Levantan sección 22 y APPO plantón en Oaxaca; anuncian movilizaciones
El 10 de agosto conmemorarán con una marcha el aniversario luctuoso del militante José Jiménez Colmenares y el 22 del mismo mes, el fallecimiento de Lorenzo San Pablo, asesinado frente a las instalaciones de radio La ley.
Oaxaca, Oax. Un mes y medio después de instalado, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) levantaron el plantón representativo que mantenían en el zócalo y alameda de esta ciudad.
A cinco horas de que iniciaron las elecciones para renovar el Congreso local, Bernabé Jiménez Ríos, secretario de Relaciones del magisterio, afirmó que el levantamiento se trata de receso en sus movilizaciones.
Precisó que su jornada de lucha para exigir la liberación de los presos de la APPO continuará y anunció que la Asamblea Estatal de la Sección 22 se reinstalará el próximo 18 del presente mes.
Desde ayer sábado comenzó el retiro maestros y appistas del zócalo de esta ciudad, donde se encontraban desde el pasado 14 de junio.
Asimismo, anunció una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo a partir del 10 de agosto cuando marchen para conmemorar el aniversario luctuoso del primer militante de la APPO asesinado, José Jiménez Colmenares. Otra, el 22 de agosto para recordar la muerte del arquitecto Lorenzo San Pablo, asesinado frente a las instalaciones de la estación de radio La ley.

Abstencionismo marca los comicios para renovar el Congreso en Oaxaca
"Fue una elección de Estado": PRD; deplora AN "renuncia" del pueblo a cauces pacíficos
OCTAVIO VELEZ
Oaxaca, Oax., 5 de agosto. Con un abstencionismo de 77.10 por ciento, la Alianza que Construye, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), adelanta en los 25 distritos electorales de Oaxaca y se encamina a lograr carro completo en los comicios para renovar el Congreso local.
"El triunfo es irreversible; no hay elementos que pongan en tela de juicio nuestro triunfo", afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga.
Debido al carro completo de la coalición PRI-PVEM, ninguno de sus candidatos a diputados plurinominales -entre éstos el ex secretario general de Gobierno Jorge Franco Vargas y la ex procuradora estatal de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, acusados de reprimir al movimiento magisterial y popular- ocuparían un escaño en la próxima legislatura.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) informó que en el municipio de Santiago Amoltepec no se instalaron 11 casillas; tres en San Juan Copala, en Santiago Juxtlahuaca; cinco en San Pedro y San Pablo Ayutla, y tres en Tlaxiaco, debido a problemas políticos y agrarios.
En las localidades de San Andrés Montecillo y San Francisco del Mar, correspondientes al distrito electoral 23, con sede en Juchitán de Zaragoza, vecinos robaron la papelería electoral de dos casillas y, por tanto, éstas no fueron instaladas.
En Flor Batavia, perteneciente al distrito 17 del municipio de Teotitlán de Flores Magón, los pobladores se opusieron al establecimiento de dos casillas.
El subsecretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Edgar Pereira, aseveró que hubo "una elección de Estado", porque "todo el aparato del gobierno de Ulises Ruiz operó en favor del PRI".
Atribuyó el alto abstencionismo a "la gran desconfianza de la población" en los órganos electorales.
En un comunicado, el dirigente estatal del PAN, Jorge Alberto Valencia Arroyo, manifestó que podrán registrarse triunfos legales, "pero nunca legítimos, cuando en las urnas decidió menos de 30 por ciento de los electores".
Oaxaca, otro golpe de timón
Manuel Camacho Solís
6 de agosto de 2007
En Oaxaca ha fracasado la estrategia del gobierno federal de manos libres a la autoridad local y contención a la protesta social. Las elecciones legislativas ya no lograron su principal objetivo: regresar la lucha política a la institucionalidad. El uso de la fuerza, tampoco dio resultado: no frenó la movilización social, ha dado lugar al ascenso en la protesta nacional e internacional por las violaciones a los derechos humanos y ha contribuido a la radicalización de una parte del movimiento. La guerrilla, que estaba en una tregua tácita, ha encontrado condiciones propicias para irrumpir en el escenario nacional. El balance es desastroso. Sin una concepción democrática de Estado que lleve a un cambio de política, a un golpe de timón, se seguirá escalando el conflicto.
Recuérdense los antecedentes. Ulises Ruiz gana en una elección cuestionada. Al llegar al gobierno, en vez de llamar a la reconciliación y ofrecer garantías, actúa contra su competidor Gabino Cué y cierra las puertas a sus adversarios. Recurre a los viejos métodos de la cooptación y la amenaza.
Aún así, su gobierno parecía consolidarse. Los maestros, como era la costumbre, se movilizan en vistas de la revisión del 15 de mayo. Al no haber respuesta, se suman otros sectores. Se intenta contener el movimiento. Se le reprime. El resultado fue que se formó un movimiento más amplio y duro contra el gobernador.
El gobierno federal, con irresponsabilidad y oportunismo, no interviene. El conflicto le era funcional. Golpeaba a un operador de Madrazo y, sobre todo, contribuía a alimentar la estrategia del miedo contra AMLO. Cierran los ojos y se frotan las manos. Como era natural, el conflicto se desborda. Obliga a Gobernación a intervenir. El secretario no se quiere manchar las manos de sangre y busca una negociación. No obtiene el respaldo que requería para retirar al gobernador. Al final, acepta convalidar la intervención de la fuerza federal para despejar la entrada del nuevo presidente. Parecía que todo se había resuelto. Si se evitaba la movilización, se dividía y cooptaba a la oposición, se celebraba la Guelaguetza y ganaba el PRI, con el PAN, se habría resuelto el problema. No fue así.
En las formas se ha logrado lo que se perseguía. La izquierda perdió terreno en las elecciones locales. La presencia de las fuerzas federales y la amenaza de las locales mantienen intimidado al movimiento de protesta. En la realidad, la situación es gravísima. Los derechos humanos están siendo pisoteados. La legitimidad y la institucionalidad están hechas añicos. La economía y la sociedad han sufrido mucho. El conflicto, lejos de resolverse, ha adquirido expresiones más preocupantes.
Pero frente a estos hechos, el gobierno federal se esconde: juega con la estratagema de que no ve ni escucha. Renuncia a la responsabilidad de conducir políticamente al país, bajo el argumento de la presencia de la guerrilla y el pretexto de un falso federalismo: ¿En Estados Unidos, un presidente se mantendría al margen de un conflicto estatal de esa proporción? El gobierno federal está atrapado en su propia debilidad, el chantaje de sus aliados y su visión autoritaria del conflicto. Está en la pura táctica: en la defensa de los intereses y del statu quo. Está siendo arrastrado por la iniciativa de otros. No tiene hoja de ruta. ¿Hasta dónde y hasta cuándo pretende seguir “cerrando la vista y los oídos” frente a lo que ocurre en Oaxaca?
La solución es exactamente la contraria a la que ofrece el gobierno federal. Ha llegado el momento de que, desde los poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se diseñe y convenga una solución política a la crisis. Si está claro el rumbo de la solución (interés público, democracia y respeto a los derechos humanos), las decisiones consecuentes (cambio de gobernador, justicia pareja, garantías, inclusión, pluralidad y encauzamiento del conflicto al espacio institucional) ayudarán a recuperar pronto la tranquilidad en Oaxaca. Hay que hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde, con plena determinación y por encima de cualquiera otra consideración táctica, partidista o intención de encubrimiento.