Lunes, 28 de mayo de 2007
La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces
Jorge Carrasco Araizaga
Validaci?n de la ilegitimidad (Proceso1595/27 de mayo de 2007)

En las elecciones presidenciales del 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en m?ltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los magistrados del Tribunal, por ejemplo, violaron art?culos que impiden a Felipe Calder?n fungir leg?timamente como presidente de la Rep?blica y lo colocan en la situaci?n de ejercicio indebido del servicio p?blico. Tal es, en suma, la conclusi?n del an?lisis jur?dico que hace el abogado Julio Scherer Ibarra ?exasesor de Andr?s Manuel L?pez Obrador? en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautor?a con Jenaro Villamil y prologado por Miguel ?ngel Granados Chapa, est? ya en circulaci?n bajo el sello de editorial Grijalbo.

Con su actuaci?n en los comicios presidenciales del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci?n (TEPJF) no s?lo sent? un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurri? en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calder?n ?no est? legitimado para fungir como presidente de la Rep?blica?.

Ante el c?mulo de irregularidades y hechos il?citos que se produjeron en torno a la campa?a del entonces candidato del Partido Acci?n Nacional (PAN), el Tribunal opt? por el camino f?cil: emitir un dictamen administrativo, y no una resoluci?n judicial, que coloc? a los propios magistrados electorales en una situaci?n ilegal y dej? al principal beneficiario carente de legitimidad.

La emisi?n de ese dictamen administrativo significa, jur?dicamente, que no hubo declaraci?n de validez de la elecci?n presidencial, lo cual tiene consecuencias pol?ticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra administraci?n de la justicia, a Calder?n puede finc?rsele el de ejercicio indebido de servicio p?blico.

Tal es la interpretaci?n de los acontecimientos que hace Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jur?dico del candidato presidencial Andr?s Manuel L?pez Obrador, en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, escrito en coautor?a con el periodista Jenaro Villamil y que la pr?xima semana pondr? en circulaci?n la editorial Random House Mondadori bajo el sello de Grijalbo.

A partir de la revisi?n jur?dica del dictamen del 5 de septiembre del a?o pasado, con el que el TEPJF cerr? formalmente el proceso electoral y declar? a Calder?n presidente electo, Scherer Ibarra expone las omisiones del Tribunal y la actuaci?n permisiva del Instituto Federal Electoral (IFE), concentrado sobre todo en el trabajo de los magistrados que integraban la Sala Superior del TEPJF.

Mediante argucias y trampas, dice, el TEPJ decidi? de forma arbitraria y contradictoria validar la pasada elecci?n presidencial a pesar de las m?ltiples violaciones a la legislaci?n electoral, desestimadas tambi?n por el IFE y que derivaron en un proceso electoral dominado por el encono y la desconfianza.

Ni la intromisi?n del entonces presidente Vicente Fox, ni la intervenci?n de elementos ajenos al proceso electoral ?empresas, extranjeros y organismos empresariales?, y menos a?n la intensa y costosa propaganda negativa en contra de L?pez Obrador, fueron suficientes para considerar la invalidez del proceso electoral a pesar de que el mismo Tribunal reconoci? esos hechos como ilegales. Tampoco contaron sus propios antecedentes de nulidad de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000 y de Colima en 2003.

Abogado egresado de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico, Scherer Ibarra manifiesta que con la renuncia a sus responsabilidades como jueces, los magistrados convalidaron hechos antijur?dicos y sentaron el grave precedente de que para futuros procesos electorales se validen las ilegalidades. M?s a?n, establecieron que en materia electoral lo importante no son los il?citos, sino sus efectos, siempre y cuando quien los padezca los pueda probar.

Entre esas ilegalidades destaca la campa?a sucia del PAN, del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas y organismos fantasma en contra de quien ahora se considera el presidente leg?timo de M?xico.

La manera en que se oper? esa guerra la describe Jenaro Villamil en la primera parte del libro, titulada Guerra sucia y p?nico moral (Ver recuadro).

Mediante la revisi?n de la estrategia medi?tica de Calder?n, Villamil ?reportero de Proceso? se?ala que el candidato del PAN no s?lo tuvo el respaldo corporativo, especialmente de Televisa, sino que con el discurso del miedo se logr? imponer un ?p?nico moral?, que deriv? en odio, ante el eventual triunfo de L?pez Obrador.

