Viernes, 18 de mayo de 2007
Culpa Ugalde a ''la ley'' por fallas del IFE y se lanza contra Fox
Asegura no saber qui?n orden? o pag? 30 por ciento de la propaganda en medios electr?nicos
ALONSO URRUTIA
Con la fiscalizaci?n de las campa?as casi concluida, el presidente el Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el impacto de la mediatizaci?n de la contienda que se desprende de la indagatoria: ''Enfrentamos un fen?meno in?dito por su magnitud. Hablamos de que 30 por ciento de la propaganda pol?tica que se transmiti? en 2006, no sabemos qui?n la pag?, qui?n la orden?. Eso significa que 30 por ciento del gasto en medios no est? completamente comprobado''.
Dado que ''80 por ciento de los recursos de campa?as se gastaron en medios, ser? ?til reflexionar sobre estas situaciones indeseables para la democracia, que ser? a futuro el punto medular de la fiscalizaci?n''. Por eso, se abrir?n procesos oficiosos para deslindar responsabilidades. ''?Qui?n va a ser el responsable de esos 200 mil espots (sin justificar)?, es la pregunta clave para el IFE. Nosotros tenemos 30 mil dvd grabados que acreditan su difusi?n''.
La autoridad emplazar? a los partidos, obligados por ley para rendir las cuentas; igualmente se auxiliar? de autoridades federales y estatales; requerir? a los consorcios de medios de comunicaci?n a informar sobre la ''grave enfermedad'', porque ''creo que en ellos -los medios- deber? estar el principal inter?s por transparentar su relaci?n con los partidos''.
Comentarios aleg?ricos, irresponsables, indeseables...
En entrevista con La Jornada, Ugalde no elude referirse a otros saldos de la contienda, y en referencia al comportamiento del presidente Vicente Fox subraya: ''Su actitud protag?nica, sus comentarios aleg?ricos, si bien no fueron ilegales s? contaminaron el proceso, contribuyeron al encono y provocaron un clima de enfrentamiento pol?tico. Fueron actitudes irresponsables, indeseables en un jefe de Estado, a pesar de que fueron legales. Me hubiera gustado que se comportara de manera ?tica y responsable''.
-?Fiscalizaci?n a cambio de permanencia de los consejeros?
-Son fen?menos desligados; las decisiones no se adoptan con base en consecuencias pol?ticas.
Sin embargo, a pregunta expresa sobre las voces que ped?an su renuncia por los sucesos de 2006 sostiene que centrar la responsabilidad de lo sucedido en las personas es trivializar el debate.
Sin mediar autocr?tica, Ugalde sostiene que al IFE no se le puede juzgar por haber actuado dentro de un marco legal que no estaba acorde con los requerimientos de estas campa?as. ''No se puede juzgar a la autoridad con base en un reglamento idealista que hubieran querido que existiera entonces; actuamos conforme al marco legal que el Congreso determin? para 2006. Al instituto no se le puede exigir a posteriori su actuaci?n respecto de comportamientos que no estaban previstos''.
Lo fundamental, agrega, es discutir el marco legal que hubo en 2006 y el margen que daba para arbitrar conflictos. Por qu? el marco institucional gener? cierta pol?mica y cierto comportamiento durante los procesos. Si todo se reduce a los humores de las personas estar?amos trivializando el debate, porque los consejeros actuaron conforme al marco legal vigente, aunque no quiere decir que este sea el ?ptimo. ''He dicho que se requieren cambios''.
-?El saldo de la fiscalizaci?n?
-Las campa?as se han ido mediatizando cada vez m?s. Es probable que el reporte que rendir? el IFE refleje que cerca de 80 por ciento de los gastos fueron a parar a radio y televisi?n, lo que significa que en realidad es una fiscalizaci?n al gasto en medios.
''Es necesario reflexionar sobre la vinculaci?n entre medios, partidos, sociedad y los poderes del Estado. Ello ser? relevante para el futuro de la democracia. Hay un fen?meno in?dito en donde no hay una explicaci?n satisfactoria de los partidos e iremos al fondo''.
-?Hubo complicidades entre medios y partidos?
-No quisiera adelantar explicaciones, s?lo describir el estado de la enfermedad. No es mi papel dar una explicaci?n, sino denunciar el s?ntoma de un problema de fondo.
