Explosión en Pasta de Conchos, por negligencia y omisiones: diputados
Minera México, Grupo México y funcionarios de Trabajo y Economía, los culpables, concluye
ENRIQUE MENDEZ , ROBERTO GARDUÑO


La comisión especial de diputados que investigó el caso Pasta de Conchos exigió cancelar la concesión a los empresarios responsables Foto: Marco Peláez
Al concluir que la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, se debió a un "suceso provocado, originado por negligencia y omisión" de Industrial Minera México (IMMSA) y Grupo México, de sus directivos, así como de funcionarios de las secretarías del Trabajo y de Economía, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el percance exigió cancelar a la empresa el título de concesión y ejercer acción penal por homicidio culposo en contra de los responsables de la muerte de 65 mineros, ocurrida en febrero de 2006.
También se demanda al gobierno de Felipe Calderón sancionar al titular de Economía, Eduardo Sojo, "por ocultar información sobre los resultados de las verificaciones practicadas" a la mina; inhabilitar por 20 años a los ex funcionarios del Trabajo vinculados con la explosión; realizar el pago de las indemnizaciones a los deudos, así como sancionar a IMMSA y a General de Hulla por inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social con un salario menor al pagado.
El documento de conclusiones, que consta de 168 cuartillas, serán votadas en favor este jueves por la mayoría de sus integrantes, excepto los diputados de Acción Nacional. Posteriormente se entregará al pleno de la Cámara para que lo avale y, a su vez, la comisión presentará un conjunto de iniciativas de reforma al marco legal minero, que acote el otorgamiento de concesiones para la explotación de minas, y al Código Penal para tipificar el homicidio industrial.
La comisión, que preside el diputado Yerico Abramo Masso, determinó que la tragedia de Pasta de Conchos "fue producto de una gran explosión cuya fuente fue una concentración excesiva de gas metano y polvo de carbón, que produjo el derrumbe prácticamente de toda la mina".
Aseguró que la presencia del gas metano fue producto, a su vez, de la negligencia y omisión de IMMSA, debido a seis factores determinantes: no concluyó la mampostería de los cañones antiguos 1 oriente y poniente, lo que generó la concentración; la falla de irrigación continua de los mineros en los frentes de trabajo para evitar la suspensión del polvo de carbón, que es un material altamente combustible; el inadecuado polveo a la totalidad de la mina.
También, la ineficiente ventilación; la falta de suficientes metanómetros, que habían sido solicitados reiteradamente por la comisión mixta de seguridad e higiene, y la falta de aislamiento en las uniones de las líneas de conducción de alto voltaje en el tiro, y de aislante en los tableros de control y la limpieza de éstos, como quedó comprobado en las actas ordinarias de la comisión mixta.
La comisión legislativa resaltó que no se contaba con un sistema de comunicación interna en la mina, lo que dejó aislados a los mineros y que el vigilante notificara al gerente 30 minutos después de ocurrido el percance y, éste, a su vez, informó horas después. Tampoco existían salidas de emergencia ni sistemas de alarma.
Otra de las conclusiones relevantes de la comisión se refiere a que los funcionarios de la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila "cometieron negligencia y omisión grave y culposa al ignorar el incumplimiento, por parte de la concesionaria, de las medidas de seguridad que segaron la vida de los trabajadores mineros del tercer turno, y responsabilidad administrativa y penal al no cumplir sus deberes" constitucionales y legales.
A su vez, agregó, Economía no cumplió con sus obligaciones establecidas en los artículos 7, fracción XII, 53 y 68 de la Ley Minera y ocultó los reportes del Servicio Geológico Mexicano sobre las normas de seguridad en la mina por parte de IMMSA.
El punto 8 de las conclusiones refiere: "es responsable también la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Coahuila, en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos". Otro de los resultados de la comisión determina que, a partir de la recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desprende la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligente actuación de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y, cuestionó que hasta el momento la administración calderonista no haya cumplido con el pago correspondiente de las indemnizaciones planteadas por el ombudsman. Respecto de su demanda de que Economía cancele la concesión a IMMSA, la comisión informó que esta petición se sustenta en el hecho de que la empresa violó la obligación establecida en el artículo 27, fracción 4 de la ley minera, en materia de seguridad, y no corrigió el fortalecimiento de las vigas de los techos relacionadas con éstas.
Además, solicitó que se le aplique una multa y planteó que a ambas proposiciones se les dé seguimiento desde las comisiones de Economía y de Trabajo de la Cámara de Diputados.
En el caso de la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR), la comisión consideró que el Ministerio Público Federal debe iniciar un proceso por homicidio culposo contra los directivos de IMMSA y General de Hulla, así como buscar que se les suspenda o se les prohíba de manera definitiva sus derechos para ejercer sus profesiones. Asimismo, se requerirá a la PGR "la aplicación rigurosa del Código Penal Federal" a los funcionarios públicos responsables.
En los tres casos, indicó, las solicitudes deberán ser presentadas y verificadas en su cumplimiento por la Junta de Coordinación Política de la cámara.
La comisión también exigirá a las secretarías del Trabajo y de Economía "el pago inmediato de las indemnizaciones a los familiares de los mineros fallecidos, por el acto grave de negligencia y omisión de los funcionarios públicos" de ambas dependencias.
Por otra parte, se pedirá al gobierno federal la aplicación de los códigos Fiscal de la Federación y Penal Federal, así como de las sanciones previstas en la Ley del Seguro Social a IMMSA y General de Hulla en materia de evasión fiscal, defraudación y lo que resulte, debido a que las empresas inscribieron a los mineros ante el Seguro Social con un salario menor al de sus tabuladores, para evadir el pago de las cuotas, lo que provocó a su vez un daño económico al instituto.
La comisión solicitará a la Junta de Coordinación Política que exija a la PGR determinar la garantía de la reparación del daño a las víctimas y sus familias considerando las ganancias de IMMSA y General de Hulla, y el daño en la pérdida de ingresos por el periodo de vida laboral activa de los mineros muertos, y no sólo tomar en cuenta lo que dispone la Ley Federal del Trabajo.
Mientras que al Seguro Social se solicitará la revisión de la situación de los sobrevivientes, respecto del monto de sus pensiones como de la ampliación de beneficios.
Ordena IFAI a PGR informar cuántas averiguaciones y procesos penales hay contra Gordillo
de la redacción
México, D.F., 16 de mayo (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) informar el número de averiguaciones y procesos penales que existen contra la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

