Flavio y Horacio Sosa, a un penal de Oaxaca.
pedro matías
Oaxaca, Oax., 16 de agosto (apro).- En medio de un discreto operativo de seguridad desplegado por agentes de la PFP y de la AFI, esta mañana fueron trasladados vía aérea del penal mexiquense del Altiplano a una cárcel de Oaxaca --el reclusorio de San Juan Bautista Cuicatlán-- los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), confirmó el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos
Sin embargo, el vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Rosas Romero, calificó de “insuficiente” el traslado de Flavio y Horacio Sosa a Oaxaca, porque “no pedimos cambio de celda”.
El reclamo es la libertad absoluta de todos los “presos políticos”, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la entrega de las 188 escuelas en poder de los priístas de la sección 59, así como claridad en el proceso de la rezonificación.
Lo que le sorprende es que este “cambio de celda” se concrete en vísperas de la plenaria del comité ejecutivo seccional para trazar los planteamientos que se presentarán en su asamblea estatal del próximo sábado.
Previamente, el secretario de Protección Ciudadana mencionó que los hermanos Sosa Villavicencio arribaron en condiciones de salud normales y no tendrán medidas de seguridad especiales.
Segreste Ríos detalló que los hermanos Sosa Villavicencio, procesados por el movimiento social del 2006, llegaron a las 13:45 al aeropuerto de Xoxocotlán, e inmediatamente, vía aérea, fueron enviados al penal de San Juan Bautista Cuicatlán, desde donde continuarán con su proceso penal por delitos del fuero común.
De acuerdo con datos oficiales, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio fueron trasladados en la aeronave de la Policía Federal Preventiva 212, matrícula XC-PFH, de la cual fueron bajados y escoltado cada uno por cuatro miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Los líderes de la APPO, con su uniforme color caqui, fueron recibidos por el director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, y tras permanecer unos minutos en el hangar del gobierno del estado, los enviaron, en un helicóptero, al penal de Cuicatlán, en la región de la Cañada.
Cabe recordar que Flavio Sosa Villavicencio fue detenido, junto con su hermano Horacio, el vocero de la APPO, Marcelino Coache, e Ignacio García Maldonado, el pasado 4 de diciembre en la Ciudad de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de robo específico, robo calificado con violencia, daños dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro y lesiones calificadas.
Al considerarlos reo de alta peligrosidad, mediante un aparato de seguridad impresionante, Flavio Sosa y su hermano, fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.
Y hace unos días, Flavio Sosa ganó un amparo que le concedió el juzgado quinto de distrito para que fuera trasladado a otro centro carcelario, al considerar que no era de alta peligrosidad para permanecer en el Altiplano.
AI y URO: encuentro ríspido
PEDRO MATIAS
Amnistía Internacional (AI) desquició al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien al verse desnudo ante tantas evidencias de las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas en Oaxaca, mostró su verdadero rostro: el desprecio a las leyes, a las instituciones y, sobre todo, a los organismos internacionales en esta materia.
Sólo bastaron 15 minutos para que Ruiz Ortiz estallara. Y es que El Informe “Oaxaca: Clamor por la justicia”, y unas fotografías que evidencian la participación de la policía vestida de civil en los diversos disturbios registrados durante el movimiento social y que le mostró la misión de alto nivel de Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general Irene Khan, lo trastornaron.
“Esto es una marranada”, expresó al tiempo que arrojaba sobre la mesa el Informe de Amnistía Internacional. En su rabieta, Ruiz Ortiz, llegó a golpear con el puño, en reiteradas ocasiones, la mesa al tiempo que negaba todo.
La secretaria general de AI sólo observaba atónita la ira del gobernador. Y es que la reunión entre la misión de alto nivel de AI y funcionarios del gobierno del estado, de pronto se convirtió en un monólogo.
De pronto, dio por terminada la desafortunada reunión celebrada el pasado 31 de julio en un hotel del sur de la ciudad de Oaxaca. Irene Khan y Ulises Ruiz no se despidieron ni mucho menos volvieron a cruzar palabra alguna porque cada uno salió por puertas diferentes.
Ambos no disimularon su enojo. Ruiz Ortiz acusó de manera ligera que “quienes escriben el Informe, incluso son consejeros de la APPO”.
