Martes, 05 de junio de 2007
Militares ejecutan a dos mujeres dos mujeres y tres menores en un ret?n de Sinaloa.
de la redacci?n
M?xico, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisi?n militar de Mazatl?n por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un ret?n colocado en La Joya, en Sinaloa, inform? la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

La Sedena detall? que la Procuradur?a General de Justicia Militar integr? una averiguaci?n previa en colaboraci?n con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.

Sin embargo, acota: ?Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deber?n profundizarse las investigaciones?.

Es pertinente se?alar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres ni?os-- murieron durante una balacera registrada en un ret?n cerca de la comunidad La Joya de los Mart?nez, en el municipio de Sinaloa.

Las v?ctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 a?os; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 a?os.

Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiac?n, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 a?os; Jos? Carrillo Esparza, de 5, y Ad?n Abel Esparza, de 29, quien conduc?a la camioneta en que viajaban.

Los hechos ocurrieron --seg?n relato de familiares-- cuando se dirig?an a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el veh?culo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le orden? detenerse, por lo que abrieron fuego.

La Sedena expuso que los militares est?n adscritos al 24 Regimiento de Caballer?a Motorizado.

Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposici?n del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Regi?n Militar.

Por su lado, el gobernador Jes?s Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ej?rcito para que siga con sus labores en la entidad, pero exigi? castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres ni?os y en la que est?n involucrados varios militares.

"Estamos viendo las averiguaciones, ya est? aqu? la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigaci?n, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", coment? Aguilar Padilla.

Previamente la CNDH revel? que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privaci?n de la vida de las dos mujeres y los tres menores, as? como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad f?sica de una mujer, un var?n y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.

Tres visitadores adjuntos y dos peritos m?dicos de la Segunda Visitadur?a General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atenci?n y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.

Por otra parte, la Federaci?n de Abogados de Sinaloa y la Comisi?n Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ej?rcito dar la cara y explicar qu? sucedi? en la comunidad de La Joya.

Demandaron tambi?n aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las v?ctimas.

El presidente de la Federaci?n de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel S?nchez Mor?n, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia

Faustino Esparza, hermano de una de las v?ctimas y vecino de Los Alamillos, afirm? que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresi?n de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.



Militares ejecutan a dos mujeres dos mujeres y tres menores en un ret?n de Sinaloa.
de la redacci?n
M?xico, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisi?n militar de Mazatl?n por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un ret?n colocado en La Joya, en Sinaloa, inform? la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

La Sedena detall? que la Procuradur?a General de Justicia Militar integr? una averiguaci?n previa en colaboraci?n con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.

Sin embargo, acota: ?Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deber?n profundizarse las investigaciones?.

Es pertinente se?alar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres ni?os-- murieron durante una balacera registrada en un ret?n cerca de la comunidad La Joya de los Mart?nez, en el municipio de Sinaloa.

Las v?ctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 a?os; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 a?os.

Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiac?n, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 a?os; Jos? Carrillo Esparza, de 5, y Ad?n Abel Esparza, de 29, quien conduc?a la camioneta en que viajaban.

Los hechos ocurrieron --seg?n relato de familiares-- cuando se dirig?an a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el veh?culo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le orden? detenerse, por lo que abrieron fuego.

La Sedena expuso que los militares est?n adscritos al 24 Regimiento de Caballer?a Motorizado.

Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposici?n del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Regi?n Militar.

Por su lado, el gobernador Jes?s Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ej?rcito para que siga con sus labores en la entidad, pero exigi? castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres ni?os y en la que est?n involucrados varios militares.

"Estamos viendo las averiguaciones, ya est? aqu? la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigaci?n, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", coment? Aguilar Padilla.

Previamente la CNDH revel? que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privaci?n de la vida de las dos mujeres y los tres menores, as? como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad f?sica de una mujer, un var?n y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.

Tres visitadores adjuntos y dos peritos m?dicos de la Segunda Visitadur?a General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atenci?n y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.

Por otra parte, la Federaci?n de Abogados de Sinaloa y la Comisi?n Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ej?rcito dar la cara y explicar qu? sucedi? en la comunidad de La Joya.

Demandaron tambi?n aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las v?ctimas.

El presidente de la Federaci?n de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel S?nchez Mor?n, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia

Faustino Esparza, hermano de una de las v?ctimas y vecino de Los Alamillos, afirm? que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresi?n de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.





