Arag?n, exhort? a las autoridades a acabar con la corrupci?n y la impunidad que impera en el pa?s en la rendici?n de cuentas.

Denunci? que debido a la ausencia de una rendici?n de cuentas transparente de los gobernantes, funcionarios de los tres niveles de gobierno han saqueado al pa?s.

?Es momento de poner un alto a la corrupci?n y a la impunidad, cu?ntas veces hemos visto que al terminar las gestiones de gobierno desaparecen muebles, archivos, computadoras, veh?culos, obras de arte y tantos y tantos bienes que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos?, se?al?.

Gonz?lez de Arag?n coment? que lo lamentable de esa pr?ctica malsana es que ni siquiera existe una cuantificaci?n real del saqueo cometido en perjuicio de la naci?n.

?Cada a?o se hace esto, por que no hay un sistema de registro contable adecuado, quiere decir que al t?rmino de las administraciones, si bien les va a algunas administraciones municipales, lo que entregan son las llaves, pero las llaves de la oficina, pero llaves de oficinas vac?as, se llevan todo", dijo.

Ante tal situaci?n, la C?mara de Diputados firm? hoy un convenio entre la Auditor?a Superior de la Federaci?n y el Instituto Mexicano de Contadores P?blicos (IMCP), para homologar los sistemas contables gubernamentales.

Luis Moiron Llosa, presidente del IMCP, asegur? que "el objetivo fundamental de este convenio, es trabajar de manera coordinada en un proceso de cabildeo que nos lleve a lograr que las normas de informaci?n financiera de las entidades gubernamentales federales, estatales y municipales sean promulgadas por un organismo independiente y competente, y que ?stas tengan el car?cter de obligatorias con el fin de lograr la transparencia y la rendici?n de cuentas".

Aunado a la firma del convenio ante la Comisi?n de Vigilancia de la Auditor?a Superior de la C?mara de Diputados, el auditor y los contadores p?blicos demandaron el apoyo legislativo para reformar la Constituci?n.

Jorge Zerme?o, presidente de la Mesa Directiva de la C?mara de Diputados, coment?: ?Si podemos lograr que se dictaminen las iniciativas que ya est?n para que en el art?culo 73 de la Constituci?n, este Congreso pueda generar normas obligatorias a nivel nacional, con el objeto de preservar el patrimonio nacional y de homologar las contabilidades, creo que estaremos dando un paso fundamental para contribuir a preservar el patrimonio que finalmente es de los mexicanos.?
Publicado por solaripa69 @ 13:45
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