Se quejó que “es la primera vez que nos invita Amnistía a platicar con ellos, creo que se debe hacer un trabajo mucho más serio, profundo, mucho más responsable que pueda ir a fondo en las investigaciones”.
Por su parte, Irene Khan calificó de “decepcionante” la reunión con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien, como parte de su desdén a estas organizaciones defensores de los derechos humanos, llegó con una hora de retraso.
La misión de alto nivel de Amnistía Internacional cuestionó a Ulises Ruiz Ortiz porque consideró que su infundada acusación es para evadir su responsabilidad en las “graves y escandalosas violaciones a los derechos humanos”.
La activista de Bangladesh no se amedrentó y le aclaró que “Amnistía Internacional no será silenciada ni por la APPO, ni por el gobernador, ni por nadie. Nosotros seguiremos pidiendo que se investigue y se determine quiénes son los responsables de violaciones a los derechos humanos, sea que hayan sido cometidos por integrantes de los movimientos sociales, por parte de la APPO o por las fuerzas del estado”.
Y soltó una pregunta que incomodó sobremanera a Ruiz Ortiz: ¿A qué le teme el gobernador? ¿Por qué no se establece un mecanismo para investigar?
Pero esta no es la primera vez que Ruiz Ortiz menosprecia a organismos de reconocido prestigio internacional. Desde el inicio de su administración ha asumido actitudes de burla, sarcásticas e irónicas.
Y hasta llegó a asumir posturas de reto, como sucedió cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la violencia y la violaciones a los derechos humanos cometidas en Oaxaca. Le respondió: “El burro hablando de orejas”.
Al anuncio de una visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Oaxaca para constatar violaciones a los derechos humanos, se burló: “¡Que vengan, aquí los invito a comer chapulines!”.
A cada llamada de atención, acción urgente, recomendación o medidas cautelares que han emitido organismos internacionales, el gobernante los ha descalificado porque, según él, obedecen a “presiones políticas”.
De acuerdo a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, así como del Centro Nacional de Comunicación Social, las cifras de la represión en Oaxaca son:
LAS CIFRAS DEL TERROR
Por lo menos 23 asesinatos, más de 600 detenciones arbitrarias, 415 privaciones de la libertad, de los cuales 300 siguen sujetos a procedimientos penales, unos 700 heridos y dos desapariciones forzadas de miembros del Ejército Popular Revolucionario.
Además, de 40 casos de tortura debidamente documentados y tres con averiguación previa; 16 casos de agresiones, amenazas de muerte y órdenes de aprehensión en contra de defensores de derechos humanos, así como a por lo menos 14 ataques a los medios de comunicación, entre ellos el Diario Noticias y comunicadores.
Todos estos hechos de represión motivaron a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a conceder 137 medidas cautelares; 116 a los trabajadores del periódico NOTICIAS y al dueño del mismo, Ericel Gómez Nucamendi, además de cinco integrantes del Comité 25 de Noviembre; así como al presidente municipal de San Martín Ituyoso y el del universitario Francisco Hernández.
De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a 12 integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y para Aline Castellanos Jurado, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Asimismo, por la represión y persecución desatada por el gobierno de Ulises Ruiz en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo menos nueve personas se encuentran en el exilio, entre ellos se encuentran, la doctora Berta Muñoz, la profesora Carmen López Vásquez, Jacqueline Almazán, Alejandro Cruz López, el líder del magisterio, Enrique Rueda, el biólogo Ramiro Aragón, Roberto Lucero, Germán Mendoza Nube, y Aline Castellanos.
Mientras que las cifras de la aplicación de la justicia no existen, únicamente existen en el discurso del gobernador, ya que ni el asesinato de Bradley Roland Will se ha esclarecido.
Todos estos hechos atrajeron la atención de organismos como Amnistía Internacional que presentó el informe Oaxaca: clamor por la justicia, que esta basado en la investigación de violaciones a los derechos humanos entre junio del 2006 a junio 2007 donde demuestran un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, incomunicadas, malos tratos y censura.
El informe también demuestra cómo a las víctimas se les ha negado el acceso a los abogados y a la atención médica, como ha habido procesos judiciales injustos y en muchos casos ha sido la gente acusada en base a evidencias fabricadas.
Reconoce que durante este periodo 18 personas han muerto en circunstancias que no fueron claras y que no han sido investigadas de una manera adecuada; los periodistas han sido amenazados e incluso hay un caso de un periodista que ha muerto y también han documentado cómo los defensores de derechos humanos han sido amenazados.
