El Congreso insta a Calderón a capacitar policías para que el Ejército deje las calles
"Estamos llevando al deterioro a una institución fundamental del país": Graco Ramírez
ANDREA BECERRIL
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón a profesionalizar y capacitar a los cuerpos policiacos, con el propósito de evitar "el despliegue del Ejército Mexicano" en el combate al narcotráfico y otras tareas civiles de seguridad pública.
El PAN votó en contra de ese acuerdo en el que se pide dejar de considerar a los militares como el único medio para enfrentar al crimen organizado, con la finalidad de que el Ejército deje de patrullar las calles y recobre sus actividades propias de protección del territorio y la soberanía nacionales.
En el dictamen, que aprobaron después los senadores y diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia, se advierte que la intervención del Ejército en funciones de seguridad pública "ha cobrado dimensiones mesiánicas", al grado que se le ha considerado en algunos medios como la única solución al problema del narcotráfico".
Asimismo, la Comisión Permanente expresó preocupación ante los pocos resultados de los operativos contra el narco y el riesgo de exponer al Ejército, que es de las pocas instituciones mexicanas "que han preservado un nivel aceptable de credibilidad".
Los legisladores del PAN trataron de rebatir los argumentos de los perredistas en el sentido de que el Ejército no puede permanecer patrullando las calles los próximos seis años, como lo pretende Calderón. "Eso sí sería muy peligroso para la democracia y para el mismo estado de derecho", advirtió el diputado Raymundo Cárdenas.
El senador panista Alejandro Zapata Perogordo salió en defensa de la estrategia del gobierno federal, y aseguró que no se logrará en el corto plazo acabar con la violencia y la inseguridad, y consideró incongruente que el diputado perredista por Guerrero, Humberto Zazueta, hubiera propuesto ese punto de acuerdo, sobre todo porque el gobernador de esa entidad, Zeferino Torreblanca, es el que más ha insistido en la intervención de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico.
Igualmente, el diputado Cruz Pérez Cuéllar argumentó en contra y aseguró que al pedir el repliegue del Ejército a sus cuarteles, se da un mal mensaje a los mexicanos, "el que la Permanente quiere que se dé marcha atrás ante el crimen oganizado". Insistió en que hay responsabilidad del Congreso por no haber aprobado las iniciativas de Calderón en materia de seguridad y justicia.
En respuesta, el diputado perredista Andrés Lozano Lozano hizo notar que no hay una política integral en materia de seguridad pública, y de persistir la decisión de mantener a los militares permanentemente en el combate al tráfico de drogas, lo que lograrán es desgastar a las fuerzas armadas y ponerlas en riesgo.
El senador Graco Ramírez, también perredista, resaltó que los resultados de los operativos en que participa el Ejército han sido nulos, y recordó las muchas denuncias contra militares por violaciones de mujeres y atropellos contra la población.
"Estamos llevando al deterioro a una institución fundamental del país, porque la población comienza a rechazarla", insistió.
A una fuerza entrenada para la guerra, para la lógica de combatir al enemigo, no se le pueden dar tareas cotidianas, que corresponden a cuerpos especializados. Coincidió con el diputado Cárdenas en que el punto de acuerdo sólo propone a Calderón profesionalizar a los cuerpos policiacos, para que cumplan con su tarea.
Ramírez respondió a los panistas que las iniciativas de Calderón conculcan derechos fundamentales con el pretexto de combatir criminales; quieren actuar a "garrotazo limpio" contra todos, no sólo con los delincuentes.
Los legisladores del PRI no participaron en el debate, pero votaron en favor del punto de acuerdo, que deberá comunicarse a la Presidencia de la República.
Durante la sesión y también con el voto en contra del PAN, se aprobó que la Comisión Permanente exhorte al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, a separar de su cargo al procurador general de justicia de la entidad, Antonio Martínez Luna, en tanto sea investigado por sus vínculos con el narcotráfico.
Todas las fuerzas políticas, a excepción del PAN, aprobaron también exhortar al titular de al Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a atraer la investigación de la presunta complicidad de autoridades policiacas de Baja California con el crimen organizado.

Es decepcionante la actuación del gobierno en derechos humanos: AI
Falta voluntad a la administración calderonista
Fox también incumplió y dejó importantes pendientes
VICTOR BALLINAS


Lectura del informe de Amnistía Internacional Foto: María Meléndrez Parada
La actuación del nuevo gobierno -el de Felipe Calderón- en la defensa y promoción de los derechos humanos, hasta ahora ''ha sido decepcionante. Hasta hoy no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones'' en esta materia, afirmó ayer la presidenta de Amnistía Internacional, sección México, Liliana Velázquez, al presentar el Informe 2007 de esa organización, en su capítulo dedicado a nuestro país.
