Militares ejecutan a dos mujeres dos mujeres y tres menores en un retén de Sinaloa.
de la redacción
México, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisión militar de Mazatlán por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un retén colocado en La Joya, en Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.
La Sedena detalló que la Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa en colaboración con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.
Sin embargo, acota: “Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deberán profundizarse las investigaciones”.
Es pertinente señalar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres niños-- murieron durante una balacera registrada en un retén cerca de la comunidad La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa.
Las víctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 años; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años.
Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiacán, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 años; José Carrillo Esparza, de 5, y Adán Abel Esparza, de 29, quien conducía la camioneta en que viajaban.
Los hechos ocurrieron --según relato de familiares-- cuando se dirigían a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el vehículo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le ordenó detenerse, por lo que abrieron fuego.
La Sedena expuso que los militares están adscritos al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.
Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.
Por su lado, el gobernador Jesús Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ejército para que siga con sus labores en la entidad, pero exigió castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres niños y en la que están involucrados varios militares.
"Estamos viendo las averiguaciones, ya está aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigación, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", comentó Aguilar Padilla.
Previamente la CNDH reveló que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privación de la vida de las dos mujeres y los tres menores, así como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad física de una mujer, un varón y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.
Tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos de la Segunda Visitaduría General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atención y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.
Por otra parte, la Federación de Abogados de Sinaloa y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ejército dar la cara y explicar qué sucedió en la comunidad de La Joya.
Demandaron también aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las víctimas.
El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel Sánchez Morán, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia
Faustino Esparza, hermano de una de las víctimas y vecino de Los Alamillos, afirmó que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresión de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.
Militares ejecutan a dos mujeres dos mujeres y tres menores en un retén de Sinaloa.
de la redacción
México, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisión militar de Mazatlán por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un retén colocado en La Joya, en Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.
La Sedena detalló que la Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa en colaboración con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.
Sin embargo, acota: “Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deberán profundizarse las investigaciones”.
Es pertinente señalar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres niños-- murieron durante una balacera registrada en un retén cerca de la comunidad La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa.
Las víctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 años; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años.
Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiacán, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 años; José Carrillo Esparza, de 5, y Adán Abel Esparza, de 29, quien conducía la camioneta en que viajaban.
Los hechos ocurrieron --según relato de familiares-- cuando se dirigían a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el vehículo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le ordenó detenerse, por lo que abrieron fuego.
La Sedena expuso que los militares están adscritos al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.
Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.
Por su lado, el gobernador Jesús Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ejército para que siga con sus labores en la entidad, pero exigió castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres niños y en la que están involucrados varios militares.
"Estamos viendo las averiguaciones, ya está aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigación, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", comentó Aguilar Padilla.
Previamente la CNDH reveló que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privación de la vida de las dos mujeres y los tres menores, así como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad física de una mujer, un varón y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.
Tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos de la Segunda Visitaduría General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atención y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.
Por otra parte, la Federación de Abogados de Sinaloa y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ejército dar la cara y explicar qué sucedió en la comunidad de La Joya.
Demandaron también aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las víctimas.
El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel Sánchez Morán, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia
Faustino Esparza, hermano de una de las víctimas y vecino de Los Alamillos, afirmó que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresión de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.
Sindicalismo en México, compendio de traiciones, venganzas y trapicheos
Los ilícitos de los líderes son tolerados por el Ejecutivo con el argumento de la autonomía
CAROLINA GOMEZ, PATRICIA MUÑOZ /II
A Alberto Juárez Blancas sólo la muerte lo pudo despojar del poder en la CROC Foto: Marco Peláez
Joel Ayala es el líder desde hace nueve años de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado Foto: Guillermo Sologuren
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato de mineros, y el extinto Leonardo Rodríguez Alcaine, sucesor de Fidel Velázquez. Ambos han sido personajes polémicos en sus respectivos gremios Foto: María Meléndrez Parada
Si hubiera que escribir sobre las vidas de los dirigentes sindicales mexicanos, una obra en varios tomos se dedicaría a las traiciones en la búsqueda del poder, de sus amores gremiales y sus odios de asamblea.
En ese libro, un capítulo especial tendría que ser el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien desde finales de la década de los 80 no ha soltado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estuvo formalmente seis años como secretaria general -ya que reformó los estatutos para repetir en el cargo-; sin embargo, han pasado ya tres nuevas dirigencias y continúa como la "líder moral" del gremio desde hace 26 años.
