Mi?rcoles, 06 de junio de 2007
Golpe contundente a la ley Televisa; la SCJN anula cuatro art?culos m?s
La subasta p?blica origina que los medios electr?nicos se entreguen al mejor postor, se?ala
JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL


Los ex senadores Nohem? Guzm?n, Dulce Mar?a Sauri, Javier Corral y Manuel Bartlett, luego de la sesi?n del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n Foto: Francisco Olvera
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) asest? ayer un golpe definitivo a la ley Televisa, al invalidar cuatro art?culos que permit?an a las dos grandes televisoras incrementar su poder econ?mico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitaci?n y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioel?ctrico, adem?s de obtener concesiones por 20 a?os, con la posibilidad de refrendarlas de manera autom?tica.
Por unanimidad, los nueve ministros declararon inconstitucional el art?culo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisi?n (LFRT), ya que vulnera seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresi?n, igualdad, rector?a econ?mica del Estado sobre un bien p?blico, utilizaci?n social de los medios de comunicaci?n y la prohibici?n de monopolios.
El Congreso, en evidencia
Invalidaron tambi?n el art?culo 17-G, por considerar que la subasta p?blica, como elemento determinante para el otorgamiento de concesiones, origina que los medios de comunicaci?n se entreguen al mejor postor. Hubo coincidencia entre los ministros en que la concentraci?n de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la informaci?n.
Durante el debate, varios magistrados pusieron en evidencia la mala actuaci?n del Congreso al otorgar, a trav?s de la llamada ley Televisa, privilegios indebidos al duopolio televisivo. El ministro Genaro G?ngora Pimentel incluso se pregunt? ''hasta qu? punto es v?lido'' que en una naci?n pluricultural, con 103 millones de habitantes, el Poder Legislativo impulse que los empresarios de la televisi?n abierta ''maximicen sus ganancias'' y con ello impidan el acceso efectivo de los diversos grupos sociales a los medios de comunicaci?n.
''La renuncia del Estado al espacio radioel?ctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresi?n, informaci?n y prensa, a trav?s de un acuerdo secretarial y su elevaci?n a rango legal en el art?culo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia'', recalc? G?ngora Pimentel.
Se refiri? a la ''multiplicaci?n de los panes y los peces'' en las reformas a la LFRT y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, toda vez que con el pretexto de la reconversi?n tecnol?gica digital los legisladores permitieron que, adem?s del negocio original de la radiodifusi?n, los due?os de las dos grandes cadenas televisoras tendr?n hasta 65 por ciento del espectro para utilizarlo en otros servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefon?a m?vil, transmisi?n de datos y voz, entre otros.
Ello, ''gracias a los avances tecnol?gicos, a la visi?n del secretario de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola, quien expidi? el sexenio pasado el acuerdo de convergencia) y a la actuaci?n del legislador que acoraz? el acuerdo y lo llev? a nivel legal a trav?s del art?culo 28 impugnado''. Insisti?: ''Dado que el espectro radioel?ctrico es un bien escaso y finito, y los medios masivos de comunicaci?n son una actividad de inter?s p?blico, el Congreso debe vigilarla y proteger el debido cumplimiento de su funci?n social con miras a que haya los m?ximos elementos posibles de difusi?n de ideas, lo cual debe prevalecer sobre la conveniencia mercantil de los concesionarios''.
Al continuar la discusi?n sobre la acci?n de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa, la ministra Olga S?nchez Cordero recalc? que el art?culo 28 referido vulnera el principio de igualdad consagrado en el art?culo primero de la Constituci?n, al establecer un trato de privilegio a los concesionarios actuales en relaci?n con los permisionarios de estaciones oficiales y quienes prestan servicios de telecomunicaciones, y respecto de cualquier interesado en incursionar en el mercado de la radiodifusi?n.