-El IFE no tiene medidas de apremio para solicitar informes a los medios.
-Ser?a clave que el instituto tuviera medidas de apremio directas con los medios para hacer estas investigaciones. Mientras carezca de ellas, las facultades de investigaci?n son limitadas; podemos hacer exhortos, solicitudes de cooperaci?n, pero las facultades investigadoras son limitadas.
-?Es algo similar a los impedimentos que marca el secreto bancario y que incidieron en las indagatorias a los Amigos de Fox?
-Es una analog?a interesante. En materia de medios de comunicaci?n podr?amos dar mejores cuentas si tuvi?ramos cooperaci?n obligatoria. Evitar?a triangulaciones y habr?a informaci?n m?s directa.
-?Se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio por parte de Televisa y la C?mara de la Industria de Radio y Televisi?n?
-Eso habla de que un acuerdo de buena voluntad es una situaci?n limitada para el IFE. ?Le sirvi? al instituto la informaci?n que enviaron? S?. ?Hubiera sido mejor tener m?s? Por supuesto. La soluci?n es cambiar la ley para que haya obligaciones de los medios y entreguen la informaci?n.
-?Detr?s de los 200 mil espots no justificados podr?an estar aportaciones ilegales de empresarios o bonificaciones de medios prohibidas por ley?
-De las investigaciones pueden derivarse una serie de irregularidades de partidos, delitos electorales o de otro tipo, pero el IFE no puede adelantar hip?tesis, sino se?alar que tenemos s?ntomas de una enfermedad muy grave. El hecho es que las campa?as se pelean m?s en los medios, por ello a ?stos les conviene contribuir a transparentar los recursos, porque as? se mostrar?n como empresas socialmente responsables.
-?Esas empresas incidieron en la equidad de la contienda?
-Los espots corresponden a todos los partidos y a todas las campa?as.
A Ugalde no le preocupa el frente com?n de los organismos pol?ticos para enfrentar la fiscalizaci?n, ''porque eso habla de que realmente estamos siendo imparciales. Si hubiera queja de uno u otro podr?a especularse sobre parcialidad''.
Al abundar sobre el saldo de la elecci?n, el presidente del IFE sostiene que la remoci?n de los consejeros s?lo ser?a una forma de debilitar las instituciones, porque si la confianza en la autoridad de los partidos es tan vol?til y cambiante, y se remueve a los consejeros cada que esto sucede, ello no fortalece a las instituciones.
A pregunta expresa sobre si Elba Es-ther Gordillo fue pieza clave en su llegada a la presidencia del instituto sostiene: ''La se?ora era coordinadora parlamentaria en 2003; fuera de ese momento pol?tico no ha habido ninguna influencia o intervenci?n que haya tenido la se?ora Gordillo en el IFE. Hay una especulaci?n que sugiere que esta persona tiene influencia. No he tenido ninguna comunicaci?n, verbal o telef?nica (con ella), desde hace m?s de dos a?os''.
Interponen amparo los 69 mil 583 trabajadores de base del ISSSTE
Acuerda el sindicato del instituto apoyar las acciones de la UNT contra las reformas
El l?der gremial afirma que los cambios lesionan seriamente derechos laborales
EMIR OLIVARES , JOSE GALAN
Los 69 mil 583 afiliados de base al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) se ampararon contra la nueva ley del organismo, debido a que las reformas "afectan los derechos adquiridos" en materia de seguridad laboral, explic? el secretario general de ese gremio, Ricardo Pontigo M?rquez. Contra ello, la Federaci?n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) advirti? que esos recursos "son ilegales", ya que fueron tramitados de forma colectiva, por lo que no proceder?n.
El l?der sindical inform? que se decidi? interponer el recurso legal, que se preparaba desde hace varias semanas, con base en un punto de acuerdo establecido en los propios estatutos gremiales, "documento debidamente registrado ante las instancias legales correspondientes": la fracci?n segunda del art?culo 74 da facultades al secretario general para "representar al sindicato, sin requerirse autorizaci?n del Comit? Ejecutivo Nacional, ante cualquier autoridad administrativa, de trabajo o judicial en cualquier asunto que afecte a la organizaci?n".
