lunes, 20 de agosto de 2007
EDUCACION A LA DERIVA Y FRAUDULENTA
Inician clases; no se conoce el plan que respalda la política educativa
Especialistas advierten que el fracaso ronda las escuelas y podría reflejarse en deserciones
KARINA AVILES
Sin que se conozca el programa que respaldará la política educativa de este sexenio, este lunes comienza el ciclo escolar 2007-2008 con el regreso a clases de más de 25 millones de estudiantes, además de que se pondrán en marcha algunos planes –Escuelas de tiempo completo y Escuela segura– y se dará continuidad a reformas como la de secundaria y prescolar, que no cumplen con las condiciones mínimas para operar y tampoco logran salvar los grandes escollos de la enseñanza. Con ello, aseguran los expertos, el fantasma del fracaso recorre una vez más el proyecto educativo del país.
Este fracaso se podría traducir en que nuevamente los estudiantes rechacen la escuela, deserten y no tengan más alternativas que recurrir al empleo informal o emigrar del país.
También se evidencia en que, al igual que antaño, los escolares reprueben las mismas materias, como matemáticas y español, alerta Catalina Inclán Espinosa, miembro del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para especialistas de las principales casas de estudio, las estrategias presentadas hasta el momento por la nueva administración, a cargo de Josefina Vázquez Mota, son insuficientes para atacar la necesidad más urgente, que tiene que ver con la formación real de los docentes y con contenidos significativos para la mejora del conocimiento y del aprendizaje de los estudiantes.
Sin embargo, lo anterior es sólo parte de las carencias de los programas que están por comenzar, coinciden. Y, en contraste, los planes de la actual administración se han centrado “en la evaluación, en la planeación, en los rankings y hasta en las modas, sin tomar en cuenta el meollo del asunto que no es taquillero y forma parte de un proceso muy lento: la formación de quienes van a moldear las nuevas generaciones”, destaca Inclán Espinosa.
En el mismo sentido, Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, considera que todavía “no se lleva a cabo el esfuerzo que falta para las innovaciones en la calidad educativa. Lo más urgente es mejorar el proceso de enseñanza, pero esto no puede ser un decreto, requiere de un proceso de incubación y de implementación que abarca la formación de profesores, la actualización, la revisión de los planes de estudio y la administración escolar.
“Inclusive se debe hacer una revisión de la legislación educativa y la Ley General de Educación para que la escuela tenga mayor libertad para adecuar sus contenidos”, expresa. Y aunque señala que los programas que se pondrán en marcha pueden contribuir a mejorar algunos indicadores, lo fundamental es incrementar el nivel de enseñanza.
Las grandes ausencias de los programas que están por iniciar, como el del horario extendido, señala Angel Díaz Barriga, investigador del IISUE de la UNAM, “es no pensar en las formas de conocimiento y de aprendizaje del niño y joven del siglo XXI, es no considerar el problema de los contenidos significativos, es no restablecer una mirada pedagógica sobre el trabajo docente”.
En síntesis, señala por su parte Sergio Martínez Romo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dichos proyectos son “acciones parciales, más formales que reales”. Por ejemplo, observa que no se pueden tener Escuelas de tiempo completo sin que se atienda el problema de fondo: la doble plaza de los maestros.
Este tema, añade Díaz Barriga, “precisa un cálculo mañoso del sistema educativo. Desde la administración de Carlos Salinas se ha hablado de 200 días de clase, pero nunca se ha analizado lo fundamental: qué hacen los profesores en el horario de clase”.
Explica que ampliar el horario ciertamente crea condiciones de calidad, pero si esta medida no viene acompañada de otras, no funcionará. Por ejemplo, recuerda que en los países desarrollados el maestro trabaja un solo turno y el espacio escolar le ofrece horas para trabajar frente a grupo, para preparar el material, para calificar, para asistir a las reuniones de los maestros, cuestión que en el caso mexicano ni siquiera se ha abordado.
De igual forma, para que exista un programa de Escuela segura se deben atender elementos esenciales como la relación con la familia, la actitud de los directores, la administración de los profesores, las competencias del personal administrativo, indica Sergio Martínez Romo.
Al respecto, Catalina Inclán considera que proyectos como el de Escuela segura dan “resultados numéricos, públicos”, pero no erradican el problema de la seguridad, que en realidad es un asunto del país. De manera que estos programas “sirven bien para entregar buenas cuentas: se dirá que los vendedores ambulantes ya no están alrededor de las escuelas, aunque estén a cuatro cuadras”.
