Barricada de Oaxaca

De “Proceso”:

Castigo a responsables, exige la hija del appista Emeterio Cruz

pedro matías
Oaxaca, Oax., 20 de agosto (apro).- Karem Cruz Franco, hija del activista de la APPO, Emeterio Cruz, que permanece en estado de coma a causa de la golpiza que le propinaron policías durante los festejos de la Guelaguetza, denunció que el gobernador Ulises Ruiz sigue sin cumplir la palabra que empeñó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de castigar a los responsables de la agresión.

Durante la visita que hizo a esta entidad el titular de la CIDH. Florentín Meléndez, autoridades estatales se comprometieron, en efecto, a que, en un plazo máximo de 10 días, se castigaría a los uniformados que agredieron a Marino Cruz.

Sin embargo, Cruz Franco no tiene ningún indicio de que Ulises Ruiz cumpla con su palabra. “A mí me quieren entregar un chivo expiatorio, y yo quiero que se le haga justicia a mi papá, castigando a los verdaderos responsables: primero (el gobernador) Ulises Ruiz, (Daniel) Camarena, Aristeo (López Martínez), (Sergio) Segreste, y el procurador (Evencio Nicolás Martínez), y todas aquellas personas que tienen que responder”.

Recordó que durante la visita a la entidad de Florentín Meléndez, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éste acudió al hospital de especialidades a constatar el estado de salud del plomero y activista de la APPO, detenido y golpeado el 16 de julio.

La hija de Emeterio manifestó que en el hospital, y en presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno estatal, Rosario Villalobos Rueda, el presidente de la CIDH le compartió:

“Ya hable con el gobernador Ulises Ruiz y me dijo que en diez días se comprometía a resolver esto”.

Sin embargo, este martes se cumple el plazo y “estamos igual o peor”, pues primero los médicos ya lo quieren dar de alta, y aparte persiste el hostigamiento: a su hermana Keherly le negaron su inscripción en el Colegio de Bachilleres de Pueblo Nuevo.

Así mismo, emisarios del gobierno les advirtieron que se les va a indemnizar siempre y cuando dejen de hacer declaraciones a la prensa y denuncias ante organismos internacionales.

La estudiante de medicina aclaró que “no vamos a negociar la vida de mi papá ni la tranquilidad de la familia, así nos den las perlas de la Virgen. Lo único que demandamos es que se castigue a los verdaderos culpables de los que mandaron al hospital a mi padre”.

Respecto del estado de salud de su padre, dijo que ya superó la operación y salió del coma. Sin embargo, lo preocupante son las secuelas, pues se le manifestó el síndrome de Weber, es decir, no puede abrir un ojo. Todavía no habla, no respira por sí solo, razón por la que se le aplicó una traqueotomía, así como una gastronomía; además, debe usar pañales porque no controla sus esfínteres.Finalmente, insistió en que “la familia no va a quedar conforme con eso. Nosotros queremos a los verdaderos culpables”.


Exhibirá la Corte a responsables de violaciones graves a las garantías individuales
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 20 de agosto (apro).- Los responsables de violaciones graves a las garantías individuales serán señalados, con cargo y nombre, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las indagatorias que realice, en ejercicio de su facultad investigadora constitucional.

Las responsabilidades, sin embargo, serán establecidas por las instancias de gobierno o legislativas que hayan solicitado la investigación.

Así lo establecen las reglas acordadas por el pleno de ministros de la SCJN y contenidas en el Acuerdo General 16/2007 aprobado hoy por el máximo tribunal.

Las reglas consisten en 26 artículos y cinco acuerdos transitorios, tres de los cuales son para su aplicación en los casos de Oaxaca, San Salvador Atenco y Puebla.

El acuerdo, que entrará en vigor a partir de mañana, establece la forma en que deberán operar las comisiones que integre la SCJN, con el fin de investigar violaciones graves a las garantías individuales, según una facultad que le da el artículo 97 de la Constitución.

