Daños colaterales
josé gil olmos
México, D.F., 6 de junio (apro).- Mientras los calderonistas festejaban su triunfo en la asamblea nacional del PAN, en un reten de Sinaloa militares mataron a cinco personas e hirieron a dos más, sin que el gobierno federal diera una explicación. ¿De qué gobernabilidad hablan cuando dicen que Felipe Calderón ganó dentro de su partido precisamente esta condición fundamental para conducir al país?

Los gritos, la estridencia con los que los calderonistas acallaron a Manuel Espino y su grupo, vencieron en los medios el ruido de las decenas de disparos que los militares hicieron a la camioneta en la viajaba la familia Esparza y que esa noche tuvo la mala fortuna de circular por ese punto de revisión militar cercano a La Joya que, de acuerdo con la ley es ilegal porque atenta contra el derecho al libre tránsito que está inscrito en la Constitución.

Esa noche del viernes primero de junio el gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se enteraron del asesinato de los tripulantes de la camioneta: Griselda Galaviz Barraza, sus tres hijos de 7, 4 y 2 años, así como Alicia Esparza Parra, de 19 años; así como de los heridos, un niño de 5 años de apellido Esparza, Teresa de Jesús Flores, de 16, y Adán Abel Esparza, el conductor, quienes fueron internados en el hospital general de Culiacán.

Este hecho grave por el cual deberían renunciar altos mandos de la Sedena no fue mencionado por Calderón en los días siguientes. En realidad estaba muy entretenido en tejer la estrategia para derrocar a quien considera su enemigo, Manuel Espino, olvidando que su verdadero enemigo, el narcotráfico, estaba siendo beneficiado por el gazapo de los militares apostados en ese reten de Sinaloa.

Cuando uno observa cómo los medios más influyentes del país, principalmente las televisoras, se alinean al gobierno del PAN, festejando la grandiosa victoria de Calderón sobre la “ultraderecha”, no se puede dejar de comparar lo estos mismos medios hacían con el PRI. No hay ninguna diferencia.

Sobre todo cuando se detecta que gracias a esa estrategia de medios, la noticia del asesinato y ahora el supuesto castigo a 19 militares que fueron detenidos pasaron casi desapercibidos.

En un principio se hizo correr el rumor de que los tripulantes de la camioneta roja llevaban armas y droga. Pero la especie resultó demasiado burda ante la contundencia de los hechos: los disparos fueron hechos a mansalva.

Después la Sedena guardó silencio por tres días y sólo informó de las medidas adoptadas en contra de los soldados y sus respectivos mandos, hasta que Felipe Calderón ya estaba de gira por Europa, encontrándose en primer lugar con el papa Ratzinger en la sede del Vaticano.

Pero ni siquiera saliendo de la Santa Iglesia de San Pedro, el presidente Calderón se dignó a dar el pésame a la familia sinaloense que fue acribillada por los soldados en esta “guerra” contra el narcotráfico. Total, son daños colaterales.

Si el presidente Calderón y su grupo creen lo que algunos de sus columnistas preferidos han escrito en los últimos días, de que gracias a su aplastante victoria en la asamblea nacional en contra del “espinismo” ya ganó la gobernabilidad que le hacía falta, incurrirán en un peligroso error.

La gobernabilidad no está en el interior del PAN sino en las calles, plazas, pueblos y ciudades donde el narcotráfico se ha apoderado de la vida cotidiana.

Y también está en la forma en cómo se combate el mayor peligro de la seguridad nacional. No es posible se deje sólo en manos del Ejército la lucha antinarco. Los casos de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León y Michoacán, donde los militares han incurrido en violaciones a derechos humanos, agresiones sexuales y asesinatos, son señales claras que el problema se les ha ido de las manos.

Así que más valdría la pena poner atención en lo importante, que es gobernar al país, y no en lo secundario, que es controlar a su partido, igual que lo hacían antes los presidentes emergidos del PRI.

Ahora que regrese Felipe Calderón de su primera gira por Europa, lo primero que tendría que hacer es ofrecer una disculpa pública a los deudos de los acribillados por el Ejército, y después replantear su estrategia en la “guerra” contra el narcotráfico, desconcentrando las acciones de las Fuerzas Armadas y dar una lucha más integral, porque la va perdiendo con lamentables costos humanos.