Sindicalismo en M?xico, compendio de traiciones, venganzas y trapicheos
Los il?citos de los l?deres son tolerados por el Ejecutivo con el argumento de la autonom?a
CAROLINA GOMEZ, PATRICIA MU?OZ /II


A Alberto Ju?rez Blancas s?lo la muerte lo pudo despojar del poder en la CROC Foto: Marco Pel?ez


Joel Ayala es el l?der desde hace nueve a?os de la Federaci?n de Sindicatos al Servicio del Estado Foto: Guillermo Sologuren


Napole?n G?mez Urrutia, dirigente del sindicato de mineros, y el extinto Leonardo Rodr?guez Alcaine, sucesor de Fidel Vel?zquez. Ambos han sido personajes pol?micos en sus respectivos gremios Foto: Mar?a Mel?ndrez Parada
Si hubiera que escribir sobre las vidas de los dirigentes sindicales mexicanos, una obra en varios tomos se dedicar?a a las traiciones en la b?squeda del poder, de sus amores gremiales y sus odios de asamblea.
En ese libro, un cap?tulo especial tendr?a que ser el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien desde finales de la d?cada de los 80 no ha soltado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci?n (SNTE). Estuvo formalmente seis a?os como secretaria general -ya que reform? los estatutos para repetir en el cargo-; sin embargo, han pasado ya tres nuevas dirigencias y contin?a como la "l?der moral" del gremio desde hace 26 a?os.
Sin importar que el SNTE es una de las organizaciones cuya dirigencia es la "que mayor n?mero de denuncias p?blicas ha acumulado; que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci?n (CNTE) ha iniciado innumerables denuncias de corrupci?n en contra de esta dirigente del magisterio; que hay reclamos de todo tipo contra ella, desde desv?os y malversaci?n de cuotas, influyentismo, enriquecimiento inexplicable, nepotismo y, sobre todo, traici?n, Gordillo no se inmuta y deja ver su pretensi?n vital de morir sin soltar el poder de ese sindicato", advierte el libro El sindicalismo en M?xico.
Esta compilaci?n de trabajos de varios autores, en un apartado titulado "Los sindicatos ante el conflicto sociolaboral", se?ala que las relaciones corporativas de la profesora con los gobiernos en turno "son muy fuertes, ya que su poder radica en que apoya lo que proponga el gobernante en turno sin importar los intereses de los maestros, aun cuando negocia a nombre de ellos, como ahora, que se le reclama haberlo hecho al impulsar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)".
Las relaciones entre algunos de los l?deres sindicales son tan "laxas" y "volubles" que no importan las enemistades o amores para mantener el poder, se?ala el documento, y a?ade que aun cuando la profesora Gordillo hab?a roto pol?tica y sindicalmente de manera abrupta con el l?der de la Federaci?n de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, en un distanciamiento que llev? a la escisi?n de esta central y a la creaci?n de la Federaci?n Democr?tica de Sindicatos de Servidores P?blicos (Fedessp), no import? la enemistad cuando se trat? de sacar la reforma a la ley de este instituto y los dos enemigos se sentaron a negociar con el gobierno.
La profesora ya tiene experiencia en esas maniobras -empez? temprano- desde que traicion? al veterano dirigente de la SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, para sucederlo, se?ala el profesor distinguido de la Universidad Aut?noma Metropolitana Enrique de la Garza Toledo, quien tambi?n es doctor en sociolog?a.
Joel Ayala Almeida, quien lleva nueve a?os al frente de la FSTSE, dos periodos de relecci?n -y en el m?s reciente tambi?n, como casi todos los dem?s l?deres, modific? los estatutos para aumentar de 4 a 6 a?os su gesti?n y terminar en 2012-, tampoco tuvo empacho en impulsar la misma reforma que Elba Esther Gordillo quer?a y que ha sido impugnada por amplios sectores de trabajadores al servicio del estado.
Desde su llegada a la FSTSE ha brincado de la C?mara de Diputados a la de Senadores y viceversa, se le desmoron? su organizaci?n al quedarse con s?lo uno de cada ocho trabajadores p?blicos, vio salir de sus filas a sindicatos como el propio SNTE, el de Trabajadores de la Secretar?a de Agricultura, de Desarrollo Social, el de Telecomunicaciones y Transportes, el Metro y otros, e inclusive la profesora Gordillo -que encabeza moralmente tambi?n la Fedessp- le est? disputando legalmente "la posesi?n de los bienes patrimoniales y cuentas de los trabajadores p?blicos". Pero eso no import?: se pusieron de acuerdo para la reforma a la Ley del ISSSTE.