Las comisiones contarán con un plazo de seis meses, con posibilidad de prorrogarse, para desarrollar la investigación. Una vez concluida esa fase, dichas comisiones estarán obligadas a presentar un informe preliminar y, posteriormente, entregar copia del mismo a las partes en conflicto para que, en un plazo de 15 días, éstos presenten sus alegatos. Cumplido ese proceso, las comisiones deberán entregar un dictamen final.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer el acuerdo alcanzado luego de tres sesiones privadas, en las que el pleno definió las reglas.

Si se determina que hubo violación grave a las garantías individuales, una vez que el pleno apruebe el dictamen, se dará vista a las autoridades que pidieron la investigación y a las que corresponde fincar responsabilidades, explicó.

De acuerdo con el ministro-presidente, la Corte entregará la relación de las autoridades, con rango y nombre, que intervinieron en los hechos.

Esto significa que la SCJN no determinará consecuencias jurídicas ni responsables, por no tratarse de procesos jurisdiccionales.

El propósito del pleno fue deslindarse de decisiones como el juicio político en el caso de que una alta autoridad esté directamente involucrada, como inicialmente el ministro Juan Silva Meza lo había propuesto en el caso de Puebla.

Silva Meza así lo había propuesto al dar a conocer el informe de la comisión que estuvo a su cargo para investigar las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín.

Para este caso, que fue el que propició la elaboración de las reglas, los ministros consideraron ese reporte de Silva Meza como preliminar y determinaron que “se informe a las cámaras de Diputados y Senadores, así como a las autoridades del gobierno de Puebla que estén relacionadas con los hechos, para que tengan acceso al expediente y presenten alegatos que consideren, en un plazo de 15 días”.

En relación con los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, los ministros resolvieron que la comisión “deberá regularizar las actuaciones del procedimiento” de investigación toda vez que las indagatorias comenzaron desde el año pasado.

Sobre el caso Oaxaca, relacionado con los acontecimientos registrados entre abril de 2006 y enero de 2007, la comisión será la primera que deberá seguir las reglas.

En todos los casos, las comisiones deberán rendir informes mensuales.

La regla 21 establece que en el informe no se podrá calificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades ni podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantía individuales.

El Acuerdo General de la Corte será publicado en el Semanario Judicial y su gaceta, el Diario Oficial de la federación y en la página de internet de la SCJN.


De “La Jornada”:

Oaxaca: disputas entre secciones 22 y 59 del SNTE marcan el inicio de clases

OCTAVIO VELEZ E HIRAM MORENO (CORRESPONSALES)
Oaxaca, Oax., 20 de agosto. El ciclo escolar 2007-2008 se inició en Oaxaca en medio de nuevos disputas entre las secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la posesión de escuelas, entre las que destacó la ocurrida en Juchitán de Zaragoza, donde 21 maestros del primer grupo no pudieron entrar al centro escolar Juchitán –tomado por miembros del otro sector–, por lo cual, en respuesta, junto con 500 alumnos, ocuparon la alcaldía, donde realizaron sus actividades didácticas.
En la ciudad de Oaxaca, la planta docente de la escuela secundaria técnica número uno, afiliada a la sección 22, con el respaldo de compañeros de la región de Valles Centrales y de padres de familia, impidió el ingreso a las instalaciones a unos 30 miembros de la otra agrupación.
Profesores y tutores que simpatizan con cada una de las secciones se apostaron a las afueras de la escuela para medir fuerzas y, pese al riesgo de riña, sólo hubo enfrentamientos verbales.
La decisión de no permitir el ingreso de los miembros de la sección 59 fue acordada por la delegación sindical D-II-09 en asamblea general y respaldada por la asamblea estatal, que terminó ayer por la madrugada.
Pese al conflicto, no se presentó ningún funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para procurar una solución. Unicamente acudió Abel Alvarado Vásquez, uno de los asesores del director de la dependencia, Abel Trejo González, pero no fue tomado en cuenta por ninguna de las partes.
“No se permitirá la entrada de los charros por ser los responsables del clima de violencia en la escuela, de las calumnias, de las agresiones físicas y por haber traicionado al movimiento magisterial”, aseveró Miguel Castro, coordinador de Servicios Educativos Complementarios en la institución y miembro de la delegación sindical D-II-09 de la sección 22.
Mientras, el secretario de seguridad y asistencia de la sección 59, Pedro Pablo Güenduláin Méndez, comentó que la decisión del grupo rival de no permitir la entrada a sus compañeros “pisotea sus derechos laborales” y, en consecuencia, recurrirán a las instancias jurídicas.
En Juchitán de Zaragoza, después de inaugurar el ciclo escolar en la primaria Daniel C. Pineda, el director del IEEPO fue retenido por miembros de la sección 59 y padres de familia.
Los profesores de dicha sección, encabezada por uno de sus fundadores, Miguel Silva Selvas, se llevaron al funcionario entre jaloneos y empujones a un restaurante, como medida de presión para que sus compañeros pudieran ingresar al centro escolar Juchitán, tomado por el grupo antagónico.
El secretario general de la sección 59, Cuauhtémoc Sigüenza, acusó al gobierno estatal de Ulises Ruiz de favorecer al otro grupo, que “pisotea” los derechos de sus compañeros con la complacencia oficial.
“En Oaxaca quien manda es la sección 22”, señaló. Sigüenza añadió que por lo menos 300 miembros de su sector están desubicados porque el otro grupo no les permite ingresar a los centros educativos.
A su vez, la presidenta de la comisión ejecutiva, Erika Rapp Soto de la sección 59, señaló que padres de familia y autoridades municipales deben ser quienes decidan qué maestros desean en las aulas.
Denunció que 800 “profesores externos” –sin título profesional– contratados el año pasado por el gobierno estatal para suplir a los miembros de la sección 22 en paro de labores, fueron desconocidos por el director del IEEPO.

MANO NEGRA DEL GOBIERNO EN LA HUELGA DE LA UNIVERSIDAD.De “Noticias”:

Hay campaña oficial en contra: Rectoría

“El subsecretario Joaquín Rodríguez Palacios ha
fraguado el paro de labores en la Universidad”
Francisco Martínez Neri, Rector de la UABJO