Al mismo tiempo, cumplir con las demás condiciones que dan la gobernabilidad, como aumentar el empleo, impulsar programas del campo, combatir la pobreza, abatir los rezagos en salud y educación, mejorar el medio ambiente y ofrecer mayores niveles de seguridad pública a la ciudadanía.

De no hacerlo, la situación empeorará y los famosos daños colaterales, en los cuales las víctimas son ciudadanos inocentes, se podrían ir repitiendo sin que al gobierno y a su partido, el PAN, le importe, repitiendo la misma historia del PRI.






Conforman en Guanajuato frente común contra el PAN
MARTIN DIEGO RODRIGUEZ


De izquierda a derecha, los dirigentes Rodolfo Solís Parga, del PT; José Luis Barbosa Hernández, del PRD; Beatriz Manrique Guevara, del PVEM, y Miguel Angel Chico Herrera, del PRI, quienes conformaron ayer un bloque opositor al PAN en Guanajuato Foto: Martín Diego Rodríguez
Guanajuato, Gto., 6 de junio. A fin de contrarrestar la "intolerancia, soberbia, insultos a la sociedad civil y conceptos doctrinarios que busca implantar como políticas públicas el Partido Acción Nacional desde el Congreso local y en el gobierno del estado", dirigentes estatales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo se aliaron para conformar el "frente común contra el PAN".
En conferencia de prensa que ofrecieron Miguel Angel Chico Herrera, José Luis Barbosa Hernández, Beatriz Manrique Guevara y Rodolfo Solís Parga, dirigentes en Guanajuato de PRI, PRD, PVEM y PT, respectivamente, denunciaron -en voz de la líder verde ecologista- que los excesos de los panistas en el Congreso estatal y en las estructuras de gobierno, convirtieron a la entidad en rehén de "una tiranía populista y demagoga, que no abona al bien común sino que apuesta por el corporativismo electoral".
Beatriz Manrique, designada vocera del movimiento antipanista, añadió que el ala radical del blanquiazul, a la cual identificó con El Yunque, ha sometido al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, quien "aunque prometió un gobierno incluyente, ha rechazado el diálogo con las demás fuerzas políticas".
Sostuvo que en el Congreso de Guanajuato "se han desechado las propuestas de las fracciones parlamentarias, e inclusive se ha prohibido el acceso a tribuna durante los debates legislativos", de tal manera que se niegue "la voz a los representantes populares que no fueron postulados por el PAN".
El perredista José Luis Barbosa advirtió a su vez que el trabajo del bloque opositor será "elaborar una agenda para abatir los graves rezagos sociales que en los pasados 15 años se han incrementado en la entidad, debido a que el PAN ha promovido una política que beneficia sólo a unos cuantos".
El presidente estatal del PRI, Miguel Angel Chico, reprobó "la denostación por parte de los dirigentes del PAN, quienes han calificado de manera grosera a los líderes de opinión que se pronuncian, de manera libre, contra algunas acciones de gobierno". Recordó que en días pasados, el dirigente del PAN en León, Jorge Dávila Juárez, llamó al líder de la Coparmex, Aurelio Martínez Velásquez, "pandillero priísta, porque no está de acuerdo con la distribución del presupuesto público".
El dirigente del PT, Rodolfo Solís Parga, indicó que durante los gobiernos estatales panistas, el blanquiazul ha perdido militantes, pero "sus cifras de votación aumentan, eso es lo que nosotros queremos evitar desde el Congreso, que el PAN siga aprovechando su mayoría para mantener sometida a la sociedad a la cual le ofrece todo en años de elecciones, y (luego) se olvida de ella".
Dijo que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la pobreza y el analfabetismo se han incrementado en Guanajuato en 80 por ciento durante los 15 años anteriores. "¿Dónde está eso de la patria generosa que los panistas pregonan?", cuestionó.
En las elecciones del 2 de julio pasado, el PAN retuvo el gobierno de Guanajuato, 36 de 46 alcaldías, y 23 de 36 diputados locales, lo que ha dejado al estado "en un riesgo que buscaremos contrarrestar", ofreció la dirigente del PVEM.
Impidió el Congreso a indígenas tener estaciones de radio y televisión: SCJN
El pleno de la Corte desecha por mayoría de ocho votos establecer ''efectos'' en sus resoluciones y remitirá el caso de la ley Televisa al Ejecutivo y al Legislativo; concluyen ministros el análisis
ANDREA BECERRIL, JESUS ARANDA