La familia G?mez tambi?n ha sido cuestionada porque despu?s de m?s de 40 a?os al frente del sindicato minero, Napole?n G?mez Sada supuestamente "hered?" a su hijo esta organizaci?n.
G?mez Sada fue electo l?der en 1962 y permaneci? en ese cargo hasta su muerte, en 2002, fecha en que fue sucedido por Napole?n G?mez Urrutia. Este ?ltimo, quien tiene posgrados en la universidades de Oxford y en la de Berl?n, fue funcionario y director de la Casa de Moneda. A partir del a?o pasado ha ocupado los titulares de los medios informativos por dos razones: por acusaciones de desv?o de 55 millones de d?lares del fideicomiso minero y por haber sido desconocido y restituido en el cargo por la Secretar?a del Trabajo y Previsi?n Social.
En la Confederaci?n Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) tambi?n se estilan las relecciones. A Alberto Ju?rez Blancas s?lo la muerte le quit? el liderazgo, ya que fue nombrado presidente del comit? ejecutivo de la organizaci?n en 1976 y continu? en ?l hasta 2005, "cuando sufre un accidente por el que queda en estado de coma lo obliga a su retiro de la vida sindical"; falleci? cinco a?os antes de que se cumpliera su mandato, que conclu?a en 2010, por lo que "s?lo" estuvo al frente de la organizaci?n 30 a?os.
Seg?n la investigadora Ang?lica Gonz?lez Vega, del Centro de Reflexi?n y Acci?n Laboral (Cereal), al deceso de Ju?rez Blancas no se sigui? lo estipulado en los estatutos, y un cuerpo colegiado determin? que asumiera la dirigencia nacional Isa?as Gonz?lez Cuevas, quien ya tambi?n ten?a varios a?os de l?der de la Uni?n Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Restaurantera, Gastron?mica y Similares y Conexos Donceles 28. El oponente m?s cercano de Gonz?lez Cuevas era en ese entonces Carlos Mireles, quien al no llegar al poder abandon? la CROC y fund? su propia central, la Confederaci?n Mexicana Sindical.
Tambi?n la c?pula obrera-corporativa del pa?s, el Congreso del Trabajo (CT), tiene en su directiva a un veterano del viejo cu?o cetemista. Enrique Aguilar Borrego, quien s?lo lleva 15 a?os al frente de la Federaci?n Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), va por su quinta relecci?n y desde noviembre del a?o pasado ocupa la silla que luego de varias relecciones y enfrentamientos, finalmente le dej? V?ctor Flores Morales, el l?der ferrocarrilero.
Aguilar Borrego vio pasar, durante m?s de una d?cada y media como dirigente de los trabajadores bancarios, la fusi?n y extranjerizaci?n de 90 por ciento de las instituciones, registr? el despido de m?s de 50 mil trabajadores del sector y el crecimiento sin precedente del outsourcing o subcontrataci?n. Lleg? al CT con la consigna de llevar a cabo la "operaci?n cicatriz", ya que la disputa por el poder de esta central fraccion? a sus integrantes a tal grado de que, en la v?spera de su 40 aniversario, esta central amaneci? con dos dirigentes.
La lista de relecciones podr?a ser interminable. A los casos m?s visibles hay que sumar los de l?deres que desde el anonimato se perpet?an en el poder. Uno de ellos es el del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora (STIE) de la CTM, Armando Neyra Ch?vez, en la secci?n 12 de esta organizaci?n, de la cual es secretario general desde 1970, relecci?n tras relecci?n.
"El l?der sindical no nace corrupto, se hace corrupto", indica el investigador Marco Antonio Leyva Pi?a, del departamento de sociolog?a de la Universidad Aut?noma Metropolitana, y apunta que las pr?cticas ilegales en el sindicalismo son toleradas por el Ejecutivo, con el argumento poco cre?ble del respeto a la autonom?a sindical.
Sindicalismo en M?xico, compendio de traiciones, venganzas y trapicheos
Los il?citos de los l?deres son tolerados por el Ejecutivo con el argumento de la autonom?a
CAROLINA GOMEZ, PATRICIA MU?OZ /II