La defensora acusó que la impunidad es el fenómeno más arraigado ''en todos los casos de abuso de derechos humanos en México, y es también el reto más importante de este gobierno, que debe tomar medidas para contrarrestar esa situación y tiene la responsabilidad ante la sociedad y la comunidad internacional de garantizar que no haya impunidad''.
Catálogo de impunidad
Velázquez dio cuenta de las graves violaciones registradas durante 2006: asesinatos de ciudadanos a manos de policías en San Salvador Atenco, estado de México; Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoacán; violaciones y agresiones sexuales contra mujeres cometidas por elementos policiacos, detenciones arbitrarias, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, violencia y feminicidios, entre muchas otras.
La presidenta de AI resaltó que ''un gobierno que no rechace la tortura debilita su autoridad moral y su capacidad de cuestionar abusos''. Llamó además al presidente Felipe Calderón a asumir su papel de liderazgo dentro del país para mejorar la situación. ''Lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca''.
Anunció que la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, viajará a México en agosto para recordar al Ejecutivo federal su compromiso con los derechos humanos.
Velázquez insistió en que el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en el país abre la posibilidad para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos por su falta de capacitación para realizar tareas policiales, como los hechos que ya denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Michoacán, donde se dio cuenta de violaciones sexuales de mujeres por parte de militares, cateos ilegales y detenciones arbitrarias.
''Evidentemente que sí hay una preocupación real de AI en cuanto a la intervención de militares en las labores de seguridad, porque el sistema de justicia militar puede ser la fórmula para generar impunidad''.
Al dar cuenta de la situación de los derechos humanos en el país durante 2006, Velázquez refirió que Amnistía produjo 473 informes y otras publicaciones; de ellos, cuatro fueron para México; el más reciente fue en febrero de este año, denominado Leyes sin justicia.
Durante el año pasado, abundó Velázquez, se realizaron 330 acciones urgentes en favor de personas en situación de riesgo, y al menos 13 fueron para México; se analizaron 153 países, hubo 120 visitas a 77 naciones y territorios y tres de esos recorridos fueron en nuestro país; se documentó la reclusión de presos de conciencia en 57 países y uno de ellos es México. ''Este panorama -que se refleja en el informe 2007 de AI- lejos de ser alentador es una clara muestra de las preocupaciones de la organización en relación con los derechos humanos''.
El presidente Vicente Fox concluyó su mandato y ''no cumplió con las expectativas que generó en materia de derechos humanos, y aunque hubo logros, éstos se consumaron básicamente en el plano internacional. El anterior gobierno dejó importantes pendientes que el actual debe abordar de manera seria y comprometida'', apuntó.
Hizo énfasis en que Amnistía Internacional observó en 2006 las siguientes preocupaciones: uso excesivo de la fuerza en materia de seguridad pública; operativos policiacos masivos contra manifestantes, que dejaron un saldo de graves abusos contra los derechos humanos.
Dio cuenta del desalojo de trabajadores, que el gobierno llevó a cabo en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde hubo dos muertos a consecuencia de disparos de policías, y 54 personas resultaron heridas.
También hizo notar el enfrentamiento entre policías del estado de México con ciudadanos en Texcoco y San Salvador Atenco. Hubo ahí un uso excesivo de la fuerza, tortura y homicidios, así como detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales, violación al derecho a un juicio justo. A un año de esos hechos no hay avances ni sanciones para los responsables. ''Sólo se han fincado cargos menores a los responsables''. Al referirse al caso Oaxaca, donde hubo asesinatos, detenciones arbitrarias, maltrato, tortura, fabricación de cargos, juicios injustos e impunidad, Velázquez subrayó que ''con esas acciones los gobiernos del estado de México y de Oaxaca han generado una espiral de abusos en la que ya ningún derecho es intocable y donde nadie está a salvo''.
Destacó que para defender los derechos humanos se requieren instituciones fuertes y activas; es imprescindible una reforma al sistema de justicia en el país que tome como base fundamental estas garantías. Señaló que con el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y sus pobres resultados, lo que se manifiesta es impunidad. ''El silencio de la Femospp parece ilustrativo de la importancia que debe dar el gobierno en cumplir con sus compromisos internacionales de no permitir la impunidad''.
Amnistía sostuvo que ''la situación de recurrir a las fuerzas armadas para realizar tareas policiales y la retención del fuero militar para obstaculizar cualquier investigación de denuncia de los derechos humanos son aspectos negativos''.
