Se denuncian graves violaciones a derechos de migrantes centroamericanos
armando guzmán
Villahermosa, Tab., 15 de agosto (apro).- Después que el gobernador Andrés Granier Melo hiciera un llamado al gobierno de Felipe Calderón a desplegar acciones para la repatriación de varios miles de indocumentados centroamericanos asentados precariamente en tres municipios de la entidad, este día la Secretaría de Gobernación anunció la puesta en marcha de un operativo conjunto para atender la delicada situación de los migrantes centroamericanos varados en Tenosique.
En un comunicado, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) desplegó un operativo para repatriar, “de manera paulatina”, a unos 900 indocumentados. Incluso destacó que el proceso se ha dado de manera voluntaria y con apego al respeto de los derechos humanos de los trabajadores.
Sin embargo, este día el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “graves violaciones” a los derechos de los migrantes centroamericanos que, aseguró, perpetran autoridades mexicanas durante el proceso de repatriación “voluntaria”.
A su vez, el diputado federal panista, Gerardo Priego Tapia, advirtió que este drama refleja “la bomba de tiempo que está a punto de estallar” en la frontera sur, por lo que demandó “blindar” la frontera para impedir el tráfico de seres humanos, drogas, armas y el comercio ilegal que, afirmó, está afectando al país.
"Es necesario que de inmediato se complete un centro de inteligencia para poder controlar esa frontera tan porosa, y que los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, tomen de una vez cartas en el asunto", exigió el legislador federal del PAN, oriundo de Tabasco.
Efraín Rodríguez, asesor jurídico del Codehutab, informó por su parte que la institución ya interpuso denuncia ante la CIDH por las graves violaciones que las autoridades están cometiendo en contra de los migrantes centroamericanos, a quienes, afirmó, les están quemando sus campamentos y pertenencias para obligarlos a retornar a sus respectivos países, bajo el argumento de que son deportados de manera “voluntaria”.
Recordó que, de acuerdo con la Ley General de Población y la Declaración de los Derechos Humanos, el gobierno mexicano está obligado a repatriarlos y no exponerlo a mayores agravios, así como a darles atención médica, hospedaje, comida y asignarles un representante legal para defender sus derechos como migrantes en territorio mexicano.
En ese sentido, el fraile franciscano Juan Pablo Chávez Vargas dijo que la permanencia en Tabasco de los indocumentados es apenas la “punta del iceberg” de un problema que va a ocasionar más muertes y violaciones a los derechos humanos, pues muchos ya padecen infecciones en la piel, gripe y otras enfermedades que complican más su situación.
Igual que el Codehutab, el religioso denunció que los campamentos y pertenencias de los centroamericanos fueron quemados por la policía, por lo que ahora no tienen un lugar seguro para protegerse de las lluvias que azotan la región.
Chávez Vargas aseguró que muchos ya retornaron a sus países, pero la mayoría se resiste a marcharse, y lamentó que las autoridades migratorias solo les digan que se vayan, “pues ni siquiera los están repatriando".
Y es que según testimonios de los migrantes, recogidos por el Codehutab, muchos que acudieron a entregarse a Migración no fueron recibidos por la incapacidad que tiene el Instituto Nacional de Migración (INM) para enfrentar el problema, y sólo les dicen “que regresen por donde ingresaron”.
Por su lado, el delegado regional del INM, Miguel Ángel Barrera Márquez, informó que con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP), se ha deportado ya a más de 600 centroamericanos indocumentados.
El funcionario admitió que el INM no dispone del personal ni de la infraestructura para controlar el flujo migratorio que se registra en los 123 kilómetros fronterizo de Tabasco con Guatemala, y que no hay riesgo de vandalismo por parte de los centroamericanos.
“No son gente violenta, que vengan a robar o asaltar; por el contrario, mucho de ellos desafortunadamente sufren de abusos. Son personas pacíficas que van de paso en busca de un mejor bienestar para su familia”, sostuvo el funcionario del INM.
Se denuncian graves violaciones a derechos de migrantes centroamericanos
armando guzmán
Villahermosa, Tab., 15 de agosto (apro).- Después que el gobernador Andrés Granier Melo hiciera un llamado al gobierno de Felipe Calderón a desplegar acciones para la repatriación de varios miles de indocumentados centroamericanos asentados precariamente en tres municipios de la entidad, este día la Secretaría de Gobernación anunció la puesta en marcha de un operativo conjunto para atender la delicada situación de los migrantes centroamericanos varados en Tenosique.
En un comunicado, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) desplegó un operativo para repatriar, “de manera paulatina”, a unos 900 indocumentados. Incluso destacó que el proceso se ha dado de manera voluntaria y con apego al respeto de los derechos humanos de los trabajadores.
Sin embargo, este día el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “graves violaciones” a los derechos de los migrantes centroamericanos que, aseguró, perpetran autoridades mexicanas durante el proceso de repatriación “voluntaria”.
A su vez, el diputado federal panista, Gerardo Priego Tapia, advirtió que este drama refleja “la bomba de tiempo que está a punto de estallar” en la frontera sur, por lo que demandó “blindar” la frontera para impedir el tráfico de seres humanos, drogas, armas y el comercio ilegal que, afirmó, está afectando al país.
"Es necesario que de inmediato se complete un centro de inteligencia para poder controlar esa frontera tan porosa, y que los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, tomen de una vez cartas en el asunto", exigió el legislador federal del PAN, oriundo de Tabasco.
Efraín Rodríguez, asesor jurídico del Codehutab, informó por su parte que la institución ya interpuso denuncia ante la CIDH por las graves violaciones que las autoridades están cometiendo en contra de los migrantes centroamericanos, a quienes, afirmó, les están quemando sus campamentos y pertenencias para obligarlos a retornar a sus respectivos países, bajo el argumento de que son deportados de manera “voluntaria”.
