Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox
Asegura no saber quién ordenó o pagó 30 por ciento de la propaganda en medios electrónicos
ALONSO URRUTIA
Con la fiscalización de las campañas casi concluida, el presidente el Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el impacto de la mediatización de la contienda que se desprende de la indagatoria: ''Enfrentamos un fenómeno inédito por su magnitud. Hablamos de que 30 por ciento de la propaganda política que se transmitió en 2006, no sabemos quién la pagó, quién la ordenó. Eso significa que 30 por ciento del gasto en medios no está completamente comprobado''.
Dado que ''80 por ciento de los recursos de campañas se gastaron en medios, será útil reflexionar sobre estas situaciones indeseables para la democracia, que será a futuro el punto medular de la fiscalización''. Por eso, se abrirán procesos oficiosos para deslindar responsabilidades. ''¿Quién va a ser el responsable de esos 200 mil espots (sin justificar)?, es la pregunta clave para el IFE. Nosotros tenemos 30 mil dvd grabados que acreditan su difusión''.
La autoridad emplazará a los partidos, obligados por ley para rendir las cuentas; igualmente se auxiliará de autoridades federales y estatales; requerirá a los consorcios de medios de comunicación a informar sobre la ''grave enfermedad'', porque ''creo que en ellos -los medios- deberá estar el principal interés por transparentar su relación con los partidos''.
Comentarios alegóricos, irresponsables, indeseables...
En entrevista con La Jornada, Ugalde no elude referirse a otros saldos de la contienda, y en referencia al comportamiento del presidente Vicente Fox subraya: ''Su actitud protagónica, sus comentarios alegóricos, si bien no fueron ilegales sí contaminaron el proceso, contribuyeron al encono y provocaron un clima de enfrentamiento político. Fueron actitudes irresponsables, indeseables en un jefe de Estado, a pesar de que fueron legales. Me hubiera gustado que se comportara de manera ética y responsable''.
-¿Fiscalización a cambio de permanencia de los consejeros?
-Son fenómenos desligados; las decisiones no se adoptan con base en consecuencias políticas.
Sin embargo, a pregunta expresa sobre las voces que pedían su renuncia por los sucesos de 2006 sostiene que centrar la responsabilidad de lo sucedido en las personas es trivializar el debate.
Sin mediar autocrítica, Ugalde sostiene que al IFE no se le puede juzgar por haber actuado dentro de un marco legal que no estaba acorde con los requerimientos de estas campañas. ''No se puede juzgar a la autoridad con base en un reglamento idealista que hubieran querido que existiera entonces; actuamos conforme al marco legal que el Congreso determinó para 2006. Al instituto no se le puede exigir a posteriori su actuación respecto de comportamientos que no estaban previstos''.
Lo fundamental, agrega, es discutir el marco legal que hubo en 2006 y el margen que daba para arbitrar conflictos. Por qué el marco institucional generó cierta polémica y cierto comportamiento durante los procesos. Si todo se reduce a los humores de las personas estaríamos trivializando el debate, porque los consejeros actuaron conforme al marco legal vigente, aunque no quiere decir que este sea el óptimo. ''He dicho que se requieren cambios''.
-¿El saldo de la fiscalización?
-Las campañas se han ido mediatizando cada vez más. Es probable que el reporte que rendirá el IFE refleje que cerca de 80 por ciento de los gastos fueron a parar a radio y televisión, lo que significa que en realidad es una fiscalización al gasto en medios.
''Es necesario reflexionar sobre la vinculación entre medios, partidos, sociedad y los poderes del Estado. Ello será relevante para el futuro de la democracia. Hay un fenómeno inédito en donde no hay una explicación satisfactoria de los partidos e iremos al fondo''.
-¿Hubo complicidades entre medios y partidos?
-No quisiera adelantar explicaciones, sólo describir el estado de la enfermedad. No es mi papel dar una explicación, sino denunciar el síntoma de un problema de fondo.
-El IFE no tiene medidas de apremio para solicitar informes a los medios.
-Sería clave que el instituto tuviera medidas de apremio directas con los medios para hacer estas investigaciones. Mientras carezca de ellas, las facultades de investigación son limitadas; podemos hacer exhortos, solicitudes de cooperación, pero las facultades investigadoras son limitadas.
-¿Es algo similar a los impedimentos que marca el secreto bancario y que incidieron en las indagatorias a los Amigos de Fox?
-Es una analogía interesante. En materia de medios de comunicación podríamos dar mejores cuentas si tuviéramos cooperación obligatoria. Evitaría triangulaciones y habría información más directa.
-¿Se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio por parte de Televisa y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión?
-Eso habla de que un acuerdo de buena voluntad es una situación limitada para el IFE. ¿Le sirvió al instituto la información que enviaron? Sí. ¿Hubiera sido mejor tener más? Por supuesto. La solución es cambiar la ley para que haya obligaciones de los medios y entreguen la información.
-¿Detrás de los 200 mil espots no justificados podrían estar aportaciones ilegales de empresarios o bonificaciones de medios prohibidas por ley?
