CNDH: "responsabilidad directa" de Ulises Ruiz por la represión en Oaxaca
VICTOR BALLINAS


El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, "tiene responsabilidad directa en las violaciones a derechos humanos cometidas por policías ministeriales, la ex procuradora y servidores públicos estatales durante el conflicto magisterial y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), porque de él dependen la procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública" de la entidad, aseveró ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.
El ombudsman subrayó que deben ser el Congreso local, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que investiguen la responsabilidad del gobernador en el conflicto.
El titular de la CNDH presentó ayer de manera pública la recomendación 15/2007, relativa a las violaciones de derechos humanos en contra de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca e integrantes de la APPO por policías ministeriales, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), militares, agentes del Ministerio Público, la ex procuradora, directores de penales y otros funcionarios estatales.
La recomendación se turnó al presidente de la mesa directiva del Senado, a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Educación Pública y Seguridad Pública, así como al gobernador del estado y a 19 presidentes municipales de esa entidad. Las graves violaciones de derechos humanos incluyen tortura, homicidio, irregular integración de averiguaciones previas, dilación en la procuración de justicia, ataques a la propiedad privada, afectación a la integridad física, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, incomunicación y ataques a la libertad de reunión, entre otras.
Soberanes Fernández destacó que como los hechos ocurrieron en el gobierno de Vicente Fox, la administración del presidente Felipe Calderón "no tiene por qué cargar con ellos. Más le vale al gobierno actual, en ese sentido, entrar en limpieza, aceptar la recomendación y proceder jurídicamente en contra de los responsables, porque yo no le vería caso a tratar de solapar a las autoridades del anterior régimen".
El ombudsman puntualizó que durante varios meses del año pasado la población de Oaxaca sufrió serios atentados contra sus derechos humanos: "primero, la pasividad gubernamental y después las acciones desproporcionadas de algunas autoridades generaron un ambiente en el que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad que es el deber primario de cualquier Estado proporcionar".
Y acusó: en el desalojo del 14 de junio de 2006 se transgredió el derecho de reunión en agravio de integrantes sección 22 del SNTE por el ejercicio indebido de autoridad del director de Seguridad Pública del estado. "El desalojo se efectuó a las cuatro de la mañana, mientras los maestros dormían".
Dio cuenta de que 162 personas fueron detenidas arbitrariamente por policías ministeriales de Oaxaca y elementos de la PFP; 157 fueron retenidas de manera ilegal por agentes preventivos y elementos de la corporación federal.
Los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la integración de las averiguaciones previas incurrieron en violaciones en los casos de 152 personas; 141 estuvieron incomunicadas por elementos de la PFP y autoridades de los penales de Tlacolula y Miahuatlán.
Denunció que 50 personas fueron detenidas el 29 de octubre, el primero y el 2 de noviembre de 2006 por elementos de la PFP y fueron retenidas en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 15, en San Juan Bautista la Raya, Xoxocotlán, Oaxaca.
Noventa y ocho más presentaron lesiones "que no correspondían a mecanismos de disuasión, sujeción o sometimiento; los responsables fueron elementos de la PFP, policías ministeriales y preventivos de Oaxaca; 13 personas fueron torturadas por elementos de la primera corporación y agentes de los otros dos cuerpos.
Soberanes resumió: la sociedad, en general, vio trasgredidos sus derechos a la información y la libertad de expresión por acción u omisión, debido a un ejercicio indebido de la función pública imputable a agentes policiacos.
Además, subrayó, la ex procuradora de Oaxaca trasgredió los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las poblaciones de los municipios de Oaxaca y áreas conurbadas. En el caso del homicidio del periodista Bradley Roland hubo irregular integración de la averiguación previa, se observaron anomalías en interrogatorios superficiales o no realizados, diligencias inoportunas o erradas y una consignación endeble.
El presidente de la CNDH solicitó que se giren instrucciones para que las instalaciones militares no sean utilizadas para retener a civiles señalados como probables responsables de cometer actos ilícitos que no corresponden al fuero militar. A los titulares de Defensa y Marina les solicitó que proporcionen, cuando les sea solicitada, información veraz y oportuna.
Al gobernador se le recomendó "iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado; iniciar averiguaciones penales contra servidores de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Protección Ciudadana.
"Iniciar procedimiento administrativo contra Lino Celaya, porque cuando fue secretario de Protección Ciudadana violentó los derechos humanos de 141 personas, al enviarlos al penal de Nayarit, y contra la ex procuradora Lizbeth Caña, por dilación en la procuración de justicia, y si hay delito, iniciarle averiguación previa".