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
El rector Francisco Martínez Neri acusó ayer al subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, de haber fraguado el actual paro de labores que afecta a más de 36 mil estudiantes universitarios. En entrevista con la prensa, el rector de la máxima casa de estudios aseguró tener pruebas “contundentes”, como una grabación y documentos, en las que el mismo Rodríguez Palacios aconseja a los dirigentes del STEUABJO a realizar la huelga.
“Tenemos evidencias y una grabación y testimonial”, dijo el rector, quien aseguró también que “hay varias cosas que nos llaman la atención, principalmente Rodríguez Palacios que aconsejó a los trabajadores aestallar la huelgay de eso voy hablar con el gobernador, porque no es posible que un funcionario menor acelere este tipo de acciones”.
Actualmente la UABJO dijo que pierde un millón de pesos por día inhábil, es decir que hasta el momento el paro ha costado cuatro millones de pesos.
Insistió además de que la actual huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO (STEUABJO), es ilegal ya que no lo contemplaba aún la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Más mesurado y más tarde, tras la reunión que sostuvo con el secretario general de gobierno, Manuel García Corpus, con el fin de alcanzar acuerdos, Martínez Neri afirmó que la huelga en el seno de la Universidad es inexistente y lo remitió a un paro de actividades, el cual llevaba tres días en perjuicio de 36 mil alumnos inscritos en un total de 19 facultades, escuelas e institutos de esta máxima casa de estudios, como medida de presión por parte de los empleados del Sindicato de Trabajadores y Empelados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), encabezados por su secretario general Rosendo Ramírez Sánchez, para obtener algunas mejoras en sus prestaciones sociales y económicas.
El rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri, precisó que a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) se canalizó un documento para presentarlo a la dirigencia sindical del STEUABJO, el cual, agregó, inscribe una serie de propuestas con las cuales se espera subsanar este asunto con la consecuente reanudación de actividades educativas para el día de mañana.
Luego de reconocer que “cuando hay una ausencia del Estado de Derecho en muchas de los casos prácticamente obliga a ceder algunas cosas aún cuando éstas no estén sustentadas en la legalidad”; razón de ello, acotó, estamos coadyuvando con el ánimo de que no se perjudique la educación de los universitarios, ahorita por vía de presión tenemos que resolver necesariamente este asunto aún cuando debiera ser a través de la JLCyA”.
Tenemos una gran pérdida en términos académicos que va desde el inicio de actividades así como los cursos de inducción y, respecto al aspecto económico, estimó que si la UABJO tiene un presupuesto anual de 400 millones de pesos y si éste se divide en 365 días en promedio, se habla de una pérdida diaria de más de un millón de pesos.
“Es, insistió, un problema bastante grave y entre otras cosas, lo padece la UABJO porque hay un contrato colectivo que ha excedido sus alcances ya que hay una cláusula de admisión que ha sido declarada inconstitucional por la Corte y que aquí se continúa sosteniendo; desafortunadamente tenemos –dijo-, una presión muy fuerte de un sindicalismo que ha perdido sus miras universitarias.
Es muy difícil reponer la situación económica y en la parte académica solamente podría revertir la suspensión de actividades alargando los programas, trabajando más fuerte y haciendo un esfuerzo adicional. “Tenemos, concluyó, la coadyuvancia del Secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, con respeto a la autonomía universitaria y sindical. De ser aceptadas las propuestas por parte del STEUABJO, sin duda mañana reanudaremos actividades en nuestra máxima casa de estudios, concluyó.

Afecta paro universitario a más de 36 mil estudiantes.
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
Mientras el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) mantiene el paro indefinido de labores que inició el viernes 17 de agosto en la Máxima Casa de Estudios, más de 36 mil estudiantes tendrán que aplazar unos días el inicio de sus actividades académicas, programadas para este día.
Así mismo, mil 500 docentes de todas las escuelas, facultades e institutos no podrán dar inicio a sus actividades docentes, por el conflicto en el que ni el STEUABJO ni la rectoría han iniciado pláticas conciliatorias.
La instituciones afectadas por el paro indefinido de labores son: Escuela de Enfermería y Obstetricia, en sus tres sedes: Tehuantepec, Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez; la Facultad de Idiomas, Facultad de Medicina y Cirugía, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y Ciudad Universitaria.
Además de la Facultad de Odontología, Ciencias Químicas, Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Sistema de Universidad Abierta, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, Centro de Idiomas de Tehuantepec, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias de la Educación, así como las escuelas preparatorias.
En términos económicos la rectoría a cargo de Francisco Martínez Neri señaló que hay una pérdida de 400 mil pesos diarios por cada día de paro, sin contar los quebrantos que sufren las diversas compañías constructoras que desarrollan diversos proyectos para la universidad.
Lo grave del asunto, además de la pérdida de clases, es que para este día se tenía programada una visita del presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos del la Cámara de Diputados, el diputado Tonatihu Bravo Padilla, quien junto con funcionarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y algunos rectores de otras universidades del país, acudirían a la UABJO para conocer sus avances académicos.
El rector Martínez Neri, los funcionarios de su administración y los directores de las escuelas, facultades es institutos, han denunciado que el paro indefinido de labores es “ilegal” y han solicitado al gobernador Ulises Ruiz Ortiz la certeza para que el conflicto laboral que incide en la UABJO sea conducido por el órgano arbitral con absoluto apego a derecho.