Llaman a autoridades, productores y padres a impedir el trabajo infantil
PATRICIA MUÑOZ, VICTOR BALLINAS


Este martes es Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. En la imagen, Tlapa, Guerrero, de donde cada año cientos de niños son llevados por sus padres a laborar en campos de Sinaloa Foto: Javier Verdín
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidieron a las autoridades laborales de México crear una alianza de sectores para "combatir el trabajo infantil" en el país, sobre todo en el ámbito agrícola, donde son ocupados cerca de 900 mil niños, así como prevenir la explotación sexual y la trata de menores.
En el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el director de la OIT para México y Cuba, Miguel del Cid, resaltó que "la sociedad mexicana enfrenta el desafío de luchar por la erradicación progresiva del trabajo infantil en general y de manera prioritaria en el sector de la agricultura", donde los menores son obligados a laborar sin paga, cerca de 40 por ciento sufre desnutrición, tiene contacto con pesticidas, está en riesgo de accidentes con maquinaria pesada, padece marginación y carece de acceso a escuelas.
A su vez, Daniel Camazón, representante del Unicef en México, expresó que se emite un exhorto a los actores del mundo laboral del país para que se avance en un marco institucional y legal que erradique todas las formas de explotación infantil.
Ambas organizaciones hicieron ver que según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), unos 3.3 millones de niños entre seis y 14 años trabajan en México; es decir, uno de cada seis menores entre esas edades.
Sin embargo, en las comunidades indígenas esa cifra se eleva considerablemente, ya que 36 por ciento de los menores labora.
Las mismas estadísticas apuntan que 25.5 por ciento de los niños que trabajan no estudian, ya que la pobreza y la desigualdad sigue obligándolos a abandonar la escuela.
El Unicef sostuvo que tiene un programa de cooperación con el gobierno de México para la erradicación del trabajo de menores, e hizo un llamado a la sociedad, los productores agrícolas, las autoridades y los padres de familia a no permitir que los niños en situación de pobreza tengan que poner en riesgo su salud, su dignidad y sus estudios al verse obligados a laborar.
Resaltó que es necesario respetar los derechos de los adolescentes trabajadores y que es preciso que este gobierno cumpla con los convenios 138 y 182 de la OIT, que se refieren a todas las formas de combate al trabajo infantil.
A este llamado en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que tiene lugar este 12 de junio, se sumaron organizaciones mexicanas de defensa de derechos humanos y civiles.
Demandaron que el gobierno "cumpla con su obligación y proteja los derechos humanos de los niños que trabajan en
los campos agrícolas, que benefician solamente a las empresas trasnacionales; se trata de personas que por su pobreza son víctimas y se les niega el acceso al servicio básico de educación, salud, vivienda y alimentación".
Señalaron que la OIT en su informe 2006 sobre el tema, destaca que en el mundo hay 218 millones de niños trabajadores, 126 millones de ellos lo hacen en actividades peligrosas; más de 70 por ciento del total de menores que trabajan lo hacen en la agricultura.
La organización ha denunciado que más 132 millones de niños de cinco a 14 años ayudan a producir gran parte de alimentos y bebidas que se consumen en el mundo, así como las fibras y la materia prima agrícola.
"Gran parte de estos menores realizan tareas peligrosas que pueden poner en peligro su vida, sus miembros, su salud y su bienestar general. En las explotaciones y plantaciones agrícolas de todo tipo y tamaño estos niños desempeñan funciones que exponen su salud y su seguridad."
Además, en todos los países los niños ayudan en sus propias casas preparando comidas, lavando trastes, cuidando a sus hermanos; es decir, se trata de trabajo infantil doméstico para sus propias familias, pero también para un empleador que los explota, lo que incluye la trata o esclavitud.
Al pormenorizar el tipo de ocupación, la OIT refiere que en 2001 se estimaba que aproximadamente 300 mil menores servían en unidades armadas alrededor del mundo -120 mil en Africa, igual cantidad en Asia Pacífico y 30 mil en América Latina y el Caribe; se trata de niños mayores de 15 años, pero la tendencia ha cambiado a reclutar cada vez más jóvenes, que luchan en ejércitos regulares. El uso de niños en primera línea de fuego los expone a riesgos de muerte y lesiones graves, porque se arriesgan más que los adultos.
Acerca de la trata de niños, la OIT denuncia que aunque no hay cifras exactas, se estima que 1.2 millones son explotados en agricultura, minas, fábricas, conflictos armados y en el comercio sexual.
"Cerca de un millón de niñas y niños trabajan en las minas y canteras; son menores en túneles bajo tierra por los que apenas cabe su cuerpo; llevan cargas de carbón más pesadas que ellos. Pasan horas bajo el sol picando piedras para construir caminos; otros manipulan mercurio tóxico para separar el oro de la roca y unos más pasan el día agachados en el agua removiendo arena para encontrar piedras preciosas."