-De las investigaciones pueden derivarse una serie de irregularidades de partidos, delitos electorales o de otro tipo, pero el IFE no puede adelantar hipótesis, sino señalar que tenemos síntomas de una enfermedad muy grave. El hecho es que las campañas se pelean más en los medios, por ello a éstos les conviene contribuir a transparentar los recursos, porque así se mostrarán como empresas socialmente responsables.
-¿Esas empresas incidieron en la equidad de la contienda?
-Los espots corresponden a todos los partidos y a todas las campañas.
A Ugalde no le preocupa el frente común de los organismos políticos para enfrentar la fiscalización, ''porque eso habla de que realmente estamos siendo imparciales. Si hubiera queja de uno u otro podría especularse sobre parcialidad''.
Al abundar sobre el saldo de la elección, el presidente del IFE sostiene que la remoción de los consejeros sólo sería una forma de debilitar las instituciones, porque si la confianza en la autoridad de los partidos es tan volátil y cambiante, y se remueve a los consejeros cada que esto sucede, ello no fortalece a las instituciones.
A pregunta expresa sobre si Elba Es-ther Gordillo fue pieza clave en su llegada a la presidencia del instituto sostiene: ''La señora era coordinadora parlamentaria en 2003; fuera de ese momento político no ha habido ninguna influencia o intervención que haya tenido la señora Gordillo en el IFE. Hay una especulación que sugiere que esta persona tiene influencia. No he tenido ninguna comunicación, verbal o telefónica (con ella), desde hace más de dos años''.
Interponen amparo los 69 mil 583 trabajadores de base del ISSSTE
Acuerda el sindicato del instituto apoyar las acciones de la UNT contra las reformas
El líder gremial afirma que los cambios lesionan seriamente derechos laborales
EMIR OLIVARES , JOSE GALAN
Los 69 mil 583 afiliados de base al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) se ampararon contra la nueva ley del organismo, debido a que las reformas "afectan los derechos adquiridos" en materia de seguridad laboral, explicó el secretario general de ese gremio, Ricardo Pontigo Márquez. Contra ello, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) advirtió que esos recursos "son ilegales", ya que fueron tramitados de forma colectiva, por lo que no procederán.
El líder sindical informó que se decidió interponer el recurso legal, que se preparaba desde hace varias semanas, con base en un punto de acuerdo establecido en los propios estatutos gremiales, "documento debidamente registrado ante las instancias legales correspondientes": la fracción segunda del artículo 74 da facultades al secretario general para "representar al sindicato, sin requerirse autorización del Comité Ejecutivo Nacional, ante cualquier autoridad administrativa, de trabajo o judicial en cualquier asunto que afecte a la organización".
Pontigo Márquez refirió lo anterior durante una reunión plenaria en la que participaron los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y los 48 secretarios seccionales de todo el país.
En un comunicado, el SNTISSSTE informó que el amparo fue presentado el pasado 10 de mayo y quedó debidamente registrado un día después ante el juzgado de distrito auxiliar que el Poder Judicial de la Federación creó especialmente para la tramitación de amparos contra las reformas.
El total de miembros del SNTISSSTE, subrayó el líder sindical, solicitaron amparo debido a que la nueva ley del instituto "afecta los derechos adquiridos de los trabajadores de base de la institución, al igual que a los demás servidores del Estado, por lo que es una legislación que no puede ser aceptada, por considerarse inconstitucional".
Manifestó que el argumento que las autoridades esbozaron para reformar la Ley del ISSSTE fue fortalecer la situación financiera del instituto para así garantizar la viabilidad del esquema pensionario y de los servicios de salud. Sin embargo, consideró que dichos cambios, además de afectar los derechos en materia de seguridad social adquiridos por los trabajadores del Estado, refuerzan "un modelo que ha demostrado su ineficacia a nivel internacional, con un costo social y económico más alto para los burócratas, que a la larga podría convertirse en una carga financiera muy elevada para los mexicanos".
Advirtió que el ISSSTE "vive uno de los momentos más cruciales y trascendentales de su historia, ya que en las actuales condiciones no puede otorgar con calidad los servicios de seguridad social a más de 10 millones de derechohabientes".
Por ello, recordó que a partir de 2005 el SNTISSSTE ha mostrado y hecho pública su disposición a dialogar con las autoridades, para construir una ley consensuada que no trastoque los beneficios laborales.
Por otro lado, fuentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informaron que la dirigencia de esa organización sostuvo una reunión con Pontigo Márquez, quien se comprometió a apoyar las acciones conjuntas que emprenda esta organización contra la reforma, comenzando por el paro de 12 horas que realizarán varios sindicatos universitarios en el país el próximo día 21.