Pontigo M?rquez refiri? lo anterior durante una reuni?n plenaria en la que participaron los miembros del Comit? Ejecutivo Nacional del sindicato y los 48 secretarios seccionales de todo el pa?s.
En un comunicado, el SNTISSSTE inform? que el amparo fue presentado el pasado 10 de mayo y qued? debidamente registrado un d?a despu?s ante el juzgado de distrito auxiliar que el Poder Judicial de la Federaci?n cre? especialmente para la tramitaci?n de amparos contra las reformas.
El total de miembros del SNTISSSTE, subray? el l?der sindical, solicitaron amparo debido a que la nueva ley del instituto "afecta los derechos adquiridos de los trabajadores de base de la instituci?n, al igual que a los dem?s servidores del Estado, por lo que es una legislaci?n que no puede ser aceptada, por considerarse inconstitucional".
Manifest? que el argumento que las autoridades esbozaron para reformar la Ley del ISSSTE fue fortalecer la situaci?n financiera del instituto para as? garantizar la viabilidad del esquema pensionario y de los servicios de salud. Sin embargo, consider? que dichos cambios, adem?s de afectar los derechos en materia de seguridad social adquiridos por los trabajadores del Estado, refuerzan "un modelo que ha demostrado su ineficacia a nivel internacional, con un costo social y econ?mico m?s alto para los bur?cratas, que a la larga podr?a convertirse en una carga financiera muy elevada para los mexicanos".
Advirti? que el ISSSTE "vive uno de los momentos m?s cruciales y trascendentales de su historia, ya que en las actuales condiciones no puede otorgar con calidad los servicios de seguridad social a m?s de 10 millones de derechohabientes".
Por ello, record? que a partir de 2005 el SNTISSSTE ha mostrado y hecho p?blica su disposici?n a dialogar con las autoridades, para construir una ley consensuada que no trastoque los beneficios laborales.
Por otro lado, fuentes de la Uni?n Nacional de Trabajadores (UNT) informaron que la dirigencia de esa organizaci?n sostuvo una reuni?n con Pontigo M?rquez, quien se comprometi? a apoyar las acciones conjuntas que emprenda esta organizaci?n contra la reforma, comenzando por el paro de 12 horas que realizar?n varios sindicatos universitarios en el pa?s el pr?ximo d?a 21.
La presentaci?n de los amparos signific? un duro golpe para las autoridades y para la FSTSE -federaci?n que se ha manifestado en favor de las reformas y a la cual pertenece el SNTISSSTE-, por lo que ?sta advirti? en un comunicado que los recursos legales promovidos por el secretario general del gremio "son ilegales", debido a que no pueden ser interpuestos de manera colectiva, adem?s de que fueron tramitados sin consentimiento de los trabajadores de base del instituto.
Esa federaci?n, encabezada por Joel Ayala, refiri? que el l?der del SNTISSSTE, Ricardo Pontigo, muestra una actitud "incomprensible", debido a que "sin el respaldo de la base trabajadora tramit? de manera ilegal el recurso de amparo en nombre de todos sus agremiados".
Para la FSTSE el secretario general del sindicato "carece de facultad para hacer valer dicho procedimiento ante la justicia federal, toda vez que los amparos son individuales y no colectivos, por lo que la medida no prosperar?".
"Desaconsejamos uso del Ej?rcito en labores de seguridad p?blica": ONU
VICTOR BALLINAS
La experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad p?blica, asegur? el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
En el caso de M?xico, subray?, "sabemos que tienen que actuar contra el crimen organizado, pero no puede abrir espacio para las violaciones a las garant?as individuales, como las denunciadas recientemente por la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)".