Ello debido a que, a?adi?, los concesionarios pueden acceder a las telecomunicaciones mediante la simple presentaci?n de una solicitud a la Secretar?a de Comunicaciones, sin sujetarse al procedimiento de licitaci?n p?blica que se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones para quienes, por el contrario, pretenden incursionar en la radio y la televisi?n.
Aunado a ello, los concesionarios no necesariamente deber?n cubrir una contraprestaci?n al Estado por los servicios adicionales de telecomunicaciones, dado que el pago de ?sta se establece como mera posibilidad.
S?nchez Cordero coincidi? con el proyecto de su compa?ero Sergio Salvador Aguirre Anguiano e inclusive cit? partes del documento, entre ?stas aquella que establece que el trato discriminatorio pone en riesgo la rector?a econ?mica del Estado y dificulta su papel como garante frente a la sociedad entera de los derechos a la libertad de expresi?n e informaci?n.
Discriminaci?n, agreg?, que no solamente supone una ventaja netamente econ?mica para los concesionarios de los servicios de radiodifusi?n y que de manera por dem?s evidente repercutir? en la determinaci?n de todo aquello que debe entenderse como mercado relevante y poder sustancial en ese sector, sino que, adem?s, perturba la libre concurrencia y la sana competencia.
Lo establecido en el art?culo 28, reiter?, incide en la funci?n que el Estado tiene encomendada como guardi?n de la libertad de expresi?n y del derecho a la informaci?n, funci?n que supone el fomento de la pluralidad y diversidad en la conformaci?n de los medios de comunicaci?n masiva, con el objetivo irrenunciable de generar una sociedad m?s integrada, m?s educada y sobre todo m?s justa.
Juan N. Silva Meza, por su parte, consider? que el citado art?culo tambi?n atenta contra la garant?a de seguridad jur?dica, pues no establece con claridad la regulaci?n en la prestaci?n de servicios adicionales de telecomunicaciones.
A su vez, Mariano Azuela tambi?n puso ?nfasis en los privilegios que el Congreso dio a las dos televisoras y subray? que la Constituci?n tiene ''un centro'' y es el ser humano; en este sentido, ''el gran compromiso del cuerpo legislativo'' es crear condiciones propicias para el pleno desarrollo de la persona, lo que no se cumple en la ley impugnada.
Igualmente, el ministro Sergio Valls hizo un reproche velado a los diputados y senadores que avalaron la ley Televisa, al preguntar si el argumento de que se fomentar? la convergencia tecnol?gica es suficiente para pasar por alto el principio constitucional de igualdad, para que ''aquellos sujetos no contemplados en el art?culo 28, soporten un trato discriminatorio al tener que someterse a reglas distintas en situaciones iguales''.
Al momento de la votaci?n hubo unanimidad en cuanto a la inconstitucionalidad del art?culo 28 de la LFRT, pero G?ngora Pimentel anunci? que har? un voto concurrente, toda vez que, a su juicio, debe considerarse que con la digitalizaci?n se ''va a liberar espacio radioel?ctrico'' que ser?a aprovechado por los concesionarios sin haber tenido necesidad de licitar el uso de ?ste.
Sergio Salvador Aguirre Anguiano le contest? que no coincid?a, ya que no se necesita comprometer un criterio t?cnico de la Suprema Corte, y explic? que en su proyecto el enfoque es que lo que se ''libera'' es el uso del espacio y que ?ste para ser concesionado requiere de licitaci?n.
Al inicio de la sesi?n los ministros confirmaron su intenci?n de declarar inconstitucional el art?culo 17-G de la LFRT, que preve?a la subasta p?blica como el mecanismo preferente para el otorgamiento de concesiones.
Sobre este tema, Valls recalc? que si el criterio econ?mico es el que prevalece, ya que acceder?an a los medios los que tengan m?s dinero, esto lleva a la concentraci?n de la radio y la televisi?n en pocas manos, y ello permite a quienes tienen el control de los mismos ''manipular, moldear a la opini?n p?blica en funci?n de sus intereses e impedir que el p?blico pueda contribuir de manera significativa al debate pol?tico''.