En la segunda parte del volumen, que Scherer Ibarra titula Medi?tico y jur?dico: terrorismo en 2006, hay un amplio an?lisis jur?dico de la actuaci?n de las autoridades administrativas (el IFE) y jurisdiccionales (el TEPJF) en la elecci?n que a?n mantiene dividida a la sociedad mexicana.

Los delitos del IFE

Despu?s de repasar el conjunto de intervenciones ilegales en el proceso electoral a favor de Calder?n, Scherer Ibarra demuestra las omisiones de los consejeros del IFE y lo que considera una renuncia de los magistrados del TEPJF a sus obligaciones jurisdiccionales.

?Ambos organismos no s?lo permitieron y cometieron ilegalidades e il?citos, sino tambi?n utilizaron sus atribuciones p?blicas para convalidar un fraude que contrari? tanto la voluntad de much?simos votantes como el estado de derecho?, afirma.

El planteamiento central de Scherer Ibarra es que el Tribunal emiti? un mero ?dictamen administrativo electoral?, carente de los elementos para hacer ?una legal declaraci?n de validez? de la elecci?n. La consecuencia, advierte, es que ese dictamen no surte efectos constitucionales.

De acuerdo con dicha interpretaci?n, ?al no haberse dictado la resoluci?n que nuestra Constituci?n exige, el licenciado Felipe Calder?n, consecuentemente, no est? legitimado para fungir como presidente de la Rep?blica?.

A juicio de Scherer Ibarra, esa invalidez jur?dica comienza con las omisiones del instituto que encabeza Luis Carlos Ugalde, que dej? pasar los actos ilegales cometidos por quienes no deb?an intervenir en el proceso electoral, conforme a lo establecido en el C?digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En ese punto, se refiere al financiamiento y al contenido de las campa?as: ?Si bien el IFE dict? algunas resoluciones, generalmente motivadas por quejas derivadas de agravios, con las que en algunos casos se declar? la ilegalidad incurrida y se orden? la suspensi?n del acto irregular, el Instituto no cumpli? con su obligaci?n esencial, esto es, el equilibrio procesal electoral?.

Lejos del rigor, los consejeros del IFE cometieron irregularidades administrativas por no cumplir con el Cofipe. Peor todav?a, de acuerdo con el autor, ?facilitaron la perpetraci?n de il?citos penales y propiciaron un grave desequilibrio en el proceso electoral?.

Dicha conducta permiti? que Calder?n se beneficiara tanto por los mensajes de descr?dito en perjuicio de L?pez Obrador ?enviados por terceros simpatizantes del candidato del PAN? como por los excesos de los topes autorizados que implicaban esos mensajes y anuncios publicitarios.

El IFE permiti? que se sumaran a la propaganda del PAN quienes ten?an limitaci?n legal para ello, como los inversionistas extranjeros o empresas mercantiles. Fue el caso de Jumex, Sabritas, Televisa (por medio de su telenovela La fea m?s bella y el programa semanal Qu? madre tan padre), Dulces la Rosa, Coppel y el consorcio Alsea (integrado entre otras franquicias por Domino?s Pizza, Starbucks Caf? y Burger King).

Con sus omisiones, los consejeros del Instituto Federal Electoral tambi?n facilitaron la intervenci?n del Consejo Coordinador Empresarial ?mediante spots e impresos que induc?an a votar por Calder?n? y de organizaciones de membrete como ??rmate de Valor y Vota?.

Lo mismo de personajes como el Doctor Simi, quien replic? la imagen del candidato de la coalici?n Por el Bien de Todos como un ?peligro social?, o como Demetrio Sodi, quien a pesar de que era candidato del PAN a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal se dedic? a desacreditar el eslogan de la campa?a de L?pez Obrador (?Por el bien de todos?).

En el recuento que hace el autor de las abstenciones de los consejeros, destaca la relativa a la intromisi?n del expresidente de Espa?a y consejero de Fox, Jos? Mar?a Aznar, as? como a la de Antonio Jos? Sol? Reche, tambi?n espa?ol, quien intervino mediante su empresa Desarrollo y Operaci?n de Campa?as, S.A. de C.V., contratada por el PAN, para hacerse cargo de la imagen de Calder?n pese a que su estatus migratorio le imped?a participar en pol?tica interna.

