Cuestiona AI el controvertido proceso en que resultó electo Felipe Calderón
Preocupante, el nombramiento del secretario de Gobernación; persisten tortura e impunidad, señala
VICTOR BALLINAS
En su informe anual 2007, Amnistía Internacional (AI) resalta que Felipe Calderón fue elegido presidente en un controvertido proceso electoral, y la imparcialidad de las elecciones y el estrecho margen de la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) fueron cuestionados por el candidato que obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
El organismo internacional subraya que, al rendir protesta, Calderón no contrajo ningún compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos y, por el contrario, ''fue motivo de preocupación el nombramiento que hizo como secretario de Gobernación de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, que cuando tuvo ese cargo no impidió ni castigó las violaciones graves a easas garantías cometidas en aquella entidad''. Los altermundistas torturados, detenidos ilegalmente e incomunicados, son un ejemplo de lo anterior.
AI destaca en su informe 2007 que, en el caso de México, Vicente Fox Quesada concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a combatir la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.
Amnistía Internacional denuncia en dicho informe mundial que en México ''continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados; asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables''.
Por lo que hace a la violencia contra las mujeres, AI subraya que ''siguió siendo endémica en muchas entidades'' y cita el caso de Ciudad Juárez; además, varios periodistas fueron asesinados y defensores de derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro, sufrieron hostigamiento y fueron procesados con procedimientos infundados.
La organización internacional sostiene que los elevados índices de delincuencia y la inseguridad pública continuaron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública, y hace notar que ''los altos índices de esa delincuencia, en muchos casos relacionada con el narcotráfico, menoscabaron la seguridad pública en muchas zonas del país, en tanto que operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos''.
Subraya que durante 2006 recibió informes de ''violaciones graves en el estado de Oaxaca, en el contexto de una dilatada crisis política". Hace notar que en junio de ese año, la policía local usó fuerza excesiva en contra de los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad capital de ese estado. ''Se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo torturas, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban''.
Amnistía da cuenta del reiterado ''uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos''; por ejemplo, refiere el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, donde en abril de 2006 policías federales y estatales desalojaron a mineros en huelga que bloqueaban el acceso a la planta. ''Tras el desalojo se produjeron enfrentamientos violentos en los que murieron, a consecuencia de disparos efectuados por la policía, José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Alvarez Gómez; 54 personas más resultaron con lesiones, entre ellos agentes policiales''.
El informe enfatiza en que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso Sicartsa, porque consideró que las policías federal y estatal actuaron ilegalmente y solicitó una investigación ''criminal'', las autoridades se negaron a llevarla a cabo.
También da cuenta del operativo policiaco en San Salvador Atenco, el 3 de mayo de 2006. Dice que, según los informes, varios agentes estaban retenidos, por lo que ''la policía utilizó gas lacrimógeno, toletes y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión''.
En estos hechos, acusa AI, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. ''Al menos 26 de ellas denunciaron ante la CNDH que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores''.
El organismo internacional señala que durante 2006 en México persistieron detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura y la vulneración del derecho al debido proceso de presuntos delincuentes. ''Los tribunales continuaron pasando por alto los informes de tales abusos. En muchos casos se negó el acceso a asistencia letrada (abogados) en las fases iniciales de la detención, y con frecuencia los licenciados designados por el Estado no garantizaron el derecho a una defensa efectiva".
El informe será presentado este miércoles y recalca que ''a los detenidos más pobres y desfavorecidos, como los indígenas, se les negó a menudo la aplicación de normas mínimas de imparcialidad''.
La Corte resolverá sin ideologización el caso de la ley Televisa: Aguirre Anguiano
JESUS ARANDA
"La realidad es que no saben de lo que estamos hechos", advirtió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al presentar ayer, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su "documento de trabajo" que servirá de base en la "resolución final" sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la ley Televisa. Esto en respuesta, sin mencionar nombres, a aquellos que han cuestionado el papel del máximo tribunal en la revisión de este asunto.
Para los presentes en el salón de sesiones, el ministro se refería, con su conocido sarcasmo, a la intención de senadores de "poner remedio" a la legislación impugnada, si la Corte no lo hace, y puntualizó: "Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa, sin que, desde luego, nada lo impidiera".
Se comentó en la sede del máximo tribunal que otro destinatario del mensaje era el PRD, cuando mencionó "que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no resuelve la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas provocará que el partido político que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres propios de la reforma del Estado".
También tuvo tiempo para aludir a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, al indicar que hay quien piensa que, en dado caso, la Corte sería la responsable de perpetuar "un duopolio televisivo". También tuvo palabras que recordaron la campaña en los espacios informativos de Tv Azteca y Televisa, en los cuales se ha insistido en que si se invalidan las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) "se frenará el desarrollo tecnológico y comercial de la radio, la televisión y la telecomunicaciones".