La reforma educativa, pospuesta para tiempos políticos
La investigadora de la UNAM lamenta que este ciclo escolar empiece sin que la comunidad educativa conozca el programa sectorial que fijará la política de esta administración, ya que esto tiene consecuencias en la propia aplicación de los proyectos que, en lugar de que comiencen con el periodo, darán marcha a mediados de los cursos.
Es decir, subraya Inclán Espinosa, “la reforma educativa se está posponiendo para los tiempos políticos, lo cual es muy peligroso para todos. Sin embargo, la mejor apuesta que se puede hacer es la de una inversión seria en la formación docente, la cual responda a los tiempos académicos y no políticos”.
Esto, en un contexto en el que otras reformas que deben continuar en el año escolar que principia no fueron modificadas para resarcir sus deficiencias. Por ejemplo, recuerda que en este año tendría que ser obligatorio el prescolar para los niños de tres años, cosa que “no sucederá” porque no sólo hace falta infraestructura, sino que existe la discusión sobre la pertinencia de que un niño de esa edad tenga que acudir a la escuela, cuando ni siquiera tiene resueltos problemas como el control de esfínteres.
Otro de los grandes temas es la extensión de la reforma de secundaria (RS), que en este ciclo se ampliará para los adolescentes del segundo año. Sin embargo, agrega, persisten las inconsistencias suscitadas en el arranque de la RS con los de primer grado y los profesores siguen confundidos; sin saber, en muchas ocasiones, quiénes son las nuevas figuras como el asesor, el orientador o el tutor de grupo.
De seguir así, advierte, “se corre el riesgo de seguir obligando a los estudiantes a rechazar la escuela y, cuando la autoridad se dé cuenta, los alumnos ya estarán en el empleo informal, emigrando” y fuera del espacio educativo.
Inclán Espinosa y Díaz Barriga enfatizan además que para atacar el problema educativo de fondo –no considerado en los proyectos que darán inicio– se requiere necesariamente voltear hacia la estructura curricular de la Nacional de Maestros, la cual erradicó de sus programas materias elementales como la didáctica y, a cambio, se introdujeron recetas. A raíz de ello, “ahora, cuando un maestro tiene que enseñar competencias te dice que sí, pero te pregunta que cómo le hace”, lamenta la especialista.
Por ello, para el investigador Sergio Martínez Romo, lo que el sistema requiere es mejorar los recursos de aprendizaje, capacitar al magisterio, mejorar los textos y la gestión escolar; por ejemplo, indica que el nuevo proceso de evaluación de los directores de preparatoria no sólo tendría que ser en ese nivel, sino también en el básico.
Catalina Inclán Espinosa afirma que “las consecuencias de no atender el principal problema de la educación serán que cada sexenio se reinventen reformas y que cada nueva administración exista nuevamente el fracaso educativo”.
La secretaría emprenderá un operativo nacional para verificar esas instituciones
En la ilegalidad, una de cada 5 escuelas privadas que ofrecen bachillerato: SEP
En octubre estará listo el proyecto de reforma para la educación media superior
KARINA AVILES
De un total de 3 mil 425 escuelas privadas que ofrecen el bachillerato, alrededor de 700 –20 por ciento– no se ubican en el domicilio que registraron para obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios (Rvoe), por lo que una de cada cinco escuelas de paga no está autorizada para ofrecer los servicios educativos porque violan la ley y de no proceder a su regularización serán sancionadas con la revocación de dicho registro, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, al anunciar que hoy se iniciará el operativo nacional en estos planteles para verificar si cumplen los requisitos mínimos de calidad.
Adelantó que para octubre estará listo el proyecto para la reforma de este nivel educativo, con el objetivo de que en este año comience su discusión y para el siguiente la capacitación de los maestros. La meta es que entre en operaciones en el ciclo escolar 2008-2009.
En entrevista con La Jornada, Székely Pardo reconoció que la cantidad de planteles que no fueron localizados en el domicilio reportado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) es alarmante; sin embargo, se realizarán los trabajos necesarios en aras de tener un “panorama distinto para que la minoría sea la excepción”.
En noviembre se hará en estos planteles una segunda revisión y a los que no cumplan con las observaciones de la primera inspección se les “podrá revocar el Rvoe”, aunque hay casos que implican una sanción preventiva, como por ejemplo que los profesores no cuenten con título profesional.
Aclaró que “si vemos que hay riesgos en la infraestructura escolar no se esperará a que esto se corrija, por el riesgo que implica para los alumnos”.