De manera unánime, los comisionados del IFAI consideraron que difundir la cantidad de averiguaciones iniciadas, archivadas, en reserva, o ejecutoriadas, contra Gordillo, no afectaba el curso de las indagaciones.

Además, se pronunciaron en favor de difundir el número de cada una de las indagatorias y el estado que guarda cada una de ellas hasta ahora.

Lo único que reservó el IFAI fueron los delitos que se le imputan a la expriista en cada expediente, en apego a un criterio que ya se había establecido en el pleno.

La PGR sólo podrá difundir los delitos contra Gordillo en aquellos casos donde las averiguaciones se encuentren concluidas o donde antes la dependencia los haya mencionado en un boletín oficial, acordaron.

Aunque todos los comisionados estuvieron de acuerdo con la ponencia de Alonso Gómez Robledo, el presidente del IFAI, Alonso Lujambio, fue el único que emitió un voto particular.

Lujambio indicó que va a desarrollar una disertación sobre el derecho al buen nombre de los servidores públicos y que la va a incluir en este expediente como parte de la argumentación de su voto particular.
Ley Televisa, la ‘operación torniquete (Segunda y última parte)
jenaro villamil
México, D.F., 16 de mayo (apro).- En la historia de presiones detrás de la ley Televisa, también fue clave la intervención del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Así, de manera subrepticia y a través de un asesor, Gil Díaz hizo llegar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado un documento en el que sugería que las reformas se aprobaran sin ningún cambio:

“Se aprecia difícil que la Cámara de Diputados vuelva a aprobar el dictamen que nos ocupa, y en el caso de los senadores la devuelvan con comentarios, por ello se considera que deben buscarse mecanismos alternos que garanticen consolidar los avances que se lograrían con esta reforma, tales como la elaboración de dictámenes separados, o bien propuestas a nivel reglamentario”, señalaba el documento de Hacienda, firmado por Raúl Abraham Gómez Ramírez.