Sin importar que el SNTE es una de las organizaciones cuya dirigencia es la "que mayor número de denuncias públicas ha acumulado; que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha iniciado innumerables denuncias de corrupción en contra de esta dirigente del magisterio; que hay reclamos de todo tipo contra ella, desde desvíos y malversación de cuotas, influyentismo, enriquecimiento inexplicable, nepotismo y, sobre todo, traición, Gordillo no se inmuta y deja ver su pretensión vital de morir sin soltar el poder de ese sindicato", advierte el libro El sindicalismo en México.
Esta compilación de trabajos de varios autores, en un apartado titulado "Los sindicatos ante el conflicto sociolaboral", señala que las relaciones corporativas de la profesora con los gobiernos en turno "son muy fuertes, ya que su poder radica en que apoya lo que proponga el gobernante en turno sin importar los intereses de los maestros, aun cuando negocia a nombre de ellos, como ahora, que se le reclama haberlo hecho al impulsar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)".
Las relaciones entre algunos de los líderes sindicales son tan "laxas" y "volubles" que no importan las enemistades o amores para mantener el poder, señala el documento, y añade que aun cuando la profesora Gordillo había roto política y sindicalmente de manera abrupta con el líder de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, en un distanciamiento que llevó a la escisión de esta central y a la creación de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), no importó la enemistad cuando se trató de sacar la reforma a la ley de este instituto y los dos enemigos se sentaron a negociar con el gobierno.
La profesora ya tiene experiencia en esas maniobras -empezó temprano- desde que traicionó al veterano dirigente de la SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, para sucederlo, señala el profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana Enrique de la Garza Toledo, quien también es doctor en sociología.
Joel Ayala Almeida, quien lleva nueve años al frente de la FSTSE, dos periodos de relección -y en el más reciente también, como casi todos los demás líderes, modificó los estatutos para aumentar de 4 a 6 años su gestión y terminar en 2012-, tampoco tuvo empacho en impulsar la misma reforma que Elba Esther Gordillo quería y que ha sido impugnada por amplios sectores de trabajadores al servicio del estado.
Desde su llegada a la FSTSE ha brincado de la Cámara de Diputados a la de Senadores y viceversa, se le desmoronó su organización al quedarse con sólo uno de cada ocho trabajadores públicos, vio salir de sus filas a sindicatos como el propio SNTE, el de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Social, el de Telecomunicaciones y Transportes, el Metro y otros, e inclusive la profesora Gordillo -que encabeza moralmente también la Fedessp- le está disputando legalmente "la posesión de los bienes patrimoniales y cuentas de los trabajadores públicos". Pero eso no importó: se pusieron de acuerdo para la reforma a la Ley del ISSSTE.
La familia Gómez también ha sido cuestionada porque después de más de 40 años al frente del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada supuestamente "heredó" a su hijo esta organización.
Gómez Sada fue electo líder en 1962 y permaneció en ese cargo hasta su muerte, en 2002, fecha en que fue sucedido por Napoleón Gómez Urrutia. Este último, quien tiene posgrados en la universidades de Oxford y en la de Berlín, fue funcionario y director de la Casa de Moneda. A partir del año pasado ha ocupado los titulares de los medios informativos por dos razones: por acusaciones de desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero y por haber sido desconocido y restituido en el cargo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) también se estilan las relecciones. A Alberto Juárez Blancas sólo la muerte le quitó el liderazgo, ya que fue nombrado presidente del comité ejecutivo de la organización en 1976 y continuó en él hasta 2005, "cuando sufre un accidente por el que queda en estado de coma lo obliga a su retiro de la vida sindical"; falleció cinco años antes de que se cumpliera su mandato, que concluía en 2010, por lo que "sólo" estuvo al frente de la organización 30 años.
Según la investigadora Angélica González Vega, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), al deceso de Juárez Blancas no se siguió lo estipulado en los estatutos, y un cuerpo colegiado determinó que asumiera la dirigencia nacional Isaías González Cuevas, quien ya también tenía varios años de líder de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Restaurantera, Gastronómica y Similares y Conexos Donceles 28. El oponente más cercano de González Cuevas era en ese entonces Carlos Mireles, quien al no llegar al poder abandonó la CROC y fundó su propia central, la Confederación Mexicana Sindical.