El funcionario explicó que si uno de cada cinco planteles no cumple con los requerimiento para ostentar el Rvoes significa que “los padres de familia no obtienen los servicios por los que están pagando”, no por el hecho de haber cambiado de ubicación, sino porque al hacerlo no se cuenta con la revisión oficial de las nuevas instalaciones.
Lo anterior puede dar lugar a irregularidades en su infraestructura, en su plantilla docente o a otro tipo de violaciones a la ley, alertó. Expresó que cualquier modificación que estas escuelas realicen, ya sea en su profesorado –quienes deben contar con título profesional–, en sus instalaciones o a nivel del cambio de dirección tienen que informarlo a la autoridad educativa, porque de lo contrario incurren en violación de la norma.
Al anunciar que a partir de este lunes estará a disposición de la ciudadanía la página electrónica con la información de cada una de estas escuelas en términos de ubicación, señaló que entre las posibilidades de no estar en el domicilio reportado están que existan planteles que no cumplen con las normas y ostentan un registro: “Es como tener una licencia o un pasaporte falso”. Pero también puede darse la posibilidad de que al hacerse pública la información, la escuela solicite una inspección para estar en regla.
Esto, en cuanto a los planteles de paga que tienen Rvoe, pero también, añadió, hay otros que no lo han obtenido y dicen tenerlo.
Respecto al operativo nacional que hoy dará inicio, explicó que se contará con formatos para registrar la información de esas escuelas en cinco rubros: datos generales, de las carreras, perfil de docentes, infraestructura escolar, y planes y programas de estudio.
De acuerdo con el formato de 11 páginas, se les preguntará, por ejemplo, si el laboratorio cuenta con conexión de computadoras a la red o a Internet, si el equipo de sus talleres es obsoleto, si sus sanitarios son comunitarios o cuentan con módulos separados para el personal docente, para hombres y mujeres, así como el número de alumnos inscritos o las asignaturas que imparten los docentes, entre otras cuestiones. Dos semanas después de la visita, cada plantel podrá revisar sus resultados –para lo cual se les dará una calificación del 1 al 5– en una página electrónica y, en noviembre, se hará una segunda revisión en la que se aplicará el mismo cuestionario.
Todo esto, finalizó, es para mejorar la calidad mediante un mecanismo de información con el propósito de que los ciudadanos que pagan por una servicio conozcan lo que obtienen por su inversión.
Especialistas advierten que el fracaso ronda las escuelas y podría reflejarse en deserciones
KARINA AVILES
Sin que se conozca el programa que respaldará la política educativa de este sexenio, este lunes comienza el ciclo escolar 2007-2008 con el regreso a clases de más de 25 millones de estudiantes, además de que se pondrán en marcha algunos planes –Escuelas de tiempo completo y Escuela segura– y se dará continuidad a reformas como la de secundaria y prescolar, que no cumplen con las condiciones mínimas para operar y tampoco logran salvar los grandes escollos de la enseñanza. Con ello, aseguran los expertos, el fantasma del fracaso recorre una vez más el proyecto educativo del país.
Este fracaso se podría traducir en que nuevamente los estudiantes rechacen la escuela, deserten y no tengan más alternativas que recurrir al empleo informal o emigrar del país.
También se evidencia en que, al igual que antaño, los escolares reprueben las mismas materias, como matemáticas y español, alerta Catalina Inclán Espinosa, miembro del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para especialistas de las principales casas de estudio, las estrategias presentadas hasta el momento por la nueva administración, a cargo de Josefina Vázquez Mota, son insuficientes para atacar la necesidad más urgente, que tiene que ver con la formación real de los docentes y con contenidos significativos para la mejora del conocimiento y del aprendizaje de los estudiantes.
Sin embargo, lo anterior es sólo parte de las carencias de los programas que están por comenzar, coinciden. Y, en contraste, los planes de la actual administración se han centrado “en la evaluación, en la planeación, en los rankings y hasta en las modas, sin tomar en cuenta el meollo del asunto que no es taquillero y forma parte de un proceso muy lento: la formación de quienes van a moldear las nuevas generaciones”, destaca Inclán Espinosa.
En el mismo sentido, Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, considera que todavía “no se lleva a cabo el esfuerzo que falta para las innovaciones en la calidad educativa. Lo más urgente es mejorar el proceso de enseñanza, pero esto no puede ser un decreto, requiere de un proceso de incubación y de implementación que abarca la formación de profesores, la actualización, la revisión de los planes de estudio y la administración escolar.