La lectura jur?dica de Scherer Ibarra lo lleva a precisar que los funcionarios del IFE cometieron el delito electoral previsto y sancionado en la fracci?n II del art?culo 405 del C?digo Penal Federal (CPF), seg?n el cual es sujeto de pena de dos a seis a?os de prisi?n el funcionario electoral que ?se abstenga de cumplir, sin causa justificada, las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral?.

Que el IFE pueda sancionar el exceso en los gastos de campa?a una vez pasado el proceso electoral ?como ahora empieza a hacerse en relaci?n con los cientos de miles de spots difundidos por los partidos? no lo exime de responsabilidad por las medidas que debi? tomar. Al no adoptar las decisiones legales correspondientes, aval? las irregularidades.

Scherer Ibarra no duda en asentar que los consejeros electorales incurrieron en ?conducta delictiva?. Y explica: El IFE ?toler? que en los medios masivos de comunicaci?n aparecieran mensajes y/o anuncios publicitarios que, notoriamente, no s?lo desacreditaban a L?pez Obrador y beneficiaban la postura del candidato del PAN, sino tambi?n claramente implicaban, por un lado, un rebase al tipo de los gastos de campa?a y, por otro, el financiamiento tanto de personas morales mercantiles como de asociaciones y/o grupos de los que se desconocen su origen y fuente de sus recursos?.

En el conteo de los votos el autor tambi?n encuentra responsabilidad legal del IFE. Apoyado en criterios del propio TEPJF y el Cofipe, se?ala que el IFE incumpli? con las disposiciones que lo obligan ?a depurar de oficio las inconsistencias cometidas en las actas, para lo cual es indispensable efectuar un nuevo escrutinio y un nuevo c?mputo?.

Los consejeros estaban obligados a ello, asegura, porque los resultados de las actas no coincid?an, adem?s de que se detectaron ?alteraciones que generaban duda fundada sobre el resultado en la elecci?n de la casilla?.

Las omisiones tienen una consecuencia legal, pues la autoridad encargada de vigilar el proceso electoral, de acuerdo con el libro, ?propici? el desequilibrio de dicho proceso?, en actuaci?n contraria a lo establecido en la Constituci?n Pol?tica. Ese dejar de hacer ?incidi? en el resultado de las elecciones? y coloc? a los funcionarios del IFE en la ilegalidad.

Los delitos del TEPJF

En La guerra sucia del 2006 se asevera que, a pesar de todas esas irregularidades e ilegalidades, el TEPJF prefiri? buscar la manera de justificarlas mediante razonamientos contradictorios y aparentes e inclusive trampas.

En lugar de cumplir con su funci?n de jueces que pronuncian una sentencia despu?s de agotar todas las pruebas, los magistrados optaron por constituirse en meras autoridades burocr?ticas que emitieron un dictamen que ellos mismos definieron como ?administrativo electoral? para poner fin al proceso.

A partir de la diferenciaci?n entre sentencia y dictamen, Scherer Ibarra subraya que el Tribunal incumpli? las obligaciones constitucionales que le se?ala el art?culo 89: ?Cuando el TEPJF, por s? mismo, opta por emitir un ?dictamen? [informe u opini?n], no s?lo desatiende la obligaci?n constitucional que le asiste para fungir como ?rgano jurisdiccional en materia electoral, sino tambi?n, indebidamente, deja sin soluci?n legal la cuesti?n planteada?, es decir, lo concerniente a la validez de la elecci?n presidencial.

La falta de resoluci?n ?con la que judicialmente se pone fin a un proceso jur?dico? ?no valida las elecciones y, por ende, no da legitimaci?n a Felipe Calder?n para fungir como presidente de la Rep?blica?. No bastaba que aritm?ticamente Calder?n apareciera con el mayor n?mero de votos. Era necesario que el Tribunal, en pleno ejercicio de sus facultades, declarara la validez de las elecciones y a Calder?n presidente electo.

Esa omisi?n, expone Julio Scherer Ibarra, tambi?n tiene consecuencias legales. Puesto que no hubo sentencia sobre la validez, existe ?la necesidad de nombrar presidente interino? por parte del Congreso de la Uni?n, ante la ilegalidad del dictamen. No s?lo eso, sino que Calder?n ?comete el delito de ejercicio indebido de un servicio p?blico?, previsto en la fracci?n I del art?culo 214 del CPF.

Plantea que, a su vez, los entonces magistrados electorales incurrieron en el delito contra la administraci?n de justicia, que seg?n la facci?n VI del art?culo 225 del C?digo Penal Federal consiste en dictar, a sabiendas, una resoluci?n de fondo il?cita, violatoria de alg?n precepto terminante de la ley.