Descarta Gobernación negociar con maestros la ley del ISSSTE
de la redacción
México, D.F., 11 de junio (apro).- A menos de 24 horas de que arranque el diálogo con maestros de la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) --en plantón en las inmediaciones del monumento a la Revolución--, la Secretaría de Gobernación adelantó que el punto relativo a las reformas a la ley del ISSSTE está fuera de la agenda de discusión.

En un comunicado, la dependencia anticipó que ese punto es completamente ajeno a su competencia “No es atribución de Gobernación revisar leyes aprobadas por el Poder Legislativo”, aseguró.

En cambio, reiteró su postura de diálogo y construcción de consensos mediante la racionalidad política para ese y otros temas en el marco de sus atribuciones.

Gobernación aclaró también que el diálogo que sostendrá mañana no incluye sólo a los maestros de la CNTE, sino a todos aquellos grupos o sectores sociales que se oponen a la ley del ISSSTE.

En relación con las ausencias a las escuelas y centros de trabajo de quienes mantienen el plantón, la dependencia dijo que no está dentro de sus atribuciones establecer o exonerar sanciones económicas o administrativas.

Señaló que esa tarea corresponde a los gobiernos estatales de acuerdo con los convenios signados con anterioridad.

Gobernación insistió que mantiene el cumplimiento de las garantías constitucionales de libre expresión de ideas y asociación, con las limitantes que la propia ley establece con el fin de salvaguardar los derechos de terceros.

“En la reunión del 8 de junio pasado se dejó claramente establecido que en los futuros acercamientos no se incluirá, ni tratará discusión alguna sobre la ley del ISSSTE, ya que no es atribución de Gobernación revisar leyes aprobadas por el Poder Legislativo”, puntualizó.







Prevalecen criterios religiosos en litis de Soberanes sobre el aborto
Equipo de constitucionalistas entrega a la ALDF proyecto de respuesta a acción de la CNDH
EMIR OLIVARES, RAUL LLANOS


