Su política, esquizofrénica: AI
En lo internacional México es "campeón" en la promoción de garantías, pero en lo interno persisten violaciones, sostiene
EMIR OLIVARES ALONSO
La política en materia de derechos humanos del gobierno mexicano es "esquizofrénica", pues mientras en el ámbito internacional México es "un campeón" en la promoción de esas garantías, en lo interno se continúan violando los derechos humanos de la población, reiteró Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).
En una larga conferencia de prensa con la que concluyó su visita de trabajo a México, y después de reunirse con Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, Khan señaló que "la prueba verdadera" para la actual administración federal acerca de las garantías fundamentales, será poner fin a la impunidad que prevalece en México, establecer un sistema adecuado de rendición de cuentas para policías y agentes del Ministerio Público e incluir en la Constitución las garantías de los derechos humanos plasmados en tratados internacionales.
Subrayó que tras su visita comprobó que en México persisten violaciones a las garantías fundamentales, como tortura, malos tratos, detención arbitraria, juicios injustos y violencia contra grupos vulnerables, incluidas mujeres e indígenas.
Destacó que México debe jugar un papel aún más importante en el ámbito internacional al promover desde el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la erradicación de la pena de muerte a escala mundial, con lo que no sólo ayudaría a 54 mexicanos sentenciados a la penal capital en Estados Unidos, sino a la abolición de esa práctica en el mundo.
Señaló que casos como los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, y las represiones en Oaxaca y Atenco, son una muestra del "vacío" que existe entre la habilidad y voluntad de los gobiernos estatales para investigar los hechos, por lo que la administración federal debe intervenir, dejando claro cómo su participación ayudará a combatir la impunidad ante las violaciones a derechos humanos.
"El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos, independientemente de en qué estado del país vivan. Una lotería en ese sentido es inaceptable, y Oaxaca es un ejemplo claro de ello", subrayó la secretaria general de la organización internacional más importante en materia de garantías individuales.
"El compromiso de Felipe Calderón con los derechos humanos será puesto a prueba por su voluntad de tomar acción decisiva para romper el ciclo de impunidad que ha persistido en situaciones como Oaxaca y Atenco", aseveró Khan.
El caso Oaxaca
La secretaria general de AI, quien estuvo en México más de una semana con el propósito de cerciorarse de la situación de las garantías fundamentales, sostuvo que tras su reunión con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, está segura de que éste y su administración no resolverán el conflicto en la entidad, ni harán frente a las violaciones de derechos humanos que se han presentado ni combatirán la impunidad que se presenta a raíz del conflicto social.
"Puedo decir claramente que no tenemos confianza en que (las autoridades oaxaqueñas) vayan a hacerle frente a la impunidad y a las violaciones a derechos humanos", sentenció. Por esta razón, hizo un llamado al gobierno federal para que intervenga en el caso.
Señaló que Calderón reconoció que sí existe impunidad en el conflicto oaxaqueño y en la situación de las garantías fundamentales en otros estados del país, pero que le es difícil actuar e intervenir por el federalismo; lo cual, consideró Khan, es sólo "jugar a las escondidillas", con lo que no se puede dar "una respuesta contundente a la situación de los derechos humanos". Informó que hizo un llamado a Calderón para que garantice que no se presente más impunidad en Oaxaca.
Jugar a las escondidillas
Khan agregó que el federalismo no debe ser pretexto para no intervenir en los problemas: "Lo que vemos es que están jugando a las escondidillas con el federalismo, los gobiernos federales y estatales se esconden unos detrás de otros, y esto proporciona un pretexto, por ello la garantía de los derechos humanos no puede ser una lotería que dependa de en qué estado vivan los mexicanos".
Aseguró que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya atraído las investigaciones sobre Oaxaca y Atenco es un paso adecuado, pero manifestó que aun con ello los gobiernos federal y estatales
no están exentos de su responsabilidad para poner ante la justicia a los implicados en crímenes contra la ciudadanía.
Irene Khan manifestó ante Calderón que la estrategia del sistema de justicia y seguridad pública debe estar basada en el apego y garantía de los derechos humanos, pues la actual propuesta sobre esas temáticas no incluyen tres puntos principales:
Primero, no existen mecanismos independientes e imparciales de rendición de cuentas para policías y agentes del Ministerio Público, los cuales permitirían, dijo, garantizar que el poder con que éstos cuentan no sea excesivo; el segundo punto ausente es que no se garantiza que los procedimientos judiciales se apeguen "de manera efectiva" a los derechos de defensa, lo que sería "la mejor manera de prevenir errores en la justicia, garantizar los derechos tanto de aquellos de los que se sospecha como de los que acusan, y así lograr que aquellos que son culpables sean castigados adecuadamente, con lo que se obtendría justicia para las víctimas de crimen".
El tercer punto es que debe analizarse la supervisión judicial de policías y agentes del Ministerio Público para prevenir prácticas abusivas, como la tortura y malos tratos a los sospechosos de cometer algún delito durante el proceso de investigación. Khan señaló que el jefe del Ejecutivo federal coincidió con estos puntos y prometió que analizaría la propuesta.
Acerca de las labores de militares en tareas de seguridad pública, la secretaria general de AI manifestó que estas prácticas propician que se incrementen las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que tendrían que basarse en lineamientos de las policías internacionales.
Asimismo, subrayó que cualquier abuso a las garantías ciudadanas cometido por elementos castrenses debe ser investigado por la justicia civil y no por la militar, moción con la que, señaló, coincidió Felipe Calderón durante el encuentro con la secretaria general de AI.
Finalmente, aseguró que Amnistía Internacional continuará pendiente del trabajo de México en materia de derechos humanos y de temas que le preocupan, como algunas iniciativas que analiza el Congreso de la Unión, por lo que no esperarán al final del sexenio para entregar una boleta de calificaciones al Estado mexicano y al titular del Ejecutivo. "Estaremos analizando cómo responde Calderón, éste fue el primer acercamiento, que es un buen comienzo", concluyó.


