Antes deben gravarse alimentos que ganancias en bolsa: OCDE
El objetivo del organismo es que se eliminen todas las exenciones fiscales en IVA e ISR
Presiona por la reforma tributaria con base en que están bajando los recursos petroleros
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que preside el ex secretario de Hacienda José Angel Gurría, se manifestó este jueves por eliminar la exención generalizada del impuesto al consumo de alimentos en México. En cambio, sostuvo que no debe aplicarse ningún gravamen a las ganancias obtenidas por los capitales invertidos en el mercado accionario nacional.
Al opinar sobre el proceso de reforma fiscal, que el gobierno federal espera sea aprobado este año, Bénédicte Larré, economista senior de estudios económicos de México en la OCDE, consideró que ''sería decepcionante'' si México no lograra incrementar su base de ingresos tributarios.
El proceso de reforma tributaria tiene un sentido de urgencia, porque ''el país ya necesita recursos que no captará por la exportación de petróleo en 2007 y todavía más en 2008'', dijo la especialista de la OCDE, organización que el mes pasado recibió en París a legisladores que trabajan en el una reforma tributaria.
Este jueves, el organismo presentó en su sede en París su informe económico semestral, en el que estimó que la economía mexicana crecerá este año 3.4 por ciento y el siguiente en 3.7, pronósticos similares a los del gobierno federal y el Banco de México.
La OCDE consideró que la principal incertidumbre sobre el desempeño de la economía mexicana en los siguientes meses está relacionada con la evolución de Estados Unidos y la demanda que en ese país haya de las exportaciones mexicanas.
Agregó que ''debido a la necesidad de financiar programas esenciales de gasto, la reforma para ampliar la base tributaria y aumentar los ingresos públicos no debería ser demorada''.
En una teleconferencia de prensa desde París, los principales expertos de la OCDE para México insistieron en la necesidad de una reforma tributaria, que aumente los ingresos pero también mejore la forma en que se gastan los recursos públicos, aunque su orden de prioridades no pasa por gravar los capitales especulativos ni las operaciones en bolsa, donde se han realizado grandes transacciones sin pago de impuestos, como la venta de Banamex y Bancomer, pero sí insiste en retirar algunas exenciones al consumo de alimentos.
''Creo que existe interés entre los legisladores de los partidos políticos de México por discutir y llegar a consensos en torno a una reforma fiscal integral'', comentó Stefano Scarpetta, jefe de la división de estudios por país de la OCDE, quien participó en la teleconferencia de prensa.
''El contexto en México es ahora mejor para llegar a una reforma fiscal'', comentó por su parte Bénédicte Larré, la principal economista de la OCDE para México.
Planteó que para la OCDE el objetivo de una reforma fiscal en México sería eliminar todas las exenciones fiscales en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), aunque comentó que esa meta es difícil de lograr.
Datos de la Secretaría de Hacienda indican que este año las exenciones al ISR costarán al fisco 301 mil 150 millones de pesos, 3.12 por ciento del PIB; mientras, las exenciones en el pago del IVA alcanzarán 187 mil 11 millones de pesos, 1.94 por ciento del PIB.
Larré dijo que la OCDE recomienda a México reducir paulatinamente las exenciones en el pago del ISR y el IVA.
Interrogada directamente sobre la propuesta de algunos sectores de gravar las ganancias en la bolsa, contestó: ''Pensamos que existen capítulos que se pueden avanzar antes que alcanzar esto. Consideramos que antes deben gravarse otras cosas previo a tasar las ganancias en la bolsa''.
Por la evaluación educativa, se agravan choques SEP-SNTE
Nadie debe ver como una amenaza los sistemas de exámenes, insiste Josefina Vázquez Mota
KARINA AVILES


En el Museo Nacional de Antropología se entregaron a la SEP propuestas de varias organizaciones para enriquecer el Programa Nacional de Educación. En la reunión estuvieron presentes Laura Wong, Francisco López, Josefina Vázquez y Claudio X. González, entre otros Foto: José Antonio López
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, advirtió que el sistema evaluatorio se profundizará e insistió en que no debe verse como una "amenaza", a lo que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa, respondió que la SEP sólo se "fusila" programas anteriores y si se someten a concurso todas las plazas, habría que hacer lo propio con los cargos de secretarios de educación en las entidades.
El choque entre la SEP y el SNTE por la visión que debe imperar para evaluar la enseñanza pasó ayer del discurso entre líneas al enfrentamiento directo. Esto, en el contexto de la ceremonia en la que un grupo de organizaciones entregaron a la dependencia una propuesta para el Programa Nacional de Educación, en la que se busca la inclusión de los empresarios y se plantea realizar un examen nacional para otorgar ascensos a los maestros.
Durante su discurso pronunciado en el Museo Nacional de Antropología, Vázquez Mota apostó por una reforma educativa en la que se profundice la evaluación y se amplíe su cobertura: "Evaluaremos cada proceso, iniciando por la propia institución".
A esto último, Ochoa Guzmán respondió, más tarde, que entonces "le diría (a la secretaria) que nosotros (los maestros) nos evaluaremos solos". Luego, insistió en que no se trata sólo de aplicar un examen sino de un sistema que tiene que ver con conocimientos, contenidos, infraestructura, entre otros aspectos.