A Alberto Ju?rez Blancas s?lo la muerte lo pudo despojar del poder en la CROC Foto: Marco Pel?ez


Joel Ayala es el l?der desde hace nueve a?os de la Federaci?n de Sindicatos al Servicio del Estado Foto: Guillermo Sologuren


Napole?n G?mez Urrutia, dirigente del sindicato de mineros, y el extinto Leonardo Rodr?guez Alcaine, sucesor de Fidel Vel?zquez. Ambos han sido personajes pol?micos en sus respectivos gremios Foto: Mar?a Mel?ndrez Parada
Si hubiera que escribir sobre las vidas de los dirigentes sindicales mexicanos, una obra en varios tomos se dedicar?a a las traiciones en la b?squeda del poder, de sus amores gremiales y sus odios de asamblea.
En ese libro, un cap?tulo especial tendr?a que ser el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien desde finales de la d?cada de los 80 no ha soltado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci?n (SNTE). Estuvo formalmente seis a?os como secretaria general -ya que reform? los estatutos para repetir en el cargo-; sin embargo, han pasado ya tres nuevas dirigencias y contin?a como la "l?der moral" del gremio desde hace 26 a?os.
Sin importar que el SNTE es una de las organizaciones cuya dirigencia es la "que mayor n?mero de denuncias p?blicas ha acumulado; que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci?n (CNTE) ha iniciado innumerables denuncias de corrupci?n en contra de esta dirigente del magisterio; que hay reclamos de todo tipo contra ella, desde desv?os y malversaci?n de cuotas, influyentismo, enriquecimiento inexplicable, nepotismo y, sobre todo, traici?n, Gordillo no se inmuta y deja ver su pretensi?n vital de morir sin soltar el poder de ese sindicato", advierte el libro El sindicalismo en M?xico.
Esta compilaci?n de trabajos de varios autores, en un apartado titulado "Los sindicatos ante el conflicto sociolaboral", se?ala que las relaciones corporativas de la profesora con los gobiernos en turno "son muy fuertes, ya que su poder radica en que apoya lo que proponga el gobernante en turno sin importar los intereses de los maestros, aun cuando negocia a nombre de ellos, como ahora, que se le reclama haberlo hecho al impulsar la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)".
Las relaciones entre algunos de los l?deres sindicales son tan "laxas" y "volubles" que no importan las enemistades o amores para mantener el poder, se?ala el documento, y a?ade que aun cuando la profesora Gordillo hab?a roto pol?tica y sindicalmente de manera abrupta con el l?der de la Federaci?n de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, en un distanciamiento que llev? a la escisi?n de esta central y a la creaci?n de la Federaci?n Democr?tica de Sindicatos de Servidores P?blicos (Fedessp), no import? la enemistad cuando se trat? de sacar la reforma a la ley de este instituto y los dos enemigos se sentaron a negociar con el gobierno.
La profesora ya tiene experiencia en esas maniobras -empez? temprano- desde que traicion? al veterano dirigente de la SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, para sucederlo, se?ala el profesor distinguido de la Universidad Aut?noma Metropolitana Enrique de la Garza Toledo, quien tambi?n es doctor en sociolog?a.
Joel Ayala Almeida, quien lleva nueve a?os al frente de la FSTSE, dos periodos de relecci?n -y en el m?s reciente tambi?n, como casi todos los dem?s l?deres, modific? los estatutos para aumentar de 4 a 6 a?os su gesti?n y terminar en 2012-, tampoco tuvo empacho en impulsar la misma reforma que Elba Esther Gordillo quer?a y que ha sido impugnada por amplios sectores de trabajadores al servicio del estado.
Desde su llegada a la FSTSE ha brincado de la C?mara de Diputados a la de Senadores y viceversa, se le desmoron? su organizaci?n al quedarse con s?lo uno de cada ocho trabajadores p?blicos, vio salir de sus filas a sindicatos como el propio SNTE, el de Trabajadores de la Secretar?a de Agricultura, de Desarrollo Social, el de Telecomunicaciones y Transportes, el Metro y otros, e inclusive la profesora Gordillo -que encabeza moralmente tambi?n la Fedessp- le est? disputando legalmente "la posesi?n de los bienes patrimoniales y cuentas de los trabajadores p?blicos". Pero eso no import?: se pusieron de acuerdo para la reforma a la Ley del ISSSTE.