Los ex senadores Raúl Ojeda, Manuel Bartlett, Javier Corral y Dulce María Sauri asistieron ayer a la sesión de la Corte y al final ofrecieron disculpas al ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia por las expresiones de júbilo que mostraron el martes pasado Foto: Cristina Rodríguez
Por no cumplir el mandato constitucional de establecer las normas legales necesarias para que pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a estaciones de radio y televisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formuló ayer una severa crítica al Congreso de la Unión.
Al concluir el análisis de la acción de inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, la Corte determinó por mayoría de ocho votos que no establecerá ''efectos'' en sus resoluciones y dejó en manos del Legislativo y del Presidente de la República las acciones derivadas de sus sentencias. Un caso concreto es la posible remoción de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), asunto que, a juicio del ministro Mariano Azuela, le toca resolver a Felipe Calderón.
Clara omisión legislativa
Aunque por razones de técnica jurídica no se declaró inconstitucional la ley Televisa en este punto, la mayoría de los ministros señaló que era clara la omisión de diputados y senadores de la pasada legislatura, quienes en 2002 aprobaron la reforma indígena y no cumplieron lo que ellos mismos plasmaron en la Carta Magna.
''Hagamos evidente en la sentencia que el legislador lleva seis años violando la Constitución e infligiendo una nueva herida a los pueblos indígenas, a los que se les crea una expectativa en la Constitución que luego no se cumple'', sostuvo Genaro David Góngora Pimentel.
En el proyecto de resolución, Sergio Salvador Aguirre Anguiano proponía invalidar por omisión el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), debido a que éste no establece las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
Aguirre Anguiano explicó ayer en la sesión que esa disposición quedó plasmada en el artículo segundo de la Constitución en el año 2002, cuando se reformó la Carta Magna en materia indígena, y que la oportunidad para cumplir con ese precepto fue, precisamente, la legislación impugnada.
La discusión se centró más en aspectos de técnica jurídica sobre la imposibilidad de que la Suprema Corte declare inconstitucional una disposición no establecida en la ley impugnada.
La mayoría de ministros consideró que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para demandar al Congreso por omisiones legislativas e inclusive el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, advirtió que si se declaraba la omisión la Corte estaría invadiendo facultades del Poder Legislativo.
''He sostenido reiteradamente que en la acción de inconstitucionalidad la SCJN no puede enjuiciar la omisión legislativa, hacerlo sería ir contra texto expreso de la Constitución'', además de que el máximo tribunal no le puede ordenar al Congreso o al Ejecutivo la aprobación de leyes determinadas.
Al igual que en otros temas, Aguirre Anguiano defendió su postura e insistió en que no encontró en la LFRT las referencias a los pueblos indígenas establecidas en la fracción séptima, segundo párrafo, del artículo segundo constitucional. ''Pienso entonces que la deuda a cargo del legislador federal sigue pendiente, ¡y la estableció la Constitución!'', y que no sería la Corte la que le fije el calendario legislativo al Congreso, sino la propia Carta Magna.
Añadió: ''Ya llegó ese momento, ya legisló, ya se le venció el plazo y ya se olvidó de cumplir con aquello que la Constitución le había encargado''.
Reprochó a sus compañeros que analizaran el tema desde el punto de vista de la técnica misma y no para el servicio del hombre. ''Siempre estamos entre las dos puntas de la pinza: o somos activistas o somos medrosos y tímidos''. Insistió en declarar inconstitucional la omisión de los legisladores, que dejó a los pueblos y comunidades indígenas sujetos a un régimen discriminatorio, con requisitos financieros y legales que no podrán cumplir por su situación de vulnerabilidad.
''De aceptarse esto, algo estaremos haciendo por los pueblos indígenas y las comunidades. Los trancos que hay que dar están fuertes, se nos va a acusar de activismo, pero tratándose de pueblos y etnias prefiero eso a que se nos ataque de medrosidad''.