En su mensaje, la titular de la SEP manifestó que la reforma educativa implica dejar atrás "visiones limitadas" y "excluyentes". También, añadió, exige "respetarnos más entre las partes" y construir acuerdos con los diversos actores de la agenda educativa.
En dicha reforma, insistió, un elemento clave es el impulso a los mecanismos de un sistema de evaluación. Y no se puede hablar de una "verdadera" reforma sin una evaluación profunda, y exigente para cada espacio y para cada actor de la agenda, sostuvo.
Vázquez Mota consideró que hay un escenario de "oportunidad histórica", porque existe "una gran coincidencia" en el sentido de que lo que hoy tenemos debe cambiar y ha "llegado a su fin". El Estado no renuncia, renueva su compromiso con la política educativa, pero lo hace con los diversos actores de la agenda educativa: "El tiempo de la educación ha llegado, el tiempo de la reforma también", destacó.
Al finalizar la ceremonia, en entrevista, Rafael Ochoa Guzmán dijo que la rectoría que tiene el Estado sobre la educación "no es cuestión de capricho o de querencias" sino de que así está establecido en la ley.
Y fue más allá: aseguró que no conoce ni un solo programa que sea propio de la actual administración en la SEP. "No se trata simplemente de estarse fusilando programas anteriores", dijo en referencia a proyectos como el de la Evaluación Nacional de Logro Académico (Enlace) que fue implementado por la gestión de Reyes Tamez.
El Senado, con facultad para crear órganos como Cofetel, dice la SCJN
Ministros rechazan petición del Ejecutivo de desestimar acción de inconstitucionalidad
JESUS ARANDA


Los ex legisladores Javier Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri y Noemí Guzmán aistieron a la sesión de la Suprema Corte Foto: Carlos Cisneros
Al iniciarse ayer el debate sobre la constitucionalidad de la ley Televisa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Senado sí tiene facultades para crear órganos desconcentrados de la administración pública federal, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ente rector en materia de televisión y radiodifusión. La decisión es importante porque los ministros tendrán que definir las competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a dichos órganos.
Asimismo, en forma unánime, los ministros fallaron que en caso de que el pleno resuelva invalidar el artículo 9-C de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), que establece que los comisionados de la Cofetel son designados por el Ejecutivo y que el Senado podrá objetarlos por mayoría, el ordenamiento quedaría sin efecto y se tendrían que designar nuevos integrantes de la comisión.
Por otra parte, el ministro Genaro David Góngora Pimentel señaló que el análisis de constitucionalidad de la ley Televisa no debe limitarse a determinar si ésta vulnera principios constitucionales como la libre competencia, la rectoría económica del Estado y la equidad, sino que la Corte debe incluir de manera "preferente" derechos fundamentales como las libertades de expresión, información y prensa.
Antes de que el pleno determinara que los promoventes de la acción de inconstitucionalidad (entre ellos los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri Riancho) estaban legitimados para presentar la demanda, Góngora Pimentel hizo uso de la palabra para llamar la atención de sus compañeros sobre que el proyecto de dictamen se limita a analizar el tema desde una perspectiva "económica", abordando exclusivamente si la ley impugnada contraviene los artículos 28 y 34 constitucionales, relativos a la rectoría del Estado y la prohibición de los monopolios, lo que significaría soslayar principios fundamentales incluidos en la Carta Magna, como las libertades mencionadas.
"Hemos sido llamados -agregó el ministro- a pronunciarnos sobre un tema definitorio para la concreción de nuestra democracia como un sistema de vida, y en este sentido la libertad de expresión será la brújula que habrá de guiar mis pasos."
Góngora se apoyó en lo dicho por Francisco Zarco en 1857 de que "la libertad de prensa es la más preciosa de las garantías del ciudadano, y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos".
Después de esa intervención, los nueve ministros coincidieron en rechazar la petición del Ejecutivo federal de desestimar la acción de inconstitucionalidad con el argumento de que los senadores que interpusieron la demanda, al dejar su cargo en agosto pasado, ya no estaban legitimados para continuar como parte interesada.
Por otra parte, la decisión del pleno de que el Senado está facultado para crear organismos desconcentrados, al igual que el Ejecutivo, no significa que pueda hacerlo "distorsionando el sistema de distribución de competencias que tiene cada poder".
De acuerdo con el fallo, cuando el Congreso expide una ley sobre organismos desconcentrados "no puede desconocer la relación jerárquica y subordinada que debe proyectarse entre dichos organismos y las secretarías de Estado", que son sus superiores.
Ese sería el caso de la Cofetel en relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que no puede haber una desvinculación entre el organismo y la administración pública federal descentralizada.
Por eso, cuando el Senado aprueba la creación de un organismo desconcentrado, debe contemplar necesariamente, en favor del Poder Ejecutivo y de las secretarías de Estado, las facultades de nombramiento y remoción, de mando, vigilancia, disciplinario, revisión y de resolución de conflictos de competencia.
Al respecto, se precisó que al resolver la acción de inconstitucionalidad -en la que se solicita que la Corte invalide precisamente la forma en que se integra la Cofetel y las funciones de ésta-, el pleno deberá vigilar que la LFRT respete las atribuciones que tiene el Ejecutivo en cuanto al uso y la explotación de bienes propiedad de la nación.