APPO: el ombudsman se quedó corto
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios.
"Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó.
Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó.
Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado al actual presidente, Felipe Calderón.
"Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó.
Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad".
López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito.
Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas.
Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.
Piden proceder contra Carlos Velasco
FRANCISCO RAMIREZ
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno del Estado de Oaxaca para que instruya a la Contraloría General a iniciar y determinar un procedimiento administrativo de investigación en contra del ex coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de José Murat, Carlos Velasco Molina.
Hasta ahora la medida no había procedido, debido a la protección que dio Irma Pïñeiro Arias, cuando ella se desempeñaba como contralora del Poder Ejecutivo, sin embargo, la petición sigue vigente para que se proceda conforme a Derecho.
Según la recomendación de la CNDH, el ex funcionario habría utilizado recursos del erario público para defender no al gobierno del estado, sino a su persona y atacar a periodistas que criticaron el presunto atentado que sufriera el entonces gobernador José Murat Casab el 18 de marzo de 2004.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que la investigación debe llevarse al cabo porque Carlos Velasco Molina incurrió en responsabilidades administrativas e institucionales, que fue el motivo de la queja y lo que entorpeció las investigaciones. Y razona que por lo mismo la Contraloría debe, en su caso, dar parte el Ministerio Público para que esa instancia determine la responsabilidad penal en que pudo haber incurrido.
La recomendación 4/2005, emitida el 18 de marzo del 2005, al gobierno del estado había sufrido el carpetazo por omisión ordenada presumiblemente por José Nelson Murat Casab.
De acuerdo a la conclusión emitida por la Comisión Nacional, el entonces servidor público vulneró, en perjuicio de los columnistas del periódico "Milenio", Jorge Fernández Menéndez y "La Crónica de Hoy", Leopoldo Méndivil; sus derechos a la legalidad y a la libertad de expresión, así como el derecho colectivo de la sociedad a recibir información.
La recomendación dirigida al gobernador constitucional del estado de Oaxaca solicita en un primer punto que se dé vista a la Contraloría General del estado para que se iniciara el procedimiento administrativo de investigación en contra del entonces Coordinador de Comunicación Social, y en su caso se hiciera del conocimiento del agente del ministerio público a fin de que determinara la responsabilidad penal en que pudo haber incurrido.
De igual modo, en un segundo punto se pide se instruya a través de la Coordinación de Comunicación Social del estado, un pronunciamiento público en los mismos medios en que se hicieron inserciones pagadas en el que se expresen a los agraviados el compromiso institucional de que se respetará su derecho de libertad de expresión y que no se incurrirá en el futuro en las conductas descritas en la citada recomendación.
En este sentido y del análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente 2004/1100/DF/5/SQ/ y su acumulado 2004/2834-4, se advirtió que el entonces Coordinador de Comunicación Social, Carlos Velasco Molina no observó el procedimiento establecido en la Ley de Imprenta, para que los citados medios de comunicación publicaran las rectificaciones o respuestas que, en su caso, hubieran formulado; además de que con su conducta incurrió en un exceso en el ejercicio de su derecho de réplica.
De acuerdo con el documento, los señores Jorge Fernández Menéndez y Leopoldo Méndivil, publicaron diversos artículos en los periódicos "Milenio" y "La Crónica de Hoy", respectivamente, su percepción sobre el atentado de que fue objeto el entonces gobernador; además, el segundo de ellos abordó los temas de la deuda y préstamos solicitados por el gobierno de Oaxaca, así como del clima electoral y pos lectoral de la entidad.
En relación con lo anterior, la Comisión Nacional advierte que la conducta asumida por el entonces vocero oficial al sufragar las inserciones publicadas en el periódico "La Jornada" los días 29 y 31 de marzo del 2004, así como las cartas en el diario "La Crónica de Hoy", los días 3 y 27 de julio y 20 de agosto de 2004, vulnera el derecho a la legalidad, toda vez que no observó el procedimiento establecido en la Ley de Imprenta, para que los citados medios de comunicación publicaran las rectificaciones o respuestas, que en su caso hubieran formulado.
Por ello indica que el entonces coordinador no siguió el procedimiento descrito, ya que admitió, en las respuestas que remitió, que recurrió a las inserciones pagadas "porque el derecho de réplica no se respeta en México".
El organismo nacional también observa que la respuesta pública formulada y suscrita por Carlos Velasco Molina no responde solamente a precisar alguna información inexacta o agravante sobre lo publicado por los periodistas, sino que va más allá, y se aparta de los temas abordados en los artículos a los cuales da respuesta, a referirse a cuestiones de carácter personal y más aún a actos que acontecieron en años pasados, que nada tienen que ver con lo señalados en las notas aludidas, y si sobre la persona de los periodistas.