Por ello, precis? que el argumento toral para invalidar el 17-G es evitar los monopolios. Aqu? tambi?n hubo unanimidad de nueve votos para declarar la inconstitucionalidad de este precepto.
Despu?s, el pleno pas? a la discusi?n de otro de los art?culos de la ley Televisa, que garantiza a las televisoras el predominio en el mercado; se trata del art?culo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisi?n, que permite concesiones por 20 a?os. Ah?, Azuela revel? otra irregularidad legislativa, dentro de lo que el ex senador Manuel Bartlett considera ''las marruller?as de la mayor?a que aprob? por consigna la ley''.
Destac? que en la iniciativa original que Vicente Fox envi? al Congreso en 2005, se precisaba que las concesiones ser?an ''hasta por 20 a?os'', pero en el dictamen que aprob? la C?mara de Diputados, con el pretexto de que se har?an s?lo cambios de t?cnica legislativa y ortogr?ficos, resulta que se hizo una modificaci?n y qued? finalmente que las concesiones ser?an ''por 20 a?os''.
Azuela resalt? que no fue ning?n cambio menor, y que adem?s, cuando el Estado dice ''hasta, todav?a ejerce autoridad'', pero al comprometerse a un plazo de 20 a?os pierde el control sobre el bien p?blico.
G?ngora Pimentel hizo por su lado un an?lisis detallado sobre legislaciones de otros pa?ses en materia de concesiones y concluy? que el promedio mundial de ?stas es de 10 a?os, periodo que tendr?a que ser referente para el caso de M?xico.
Valls argument? que la inversi?n que lleven a cabo los concesionarios para entrar a la tecnolog?a digital no es pretexto para que el Estado pierda el control sobre un bien del dominio p?blico. La ?nica que se manifest? en contra del proyecto fue Margarita Luna Ramos, quien sostuvo que no encontr? razones por las cuales una concesi?n de 20 a?os sea inconstitucional, adem?s de que, a su juicio, se pone en riesgo la inversi?n que ya realiz? el concesionario y las fuentes de empleo creadas.
Azuela le contest? que, para empezar, en esos niveles no se hacen ''inversiones a la aventura'', y luego en forma did?ctica le hizo notar que es algo similar al ejemplo de un pap? que le dice a su hijo: ''te voy a dar 100 pesos'', lo que es diferente a decirle: ''te voy a dar hasta 100 pesos'', y el vocablo ''hasta'' condiciona que el hijo demuestre que estudi?, tuvo respeto a sus padres, etc?tera. En ese ejemplo, agreg?, el ''Estado pap?, cuando dice hasta, todav?a ejerce autoridad'' que puede decidir si la inversi?n es por ocho, diez o 20 a?os por los que tiene la concesi?n.
Al invalidar el art?culo 28, los ministros tambi?n declararon inconstitucional el 28-A, en el que se establec?an disposiciones referentes al primero.
Luego de discusiones, cambios al proyecto y adiciones no contempladas originalmente, el ministro ponente, Aguirre Anguiano, coment? que a su propuesta original le ocurri? lo mismo que al ''aparato destructor de bombas, de los que se manejan a control remoto'', y que le toc? observar en Par?s, luego de que se hizo estallar un artefacto: ''Sali? el aparatejo maltrecho, con las ruedas deshechas, pero caminando por s? mismo''.
Los ministros discutir?n hoy temas relacionados con la integraci?n de la Comisi?n Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y las radios comunitarias, pero lo medular de la ley Televisa ya qued? fuera.