Un grupo de mujeres acudió la mañana de ayer a la sede de la Procuraduría General de la República para cercarla con claveles blancos, en protesta por la decisión de su titular, Eduardo Medina Mora, de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra las reformas en materia de aborto. En el acto, la diputada del PRD Leticia Quezada pidió la renuncia del funcionario federal, pues junto con el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, está en contra de los derechos de las mujeres Foto: Marco Peláez
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). José Luis Soberanes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas en materia de aborto en el Distrito Federal muestra más una tesis de índole "confesional" que jurídica, pues "invoca una serie de argumentos religiosos que perjudican los derechos de la mujer, lo que resulta preocupante", aseguró Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El especialista en derecho constitucional advirtió que la acción del ombudsman nacional fue tramitada más por razones personales y de creencia, que por la defensa de los derechos humanos. "Me llaman la atención los argumentos, en los que se combinan razones de carácter jurídico con motivaciones de carácter confesional; es muy clara la presencia de un criterio religioso, respetable como todos los criterios religiosos, pero no admisible cuando se trata de argumentar en contra de una norma que ha sido aprobada conforme a la Constitución".
Valadés -quien con otros destacados investigadores asesora a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para defender ante la Corte la aprobación de las modificaciones al Código Penal y la Ley de Salud locales-, consideró que dicha acción está más apegada a los conceptos contenidos en el catecismo que en la propia Constitución, por lo que, señaló, el documento de Soberanes es "carente" de argumentos constitucionales en varios aspectos, como en la consideración de que el ejercicio de la sexualidad sólo es válido para la procreación.
"Con base en el argumento de la CNDH, sólo es constitucional el ejercicio de la sexualidad cuando obedece a propósitos de la procreación; no discuto las convicciones personales que cada quien sustente en materia de sexualidad, pero desde luego la Constitución no establece ninguna limitación en el sentido de que sólo se puede perseguir el objetivo de la procreación cuando se practica la sexualidad. Una afirmación así es carente de fundamento constitucional por más que sí lo tenga del punto de vista moral para quien profese esas convicciones", subrayó.
Sobre la tesis del ombudsman de que la decisión de abortar tiene que ser consultada con la pareja, Valadés indicó que esta aseveración también carece de sustento constitucional, sobre todo porque en muchos casos se trata de mujeres abandonadas o madres solteras.
"La Constitución en ningún momento establece que existan derechos individuales que se tengan que ejercer pidiéndole permiso al cónyuge, pareja o compañero temporal. Hay muchos aspectos que se han manejado que no corresponden a una argumentación constitucional, sino a una convicción religiosa", refirió.
Desde su percepción, las reformas en torno a la despenalización del aborto en la capital durante las primeras 12 semanas de gestación son un derecho y "una conquista de las mujeres, no en función de su sexo, sino de su salud", temática que -indicó- no abordan los argumentos de la CNDH ni de la PGR, instancia que también tramitó un recurso de inconstitucionalidad similar.
"De la PGR me preocupa bastante menos porque finalmente es una fiscalía del Estado, pero el hecho de que una institución tan importante para la vida pública de México como la CNDH sustente una tesis que claramente afecta los derechos de las mujeres, sí es preocupante".
Por otra parte, el equipo de constitucionalistas que apoya a la ALDF en ese proceso, entregó ayer a los diputados locales el proyecto de Contestación a la demanda de la CNDH, el cual en 65 cuartillas aporta los elementos legales para echar por tierra los dos principales conceptos de invalidez argumentados por la CNDH: el derecho constitucional de proteger la vida del producto de la concepción, y la contravención de tratados internacionales firmados por México y que establecen el derecho a la vida desde la concepción y antes del nacimiento.
Durante la reunión, en la que participaron entre otros Alejandro Madrazo, Pedro Morales, Jorge Carpizo, Eduardo Andrade y otros especialistas, se precisó que la CNDH "hace una concepción confesional" del derecho a la vida, y propusieron "poner en evidencia" los errores en que incurrió el organismo.
En lo relativo al primer concepto, el documento dice que "las consideraciones de la CNDH son equívocas, pues por momentos parece sostener que fue la reforma constitucional del 9 de diciembre de 2005 (que suprime la palabra "vida") es la que dio lugar a la consagración del derecho a la vida, mientras que en otros pasajes parece considerar que la consagración de dicho derecho prexiste a la citada reforma".
Respecto al segundo concepto, el texto indica que los tratados internacionales "son obligatorios sòlo en la medida y en los tèrminos en que han sido aceptados por los Estados; resulta claro que la extensión del derecho a la vida , a la etapa previa al nacimiento y posterior a la concepción no fue una obligación aceptada por el Estado mexicano y, en consecuencia, no es vinculante dentro de nuestro orden jurìdico".


´Volaron´ 612 mdp en obras de aeropuerto

Difieren las cifras de contratos asignados y reporte total de costos

Noé Cruz Serrano, María de la Luz González y Ella Grajeda
El Universal
Martes 12 de junio de 2007
En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) están volando recursos públicos. Información obtenida por EL UNIVERSAL revela que 612 millones de pesos están en el aire.
La cifra en cuestión surgió al comparar este diario el monto de los contratos asignados a distintas compañías con el balance del costo de la obra entregado por el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Ernesto Velasco, el pasado 23 de mayo.
Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que están en marcha varias auditorías que realizan la contraloría interna, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación para investigar el manejo de los recursos.
La única explicación dada hasta ahora por Ernesto Velasco sobre el exceso de gastos es que el aumento de costos se debe a "obras no contempladas originalmente".
Los 612 millones de pesos se detectaron en contratos adjudicados a empresas como Gutsa, ICA, Doppelmayr Cable, Daltek, Cominde y Mirgo, entre otras.
En el comparativo de contratos asignados y gastos reportados se encontraron las siguientes diferencias.
ASA adjudicó a la empresa Daltek la licitación pública 09085001-067-05 para construir 23 aeropasillos telescópicos para embarque de pasajeros. Los registros en Compranet aluden a un contrato por 103.8 millones de pesos; sin embargo, Velasco entregó documentación que acredita una erogación por 109.5 millones de pesos, es decir, 5.7 millones más.
A las empresas ICA y Doppelmayr Cable Car se les asignó el contrato 09085002-026-05 para el sistema de transporte interterminales (aerotren) con un valor de 779.3 millones de pesos, pero los registros de ASA refieren que el sistema costó 809.3 millones de pesos, una diferencia de 30 millones.
En otros casos, las diferencias entre contratos y los costos totales son de 71 millones, 130 millones, 198 millones de pesos.
Según especialistas, desde que fue proyectada la obra, las autoridades conocieron las limitaciones en que surgirían las nuevas instalaciones.
Descartan que la Terminal 2 ayude a resolver la creciente demanda de servicios aeroportuarios a largo plazo.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha reconocido que en 10 años la terminal recibirá a 30 mil usuarios diarios y a partir de ese momento estará saturada.