Abundó: ''Un gobierno que no rechace la tortura debilita su autoridad moral y su capacidad de cuestionar dichos abusos. Un sistema de estado de derecho que funcione adecuadamente en todo el país es la principal salvaguarda para los derechos humanos, pero para que sea realmente justo dicho sistema debe incluir a las mujeres y a los pobres''.
Finalmente, Amnistía Internacional reconoce como aspectos negativos de este gobierno las propuestas de reforma al sistema de justicia, donde crea un clima de excepción que podría dañar los derechos humanos, así como la falta de acción para asegurar que no haya impunidad en los casos graves de violaciones a derechos.
Lydia Cacho fue torturada, confirma un peritaje de sicólogos de la UAM
La especialista de la dependencia había concluido que es una persona que ''tiende a fantasear''
ALFREDO MENDEZ ORTIZ, LA JORNADA DE ORIENTE
La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con dos peritajes en materia de sicología practicados a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, debido a que el primero que le realizó la sicóloga de la dependencia, Dalia Alejandra Díaz Muñoz, en el que dictaminó que la comunicadora es una persona que ''tiende a fantasear'', fue contradictorio y poco claro, además de que fue hecho en los días posteriores a su detención, en diciembre de 2006, cuando se encontraba alterada de los nervios, informaron fuentes oficiales y el penalista Xavier Olea Peláez.
Según las fuentes consultadas, así como la versión del abogado de la comunicadora, fue la propia PGR la que contrató a sicólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana para que realizaran un segundo peritaje a Cacho Ribeiro, ante la falta de eficacia del primero. Inclusive, en el segundo examen pericial, se dictaminó que la periodista sí fue víctima de tortura sicológica durante su detención en Cancún y posterior traslado a un penal de la ciudad de Puebla.
A su vez, Olea Peláez confirmó en entrevista con La Jornada que el primer peritaje que refiere supuestos desequilibrios personales de Cacho fue objetado por la misma PGR. ''Primero, porque nada más venía firmado por una perito, cuando deben ser dos. Segundo, no tenía plasmadas las directrices del Protocolo de Estambul, el cual dice cómo debe tratarse a la gente que supuestamente ha sido torturada. Al no haber agotado todos los requisitos, las fiscalías de Periodistas y la de Mujeres de la PGR, contrataron servicios de especialistas de la Facultad de Sicología de la UAM; éstos volvieron a entrevistar a Lydia Cacho en múltiples ocasiones para llegar a una conclusión: sí fue torturada'', indicó el litigante.
Agregó que el peritaje que rindió la sicóloga de la PGR se realizó en poco tiempo y sin contener todos los requisitos que la ley establece. ''Esa perito se contradijo; por un lado aseguraba que Lydia fue víctima de tortura, pero en otra parte de su dictamen dijo que no se configuraba la tortura. Ante ello, la PGR pidió la intervención de peritos sicólogos externos. El nuevo peritaje llega a la conclusión de que Cacho fue torturada. Los sicólogos de la UAM aseguran que la comunicadora pasa por un estado de zozobra producto de la tortura sicológica que sufrió desde su detención y traslado a la cárcel de Puebla'', refirió Olea.
Por otra parte, la PGR informó que no ha brindado ningún tipo de información sobre las pesquisas que realiza la Fiscalía Especializada en la Atención para Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), por la denuncia que presentó Lydia Cacho en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y otros funcionarios de su administración.
La aclaración se hizo el pasado martes, mismo día en que un diario local dio a conocer un pertitaje realizado por la PGR, el cual determina que la autora de Los demonios del Edén es propensa a fanta-sear y crear ilusiones.




Reanuda la CNTE protestas en oficinas del ISSSTE
Notimex/ La Jornada On Line
24/05/2007 09:17
México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este jueves una jornada más de protestas contra las reformas a la Ley del ISSSTE y bloquean carriles laterales de avenida Paseo de la Reforma frente a las oficinas generales de ese instituto.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) indicó que se trata de más de 400 personas, quienes se ubican en el costado oriente de las oficinas generales del ISSSTE, ubicadas en Reforma, entre avenida La Fragua y Plaza de la República.
Los manifestantes iniciaron su movilización desde el campamento permanente que mantienen a un costado del Monumento a la Revolución.
La protesta transcurre, hasta ahora, sin incidentes mayores y la alternativa es utilizar carriles centrales de Reforma.
Tras las protestas que la CNTE realizó ayer miércoles miércolers, la sede de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ubicadas en Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Palma, amanecieron este jueves resguardadas por más de un centenar de granaderos de la policía capitalina.