Lo dictaminado por el Tribunal demuestra, de acuerdo con el autor, que para desechar la solicitud de la coalici?n Por el Bien de Todos consistente en que los magistrados recabaran diversos medios de prueba sobre las violaciones pasadas por alto por el IFE, ?stos se limitaron a examinar los alegatos que exist?an en el expediente.

Debido a que no en todos los casos puede haber prueba material de un hecho, ?como en el caso del contubernio de aquellos que atacaron a L?pez Obrador?, los jueces cuentan con la prueba indiciaria.

?La prueba circunstancial e indiciaria es m?s que suficiente para llegar a conclusiones veros?miles; sin embargo, para los magistrados no hay prueba suficiente y pasan por alto que la prueba absoluta se da por excepci?n.?

De esa manera, puntualiza, ?violaron los principios de legalidad y seguridad jur?dica?, pues negaron los derechos procesales de quienes reclamaban una actuaci?n jurisdiccional del Tribunal.

No era un reclamo particular, sino una cuesti?n de inter?s p?blico ante la cual el TEPJF, como ?rgano de control constitucional en materia electoral, debi? ir m?s all? de lo que una de las partes le demandaba. Era, seg?n ese an?lisis, la ?nica manera de garantizar que las elecciones fueran libres y aut?nticas y se salvaguardaran los principios rectores de certeza, legalidad, independencia y objetividad establecidos en el mismo art?culo 41 de la Constituci?n.

Prosigue el autor: ?Resulta arbitrario y sin fundamento que el TEPJF sostenga que (?) el procedimiento para hacer el c?mputo definitivo de la elecci?n presidencial y la declaraci?n de validez de la elecci?n y de presidente electo no se encuentre regido por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci?n en Materia Electoral?.

Si bien es as?, precisa, ?esto no significa que no formen parte integral del procedimiento electoral, ni mucho menos que no se deban atender, mediante la funci?n jurisdiccional, los principios rectores del proceso electoral?.

Como ejemplo de las ilegalidades que no fueron valoradas por el Tribunal cita lo decidido por los magistrados ante la propaganda negativa contra L?pez Obrador. Mediante una estratagema, apunta Scherer Ibarra, afirmaron arbitrariamente que la campa?a sucia ?s?lo podr? ser determinante en la validez de la elecci?n si se prueba que ?sta incidi? en la decisi?n del electorado?. Al negar fuerza jur?dica a ese tipo de ilicitudes, el mensaje de los magistrados fue que no es fundamental el hecho en s? mismo, sino sus consecuencias.

Es una trampa, enfatiza, porque se quiere hacer creer que lo que se debe valorar son los efectos del hecho, cuando legal y ?ticamente lo que importa es el hecho en s? mismo. ?La sola posibilidad de que la campa?a negativa perjudique a uno y/o beneficie a otro es ya determinante para el desarrollo de las elecciones, pues implica iniquidad?.

Hubo as? mismo un artificio al exigirle a la coalici?n Por el Bien de Todos demostrar los efectos de las ilicitudes. Al contrario, el Tribunal ten?a la obligaci?n de valorar las ilegalidades que ?l mismo admiti?, como la interferencia de los empresarios y la intervenci?n de Fox, que de acuerdo al propio ?rgano ?puso en riesgo? la elecci?n.

Se refiere Scherer Ibarra a la perversi?n del sistema electoral que se manifest? con el dictamen del TEPJF: ?El mensaje es claro: Los partidos pueden cometer abuso en los gastos de campa?a porque si ganan las elecciones, lo ?nico que les podr? suceder es que la autoridad administrativa (IFE) los sancione, en el entendido de que dicha sanci?n ser? exclusivamente de naturaleza econ?mica (para el siguiente per?odo presupuestal se reduce al partido infractor parte de las aportaciones que por ley le corresponden)? pero el abuso en el gasto de la campa?a no implica perder aquello que se obtuvo con ilicitudes?.

La inferencia del autor es contundente: A Calder?n la elecci?n presidencial le result? un negocio redondo, pues ?con dinero sucio gan? la elecci?n? y posteriormente se restituir?, con dinero del pueblo, la suma descontada al partido pol?tico, diluyendo la irregularidad hasta extinguirla, en perjuicio del inter?s p?blico?.
Publicado por solaripa69 @ 10:02
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