Vendi? Fonatur parte de la playa p?blica m?s grande de Canc?n
Por s?lo 28 millones de d?lares, el grupo BI & Di Real State se apoderar? de cinco hect?reas
El ayuntamiento pide que le concesionen zonas de libre acceso para evitar que siga su venta
HUGO MARTOCCIA


Canc?n, QR, 5 de junio. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendi? en 2005, cuando John McCarthy era su director general, cinco hect?reas de la principal playa p?blica de Canc?n para que se construyan dos clubes privados.
La playa Delfines, tambi?n conocida como El Mirador, es la m?s grande de Canc?n y uno de los pocos espacios a los cuales a?n pueden entrar en forma gratuita los ciudadanos porque el resto de la zona hotelera est? pr?cticamente privatizada.
El gobierno del estado anunci? que pedir? a Fonatur la revocaci?n de dicha transacci?n; mientras el ayuntamiento de Benito Ju?rez (donde se encuentra Canc?n) solicitar? que se le otorgue la concesi?n del resto de la playa para salvaguardar el espacio p?blico.
Desde el domingo circul? la versi?n de que la playa Delfines hab?s sido vendida, lo que provoc? que un grupo de estudiantes universitarios se manifestaran en la zona hotelera.
Se dijo que el ayuntamiento estaba haciendo la transacci?n, por lo cual las autoridades municipales y Fonatur tuvieron que dar una explicaci?n.
El director de Fonatur Canc?n, Manuel Conde Canto, inform? que casi cinco hect?reas de playa fueron vendidas a fines de 2005 al grupo BI & Di Real State por 28 millones de d?lares para la realizaci?n del proyecto La Herradura.
La mayor?a de esos predios est?n detr?s de la carretera, hacia la laguna Boj?rquez, pero la parte m?s importante es una porci?n menor de ese terreno que se encuentra en la playa Delfines.
El funcionario sostuvo que los terrenos que se vendieron no son parte de la playa p?blica, sino que est?n a un lado de ?sta, y que como estaban ''desocupados'' parec?an formar parte de ese espacio desde hac?a 30 a?os.
La poblaci?n de Canc?n siempre se ha ba?ado en El Mirador, y ahora se pretende convencerla de que en realidad la playa p?blica es m?s peque?a, pero parec?a grande porque nadie hab?a comprado los lotes adjuntos que se usaban como espacio p?blico y que ya se vendieron.
La playa Delfines tiene m?s de 300 metros de largo, pero, seg?n Fonatur, s?lo 233 metros son espacio p?blico y el resto son parte de los lotes vendidos.
Seg?n esa versi?n, la playa p?blica tiene alrededor de 19 mil metros cuadrados y a un costado hay cuatro predios, tres de ellos vendidos por el entonces director del Fonatur, John McCarthy, y el otro ya era propiedad de la empresa hotelera Solaris.
El Fonatur afirma que la playa p?blica est? en el lote 56, en el kil?metro 18 de la zona hotelera, y tiene 233 metros de frente, mientras que los lotes 56K y 56L est?n a ambos lados de ?ste y se vendieron para crear clubes de playa.
Conde Canto dijo que los centros de playa ser?n para sus residentes y para aquellas personas que paguen por los servicios que ofrecer?, como ba?os, regaderas, camastros, bar y restaurante.
El fideicomiso tur?stico no vende la playa propiamente dicha, porque hay 20 metros de ?sta que son zona federal, pero al comercializar los espacios que est?n detr?s de esos 20 metros y permitir que se hagan clubes de playa, en los hechos limita la entrada y propicia una p?rdida de espacios p?blicos.
Durante 30 a?os esto sucedi? con los hoteles, que si bien no son due?os de las playas que tienen frente a ellos, para los ciudadanos es pr?cticamente imposible utilizar esos espacios.
Sin embargo, la versi?n del Fonatur no satisfizo a las autoridades estatales. El gobernador F?lix Gonz?lez Canto advirti? que si se vendi? parte de la playa p?blica se pedir? dar marcha atr?s a la transacci?n. ''Si estas ?reas que Fonatur vendi? afectan las ?reas de recreaci?n vamos a pedirle que retire esta operaci?n por el da?o que le puede causar a los cancunenses.''