Entrevistado al t?rmino del Encuentro nacional: el ombudsman, herramienta de participaci?n ciudadana, realizado en la UNAM, Incalcaterra asever?: "la denuncia y recomendaciones del comisionado nacional (Jos? Luis Soberanes) son muy importantes. Creo que el gobierno las va a tomar en cuenta y va a hacer los ajustes pertinentes.
"Nosotros desaconsejamos el uso del Ej?rcito en tareas de seguridad p?blica por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse, que son violaciones a los derechos humanos; esto lo hemos se?alado.
"Las violaciones a los derechos humanos son los posibles riesgos que se presentan cuando se utiliza una fuerza que est? capacitada para otras tareas, para las cuales tiene una capacitaci?n espec?fica, pero debe tener una reglamentaci?n para poder actuar en otros campos que no son de su propia ?ndole."
Incalcaterra salud? la actitud de la Secretar?a de la Defensa Nacional ante la denuncia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ej?rcito Mexicano en Michoac?n, como abusos sexuales a cuatro menores, tortura, allanamientos, cateos y detenciones arbitrarias.
"Hay un compromiso a nivel de cabeza; ese es el mensaje m?s importante que el secretario de la Defensa Nacional (Guillermo Galv?n) dijo que no aceptar?n ni tolerar?n violaciones a los derechos humanos. Eso es importante: no permitir la impunidad.
"El mensaje es claro, pero veremos en las pr?ximas semanas cu?l es la voluntad expresa de las autoridades de seguridad; vamos a ver si (estas declaraciones) se transforman en situaciones reales. Habr? que ver el curso de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Es una oportunidad para transformar el discurso en hechos", subray?.
Labores de observaci?n
Dijo que esta oficina de la ONU fue invitada a M?xico "para observar la situaci?n de los derechos humanos, para ver qu? podemos aportar. En ese sentido, lo que le estamos acercando al gobierno mexicano es el c?mulo de informaci?n internacional que, de alguna manera, demuestra que la utilizaci?n de ciertos mecanismos -como el Ej?rcito- tienen que hacerse con mucho cuidado. Creemos que despu?s del informe que present? Jos? Luis Soberanes las autoridades van a hacer los ajustes necesarios para que la situaci?n no se repita".
Advirti? que la CNDH tiene el gran reto de presentar recomendaciones muy puntuales para fortalecer la labor del Estado en la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de respeto a los derechos humanos. "Consideramos pertinentes los se?alamientos de la CNDH, y todas las medidas para prevenir ese tipo de acciones son bienvenidas".
Gloria Ram?rez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, organizadora del acto junto con otras instituciones, se?al?: "nos felicitamos porque la CNDH emita esas declaraciones, pero nos preocupa que salgan un poco tarde. Ojal? esta informaci?n del ombudsman nacional represente un viraje ante la actitud que ha tomado ante las denuncias contra militares.
"Despu?s de las m?ltiples interrogantes que nos hac?amos sobre el papel de la CNDH en el caso de la ind?gena Ernestina Ascensi?n, sobre el cual disentimos totalmente, consideramos positivo que saque esta informaci?n, pero quisi?ramos que utilice t?rminos adecuados, como tortura y no abusos". Antes, Ram?rez hab?a resaltado "la grave situaci?n de que el Ejecutivo haya decidido sacar al Ej?rcito a las calles, a realizar funciones de polic?a; tememos violaciones a los derechos humanos".
Juan Navarrete, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, manifest? que "las fuerzas armadas son una amenaza para las garant?as individuales, porque no est?n capacitadas para responder a situaciones de orden interno.
Censuran ONG que la CNDH deje a la justicia militar el caso de menores violados en Michoac?n
jos? gil olmos
M?xico, D.F., 17 de mayo (apro).- Una amplia red de organizaciones de derechos humanos del pa?s critic? que la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya dejado en manos de la Procuradur?a de Justicia Militar el caso de la presunta violaci?n a cuatro menores de edad en Michoac?n por elementos del Ej?rcito, en lugar de remitirlo a las autoridades civiles.