La familia G?mez tambi?n ha sido cuestionada porque despu?s de m?s de 40 a?os al frente del sindicato minero, Napole?n G?mez Sada supuestamente "hered?" a su hijo esta organizaci?n.
G?mez Sada fue electo l?der en 1962 y permaneci? en ese cargo hasta su muerte, en 2002, fecha en que fue sucedido por Napole?n G?mez Urrutia. Este ?ltimo, quien tiene posgrados en la universidades de Oxford y en la de Berl?n, fue funcionario y director de la Casa de Moneda. A partir del a?o pasado ha ocupado los titulares de los medios informativos por dos razones: por acusaciones de desv?o de 55 millones de d?lares del fideicomiso minero y por haber sido desconocido y restituido en el cargo por la Secretar?a del Trabajo y Previsi?n Social.
En la Confederaci?n Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) tambi?n se estilan las relecciones. A Alberto Ju?rez Blancas s?lo la muerte le quit? el liderazgo, ya que fue nombrado presidente del comit? ejecutivo de la organizaci?n en 1976 y continu? en ?l hasta 2005, "cuando sufre un accidente por el que queda en estado de coma lo obliga a su retiro de la vida sindical"; falleci? cinco a?os antes de que se cumpliera su mandato, que conclu?a en 2010, por lo que "s?lo" estuvo al frente de la organizaci?n 30 a?os.
Seg?n la investigadora Ang?lica Gonz?lez Vega, del Centro de Reflexi?n y Acci?n Laboral (Cereal), al deceso de Ju?rez Blancas no se sigui? lo estipulado en los estatutos, y un cuerpo colegiado determin? que asumiera la dirigencia nacional Isa?as Gonz?lez Cuevas, quien ya tambi?n ten?a varios a?os de l?der de la Uni?n Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Restaurantera, Gastron?mica y Similares y Conexos Donceles 28. El oponente m?s cercano de Gonz?lez Cuevas era en ese entonces Carlos Mireles, quien al no llegar al poder abandon? la CROC y fund? su propia central, la Confederaci?n Mexicana Sindical.
Tambi?n la c?pula obrera-corporativa del pa?s, el Congreso del Trabajo (CT), tiene en su directiva a un veterano del viejo cu?o cetemista. Enrique Aguilar Borrego, quien s?lo lleva 15 a?os al frente de la Federaci?n Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), va por su quinta relecci?n y desde noviembre del a?o pasado ocupa la silla que luego de varias relecciones y enfrentamientos, finalmente le dej? V?ctor Flores Morales, el l?der ferrocarrilero.
Aguilar Borrego vio pasar, durante m?s de una d?cada y media como dirigente de los trabajadores bancarios, la fusi?n y extranjerizaci?n de 90 por ciento de las instituciones, registr? el despido de m?s de 50 mil trabajadores del sector y el crecimiento sin precedente del outsourcing o subcontrataci?n. Lleg? al CT con la consigna de llevar a cabo la "operaci?n cicatriz", ya que la disputa por el poder de esta central fraccion? a sus integrantes a tal grado de que, en la v?spera de su 40 aniversario, esta central amaneci? con dos dirigentes.
La lista de relecciones podr?a ser interminable. A los casos m?s visibles hay que sumar los de l?deres que desde el anonimato se perpet?an en el poder. Uno de ellos es el del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora (STIE) de la CTM, Armando Neyra Ch?vez, en la secci?n 12 de esta organizaci?n, de la cual es secretario general desde 1970, relecci?n tras relecci?n.
"El l?der sindical no nace corrupto, se hace corrupto", indica el investigador Marco Antonio Leyva Pi?a, del departamento de sociolog?a de la Universidad Aut?noma Metropolitana, y apunta que las pr?cticas ilegales en el sindicalismo son toleradas por el Ejecutivo, con el argumento poco cre?ble del respeto a la autonom?a sindical.
Invalida la Suprema Corte dos art?culos m?s de la ley Televisa
Echa atr?s disposiciones que abren la puerta a pr?cticas monop?licas de televisoras y radiodifusoras
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL


El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: Mar?a Mel?ndrez Parada
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) invalid? ayer m?s art?culos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisi?n Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), as? como disposiciones que abren la posibilidad a pr?cticas monop?licas de televisoras y radiodifusoras.
El debate se intensific? sobre temas torales en una discusi?n en la que el ministro Genaro David G?ngora Pimentel plante? que la inconstitucionalidad de los art?culos impugnados se determine no s?lo con base en criterios econ?micos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, informaci?n y acceso equitativo a los medios de comunicaci?n.
''?Yo ya no entend?!''
Durante la sesi?n, los ministros advirtieron errores, ambig?edad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta p?blica como criterio para otorgar concesiones. ''?Yo ya no entend?!'', exclam? la ministra Margarita Luna Ramos, despu?s de tratar de traducir el art?culo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisi?n (LFRT), cuya discusi?n continuar? este martes.
En relaci?n con el tema de la subasta p?blica, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho art?culo inconstitucional en raz?n de que el dinero es el ?nico criterio para otorgar una concesi?n, con lo que se violenta el art?culo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicaci?n s?lo a los grupos m?s poderosos y se fomenta la concentraci?n en pocas manos de un bien p?blico, como es el espectro radioel?ctrico.
Si bien hay coincidencia de la mayor?a en invalidar ese ordenamiento, el ministro G?ngora pidi? se determine que se violan tambi?n los art?culos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresi?n, de informaci?n y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la informaci?n y el acceso equitativo a los medios de comunicaci?n''.
Agreg? que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisi?n s?lo a los grupos m?s poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participaci?n de otras personas, ''con lo que se impide una visi?n aut?nticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro pa?s''.
El problema de la subasta p?blica, insisti?, no se puede abordar s?lo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisi?n por los grandes grupos de poder econ?mico, como dice el proyecto, ''sino mucho m?s grave a?n es que los medios masivos de comunicaci?n dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida pol?tica''.
Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resoluci?n, se decidi? aplazar el tema para la sesi?n de hoy, en la que, trascendi?, la mayor?a de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado art?culo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de G?ngora, ?ste presentar? un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compa?eros.
Durante la sesi?n, el pleno resolvi? tres art?culos impugnados, dos de los cuales declar? inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracci?n quinta del art?culo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesi?n es presentar ''solicitud de opini?n favorable'' a la Comisi?n Federal de Competencia (Cofeco).
Una trampa
Los demandantes argumentaron en la acci?n de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia econ?mica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este ?rgano encargado de evitar pr?cticas monop?licas. A excepci?n del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayor?a valid? esa interpretaci?n.
Juan N. Silva Meza coincidi? en que la redacci?n de ese art?culo da pie a una simulaci?n en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opini?n calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compa?ero Sergio Valls resumi?: ''Para que alg?n agente econ?mico pueda participar en el procedimiento de licitaci?n, debe acompa?ar la opini?n favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues s?lo a trav?s de la resoluci?n que dicte ese organismo se podr? determinar si tal agente es apto o no para participar''.
Esa fracci?n quinta del art?culo 17-G de la LFRT, se invalid? por ocho votos a uno, al eliminarse el t?rmino ''solicitud de''. La redacci?n qued? entonces en que la ''opini?n favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesi?n de redes de readiodifusi?n.
Posteriormente el pleno discuti? el art?culo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidi? dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel.
En la discusi?n se record? que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisi?n Federal de Telecomunicaciones, la Corte defini? un criterio sobre la integraci?n de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que ?stos se encuentran supeditados jer?rquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir.
Azuela hizo una extensa intervenci?n para demostrar que desde la aprobaci?n de la Constituci?n de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la Rep?blica y del Congreso, en los art?culos 89 y 76 de la Carta Magna.
Hizo notar que desde aquel entonces ''se ve?a con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener m?s atribuciones que el Presidente''.
El art?culo se invalid? con votaci?n de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga S?nchez Cordero consider? que la objeci?n del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo.
En lo que s? hubo unanimidad fue en declarar constitucional el art?culo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisi?n, por considerar que no prev? ninguna autorizaci?n para que candidatos a puestos de elecci?n popular contraten directamente publicidad en los medios electr?nicos. Lo que se?ala, aclar? la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligaci?n para los concesionarios de informar qui?nes han contratado el servicio de radiodifusi?n.
Al t?rmino de la sesi?n, que dur? poco m?s de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce Mar?a Sauri se ve?an satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulaci?n de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalc? el panista.
-?Van ganando?
-Lo que podr?a decir es que el pa?s est? recuperando soberan?a, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la naci?n.
Invalida la Suprema Corte dos art?culos m?s de la ley Televisa
Echa atr?s disposiciones que abren la puerta a pr?cticas monop?licas de televisoras y radiodifusoras
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL


El ministro Mariano Azuela saluda a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett Foto: Mar?a Mel?ndrez Parada
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) invalid? ayer m?s art?culos de la llamada ley Televisa, al declarar inconstitucional que el Senado objete los nombramientos de los integrantes de la Comisi?n Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), as? como disposiciones que abren la posibilidad a pr?cticas monop?licas de televisoras y radiodifusoras.
El debate se intensific? sobre temas torales en una discusi?n en la que el ministro Genaro David G?ngora Pimentel plante? que la inconstitucionalidad de los art?culos impugnados se determine no s?lo con base en criterios econ?micos, sino desde la perspectiva de que se afectan los derechos de prensa, informaci?n y acceso equitativo a los medios de comunicaci?n.
''?Yo ya no entend?!''
Durante la sesi?n, los ministros advirtieron errores, ambig?edad e incongruencias en la ley, particularmente en el tema de la subasta p?blica como criterio para otorgar concesiones. ''?Yo ya no entend?!'', exclam? la ministra Margarita Luna Ramos, despu?s de tratar de traducir el art?culo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisi?n (LFRT), cuya discusi?n continuar? este martes.
En relaci?n con el tema de la subasta p?blica, el proyecto del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, plantea declarar dicho art?culo inconstitucional en raz?n de que el dinero es el ?nico criterio para otorgar una concesi?n, con lo que se violenta el art?culo 28 de la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios de comunicaci?n s?lo a los grupos m?s poderosos y se fomenta la concentraci?n en pocas manos de un bien p?blico, como es el espectro radioel?ctrico.
Si bien hay coincidencia de la mayor?a en invalidar ese ordenamiento, el ministro G?ngora pidi? se determine que se violan tambi?n los art?culos 6 y 7 constitucionales, relativos a la libertad de expresi?n, de informaci?n y de prensa. ''No he recibido un argumento que me indique razones para dar prioridad a aspectos patrimoniales del Estado o de libertad de mercado sobre el derecho fundamental a la informaci?n y el acceso equitativo a los medios de comunicaci?n''.
Agreg? que otorgar las concesiones al mejor postor asegura el acceso a la radio y la televisi?n s?lo a los grupos m?s poderosos, que inclusive ya tienen posiciones relevantes en el mercado, y se excluye la participaci?n de otras personas, ''con lo que se impide una visi?n aut?nticamente pluralista que responda a la complejidad de nuestro pa?s''.
El problema de la subasta p?blica, insisti?, no se puede abordar s?lo por el acaparamiento de las estaciones de radio y televisi?n por los grandes grupos de poder econ?mico, como dice el proyecto, ''sino mucho m?s grave a?n es que los medios masivos de comunicaci?n dejen de ser recursos comunitarios al servicio de los intereses genuinos de la libertad, para convertirse en instrumento del dominio de los grandes capitales sobre la sociedad, su cultura y la vida pol?tica''.
Ante la negativa de Aguirre Anguiano de incorporar estos criterios a su proyecto de resoluci?n, se decidi? aplazar el tema para la sesi?n de hoy, en la que, trascendi?, la mayor?a de ministros se inclinan por declarar inconstitucional el citado art?culo y que, en caso de no aceptarse la propuesta de G?ngora, ?ste presentar? un ''voto concurrente'', lo que significa que apoya la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes a las de sus compa?eros.
Durante la sesi?n, el pleno resolvi? tres art?culos impugnados, dos de los cuales declar? inconstitucionales. El primero en ser analizado fue la fracci?n quinta del art?culo 17-E de la LFRT, que establece que uno de los requisitos para obtener una concesi?n es presentar ''solicitud de opini?n favorable'' a la Comisi?n Federal de Competencia (Cofeco).
Una trampa
Los demandantes argumentaron en la acci?n de inconstitucionalidad que era una trampa para burlar las reglas de competencia econ?mica, toda vez que con la sola solicitud ante Cofeco se llena el requisito sin importar la respuesta de este ?rgano encargado de evitar pr?cticas monop?licas. A excepci?n del ministro ponente, Aguirre Anguiano, la mayor?a valid? esa interpretaci?n.
Juan N. Silva Meza coincidi? en que la redacci?n de ese art?culo da pie a una simulaci?n en el cumplimiento del contenido fundamental, que implica la opini?n calificada de la Cofeco. Mariano Azuela, a su vez, hizo notar que se trata de una norma ''muy ambigua'', y su compa?ero Sergio Valls resumi?: ''Para que alg?n agente econ?mico pueda participar en el procedimiento de licitaci?n, debe acompa?ar la opini?n favorable de la Cofeco, y no una simple solicitud, pues s?lo a trav?s de la resoluci?n que dicte ese organismo se podr? determinar si tal agente es apto o no para participar''.
Esa fracci?n quinta del art?culo 17-G de la LFRT, se invalid? por ocho votos a uno, al eliminarse el t?rmino ''solicitud de''. La redacci?n qued? entonces en que la ''opini?n favorable'' de la Cofeco es uno de los requisitos para obtener la concesi?n de redes de readiodifusi?n.
Posteriormente el pleno discuti? el art?culo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el que el Congreso decidi? dar al Senado la facultad de objetar los nombramientos presidenciales de los integrantes de la Cofetel.
En la discusi?n se record? que en el tema de organismos desconcentrados, como la Comisi?n Federal de Telecomunicaciones, la Corte defini? un criterio sobre la integraci?n de la Cofeco, el pasado 10 de mayo, en el sentido de que ?stos se encuentran supeditados jer?rquicamente al Ejecutivo federal y por tanto otro poder no puede interferir.
Azuela hizo una extensa intervenci?n para demostrar que desde la aprobaci?n de la Constituci?n de 1917 se establecieron las facultades exclusivas del Presidente de la Rep?blica y del Congreso, en los art?culos 89 y 76 de la Carta Magna.
Hizo notar que desde aquel entonces ''se ve?a con verdadera alarma que el Congreso pudiera tener m?s atribuciones que el Presidente''.
El art?culo se invalid? con votaci?n de ocho votos contra uno, ya que la ministra Olga S?nchez Cordero consider? que la objeci?n del Senado es ''un veto de censura'' que no invade las facultades del Ejecutivo.
En lo que s? hubo unanimidad fue en declarar constitucional el art?culo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisi?n, por considerar que no prev? ninguna autorizaci?n para que candidatos a puestos de elecci?n popular contraten directamente publicidad en los medios electr?nicos. Lo que se?ala, aclar? la ministra Luna Ramos, es simplemente la obligaci?n para los concesionarios de informar qui?nes han contratado el servicio de radiodifusi?n.
Al t?rmino de la sesi?n, que dur? poco m?s de cuatro horas, los ex senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Dulce Mar?a Sauri se ve?an satisfechos. ''Hoy se ha avanzado en aspectos que son fundamentales; se avanza hacia la desarticulaci?n de la ley Televisa; la Corte sienta precedentes muy importantes para el legislador'', recalc? el panista.
-?Van ganando?
-Lo que podr?a decir es que el pa?s est? recuperando soberan?a, espectro, criterios constitucionales. Creo que va ganando la naci?n.
A prisi?n, 19 militares por la muerte de dos mujeres y tres menores en un ret?n de Sinaloa
de la redacci?n
M?xico, D.F., 4 de junio (apro).- Unos 19 militares fueron internados en la prisi?n militar de Mazatl?n por su probable responsabilidad en la muerte de cinco personas, el viernes anterior en un ret?n colocado en La Joya, en Sinaloa, inform? la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