El alcalde de Benito Ju?rez, Francisco Alor, tambi?n dijo estar preocupado por la venta de la playa, pero aclar? que el ayuntamiento no ha recibido solicitudes de licencia de construcci?n en esa zona y asegur? que las rechazar? si se las presentan.
El presidente municipal consider? que la creaci?n de clubes de playa no garantiza el acceso libre, por lo cual se comprometi? a revisar los proyectos. Adem?s dijo que el municipio pedir? la concesi?n de lo que quede de la playa p?blica para asegurarse de que no se venda.
Actualmente existen en Canc?n 10 playas p?blicas, y Delfines es la m?s grande y concurrida. La noticia de la venta gener? molestia en Quintana Roo, pues la comercializaci?n paulatina de esos espacios p?blicos ha sido la causa de que el acceso de los ciudadanos a esas playas sea cada vez m?s dif?cil.



Incumple la CFE obras para afectados por la presa El Caj?n
JESUS NARVAEZ ROBLES


En imagen de archivo, pobladores de Cantiles y El Ciruelo afectados por la construcci?n de la hidroel?ctrica El Caj?n, quienes ayer demandaron a la Comisi?n Federal de Electricidad realizar las obras que prometi? a la comunidad Foto: Jes?s Narv?ez R.
Tepic, Nay., 5 de junio. Habitantes de la comunidad ind?gena Cantiles, cuyas tierras fueron inundadas cuando se llen? el vaso de la presa hidroel?ctrica El Caj?n, acudieron a esta capital para exigir a la Comisi?n Federal de Electricidad (CFE) que ejecute las obras que les prometi?, como parte de la indemnizaci?n por la afectaci?n de sus bienes.
El presidente ejidal de Cantiles, Jos? Francisco Villa Montes, se?al? que la paraestatal no ha cumplido con la construcci?n de una carretera y otras obras de beneficio social con un valor superior a 22 millones de pesos.
Los denunciantes, cuyo poblado se ubica en la zona serrana del municipio de Santa Mar?a del Oro, se presentaron en el palacio de gobierno, donde demandaron apoyo para el cumplimiento de los compromisos, pues ''ya es una burla lo que est?n haciendo con nosotros'', se?al? Villa Montes.
''No sabemos lo que est? pasando. Hemos visto poca seriedad de la CFE, que ante el propio gobierno del estado se comprometi? hace 10 meses a cumplir y hasta ahora no ha hecho nada'', se quej?.
Villa record? que el gobierno estatal fue intermediario en las negociaciones entre los pobladores y la CFE. Destac? que acudi? con sus vecinos a Tepic ''para que nos digan si verdaderamente va a llegar el desarrollo a nuestro pueblo ind?gena o no, porque esto para m? ya es burla, tanto del gobierno como de la CFE, pues las obras sociales, apoyos productivos y el camino a la comunidad estaban presupuestados. No sabemos qu? pas? con el dinero''.
El poblado Cantiles est? habitado por unas 150 familias que se dedicaban a la agricultura, principalmente a la producci?n de frutas, antes de que m?s de 700 hect?reas de sus tierras fueran anegadas para llenar la presa El Caj?n, inaugurada en julio de 2006 por el entonces presidente Vicente Fox.
Villa Montes y una comisi?n de habitantes se entrevistaron por la tarde con el subsecretario general de Gobierno, Roberto Lomel? Madrigal, y con el coordinador de Fortalecimiento Municipal, Lucas Vallarta Robles (quien fue mediador entre la CFE y las comunidades afectadas), quienes indicaron que en el transcurso de esta semana se realizar? una reuni?n con representantes de la paraestatal para ''exigir que den a conocer fechas precisas para el cumplimiento de los compromisos'', se?al? Villa.
Publicado por solaripa69 @ 9:38
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