Con esta decisi?n, la CNDH posibilita que las violaciones a derechos humanos queden en la impunidad, se?alaron las agrupaciones.

La Red Nacional de Organismos Civiles ?Todos los derechos para todas y todos?; la Comisi?n Mexicana de Defensa y Promoci?n de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos de la Monta?a, Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust?n Pro Ju?rez, manifestaron, de manera conjunta, su preocupaci?n por la conducta de la CNDH ante las denuncias de violaciones a derechos humanos en el estado de Michoac?n, por parte de elementos castrenses.

Se?alaron que, a pesar de que es positivo que por primera vez la CNDH se haya pronunciado por la no participaci?n del Ej?rcito en tareas de seguridad p?blica, resulta alarmante que, una vez documentadas las m?ltiples violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos castrenses en Michoac?n, entre ellas la posible violaci?n a cuatro menores de edad, ?la CNDH reconozca expresamente que la Procuradur?a de Justicia Militar es la autoridad competente para conocer de las investigaciones que puedan iniciarse para esclarecer los sucesos?.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones indican que en reiteradas ocasiones la Comisi?n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), as? como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, han expresado la necesidad de que los delitos perpetrados por personal militar contra civiles, sean conocidos por la justicia civil.

Ello, porque consideran que en M?xico el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la jurisdicci?n civil y tiene la protecci?n de la justicia militar.

?Las recomendaciones coinciden en se?alar que cuando el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por ?rganos de justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensi?n a las v?ctimas civiles, al no existir independencia e imparcialidad ni de la Procuradur?a ni de los tribunales militares?, dicen.

Los organizaciones sociales se?alan que es necesario que las autoridades civiles conozcan los casos en los que elementos del Ej?rcito mexicano est?n presuntamente implicados en la violaci?n de los derechos humanos de los ciudadanos, porque de esa maneta se permite que ?rganos potencialmente imparciales estudien, investiguen y juzguen conforme a derecho al personal castrense, teniendo con ello mayor oportunidad revertir el mayor aliciente para la comisi?n de delitos y violaciones a derechos humanos: la impunidad.

Recuerdan que ha habido casos en los que la Procuradur?a de Justicia Militar ha tenido nulos resultados en cuanto a la sanci?n a los responsables, entre ellos la desaparici?n de Rosendo Radilla Pacheco; el caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y las violaciones a las ind?genas mixtecas de Guerrero, Francisca Santos y Victoriana V?zquez; de la ind?gena tlapaneca Valentina Rosendo Cant?., as? como el de las tzeltales de Chiapas, Ana, Beatriz y Celia Gonz?lez P?rez, y el caso de las mujeres de Casta?os, Coahuila.

?En cada uno de estos casos puede concluirse que el fuero militar no es garant?a de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigaci?n para procesar a los presuntos responsables?, se?alan.

Destacan que, hasta la fecha, la CNDH ha omitido por completo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a limitar el fuero militar y, de esta forma, impide a las v?ctimas contar con recursos efectivos para acceder a la justicia.

Sostienen que, mientras las cosas no cambien, es evidente que ?la justicia militar no respeta la garant?a de seguridad jur?dica, ni mucho menos condiciones de imparcialidad e independencia, y mantiene en estado de inequidad procesal a los civiles que se ven sometidos a dicha jurisdicci?n?.

Por ello, hacen un llamado al titular de la CNDH, Jos? Luis Soberanes, para que, en la recomendaci?n o recomendaciones que emita sobre asuntos en los que est?n involucrados militares, se manifieste para que sean tribunales civiles los que conozcan de los procesos penales iniciados en contra de militares por su presunta participaci?n en violaciones a derechos humanos. De lo contrario, dijeron, estar?a favoreciendo el clima de impunidad del que hist?ricamente se han beneficiado los militares en este pa?s.
Publicado por solaripa69 @ 9:56
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