En riesgo, las mujeres violadas por militares en Castaños: Vera
LEOPOLDO RAMOS (CORRESPONSAL)
Saltillo, Coah., 21 de agosto. A unos días de que un juez penal de Monclova dicte sentencia a los 11 militares acusados de violar a 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advirtió que las afectadas se encuentran en riesgo, pues en caso de que se les deje en libertad “saldrán a matarlas”.
Ocho de los 11 elementos del Ejército Mexicano que fueron consignados por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila ante el juez penal Hiradier Huerta se encuentran en el reclusorio de Monclova y otros tres están prófugos de la justicia.
Los detenidos son el subteniente Norberto Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, el cabo Norberto González Estrada y los soldados Angel Antonio Hernández Niño, Rosendo García Jiménez, Fernando Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Casimiro Ortega Hernández, quienes fueron entregados por la Policía Militar a las autoridades civiles de Coahuila.
Los prófugos son Ricardo Hernández pertenecían al 14 Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, Coahuila., Baldomeano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez, quienes
Al momento de la presunta agresión, la madrugada del 11 de julio del 2006, los militares tenían la instrucción de resguardar las boletas de la elección presidencial que se concentraron en el distrito 03, con sede en Monclova.
Luis Horacio de Hoyos, coordinador de la procuraduría estatal en Monclova, consideró que están dadas las condiciones para que el juez dicte sentencia condenatoria por los delitos de violación calificada e impropia a los militares, quienes podrían ser castigados con más de 20 años de cárcel.
Sin embargo, el obispo saltillense alertó que si los elementos del Ejército no son condenados a permanecer en prisión, “van a salir a matarlas”, en referencia a las sexoservidoras y meseras agredidas física y sexualmente. Raúl Vera dijo que las mujeres han identificado plenamente a sus agresores y si bien se mantienen en prisión, también representa riesgo para las denunciantes.
Exhortó al juez penal a ponderar los señalamientos de las mujeres, para que la sentencia en contra de los militares sea ejemplar y esto evite la repetición de casos como el de Castaños.
Puntualizó que la medida sería a la vez una forma de frenar los abusos que durante el gobierno de Felipe Calderón han cometido integrantes de las fuerzas armadas.
Con la repatriación se violaron varios convenios internacionales
LAURA POY SOLANO
Defensores de derechos humanos condenaron la deportación de la activista Elvira Arellano, al considerar que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tienen un “doble discurso” sobre el tema migratorio, pues en los hechos “la administración de George W. Bush mantiene una política de criminalización de la migración indocumentada, mientras las autoridades mexicanas mantienen una débil posición para defender a los connacionales”.
Con su detención y posterior expulsión de territorio estadunidense, afirmaron, no sólo se violó el Protocolo de Viena sobre relaciones consulares, sino también las convenciones internacionales sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como el marco de protección a los derechos de los niños, que tiene como uno de sus objetivos prioritarios “mantener la unidad de las familias y no separar a padres e hijos porque se carece de documentación”.
Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que con la deportación de Arellano se puso en evidencia la falta de “coherencia entre los discursos políticos de ambos países y la realidad de miles de indocumentados que enfrentan condiciones muy precarias tanto en el empleo como en su calidad de vida”.
Destacó que no existe un “verdadero interés por establecer una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, pues a pesar de sus discurso ante el Congreso de su país, Bush continúa con acciones que criminalizan a los migrantes, ante una actitud tibia de las autoridades mexicanas, que simplemente aceptan estas políticas”.
Al respecto, Isabel Uriarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la detención y posterior deportación de Arellano no sólo violó su derecho a la asistencia consular, sino también su seguridad jurídica al participar elementos policiacos y montar un operativo como “si se tratara de una delincuente y no de una defensora de los derechos humanos de los migrantes”.
Por ello consideró que su detención fue una “medida estratégica” del gobierno de Bush, tras el fortalecimiento del movimiento pro migrante en Estados Unidos y de que la propia Arellano “mantuviera una lucha férrea desde su refugio en Chicago”.
Sin embargo, indicó, esa situación “se presenta no sólo con el país vecino, sino también es importante señalar que en México se violan los derechos de los migrantes centroamericanos”.