Recordó que, de acuerdo con la Ley General de Población y la Declaración de los Derechos Humanos, el gobierno mexicano está obligado a repatriarlos y no exponerlo a mayores agravios, así como a darles atención médica, hospedaje, comida y asignarles un representante legal para defender sus derechos como migrantes en territorio mexicano.
En ese sentido, el fraile franciscano Juan Pablo Chávez Vargas dijo que la permanencia en Tabasco de los indocumentados es apenas la “punta del iceberg” de un problema que va a ocasionar más muertes y violaciones a los derechos humanos, pues muchos ya padecen infecciones en la piel, gripe y otras enfermedades que complican más su situación.
Igual que el Codehutab, el religioso denunció que los campamentos y pertenencias de los centroamericanos fueron quemados por la policía, por lo que ahora no tienen un lugar seguro para protegerse de las lluvias que azotan la región.
Chávez Vargas aseguró que muchos ya retornaron a sus países, pero la mayoría se resiste a marcharse, y lamentó que las autoridades migratorias solo les digan que se vayan, “pues ni siquiera los están repatriando".
Y es que según testimonios de los migrantes, recogidos por el Codehutab, muchos que acudieron a entregarse a Migración no fueron recibidos por la incapacidad que tiene el Instituto Nacional de Migración (INM) para enfrentar el problema, y sólo les dicen “que regresen por donde ingresaron”.
Por su lado, el delegado regional del INM, Miguel Ángel Barrera Márquez, informó que con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva (PFP), se ha deportado ya a más de 600 centroamericanos indocumentados.
El funcionario admitió que el INM no dispone del personal ni de la infraestructura para controlar el flujo migratorio que se registra en los 123 kilómetros fronterizo de Tabasco con Guatemala, y que no hay riesgo de vandalismo por parte de los centroamericanos.
“No son gente violenta, que vengan a robar o asaltar; por el contrario, mucho de ellos desafortunadamente sufren de abusos. Son personas pacíficas que van de paso en busca de un mejor bienestar para su familia”, sostuvo el funcionario del INM.
Detienen a 3 empleados de la Cofepris acusados de complicidad con Zhenli
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) mantendrá bajo arraigo domiciliario, por un periodo de 90 días, a tres empleados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que ayudaron a Zhenli Ye Gon a obtener y "arreglar" documentación para que importara ilegalmente seudoefedrina para producir drogas sintéticas en México.
De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), los juzgados 5 y 18 de distrito con sede en Toluca, estado de México, y Distrito Federal, respectivamente, concedieron la medida cautelar en contra de Patricia Gurrola Barreto, Rodolfo Domínguez Becerra y Francisco Julián Iñiguez García, estos dos últimos verificador sanitario y subdirector ejecutivo de servicios de salud y dispositivos médicos de la Cofepris, en ese orden.
Las detenciones de estos tres empleados federales se dieron como resultado de cinco cateos realizados en igual número de domicilios ubicados en el Distrito Federal y el estado de México.
Mediante un comunicado de prensa, la PGR dio a conocer que "en el contexto de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/114/2007, la subprocuraduría solicitó y obtuvo tanto del juzgado quinto como del décimo octavo, el arraigo cautelar por 90 días".
La detención y arraigo de los tres servidores públicos se da en el contexto de la continuación de las investigaciones que se llevan a cabo contra Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino que se encuentra detenido en Estados Unidos, en espera de que se le inicie un juicio por delitos contra la salud y lavado de dinero en aquel país, mientras en México se le instruyó un proceso penal por los mismos delitos.
Así, la captura de los empleados de la Cofepris forma parte del seguimiento de la averiguación previa PGR/SIEDO-/UEIDCS/191/2006, consignada en junio pasado al juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca, estado de México, y en la que se ha dictado auto de formal prisión a 13 personas y quedan pendientes igual número de detenciones de personas ligadas a Ye Gon, considerado el mayor traficante de seudoefedrina para producir drogas sintéticas en México.
En ese contexto, la PGR obtuvo del juzgado quinto de distrito en el estado de México una orden de cateo para el domicilio ubicado en la calle Segunda Privada de 29 de Marzo, casa 25, fraccionamiento Valle Lerma, municipio de Lerma, en el estado de México, en el cual fue capturado Rodolfo Domínguez Becerra.
Asimismo, se realizó otro cateo en el inmueble ubicado en calle Salvador Díaz Mirón número 202, colonia México II, Nezahualcóyotl, estado de México, y allí se localizó a Patricia Gurrola Barrera, quien se desempeña como secretaria en la Cofepris.
Por su parte, el juzgado 18 de distrito en la ciudad de México autorizó el cateo en los inmuebles ubicados en Tamango número 44, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, delegación Cuauhtémoc; Constantino número 128, colonia Peralvillo, delegación Cuauhtémoc, y Juan Sánchez Azcona, número 565, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez del Distrito Federal, donde se encontró a Francisco Julián Iñiguez García.
Según la PGR, "los empleados de Cofepris acudían a las instalaciones de Morelos 34 y 34-A, domicilio de la empresa Unimed Pharm Chem de México, propiedad de Zhenli Ye Gon, para ayudarle y asesorarlo en la obtención de permisos y otros documentos de Cofepris, relacionados con las importaciones de Unimed", que según datos oficiales podrían superar las 60 toneladas de seudoefedrina, las cuales supuestamente fueron vendidas a grupos de narcotraficantes como los cárteles del Golfo y Sinaloa.
De acuerdo con versiones obtenidas, la PGR espera capturar a por lo menos otros cuatro empleados de la Cofepris ligados a Ye Gon y la importación ilegal de seudoefedrina, en combinación con personal de aduanas.