Asimismo, Aguirre Anguiano cuestionó las declaraciones de legisladores de PAN, PRD y PRI, quienes han dicho que "de resolver la Corte el tema de las entidades desconcentradas (caso Comisión Federal de Competencia, en el que el pleno resolvió que el Senado no tiene por qué intervenir en la designación que haga el Ejecutivo federal), habrá una regresión innegable hacia el autoritarismo", además de las amenazas de que "la SCJN no puede legislar, pero que de persistir reformará la Constitución, para que en lo sucesivo no pueda pronunciarse igual".
En respuesta a esas presiones y cuestionamientos, Aguirre aseveró en su mensaje que "por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno; estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias y como está previsto en la Constitución".
Para terminar, habló en nombre de los nueve ministros que conocerán de la acción de inconstitucionalidad, al señalar que su única ocupación será establecer la regularidad constitucional o ausencia de ella en las normas impugnadas: "No nos preocupan otras consecuencias en corto y a la larga. Como tribunal constitucional que somos, sabemos que la primacía de la Constitución es lo más rentable para el país".
Ante la presencia de los principales actores de la acción de inconstitucionalidad en el salón de plenos, los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, Aguirre Anguiano precisó "de qué no se trata ésta acción" y "de qué sí". Asimismo, reiteró cuáles son los artículos de la LFRTque plantea sean invalidados: "el 16, en la parte relativa al plazo de duración de las concesiones; el 17-G, en la parte referida al criterio de adjudicación por subasta pública; los artículo 28 y 28-A en su integridad, en tanto prevén el mecanismo para obtener una nueva concesión en materia de telecomunicaciones sin necesidad de participar en licitación o de pagar una contraprestación al Estado".
En su intervención, el ministro se refirió primero a "de qué no se trata esta acción": -No se trata de los aspectos técnicos de la convergencia tecnológica -dijo ante los seis expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional que comparecieron ante los ministros, quienes confirmaron que el espectro destinado con la actual ley a la televisión y radio digital permite no sólo servicios adicionales, servicios de telecomunicación e incluso la transmisión simultánea de dos señales en la misma frecuencia-; tampoco trata respecto a los beneficios de la tecnología digital sobre la analógica, ni respecto al ancho de banda de frecuencia.
"Tampoco -añadió- resolveremos sobre la competitividad a nivel nacional o internacional de los servicios de telecomunicaciones".
En cambio, precisó, el pleno determinará "qué constituye la propiedad originaria del Estado mexicano. ¿De qué es dueño el Estado? Establecer si el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público; precisar el régimen constitucional de las concesiones públicas; limitar la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados; decidir si una concesión puede ser desvinculada de un uso determinado y específico del bien de dominio público sobre la cual fue otorgada".
Equidad y no discriminación
En resumen, indicó, establecer si las modificaciones a la LFRT y LFT respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado.
Se refirió también a que los ministros analizarán si el Congreso tiene o no facultades para crear un órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Federal de Telecomunicaciones, y si ésta puede imponer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información, recibir el pago de derechos, intervenir en asuntos internacionales y ejercer facultades que correspondían originariamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros aspectos.
En otra parte de su intervención convalidó el artículo 16 de la LFRT, al afirmar que "los concesionarios que detentan ya un título de concesión en materia de radio y televisión han cumplido bien con los requisitos que establecía la ley anterior", además de que éstos "han realizado notables inversiones para explotar el bien concesionado", aunque señaló que el refrendo de la concesión no debe ser automático ni perpetuo.
Finalmente, mencionó que su proyecto plantea que existe una omisión del legislador, al no garantizar el acceso a los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Una vez que Aguirre presentó su documento, el pleno iniciará la discusión del asunto.
Yucatán, las lecciones de los aluxes
jenaro villamil
México, D.F., 22 de mayo (apro).- Hace seis meses nada parecía ensombrecer una victoria del PAN en Yucatán. La intención del voto le daba una ventaja de casi 20 puntos al blanquiazul por encima del PRI, su más cercano competidor.
En los comicios del 2 de julio de 2006, Felipe Calderón prácticamente le ganó tres a uno a Andrés Manuel López Obrador (362 mil votos contra 124 mil), en un escenario que contrastó con el margen tan estrecho de victoria entre uno y otro a escala nacional. Madrazo obtuvo en Yucatán 258 mil votos y nada hacía pensar en una victoria estatal del tricolor que acabó dividido y polarizado desde la derrota de Víctor Cervera Pacheco en su última aventura electoral en 2004.