También la cúpula obrera-corporativa del país, el Congreso del Trabajo (CT), tiene en su directiva a un veterano del viejo cuño cetemista. Enrique Aguilar Borrego, quien sólo lleva 15 años al frente de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), va por su quinta relección y desde noviembre del año pasado ocupa la silla que luego de varias relecciones y enfrentamientos, finalmente le dejó Víctor Flores Morales, el líder ferrocarrilero.
Aguilar Borrego vio pasar, durante más de una década y media como dirigente de los trabajadores bancarios, la fusión y extranjerización de 90 por ciento de las instituciones, registró el despido de más de 50 mil trabajadores del sector y el crecimiento sin precedente del outsourcing o subcontratación. Llegó al CT con la consigna de llevar a cabo la "operación cicatriz", ya que la disputa por el poder de esta central fraccionó a sus integrantes a tal grado de que, en la víspera de su 40 aniversario, esta central amaneció con dos dirigentes.
La lista de relecciones podría ser interminable. A los casos más visibles hay que sumar los de líderes que desde el anonimato se perpetúan en el poder. Uno de ellos es el del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora (STIE) de la CTM, Armando Neyra Chávez, en la sección 12 de esta organización, de la cual es secretario general desde 1970, relección tras relección.
"El líder sindical no nace corrupto, se hace corrupto", indica el investigador Marco Antonio Leyva Piña, del departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, y apunta que las prácticas ilegales en el sindicalismo son toleradas por el Ejecutivo, con el argumento poco creíble del respeto a la autonomía sindical.
Sindicalismo en México, compendio de traiciones, venganzas y trapicheos
Los ilícitos de los líderes son tolerados por el Ejecutivo con el argumento de la autonomía
CAROLINA GOMEZ, PATRICIA MUÑOZ /II
A Alberto Juárez Blancas sólo la muerte lo pudo despojar del poder en la CROC Foto: Marco Peláez
Joel Ayala es el líder desde hace nueve años de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado Foto: Guillermo Sologuren
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato de mineros, y el extinto Leonardo Rodríguez Alcaine, sucesor de Fidel Velázquez. Ambos han sido personajes polémicos en sus respectivos gremios Foto: María Meléndrez Parada
Si hubiera que escribir sobre las vidas de los dirigentes sindicales mexicanos, una obra en varios tomos se dedicaría a las traiciones en la búsqueda del poder, de sus amores gremiales y sus odios de asamblea.
En ese libro, un capítulo especial tendría que ser el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien desde finales de la década de los 80 no ha soltado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estuvo formalmente seis años como secretaria general -ya que reformó los estatutos para repetir en el cargo-; sin embargo, han pasado ya tres nuevas dirigencias y continúa como la "líder moral" del gremio desde hace 26 años.
Sin importar que el SNTE es una de las organizaciones cuya dirigencia es la "que mayor número de denuncias públicas ha acumulado; que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha iniciado innumerables denuncias de corrupción en contra de esta dirigente del magisterio; que hay reclamos de todo tipo contra ella, desde desvíos y malversación de cuotas, influyentismo, enriquecimiento inexplicable, nepotismo y, sobre todo, traición, Gordillo no se inmuta y deja ver su pretensión vital de morir sin soltar el poder de ese sindicato", advierte el libro El sindicalismo en México.
Esta compilación de trabajos de varios autores, en un apartado titulado "Los sindicatos ante el conflicto sociolaboral", señala que las relaciones corporativas de la profesora con los gobiernos en turno "son muy fuertes, ya que su poder radica en que apoya lo que proponga el gobernante en turno sin importar los intereses de los maestros, aun cuando negocia a nombre de ellos, como ahora, que se le reclama haberlo hecho al impulsar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)".
Las relaciones entre algunos de los líderes sindicales son tan "laxas" y "volubles" que no importan las enemistades o amores para mantener el poder, señala el documento, y añade que aun cuando la profesora Gordillo había roto política y sindicalmente de manera abrupta con el líder de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, en un distanciamiento que llevó a la escisión de esta central y a la creación de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), no importó la enemistad cuando se trató de sacar la reforma a la ley de este instituto y los dos enemigos se sentaron a negociar con el gobierno.
La profesora ya tiene experiencia en esas maniobras -empezó temprano- desde que traicionó al veterano dirigente de la SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, para sucederlo, señala el profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana Enrique de la Garza Toledo, quien también es doctor en sociología.