“Inclusive se debe hacer una revisión de la legislación educativa y la Ley General de Educación para que la escuela tenga mayor libertad para adecuar sus contenidos”, expresa. Y aunque señala que los programas que se pondrán en marcha pueden contribuir a mejorar algunos indicadores, lo fundamental es incrementar el nivel de enseñanza.
Las grandes ausencias de los programas que están por iniciar, como el del horario extendido, señala Angel Díaz Barriga, investigador del IISUE de la UNAM, “es no pensar en las formas de conocimiento y de aprendizaje del niño y joven del siglo XXI, es no considerar el problema de los contenidos significativos, es no restablecer una mirada pedagógica sobre el trabajo docente”.
En síntesis, señala por su parte Sergio Martínez Romo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dichos proyectos son “acciones parciales, más formales que reales”. Por ejemplo, observa que no se pueden tener Escuelas de tiempo completo sin que se atienda el problema de fondo: la doble plaza de los maestros.
Este tema, añade Díaz Barriga, “precisa un cálculo mañoso del sistema educativo. Desde la administración de Carlos Salinas se ha hablado de 200 días de clase, pero nunca se ha analizado lo fundamental: qué hacen los profesores en el horario de clase”.
Explica que ampliar el horario ciertamente crea condiciones de calidad, pero si esta medida no viene acompañada de otras, no funcionará. Por ejemplo, recuerda que en los países desarrollados el maestro trabaja un solo turno y el espacio escolar le ofrece horas para trabajar frente a grupo, para preparar el material, para calificar, para asistir a las reuniones de los maestros, cuestión que en el caso mexicano ni siquiera se ha abordado.
De igual forma, para que exista un programa de Escuela segura se deben atender elementos esenciales como la relación con la familia, la actitud de los directores, la administración de los profesores, las competencias del personal administrativo, indica Sergio Martínez Romo.
Al respecto, Catalina Inclán considera que proyectos como el de Escuela segura dan “resultados numéricos, públicos”, pero no erradican el problema de la seguridad, que en realidad es un asunto del país. De manera que estos programas “sirven bien para entregar buenas cuentas: se dirá que los vendedores ambulantes ya no están alrededor de las escuelas, aunque estén a cuatro cuadras”.
La reforma educativa, pospuesta para tiempos políticos
La investigadora de la UNAM lamenta que este ciclo escolar empiece sin que la comunidad educativa conozca el programa sectorial que fijará la política de esta administración, ya que esto tiene consecuencias en la propia aplicación de los proyectos que, en lugar de que comiencen con el periodo, darán marcha a mediados de los cursos.
Es decir, subraya Inclán Espinosa, “la reforma educativa se está posponiendo para los tiempos políticos, lo cual es muy peligroso para todos. Sin embargo, la mejor apuesta que se puede hacer es la de una inversión seria en la formación docente, la cual responda a los tiempos académicos y no políticos”.
Esto, en un contexto en el que otras reformas que deben continuar en el año escolar que principia no fueron modificadas para resarcir sus deficiencias. Por ejemplo, recuerda que en este año tendría que ser obligatorio el prescolar para los niños de tres años, cosa que “no sucederá” porque no sólo hace falta infraestructura, sino que existe la discusión sobre la pertinencia de que un niño de esa edad tenga que acudir a la escuela, cuando ni siquiera tiene resueltos problemas como el control de esfínteres.
Otro de los grandes temas es la extensión de la reforma de secundaria (RS), que en este ciclo se ampliará para los adolescentes del segundo año. Sin embargo, agrega, persisten las inconsistencias suscitadas en el arranque de la RS con los de primer grado y los profesores siguen confundidos; sin saber, en muchas ocasiones, quiénes son las nuevas figuras como el asesor, el orientador o el tutor de grupo.
De seguir así, advierte, “se corre el riesgo de seguir obligando a los estudiantes a rechazar la escuela y, cuando la autoridad se dé cuenta, los alumnos ya estarán en el empleo informal, emigrando” y fuera del espacio educativo.
Inclán Espinosa y Díaz Barriga enfatizan además que para atacar el problema educativo de fondo –no considerado en los proyectos que darán inicio– se requiere necesariamente voltear hacia la estructura curricular de la Nacional de Maestros, la cual erradicó de sus programas materias elementales como la didáctica y, a cambio, se introdujeron recetas. A raíz de ello, “ahora, cuando un maestro tiene que enseñar competencias te dice que sí, pero te pregunta que cómo le hace”, lamenta la especialista.