La presentación de los amparos significó un duro golpe para las autoridades y para la FSTSE -federación que se ha manifestado en favor de las reformas y a la cual pertenece el SNTISSSTE-, por lo que ésta advirtió en un comunicado que los recursos legales promovidos por el secretario general del gremio "son ilegales", debido a que no pueden ser interpuestos de manera colectiva, además de que fueron tramitados sin consentimiento de los trabajadores de base del instituto.
Esa federación, encabezada por Joel Ayala, refirió que el líder del SNTISSSTE, Ricardo Pontigo, muestra una actitud "incomprensible", debido a que "sin el respaldo de la base trabajadora tramitó de manera ilegal el recurso de amparo en nombre de todos sus agremiados".
Para la FSTSE el secretario general del sindicato "carece de facultad para hacer valer dicho procedimiento ante la justicia federal, toda vez que los amparos son individuales y no colectivos, por lo que la medida no prosperará".
"Desaconsejamos uso del Ejército en labores de seguridad pública": ONU
VICTOR BALLINAS
La experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, aseguró el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
En el caso de México, subrayó, "sabemos que tienen que actuar contra el crimen organizado, pero no puede abrir espacio para las violaciones a las garantías individuales, como las denunciadas recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)".
Entrevistado al término del Encuentro nacional: el ombudsman, herramienta de participación ciudadana, realizado en la UNAM, Incalcaterra aseveró: "la denuncia y recomendaciones del comisionado nacional (José Luis Soberanes) son muy importantes. Creo que el gobierno las va a tomar en cuenta y va a hacer los ajustes pertinentes.
"Nosotros desaconsejamos el uso del Ejército en tareas de seguridad pública por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse, que son violaciones a los derechos humanos; esto lo hemos señalado.
"Las violaciones a los derechos humanos son los posibles riesgos que se presentan cuando se utiliza una fuerza que está capacitada para otras tareas, para las cuales tiene una capacitación específica, pero debe tener una reglamentación para poder actuar en otros campos que no son de su propia índole."
Incalcaterra saludó la actitud de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la denuncia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano en Michoacán, como abusos sexuales a cuatro menores, tortura, allanamientos, cateos y detenciones arbitrarias.
"Hay un compromiso a nivel de cabeza; ese es el mensaje más importante que el secretario de la Defensa Nacional (Guillermo Galván) dijo que no aceptarán ni tolerarán violaciones a los derechos humanos. Eso es importante: no permitir la impunidad.
"El mensaje es claro, pero veremos en las próximas semanas cuál es la voluntad expresa de las autoridades de seguridad; vamos a ver si (estas declaraciones) se transforman en situaciones reales. Habrá que ver el curso de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Es una oportunidad para transformar el discurso en hechos", subrayó.
Labores de observación
Dijo que esta oficina de la ONU fue invitada a México "para observar la situación de los derechos humanos, para ver qué podemos aportar. En ese sentido, lo que le estamos acercando al gobierno mexicano es el cúmulo de información internacional que, de alguna manera, demuestra que la utilización de ciertos mecanismos -como el Ejército- tienen que hacerse con mucho cuidado. Creemos que después del informe que presentó José Luis Soberanes las autoridades van a hacer los ajustes necesarios para que la situación no se repita".
Advirtió que la CNDH tiene el gran reto de presentar recomendaciones muy puntuales para fortalecer la labor del Estado en la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de respeto a los derechos humanos. "Consideramos pertinentes los señalamientos de la CNDH, y todas las medidas para prevenir ese tipo de acciones son bienvenidas".
Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, organizadora del acto junto con otras instituciones, señaló: "nos felicitamos porque la CNDH emita esas declaraciones, pero nos preocupa que salgan un poco tarde. Ojalá esta información del ombudsman nacional represente un viraje ante la actitud que ha tomado ante las denuncias contra militares.
"Después de las múltiples interrogantes que nos hacíamos sobre el papel de la CNDH en el caso de la indígena Ernestina Ascensión, sobre el cual disentimos totalmente, consideramos positivo que saque esta información, pero quisiéramos que utilice términos adecuados, como tortura y no abusos". Antes, Ramírez había resaltado "la grave situación de que el Ejecutivo haya decidido sacar al Ejército a las calles, a realizar funciones de policía; tememos violaciones a los derechos humanos".
Juan Navarrete, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, manifestó que "las fuerzas armadas son una amenaza para las garantías individuales, porque no están capacitadas para responder a situaciones de orden interno.
Censuran ONG que la CNDH deje a la justicia militar el caso de menores violados en Michoacán
josé gil olmos
México, D.F., 17 de mayo (apro).- Una amplia red de organizaciones de derechos humanos del país criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya dejado en manos de la Procuraduría de Justicia Militar el caso de la presunta violación a cuatro menores de edad en Michoacán por elementos del Ejército, en lugar de remitirlo a las autoridades civiles.