Los “mecanismos alternos” que sugirió Hacienda coincidieron con los propuestos por poderosas empresas como Avantel --la telefónica de Roberto Hernández donde trabajó Gil Díaz--, el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas --en que Televisa participa activamente--, y Telefónica Movistar, la compañía rival de Telmex que actualmente es dirigida por el propio Gil Díaz.

Las coincidencias con Gil Díaz no fueron gratuitas. Proceso tiene en su poder copia de un documento del 25 de septiembre de 2006, enviado por Verónica Gómez Ferro a los socios de Telefónica Movistar, en que se confirma que el entonces titular de Hacienda exentó a esta firma del pago de roamming internacional, lo que le permitió ser “la primera y única compañía telefónica inalámbrica mexicana que no aplicará ninguna tarifa de impuesto” por proporcionar dicho servicio.

Actualmente, Gil Díaz es ‘CEO’ de Telefónica Movistar, mantiene su vínculo con Roberto Hernández, el segundo accionista principal de Televisa, y planea diversas inversiones conjuntas con el consorcio de Azcárraga Jean para competir con Telmex.

El avance de esta empresa en el terreno del triple play se anunció esta semana, pese a que la Suprema Corte no ha definido la constitucionalidad de la ley Televisa:

La empresa Cablevisión anunció el 9 de mayo a sus accionistas que el gobierno federal le otorgó una concesión para ofrecer servicios de telefonía a partir del tercer trimestre del año.

Informes bursátiles revelan que el posible socio en esta operación sería Telefónica, la empresa dirigida por Gil Díaz. Cablevisión se convierte así en la primera subsidiaria de Televisa y en la primera firma de televisión por cable que obtiene la autorización para ofrecer servicios de telefonía fija, en el marco del llamado “Acuerdo de convergencia”.

Este acuerdo, aprobado en octubre de 2006, también es puesto en tela de juicio en el proyecto de resolución del ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Otros negocios entre Telefónica y Televisa son la posible adquisición de Amnet, red de empresas de televisión por cable con presencia en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Refrendo automático, medios públicos y publicidad electoral

En medio de esta recomposición de alianzas empresariales y de nuevas presiones vía la cámara que agrupa a concesionarios, el equipo de abogados de los 47 senadores que impugnan la ley Televisa, insistirán ante los ministros de la Suprema Corte la necesidad de decretar como anticonstitucional el mecanismo de “refrendo automático”, avalado en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Por ello el exsenador priista Manuel Bartlett precisó que el refrendo automático se contrapone al artículo 28 de la misma ley y al marco legal en telecomunicaciones. “Es la principal contradicción que existe en el proyecto de sentencia”, argumentó.

Por su parte, Carlos Sotelo, actual presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, consideró que “es lo más grave” de la resolución, porque “transgredió la soberanía nacional”.

“Si los ministros no derogan lo sustantivo de la ley Televisa, como es el refrendo automático, todo lo demás es maniobra mediática”, sostuvo el Sotelo, senador del PRD, en entrevista telefónica con Proceso.

No obstante, anunció que independientemente de cómo resuelva la Suprema Corte, ya preparan en el Senado una nueva ley de medios públicos, la que incorporará a los más de 200 sistemas de televisión y radio permisionados que pertenecen a la Red de Medios Públicos.

Informó que esta iniciativa incorporará también las demandas de las radios comunitarias y de las radios independientes que han sido excluidas de los beneficios de la ‘transición digital’, y de la posibilidad de dar servicios alternativos de telecomunicaciones.