Por ello, para el investigador Sergio Martínez Romo, lo que el sistema requiere es mejorar los recursos de aprendizaje, capacitar al magisterio, mejorar los textos y la gestión escolar; por ejemplo, indica que el nuevo proceso de evaluación de los directores de preparatoria no sólo tendría que ser en ese nivel, sino también en el básico.
Catalina Inclán Espinosa afirma que “las consecuencias de no atender el principal problema de la educación serán que cada sexenio se reinventen reformas y que cada nueva administración exista nuevamente el fracaso educativo”.
La secretaría emprenderá un operativo nacional para verificar esas instituciones
En la ilegalidad, una de cada 5 escuelas privadas que ofrecen bachillerato: SEP
En octubre estará listo el proyecto de reforma para la educación media superior
KARINA AVILES
De un total de 3 mil 425 escuelas privadas que ofrecen el bachillerato, alrededor de 700 –20 por ciento– no se ubican en el domicilio que registraron para obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios (Rvoe), por lo que una de cada cinco escuelas de paga no está autorizada para ofrecer los servicios educativos porque violan la ley y de no proceder a su regularización serán sancionadas con la revocación de dicho registro, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, al anunciar que hoy se iniciará el operativo nacional en estos planteles para verificar si cumplen los requisitos mínimos de calidad.
Adelantó que para octubre estará listo el proyecto para la reforma de este nivel educativo, con el objetivo de que en este año comience su discusión y para el siguiente la capacitación de los maestros. La meta es que entre en operaciones en el ciclo escolar 2008-2009.
En entrevista con La Jornada, Székely Pardo reconoció que la cantidad de planteles que no fueron localizados en el domicilio reportado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) es alarmante; sin embargo, se realizarán los trabajos necesarios en aras de tener un “panorama distinto para que la minoría sea la excepción”.
En noviembre se hará en estos planteles una segunda revisión y a los que no cumplan con las observaciones de la primera inspección se les “podrá revocar el Rvoe”, aunque hay casos que implican una sanción preventiva, como por ejemplo que los profesores no cuenten con título profesional.
Aclaró que “si vemos que hay riesgos en la infraestructura escolar no se esperará a que esto se corrija, por el riesgo que implica para los alumnos”.
El funcionario explicó que si uno de cada cinco planteles no cumple con los requerimiento para ostentar el Rvoes significa que “los padres de familia no obtienen los servicios por los que están pagando”, no por el hecho de haber cambiado de ubicación, sino porque al hacerlo no se cuenta con la revisión oficial de las nuevas instalaciones.
Lo anterior puede dar lugar a irregularidades en su infraestructura, en su plantilla docente o a otro tipo de violaciones a la ley, alertó. Expresó que cualquier modificación que estas escuelas realicen, ya sea en su profesorado –quienes deben contar con título profesional–, en sus instalaciones o a nivel del cambio de dirección tienen que informarlo a la autoridad educativa, porque de lo contrario incurren en violación de la norma.
Al anunciar que a partir de este lunes estará a disposición de la ciudadanía la página electrónica con la información de cada una de estas escuelas en términos de ubicación, señaló que entre las posibilidades de no estar en el domicilio reportado están que existan planteles que no cumplen con las normas y ostentan un registro: “Es como tener una licencia o un pasaporte falso”. Pero también puede darse la posibilidad de que al hacerse pública la información, la escuela solicite una inspección para estar en regla.
Esto, en cuanto a los planteles de paga que tienen Rvoe, pero también, añadió, hay otros que no lo han obtenido y dicen tenerlo.
Respecto al operativo nacional que hoy dará inicio, explicó que se contará con formatos para registrar la información de esas escuelas en cinco rubros: datos generales, de las carreras, perfil de docentes, infraestructura escolar, y planes y programas de estudio.
De acuerdo con el formato de 11 páginas, se les preguntará, por ejemplo, si el laboratorio cuenta con conexión de computadoras a la red o a Internet, si el equipo de sus talleres es obsoleto, si sus sanitarios son comunitarios o cuentan con módulos separados para el personal docente, para hombres y mujeres, así como el número de alumnos inscritos o las asignaturas que imparten los docentes, entre otras cuestiones. Dos semanas después de la visita, cada plantel podrá revisar sus resultados –para lo cual se les dará una calificación del 1 al 5– en una página electrónica y, en noviembre, se hará una segunda revisión en la que se aplicará el mismo cuestionario.
Todo esto, finalizó, es para mejorar la calidad mediante un mecanismo de información con el propósito de que los ciudadanos que pagan por una servicio conozcan lo que obtienen por su inversión.