En esta ocasión, Góngora coincidió con la tesis de Aguirre Anguiano y recalcó que se puede discriminar no sólo mediante un trato desigual. ''En el caso de los indígenas, la discriminación viene del trato igual que se les da en la ley, no se trata de que la norma los excluya, como aquí se ha dicho''.
Aliviar la opresión
Detalló que la Constitución obliga a que se distinga a las comunidades indígenas y el legislador tome acciones que disminuyan su desigualdad, porque se trata de un grupo social que históricamente ha padecido injusticias. ''No se trata, como aquí también se ha dicho, de que la ley diga que los indígenas puedan tener medios de comunicación, sino que se establezcan políticas concretas para lograr que su situación de opresión se alivie''.
Planteó al pleno que, si había tanta preocupación por el peligro de invadir la esfera del Legislativo, no fijaran efectos ni los obligaran a legislar, pero que al menos en la resolución final sobre la llamada ley Televisa, quedara claro que el Poder Legislativo lleva seis años violando la Constitución.
Al final Góngora, Aguirre, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero votaron en favor de declarar inconstitucional por omisión el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión, pero los restantes cinco ministros votaron en contra.
En la sesión de la Suprema Corte estuvieron presentes los ex senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri Riancho y César Raúl Ojeda Zubieta.
Los ex legisladores coincidieron por separado en que si bien no se logró la invalidez de esa norma, fue evidente que los ministros condenaron la irresponsabilidad de un Poder Legislativo que olvidó y discriminó a los pueblos indígenas.
''Hubo una condena para quienes en la pasada legislatura actuaron con doble vara al privilegiar y dar canonjías a las dos grandes cadenas televisoras y una absoluta omisión hacia los indígenas'', para los que no se encontró espacio alguno ni ocasión para darles lo que por derecho les corresponde, sostuvo Corral. ''Yo celebro que en la Corte se hable de radios comunitarias, porque hace todavía unos meses eran parte de la conjura comunista, eran clandestinas, pero hoy los ministros, aunque no haya una sentencia, le han dicho al Congreso que haga su trabajo''.
Ayer los ministros resolvieron por mayoría de ocho votos contra uno -el de Góngora- que la sentencia definitiva no incluirá ''efectos'' vinculantes para ninguna autoridad, ya que se limitará a establecer la inconstitucionalidad o no de cada artículo impugnado.
Góngora proponía que la Corte sí estableciera los ''efectos'' de sus resoluciones, y en el caso específico de la integración de la Cofetel, se estableciera ''dejar insubsistentes'' los nombramientos que se hicieron -a partir de la promulgación de la ley Televisa- de los comisionados y renovar por completo este organismo desconcentrado. Ello obedece a que la Corte ya invalidó los artículos que daban facultades al Senado para objetar la designación presidencial de integrantes de la Cofetel, así como la prohibición de que participaran en el proceso de selección quienes formaban parte de esa comisión antes de la reforma legal.
Azuela dejó en claro que el Presidente es quien debe remover a los comisionados de la Cofetel, luego de que desapareció del marco jurídico la norma que permitió la integración actual de ese órgano. Por su parte, el ex senador Bartlett consideró que hay que tomar la palabra a Azuela y demandar al Ejecutivo federal que nombre nuevos comisionados.
Previamente, el pleno convalidó la constitucionalidad del artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el argumento de que no se impide al Ejecutivo remover ''por causa grave, debidamente justificada'' a los integrantes de la Cofetel. Este artículo no estaba incluido en la demanda, pero fue abordado con base en la suplencia de la queja. Debido al festejo del día anterior por parte de los demandantes, el ministro presidente pidió evitar ese tipo de manifestaciones. Los ex senadores se acercaron a Ortiz Mayagoitia para ofrecer disculpas.
Hoy concluye el debate con la votación definitiva y la declaración de los artículos de esa legislación que violan la Carta Magna.