Sin embargo, llegaron los aluxes. Esos personajes mitológicos de la cultura maya, enanos traviesos que cuidan la milpa, le jugaron una mala pasada a la soberbia de poder del grupo encabezado por Patricio Patrón Laviada. Este grupo –al cual pertenece Xavier Abreu Sierra, el candidato perdedor-- tuvo el mérito de vencer al cerverismo en el 2001, pero dejó a su propio partido mal herido, y se embarcó en un ejercicio desgastante de polarización social y política que el electorado yucateco le cobró.
Dos rostros de felicidad, ambas mujeres, describen muy bien las señales de lo que le puede suceder a quien no entienda las lecciones de los aluxes en una entidad tan politizada como Yucatán.
Por un lado, la euforia de Ivonne Ortega Pacheco, la joven de apenas 34 años que ganó por 7 puntos de diferencia a Xavier Abreu (49.70% de los votos frente al 42.7). Tiene motivos de sobra para festejar la exalcaldesa de Dzemul: su partido gobernará 50 municipios y peleará voto por voto Mérida, la joya de la corona que el tricolor perdió hace más de 19 años frente al PAN.
Justamente el otro rostro de felicidad es el de Ana Rosa Payán, la primera alcaldesa panista de Mérida que venció al PRI hace 19 años, y que ahora fue el factor determinante para la debacle de Acción Nacional en la entidad.
La denuncia de Payán en contra de las malas maniobras del grupo político de Patricio Patrón y su ruidosa salida del partido donde militó por más de dos décadas, provocó un cisma en las filas del blanquiazul. El valor más importante de un partido –su credibilidad ante los electores-- se derrumbó después de la salida de Payán.
¿Hubo concertacesión? Los escépticos de siempre no dudan en afirmar que hubo un pacto debajo del agua entre Felipe Calderón y Beatriz Paredes Rangel, la nueva dirigente nacional del PRI, para “sacrificar” Yucatán a cambio de que el tricolor lo apoye en sus reformas y en su aventura militar contra el narcotráfico.
La suspicacia tiene algunas razones de ser. La concertacesión se hubiera impuesto ante un resultado con estrecho margen y ante un nivel muy alto de abstencionismo.
Sin embargo, los aluxes también le jugaron una mala pasada a los politólogos de café. La diferencia entre Ivonne y Xavier es de más de 7 puntos (es decir, el PAN perdió 27 puntos en seis meses), el electorado salió a votar en forma masiva (69% de índice de participación) y la violencia tan augurada y propiciada por ambos grupos en disputa no apareció. La lección cívica de los votantes fue brutal. En el fondo, les dieron a entender que ni el despilfarro ni la guerra sucia a través de los spots pueden amedrentar a una sociedad cuando decide participar.
La otra lección de los aluxes es clara: ninguna victoria electoral es patente de corso ni credencial de impunidad para revivir prácticas autoritarias y clientelares. Ana Rosa Payán tuvo el mérito de denunciar el “priismo interiorizado” de sus correligionarios y de reprocharles que los mismos vicios y prácticas que tanto le criticaron a Cervera Pacheco durante su cacicazgo político, los reprodujeron pero bajo el logo del PAN. La decepción siempre es mayor cuando las expectativas democráticas fueron tan altas como la estatura del gobernador saliente.
Esa misma lección vale para el PRI. Ivonne Ortega tendrá que demostrarles a los yucatecos que no basta ser joven ni mercadológicamente eficaz si las añejas prácticas de su partido y de su origen familiar no se transforman radicalmente. Si revive el cerverismo maquillado y ampuloso, los aluxes también saldrán a las urnas.
Para el PRD la lección es aún más dura. Si este partido sólo se concentra en una rentabilidad electoral inmediata, en un pragmatismo ineficaz que sólo lo lleva a “cachar candidatos”, no podrá romper el bipartidismo y la polarización que ha aquejado a Yucatán en los últimos treinta años.
Buena parte de los yucatecos están cansados de la herencia del viejo cerverismo y de las malas copias y prácticas que se reprodujeron en estos últimos seis años. Pero también están agotados de la polarización que se refleja a todos los niveles: basta recordar el caso Medina-Abraham para tener una idea del agotamiento social que provoca la polarización. Están cansados porque la polarización no ha significado diversidad. Dos grandes grupos políticos se pelean, pero ambos tienen una misma cultura autoritaria que permea a todos los partidos.
El adversario no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de democracia, la incapacidad de construir ciudadanía y la pobreza terrible de las zonas mayas de Yucatán que sólo son usadas, de vez en vez, cuando necesitan comprarle su credencial de elector.
Lástima por Héctor Herrera, “Cholo”, una figura querida, admirada y entrañable para los yucatecos por su tenaz trabajo en el teatro regional y en la parodia política. No merecía ser un candidato más ni que el PRD le regateara apoyos. Sin embargo, a él le corresponderá la gran parodia de lo que sucedió y se vivió en los comicios yucatecos. El gran teatro de la política tiene actores que casi siempre son olvidados por los partidos: los ciudadanos.