CIDH ve inhumano el trato a reos en Reclusorio Oriente

Cárceles como el Reclusorio Oriente no deben existir porque no tiene las condiciones mínimas de salubridad y de humanidad, consideró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, tras conocer las instalaciones de este penal capitalino

Claudia Bolaños
El Universal
Miércoles 08 de agosto de 2007
Cárceles como el Reclusorio Oriente no deben existir porque no tiene las condiciones mínimas de salubridad y de humanidad, consideró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, tras conocer las instalaciones de este penal capitalino.
“Nosotros recorremos muchas cárceles. Veníamos espantados de lo que vimos en Haití, pero lo que hemos observado acá en este centro no lo habíamos visto. En aquel país hay 4 mil personas en una cárcel, aquí son 10 mil 400, muchos duermen de pie, amontonados, no es posible que la gente viva así”, dijo.
La visita de Meléndez al Reclusorio Oriente del Distrito Federal forma parte de las inspecciones que realiza para elaborar el informe regional de las prisiones en el continente.
El reporte será presentado el próximo año e incluirá las violaciones a derechos humanos y la situación en la que están los presos, además de que harán recomendaciones a los gobiernos. El recorrido por esa prisión ubicada en Iztapalapa, y que es la más poblada del continente, duró tres horas.
Florentín Meléndez estuvo acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza.
Ambos conversaron con los reclusos y coincidieron en que los problemas más urgentes a resolver son la falta de agua, la insalubridad, el hacinamiento, el encierro permanente de algunos presos que no son sacados de sus celdas y el traslado de seis menores de edad que se encuentran esta prisión para adultos.
Los defensores de los derechos humanos enviaron ayer mismo medidas cautelares a las autoridades penitenciarias del Distrito Federal.
Al respecto, el director general de Previsión y Readaptación Social, Hazael Ruiz, se comprometió a dar solución en menos de 24 horas a algunas de esas demandas.
El presidente de la CIDH expresó que el Reclusorio Oriente, por su sobreproblación —tiene capacidad para albergar a 4 mil 500 reos — es inmanejable y no permite contar con mínimos requerimientos de humanidad.
Ejemplo de ello fue una celda ubicada en el Centro de Observación y Readaptación, y donde 60 personas habitan. “Dormimos parados”, le dijeron y un hombre les enseñó sus pies hinchados porque en ese atestado lugar lleva días sin poderse siquiera sentarse en el suelo; algunos se acomodan sobre el retrete para pernoctar y otros son amarrados a las rejas para descansar.
De inmediato, el ombudsman internacional protestó y al igual lo hizo cuando supo que algunos internos, ubicados en zonas restringidas, dijeron que no se les permite salir, ni siquiera a caminar por algún pasillo. En ese sentido se llamó la atención del personal de la Dirección de Seguridad y Custodia de ese penal.
Vimos algunas celdas vacías y otras abarrotadas, no es aceptable, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL al salir de la prisión. Una de las situaciones que resaltó como más preocupantes, es el alto nivel de insalubridad por la falta de agua potable.
Varios internos le mostraron la piel infectada y supurosa de piernas, brazos o espaldas, mientras que en la enfermería el personal se quejaba de que los internos casi no se bañan.
Meléndez narró que habló con un anciano, de 82 años, quien robó cien pesos y un juez lo sentenció a cuatro años y medio de prisión.
“Eso es inaceptable, la justicia debe hacerse pero no de manera tan drástica”, expresó.
Los comedores tampoco dejaron de llamar la atención de Meléndez, pues a un lado siempre hay sanitarios pestilentes.
Hay que redoblar esfuerzos, con la ayuda de la comunidad, universidades, empresas y por supuesto, fondos públicos para que se eleven los niveles mínimos de salubridad y condiciones humanas, indicó.