Joel Ayala Almeida, quien lleva nueve años al frente de la FSTSE, dos periodos de relección -y en el más reciente también, como casi todos los demás líderes, modificó los estatutos para aumentar de 4 a 6 años su gestión y terminar en 2012-, tampoco tuvo empacho en impulsar la misma reforma que Elba Esther Gordillo quería y que ha sido impugnada por amplios sectores de trabajadores al servicio del estado.
Desde su llegada a la FSTSE ha brincado de la Cámara de Diputados a la de Senadores y viceversa, se le desmoronó su organización al quedarse con sólo uno de cada ocho trabajadores públicos, vio salir de sus filas a sindicatos como el propio SNTE, el de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Social, el de Telecomunicaciones y Transportes, el Metro y otros, e inclusive la profesora Gordillo -que encabeza moralmente también la Fedessp- le está disputando legalmente "la posesión de los bienes patrimoniales y cuentas de los trabajadores públicos". Pero eso no importó: se pusieron de acuerdo para la reforma a la Ley del ISSSTE.
La familia Gómez también ha sido cuestionada porque después de más de 40 años al frente del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada supuestamente "heredó" a su hijo esta organización.
Gómez Sada fue electo líder en 1962 y permaneció en ese cargo hasta su muerte, en 2002, fecha en que fue sucedido por Napoleón Gómez Urrutia. Este último, quien tiene posgrados en la universidades de Oxford y en la de Berlín, fue funcionario y director de la Casa de Moneda. A partir del año pasado ha ocupado los titulares de los medios informativos por dos razones: por acusaciones de desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero y por haber sido desconocido y restituido en el cargo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) también se estilan las relecciones. A Alberto Juárez Blancas sólo la muerte le quitó el liderazgo, ya que fue nombrado presidente del comité ejecutivo de la organización en 1976 y continuó en él hasta 2005, "cuando sufre un accidente por el que queda en estado de coma lo obliga a su retiro de la vida sindical"; falleció cinco años antes de que se cumpliera su mandato, que concluía en 2010, por lo que "sólo" estuvo al frente de la organización 30 años.
Según la investigadora Angélica González Vega, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), al deceso de Juárez Blancas no se siguió lo estipulado en los estatutos, y un cuerpo colegiado determinó que asumiera la dirigencia nacional Isaías González Cuevas, quien ya también tenía varios años de líder de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Restaurantera, Gastronómica y Similares y Conexos Donceles 28. El oponente más cercano de González Cuevas era en ese entonces Carlos Mireles, quien al no llegar al poder abandonó la CROC y fundó su propia central, la Confederación Mexicana Sindical.
También la cúpula obrera-corporativa del país, el Congreso del Trabajo (CT), tiene en su directiva a un veterano del viejo cuño cetemista. Enrique Aguilar Borrego, quien sólo lleva 15 años al frente de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), va por su quinta relección y desde noviembre del año pasado ocupa la silla que luego de varias relecciones y enfrentamientos, finalmente le dejó Víctor Flores Morales, el líder ferrocarrilero.
Aguilar Borrego vio pasar, durante más de una década y media como dirigente de los trabajadores bancarios, la fusión y extranjerización de 90 por ciento de las instituciones, registró el despido de más de 50 mil trabajadores del sector y el crecimiento sin precedente del outsourcing o subcontratación. Llegó al CT con la consigna de llevar a cabo la "operación cicatriz", ya que la disputa por el poder de esta central fraccionó a sus integrantes a tal grado de que, en la víspera de su 40 aniversario, esta central amaneció con dos dirigentes.
La lista de relecciones podría ser interminable. A los casos más visibles hay que sumar los de líderes que desde el anonimato se perpetúan en el poder. Uno de ellos es el del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora (STIE) de la CTM, Armando Neyra Chávez, en la sección 12 de esta organización, de la cual es secretario general desde 1970, relección tras relección.
"El líder sindical no nace corrupto, se hace corrupto", indica el investigador Marco Antonio Leyva Piña, del departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, y apunta que las prácticas ilegales en el sindicalismo son toleradas por el Ejecutivo, con el argumento poco creíble del respeto a la autonomía sindical.
Invalida la Suprema Corte dos artículos más de la ley Televisa
Echa atrás disposiciones que abren la puerta a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL
El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: María Meléndrez Parada
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer más artículos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como disposiciones que abren la posibilidad a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras.