A su vez, el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Steve Buckley, entregó el 9 de mayo una carta a los ministros de la Suprema Corte, en la que establece que las modificaciones que ordene el Poder Judicial a la ley Televisa “son centrales para la vida democrática del país”, y que este organismo con presencia en más de cien países “seguirá con suma atención la discusión al respecto”.

A su vez, organismos ciudadanos como el Centro Nacional de Comunicación Social AC, Incide Social y Fomento Cultural enviaron a los ministros su posición, en que demandan avalen la inconstitucionalidad de cuatro artículos (16, 17-G, 28 y 28-A) y que desaparezca la figura del “refrendo automático”.

Exhortan a la Corte para que “no forme parte de ese grupo de instituciones políticas que han llevado a aprobar una ley que vulnera derechos ciudadanos”.

En relación con el tema de la propaganda electoral, tanto Bartlett Díaz como Sotelo y Carlos Rojas consideraron que si la Suprema Corte mantiene la posibilidad de que sean los candidatos y no los partidos quienes contraten directamente los espacios con las televisoras, este ordenamiento puede modificarse en la próxima reforma electoral.

Rojas presentó en la Cámara de Diputados --desde octubre del 2006-- una iniciativa para adicionar los artículos 190 y 191 de la ley electoral, así como el 50 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de prohibir que los tiempos oficiales en radio y televisión sean utilizados por el presidente de la República y otras dependencias federales durante la campaña electoral, y en consecuencia se le destinen al IFE para la publicidad gratuita de los candidatos.

“Si hacemos una reforma, esto te da para varios spots, y por lo menos para tres debates televisivos sin que le cuesten a los mexicanos. El PRI debe cumplir esta propuesta que se aprobó en su asamblea del 3 de marzo de este año”, advirtió Rojas.
Llama auditor Superior de la Federación acabar con la corrupción y la impunidad
de la redacción
México, D.F., 16 de mayo (apro).- El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, exhortó a las autoridades a acabar con la corrupción y la impunidad que impera en el país en la rendición de cuentas.

Denunció que debido a la ausencia de una rendición de cuentas transparente de los gobernantes, funcionarios de los tres niveles de gobierno han saqueado al país.

“Es momento de poner un alto a la corrupción y a la impunidad, cuántas veces hemos visto que al terminar las gestiones de gobierno desaparecen muebles, archivos, computadoras, vehículos, obras de arte y tantos y tantos bienes que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos”, señaló.

González de Aragón comentó que lo lamentable de esa práctica malsana es que ni siquiera existe una cuantificación real del saqueo cometido en perjuicio de la nación.

“Cada año se hace esto, por que no hay un sistema de registro contable adecuado, quiere decir que al término de las administraciones, si bien les va a algunas administraciones municipales, lo que entregan son las llaves, pero las llaves de la oficina, pero llaves de oficinas vacías, se llevan todo", dijo.

Ante tal situación, la Cámara de Diputados firmó hoy un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para homologar los sistemas contables gubernamentales.

Luis Moiron Llosa, presidente del IMCP, aseguró que "el objetivo fundamental de este convenio, es trabajar de manera coordinada en un proceso de cabildeo que nos lleve a lograr que las normas de información financiera de las entidades gubernamentales federales, estatales y municipales sean promulgadas por un organismo independiente y competente, y que éstas tengan el carácter de obligatorias con el fin de lograr la transparencia y la rendición de cuentas".

Aunado a la firma del convenio ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, el auditor y los contadores públicos demandaron el apoyo legislativo para reformar la Constitución.

Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comentó: “Si podemos lograr que se dictaminen las iniciativas que ya están para que en el artículo 73 de la Constitución, este Congreso pueda generar normas obligatorias a nivel nacional, con el objeto de preservar el patrimonio nacional y de homologar las contabilidades, creo que estaremos dando un paso fundamental para contribuir a preservar el patrimonio que finalmente es de los mexicanos.”