La Sedena detall? que la Procuradur?a General de Justicia Militar integr? una averiguaci?n previa en colaboraci?n con las autoridades civiles, en que se acredita la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad del personal castrense.

Sin embargo, acota: ?Sin que ello prejuzgue sobre la culpabilidad individual de los indiciados, por lo que deber?n profundizarse las investigaciones?.

Es pertinente se?alar que el viernes alrededor de las nueve de la noche, cinco miembros de dos familias --dos mujeres y tres ni?os-- murieron durante una balacera registrada en un ret?n cerca de la comunidad La Joya de los Mart?nez, en el municipio de Sinaloa.

Las v?ctimas fueron Alicia Esparza Parra, de 17 a?os; Griselda Galaviz Barraza de 25, y sus hijos, Joniel, Griselda y Juana Yosmireli Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 a?os.

Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Culiac?n, y se identificaron como Teresa Flores, de 16 a?os; Jos? Carrillo Esparza, de 5, y Ad?n Abel Esparza, de 29, quien conduc?a la camioneta en que viajaban.

Los hechos ocurrieron --seg?n relato de familiares-- cuando se dirig?an a un funeral la noche del viernes, y el conductor, por la velocidad con la que iba el veh?culo, no pudo frenar cuando un grupo de militares le orden? detenerse, por lo que abrieron fuego.

La Sedena expuso que los militares est?n adscritos al 24 Regimiento de Caballer?a Motorizado.

Los presuntos militares responsables, tres oficiales y 16 elementos de tropa, fueron puestos a disposici?n del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Regi?n Militar.

Por su lado, el gobernador Jes?s Aguilar Padilla dio su total respaldo al Ej?rcito para que siga con sus labores en la entidad, pero exigi? castigo para los responsables de la balacera en la que murieron dos mujeres y tres ni?os y en la que est?n involucrados varios militares.

"Estamos viendo las averiguaciones, ya est? aqu? la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos haciendo una investigaci?n, nosotros estaremos de coadyuvantes hasta que se esclarezca y se deslinden las responsabilidades, y pediremos se aplique todo el peso de la ley para los responsables", coment? Aguilar Padilla.

Previamente la CNDH revel? que investiga la queja interpuesta ayer, en que se reclama la privaci?n de la vida de las dos mujeres y los tres menores, as? como otras presuntas violaciones al derecho a la integridad f?sica de una mujer, un var?n y un menor de edad, quienes se encuentran internados en un hospital.

Tres visitadores adjuntos y dos peritos m?dicos de la Segunda Visitadur?a General de la CNDH arribaron desde ayer al lugar de los hechos para realizar labores de atenci?n y conocer directamente las quejas contra un grupo de militares.

Por otra parte, la Federaci?n de Abogados de Sinaloa y la Comisi?n Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) exigieron a los altos mandos del Ej?rcito dar la cara y explicar qu? sucedi? en la comunidad de La Joya.

Demandaron tambi?n aplicar todo el rigor de la ley a los militares que se presume participaron en ese hecho y se haga justicia a familiares de las v?ctimas.

El presidente de la Federaci?n de Abogados de Sinaloa, Miguel Angel S?nchez Mor?n, y el dirigente de la CIDH, Luis Rosales Zagal, exhortaron a la sociedad a levantar la voz para exigir justicia

Faustino Esparza, hermano de una de las v?ctimas y vecino de Los Alamillos, afirm? que los militares abrieron fuego sin que haya habido una agresi?n de por medio por parte de los ocupantes de la camioneta.
Publicado por solaripa69 @ 9:37
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