Con esta decisión, la CNDH posibilita que las violaciones a derechos humanos queden en la impunidad, señalaron las agrupaciones.

La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todas y todos”; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestaron, de manera conjunta, su preocupación por la conducta de la CNDH ante las denuncias de violaciones a derechos humanos en el estado de Michoacán, por parte de elementos castrenses.

Señalaron que, a pesar de que es positivo que por primera vez la CNDH se haya pronunciado por la no participación del Ejército en tareas de seguridad pública, resulta alarmante que, una vez documentadas las múltiples violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos castrenses en Michoacán, entre ellas la posible violación a cuatro menores de edad, “la CNDH reconozca expresamente que la Procuraduría de Justicia Militar es la autoridad competente para conocer de las investigaciones que puedan iniciarse para esclarecer los sucesos”.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones indican que en reiteradas ocasiones la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, han expresado la necesidad de que los delitos perpetrados por personal militar contra civiles, sean conocidos por la justicia civil.

Ello, porque consideran que en México el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la jurisdicción civil y tiene la protección de la justicia militar.

“Las recomendaciones coinciden en señalar que cuando el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas civiles, al no existir independencia e imparcialidad ni de la Procuraduría ni de los tribunales militares”, dicen.

Los organizaciones sociales señalan que es necesario que las autoridades civiles conozcan los casos en los que elementos del Ejército mexicano están presuntamente implicados en la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, porque de esa maneta se permite que órganos potencialmente imparciales estudien, investiguen y juzguen conforme a derecho al personal castrense, teniendo con ello mayor oportunidad revertir el mayor aliciente para la comisión de delitos y violaciones a derechos humanos: la impunidad.

Recuerdan que ha habido casos en los que la Procuraduría de Justicia Militar ha tenido nulos resultados en cuanto a la sanción a los responsables, entre ellos la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco; el caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y las violaciones a las indígenas mixtecas de Guerrero, Francisca Santos y Victoriana Vázquez; de la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú., así como el de las tzeltales de Chiapas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, y el caso de las mujeres de Castaños, Coahuila.

“En cada uno de estos casos puede concluirse que el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para procesar a los presuntos responsables”, señalan.

Destacan que, hasta la fecha, la CNDH ha omitido por completo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a limitar el fuero militar y, de esta forma, impide a las víctimas contar con recursos efectivos para acceder a la justicia.

Sostienen que, mientras las cosas no cambien, es evidente que “la justicia militar no respeta la garantía de seguridad jurídica, ni mucho menos condiciones de imparcialidad e independencia, y mantiene en estado de inequidad procesal a los civiles que se ven sometidos a dicha jurisdicción”.

Por ello, hacen un llamado al titular de la CNDH, José Luis Soberanes, para que, en la recomendación o recomendaciones que emita sobre asuntos en los que estén involucrados militares, se manifieste para que sean tribunales civiles los que conozcan de los procesos penales iniciados en contra de militares por su presunta participación en violaciones a derechos humanos. De lo contrario, dijeron, estaría favoreciendo el clima de impunidad del que históricamente se han beneficiado los militares en este país.