El debate se intensificó sobre temas torales en una discusión en la que el ministro Genaro David Góngora Pimentel planteó que la inconstitucionalidad de los artículos impugnados se determine no sólo con base en criterios económicos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, información y acceso equitativo a los medios de comunicación.
''¡Yo ya no entendí!''
Durante la sesión, los ministros advirtieron errores, ambigüedad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta pública como criterio para otorgar concesiones. ''¡Yo ya no entendí!'', exclamó la ministra Margarita Luna Ramos, después de tratar de traducir el artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), cuya discusión continuará este martes.
En relación con el tema de la subasta pública, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho artículo inconstitucional en razón de que el dinero es el único criterio para otorgar una concesión, con lo que se violenta el artículo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público, como es el espectro radioeléctrico.
Si bien hay coincidencia de la mayoría en invalidar ese ordenamiento, el ministro Góngora pidió se determine que se violan también los artículos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresión, de información y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la información y el acceso equitativo a los medios de comunicación''.
Agregó que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisión sólo a los grupos más poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participación de otras personas, ''con lo que se impide una visión auténticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro país''.
El problema de la subasta pública, insistió, no se puede abordar sólo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisión por los grandes grupos de poder económico, como dice el proyecto, ''sino mucho más grave aún es que los medios masivos de comunicación dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida política''.
Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resolución, se decidió aplazar el tema para la sesión de hoy, en la que, trascendió, la mayoría de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado artículo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de Góngora, éste presentará un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compañeros.
Durante la sesión, el pleno resolvió tres artículos impugnados, dos de los cuales declaró inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracción quinta del artículo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesión es presentar ''solicitud de opinión favorable'' a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Una trampa
Los demandantes argumentaron en la acción de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia económica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este órgano encargado de evitar prácticas monopólicas. A excepción del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayoría validó esa interpretación.
Juan N. Silva Meza coincidió en que la redacción de ese artículo da pie a una simulación en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opinión calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compañero Sergio Valls resumió: ''Para que algún agente económico pueda participar en el procedimiento de licitación, debe acompañar la opinión favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues sólo a través de la resolución que dicte ese organismo se podrá determinar si tal agente es apto o no para participar''.
Esa fracción quinta del artículo 17-G de la LFRT, se invalidó por ocho votos a uno, al eliminarse el término ''solicitud de''. La redacción quedó entonces en que la ''opinión favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesión de redes de readiodifusión.
Posteriormente el pleno discutió el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidió dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel.
En la discusión se recordó que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Corte definió un criterio sobre la integración de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que éstos se encuentran supeditados jerárquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir.
Azuela hizo una extensa intervención para demostrar que desde la aprobación de la Constitución de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la República y del Congreso, en los artículos 89 y 76 de la Carta Magna.
Hizo notar que desde aquel entonces ''se veía con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener más atribuciones que el Presidente''.
El artículo se invalidó con votación de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que la objeción del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo.
En lo que sí hubo unanimidad fue en declarar constitucional el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, por considerar que no prevé ninguna autorización para que candidatos a puestos de elección popular contraten directamente publicidad en los medios electrónicos. Lo que señala, aclaró la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligación para los concesionarios de informar quiénes han contratado el servicio de radiodifusión.
Al término de la sesión, que duró poco más de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri se veían satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulación de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalcó el panista.
-¿Van ganando?
-Lo que podría decir es que el país está recuperando soberanía, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la nación.
Invalida la Suprema Corte dos artículos más de la ley Televisa
Echa atrás disposiciones que abren la puerta a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL
El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: María Meléndrez Parada
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer más artículos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como disposiciones que abren la posibilidad a prácticas monopólicas de televisoras y radiodifusoras.
El debate se intensificó sobre temas torales en una discusión en la que el ministro Genaro David Góngora Pimentel planteó que la inconstitucionalidad de los artículos impugnados se determine no sólo con base en criterios económicos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, información y acceso equitativo a los medios de comunicación.
''¡Yo ya no entendí!''
Durante la sesión, los ministros advirtieron errores, ambigüedad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta pública como criterio para otorgar concesiones. ''¡Yo ya no entendí!'', exclamó la ministra Margarita Luna Ramos, después de tratar de traducir el artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), cuya discusión continuará este martes.
En relación con el tema de la subasta pública, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho artículo inconstitucional en razón de que el dinero es el único criterio para otorgar una concesión, con lo que se violenta el artículo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público, como es el espectro radioeléctrico.