Y lo que es peor aún y sin justificación, es que todo esto se ha cometido con impunidad.
Irene Khan manifestó que auque los informes se terminaron en junio del 2007, esta es la fecha en que no dejan de recibir aún más evidencias de la prevalencia a las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad total en las que se han realizado.
Al contrario, dijo, los esfuerzos de las autoridades para representar a todos los involucrados en este movimiento social como criminales y subversivos es no más que una táctica para evadir la responsabilidad de investigar dichas acciones.
Insistió en que el gobierno federal no puede huir de su responsabilidad de garantizar la protección a los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Tanto las autoridades estatales como federales tienen una responsabilidad para actuar de manera urgente, no solo para investigar los abusos a los derechos humanos que se han suscitado pero también para evitar y prevenir cualquier repetición de dichos abusos.
Y bajo estas circunstancias, consideran que la decisión de la SCJN de realizar investigaciones a lo sucedido en Oaxaca es una oportunidad extremadamente importante que se debe llevar a cabo lo más rápido posible y de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
AI no solo dijo estar escandalizada por la situación que se ha presentado en Oaxaca, sino que advirtió que “una respuesta autocrática que está llena y plagada de violaciones a los derechos humanos, sólo perpetuará un ciclo vicioso de abuso, violencia y descontento. Entonces, se necesita una acción urgente para romper este círculo vicioso”.
Pero aún más, sentenció que “si a nivel estatal no se les puede hacer que rindan cuentas, entonces, el gobierno federal tiene que jugar un papel, y si no, como última instancia existe la rendición de cuentas a nivel Interamericano”.
Para el representante la Comisión Internacional de Juristas y Diaconía, Roberto Garreton, la descalificación que hizo el gobernador del informe de AI, es muy “corriente” y “a lo mejor lo mismo pueden decir del informe que elabore la Comisión Internacional de Juristas y Diaconía que vamos a preparar”.
Durante su estancia en Oaxaca para realizar un informe que presentará en noviembre en Ginebra, Suiza, el jurista chileno dijo que “a los gobiernos autoritarios no les gusta que organismos internacionales los critiquen y van a ver que la misma crítica se la van hacer a la CIDH. Es una cosa habitual de todos los gobiernos autoritarios”.
Yésica Sánchez Maya, de la LIMEDDH, recordó que la CNDH ha emitido cinco recomendaciones en total al estado de Oaxaca, mientras que la CIDH ha hecho por lo menos tres pronunciamientos por de la gravedad de los hechos en Oaxaca, la Comisión Civil de Observación emitió un informe, Human Righ Watch, la Oficina del alto comisionado de la ONU, la Coordinación alemana para los derechos humanos en México, Peace Watch, Plataforma México de Austria, el Consejo Mundial contra la Tortura y los Relatores contra la tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de la ONU, también se han pronunciado con acciones urgentes, medidas cautelares, en contra de la violencia generada en Oaxaca.
Entre las organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, se comentó que nada más falta que Ulises Ruiz libre órdenes de aprehensión en contra de los defensores de derechos humanos de estos organismos internacionales o exija se les aplique el Artículo 133 constitucional.
Ante evidencias Ruiz debe renunciar voluntariamente
Las violaciones a garantías individuales han sido incluso reconocidas por la SCJN, dijo
MÉXICO, D. F., Para solucionar el conflicto en Oaxaca, donde son evidentes las violaciones a las garantías individuales, sólo se requiere la renuncia voluntaria del gobernador Ulises Ruiz, señaló el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro.
En cuanto a la investigación del caso Oaxaca en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que aunque su decisión no tenga carácter vinculante, tiene un gran peso moral.
"Tiene un gran peso moral (la SCJN), que en todos los casos en que lo ha hecho las autoridades involucradas han tenido que renunciar. Esperemos que eso suceda en el caso de la Corte", dijo.
El funcionario reconoció las valoraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional sobre la situación social en la entidad, pero en el caso particular del mandatario local señaló que “aún mantiene la añeja costumbre de gobernadores (del PRI) de tener control absoluto de los poderes Legislativo y Judicial: Oaxaca es todavía de los estados donde el gobernador manda al Congreso y al Poder Judicial", expresó.