Fricciones de INM y SSP con Sedena ante detención de policías por militares
Los federales habrían permitido el paso a narco en Mexicali
La PGR abre pesquisa
ALFREDO MENDEZ
En lo que representa el primer diferendo entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el Instituto Nacional de Migración (INM) dentro del marco del combate al crimen organizado que emprendió desde el inicio de su administración el presidente Felipe Calderón, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de migración denunciaron penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a elementos del Ejército por presunto abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, según informaron fuentes gubernamentales.
De acuerdo con los datos recabados, el pasado miércoles en Mexicali, Baja California, fueron detenidos por elementos militares seis agentes de la PFP adscritos al aeropuerto internacional de esa ciudad, quienes presuntamente permitieron que un sujeto introdujera en territorio mexicano un maletín que contenía 26 paquetes de cocaína.
Dos días después siete oficiales de la PFP, división Caminos, fueron arrestados por elementos militares, junto con tres agentes del INM.
El sábado pasado, cuando el Ejército tenía "sitiadas" las instalaciones de la Policía Federal de Caminos en Mexicali, siete agentes más fueron detenidos y quedaron a disposición de la PGR.
Sin embargo, la mayoría de los detenidos tuvieron que ser dejados en libertad durante el pasado fin de semana porque la PGR no encontró pruebas para consignarlos penalmente.
Sólo los seis agentes federales que fueron detenidos el pasado miércoles quedaron a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y en las próximas horas se prevé que sean arraigados.
Las fuentes consultadas revelaron que la denuncia la presentaron ante la delegación de PGR en Baja California al menos tres agentes de la PFP y los tres funcionarios de Migración.
Los trabajadores del INM declararon ante el Ministerio Público Federal que fueron detenidos por militares sin que existiera orden de autoridad judicial competente, y que supuestamente fueron tratados con exceso de violencia e incluso alguno recibió golpes.
Respecto de los agentes de la PFP que interpusieron la denuncia de hechos, según los informantes, el Ministerio Público Federal tomó conocimiento de que elementos del Ejército detuvieron entre viernes y sábado a los agentes policiacos y, sin mediar explicación, los desarmaron y los pusieron a disposición de la PGR.
En respuesta a las denuncias, la delegación de la PGR en Baja California integrará en las próximas horas una averiguación previa y citará a los denunciantes para que ratifiquen sus dichos.
Incluso, si encuentra elementos penales contra algún militar como probable responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y/o abuso de autoridad, citará a los militares inculpados para que comparezcan y se defiendan jurídicamente.
Ayer, el destacamento de la PFP división Caminos en Mexicali continuaba "sitiado" por elementos del Ejército, quienes además realizan rondines en las principales calles de esa ciudad fronteriza.
La historia de este diferendo entre los funcionarios del INM y los elementos de la PFP -dependientes de la SSP federal- con miembros de la Sedena se inició el pasado miércoles.
Ese día, los seis agentes de la PFP que no detectaron a un sospechoso que salió del aeropuerto de Mexicali con un maletín que contenía cocaína fueron transportados a bordo de un avión militar a las instalaciones de la SIEDO en la ciudad de México.
Según las fuentes consultadas, un retén militar detuvo a este sujeto que transportaba los 26 paquetes de droga, misma que no fue detectada en un punto de revisión de la terminal aeroportuaria.
Los suboficiales de la PFP que serán arraigados son Mauricio Eduardo Sommer Márquez, José Demetrio Moreno Noriega, Alejandro Moreno Ursuegía, Jesús Gabino Sarabia Quirarte, Bulmaro Salazar Romero y Juan Israel Toledo, adscritos a la comisaría de sector aeropuerto Mexicali.