Si bien hay coincidencia de la mayoría en invalidar ese ordenamiento, el ministro Góngora pidió se determine que se violan también los artículos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresión, de información y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la información y el acceso equitativo a los medios de comunicación''.
Agregó que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisión sólo a los grupos más poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participación de otras personas, ''con lo que se impide una visión auténticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro país''.
El problema de la subasta pública, insistió, no se puede abordar sólo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisión por los grandes grupos de poder económico, como dice el proyecto, ''sino mucho más grave aún es que los medios masivos de comunicación dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida política''.
Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resolución, se decidió aplazar el tema para la sesión de hoy, en la que, trascendió, la mayoría de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado artículo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de Góngora, éste presentará un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compañeros.
Durante la sesión, el pleno resolvió tres artículos impugnados, dos de los cuales declaró inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracción quinta del artículo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesión es presentar ''solicitud de opinión favorable'' a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Una trampa
Los demandantes argumentaron en la acción de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia económica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este órgano encargado de evitar prácticas monopólicas. A excepción del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayoría validó esa interpretación.
Juan N. Silva Meza coincidió en que la redacción de ese artículo da pie a una simulación en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opinión calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compañero Sergio Valls resumió: ''Para que algún agente económico pueda participar en el procedimiento de licitación, debe acompañar la opinión favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues sólo a través de la resolución que dicte ese organismo se podrá determinar si tal agente es apto o no para participar''.
Esa fracción quinta del artículo 17-G de la LFRT, se invalidó por ocho votos a uno, al eliminarse el término ''solicitud de''. La redacción quedó entonces en que la ''opinión favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesión de redes de readiodifusión.
Posteriormente el pleno discutió el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidió dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel.
En la discusión se recordó que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Corte definió un criterio sobre la integración de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que éstos se encuentran supeditados jerárquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir.
Azuela hizo una extensa intervención para demostrar que desde la aprobación de la Constitución de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la República y del Congreso, en los artículos 89 y 76 de la Carta Magna.
Hizo notar que desde aquel entonces ''se veía con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener más atribuciones que el Presidente''.
El artículo se invalidó con votación de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga Sánchez Cordero consideró que la objeción del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo.
En lo que sí hubo unanimidad fue en declarar constitucional el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, por considerar que no prevé ninguna autorización para que candidatos a puestos de elección popular contraten directamente publicidad en los medios electrónicos. Lo que señala, aclaró la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligación para los concesionarios de informar quiénes han contratado el servicio de radiodifusión.
Al término de la sesión, que duró poco más de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri se veían satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulación de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalcó el panista.
-¿Van ganando?
-Lo que podría decir es que el país está recuperando soberanía, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la nación.
A prisión, 19 militares por la muerte de dos mujeres y tres menores en un retén de Sinaloa
de la redacción
México, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisión militar de Mazatlán por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un retén colocado en La Joya, en Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.
La Sedena detalló que la Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa en colaboración con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.
Sin embargo, acota: “Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deberán profundizarse las investigaciones”.
Es pertinente señalar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres niños-- murieron durante una balacera registrada en un retén cerca de la comunidad La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa.
Las víctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 años; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años.
Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiacán, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 años; José Carrillo Esparza, de 5, y Adán Abel Esparza, de 29, quien conducía la camioneta en que viajaban.
Los hechos ocurrieron --según relato de familiares-- cuando se dirigían a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el vehículo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le ordenó detenerse, por lo que abrieron fuego.
La Sedena expuso que los militares están adscritos al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.
Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.
Por su lado, el gobernador Jesús Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ejército para que siga con sus labores en la entidad, pero exigió castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres niños y en la que están involucrados varios militares.
"Estamos viendo las averiguaciones, ya está aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigación, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", comentó Aguilar Padilla.
Previamente la CNDH reveló que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privación de la vida de las dos mujeres y los tres menores, así como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad física de una mujer, un varón y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.
Tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos de la Segunda Visitaduría General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atención y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.
Por otra parte, la Federación de Abogados de Sinaloa y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ejército dar la cara y explicar qué sucedió en la comunidad de La Joya.
Demandaron también aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las víctimas.
El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel Sánchez Morán, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia
Faustino Esparza, hermano de una de las víctimas y vecino de Los Alamillos, afirmó que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresión de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.