Por ello concluye que se incurría en una conducta excesiva que vulnera el principio de legalidad en perjuicio de los agraviados.
Asimismo considera que el entonces titular del área de comunicación no siguió el procedimiento legalmente establecido para ejercer su derecho de rectificación o respuesta, y utilizó recursos públicos frente a lo que consideró como una publicación contraria a funcionarios del gobierno de Oaxaca, contraviniendo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Reconoce la Comisión Nacional que no cuestiona el legitimo derecho del entonces coordinador de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, pero si considera que pueden constituir medios indirectos que inhiban la libertad de expresión.

Evidencian que "El Circo"
opera en la ilegalidad
La síndico segundo demuestra que el Jefe del Departamento de Licencias y Permisos dio permisos de manera irregular y el cabildo no ha concedido licencia
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
A pesar de que la síndico segundo Balvina Canseco Díaz evidenció que el centro nocturno "El Circo" funciona de manera ilegal, el presidente municipal interino, Manuel de Esesarte Pesqueira, y los concejales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se negaron ayer a clausurarlo y proceder en contra del Director de Licencias y Permisos, Jaime Paz López, quien autorizó supuestos permisos "temporales" para su funcionamiento.
En la sesión ordinaria de Cabildo, la síndico segundo informó que a petición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), -que inició una investigación de oficio en torno a "El Circo" por la agresión que sufrió el domingo 22 de abril del 2007 Marcus Leyes Pérez, hijo del cónsul de Estados Unidos en Oaxaca, Mark Leyes, cuando salía de ese lugar-, integró un informe en el que reconoce que el Cabildo no ha otorgado licencia alguna a ese establecimiento.
Cita el documento de fecha 22 de mayo del 2007, número 2SM/442/2007, -cuya copia se entregó al reportero-: el establecimiento comercial denominado "El Circo" no cuenta con licencia o el permiso respectivo para su funcionamiento, puesto que como aparece en el expediente número PM/DLYP/03362/2007, fojas 31 y 5, con fecha quince de diciembre del año pasado, el Jefe del Departamento de Licencias y Permisos, le autorizó un permiso temporal a partir del viernes quince de diciembre al seis de enero del año en curso, y mediante oficio número PM/DLYP/000163/2007, se le autorizó la prórroga del permiso.
Y agrega: con la aclaración de que conforme a los artículos 48 fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, en vigor, y 6 fracción I, 8 fracción I y II del Reglamento de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Oaxaca de Juárez, dicha licencia debe ser autorizada por los integrantes del Cabildo, hasta la fecha los integrantes del Cabildo no han aprobado ni otorgado licencia o autorización para el funcionamiento del establecimiento comercial con el giro de centro nocturno denominado "El Circo".
Subraya asimismo que dicho centro comercial no ha sido clausurado ni sancionado por su funcionamiento irregular, "sino únicamente se señalaron medidas correctivas al propietario del establecimiento, a quien se le comunicó que se haría una segunda inspección para verificar el cumplimiento de dichas medidas de urgente aplicación, para poder imponer las sanciones".
Ante la evidencia de los hechos, la regidora de Equidad y Género, Perla Woolrich Fernández, propuso entonces no sólo remitir el informe a la CEDH sino también clausurar el establecimiento e iniciar un proceso legal en contra de Paz López por usurpar funciones.
Sin embargo, en un hecho absurdo los concejales priístas aprobaron la redacción del informe en los términos expuestos por Canseco Díaz, pero se abstuvieron de votar a favor de la clausura de "El Circo" e iniciar una investigación en contra de Paz López.
"Nos queda bastante claro que los intereses del presidente municipal interino, Manuel de Esesarte Pesqueira, y todos los concejales del PRI son igualitos a los del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y de los propietarios de El Circo, aquí los intereses de la ciudadanía salen sobrando. Los intereses de ustedes, máxime que va a haber un evento para el DIF estatal el próximo viernes en ese lugar, pues yo creo que son superiores a los del pueblo", señaló Woolrich Fernández después de la votación.
Mientras, que el concejal de Industria y Comercio, Juan José Méndez León, reprochó a los regidores priístas que no tengan autoridad moral para representar a la sociedad, "porque hoy callan y agachan la cabeza, porque no tienen ni la capacidad ni la responsabilidad de respetar la Ley; si no saben respetar la Ley yo creo que no habrá manera de que sean respetados; que bueno que hay constancia de que esta autoridad no sabe cumplir la Ley porque no sabe respetar sus propios ordenamientos, qué lástima".