De “La Jornada”:

Editorial
CIRT: en defensa del dinero
Ayer, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), encabezados por las dos principales empresas televisivas del país, comparecieron ante las comisiones dictaminadoras del Senado que discuten la aprobación de la llamada reforma electoral. El encuentro, una culminación de la campaña de presiones, chantajes y mentiras emprendida por las propias televisoras para impedir que el Congreso apruebe la supresión de la libre contratación de publicidad electoral en los medios electrónicos, derivó en una manifestación inequívoca de insolencia, característica de los dueños del dinero y de sus empleados, en la que se denostó al Poder Legislativo y a sus integrantes, se impugnó la Constitución y se distorsionó la verdad en cadena nacional.
Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio.
Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos.
En esa historia vergonzosa y exasperante destacan episodios como el autismo cómplice de la televisión ante la represión del movimiento estudiantil de 1968 y ante la guerra sucia que siguió en los sexenios siguientes; la convalidación de Televisa al fraude electoral de 1988; las distorsiones de Tv Azteca con motivo del asesinato de Francisco Stanley, y el vergonzoso linchamiento mediático de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial del año pasado. A este respecto, en el proceso electoral de 2006 se puso de manifiesto un fenómeno alarmante e inaceptable: como lo admitió un legislador panista, uno de los componentes fundamentales del triunfo oficial de Felipe Calderón fue el poder del dinero, dinero que se empleó en la compra masiva de mensajes publicitarios que denigraban la imagen de su principal oponente. Se violentó, de esa manera, el principio básico de que la soberanía emana del pueblo en su conjunto, no de los potentados, y que los procesos electorales sirven para poner de manifiesto la voluntad ciudadana, no la de los grandes capitales.
En abril de 2006 los empresarios televisivos emplearon su colosal e ilegítimo poder fáctico para someter al Senado, el cual aprobó un engendro popularmente llamado ley Televisa, por medio del cual se regalaba a los grandes concesionarios una enorme tajada de frecuencias que son de propiedad pública. La legislación era tan impresentable que fue devuelta al Legislativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, los intereses mencionados pretendieron, una vez más, intimidar y chantajear a los senadores. Lograron, en cambio, poner en evidencia ante la opinión pública que tras sus alegatos no hay más que descarnados intereses comerciales, monetarios y de poder. Es posible que su arrogancia haya logrado otro efecto indeseado: el de fortalecer el acuerdo entre las bancadas legislativas para acabar con el injustificable gasto publicitario pagado por los contribuyentes y capitalizado por los accionistas de las grandes cadenas televisivas y radiales.
La estructura de la propiedad de los medios electrónicos –especialmente los televisivos– y las formas de concesión del espacio radioeléctrico en el país deben ser modificadas a fondo para suprimir el poder fáctico que ejercen los propietarios de las empresas mediáticas, ensanchar la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo, y para hacer posible la democratización efectiva del país. En lo inmediato, los senadores tienen ante sí la obligación moral y política de preservar la soberanía popular que representan de los embates de corporaciones insaciables, y de defender su propio trabajo de concertación legislativa que, en esta ocasión, es digno de reconocimiento.



Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma electoral
Arrogancia, prepotencia e injurias enmarcaron los reclamos de concesionarios de radio y televisión.
La libertad de expresión, bandera de empresarios y conductores; al final reconocieron que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda política en medios electrónicos
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión.
Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos.
Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI.
Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.
“¡Nos van a arruinar los ratings!”
Antes, el dueño de una de las radiodifusoras más poderosas del país, Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, resumió el descontento de los concesionarios: “¡Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings!”, exclamó. Sostuvo que pasará lo mismo que con el programa radiofónico La Hora Nacional, porque nadie verá los anuncios de los partidos.
Entre aplausos de los comunicadores que llenaron el salón del quinto piso de la Torre de El Caballito, donde las comisiones dictaminadoras recibieron a los representantes de los concesionarios, Azcárraga –quien aclaró que nada tiene que ver con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean– sostuvo que la reforma “es casi expropiatoria” y aseguró que llevará a la quiebra a 950 estaciones de radio.
Hasta antes de la intervención del empresario, los concesionarios, sus comentaristas y conductores de noticieros se habían centrado en defender la libertad de expresión, apoyados por senadores de Convergencia y del Verde Ecologista, entre estos últimos, Javier Orozco, uno de los impulsores de la llamada ley Televisa, que luego invalidó la Suprema Corte de Justicia.
La defensa de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por varios días fue su tema favorito, ayer quedó en el olvido. Poco después de las 2 de la tarde, los directivos de la CIRT y su séquito de “estrellas” mediáticas fueron recibidos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que previamente presentaron los cambios al proyecto de reforma electoral consensuados entre las tres principales fuerzas políticas.
El presidente de la CIRT, Enrique Pereda, se quejó de que no fueron consultados para llevar a cabo un cambio tan importante, que da a los partidos políticos el derecho de “usar la radio y la televisión” a través de los tiempos del Estado.
Francisco Aguirre, presidente del Grupo Radiocentro, y Francisco Ibarra, de Grupo Acir, reforzaron los cuestionamientos y acusaron a los legisladores de no sujetar a los partidos a reglas de transparencia. Tristán Canales, de TvAzteca, preguntó si no es mucho 48 minutos al día en cada estación de radio y televisión.
López Dóriga criticó a su vez el contenido del artículo 41, en el que se prohíbe difundir mensajes en radio y televisión “susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadadanos, ni a favor ni en contra de partidos o candidatos”.
Sostuvo que esa redacción atenta contra la libertad de expresión, pues la crítica a políticos equivaldría a violar la Constitución, “lo que me parece algo gravísimo”.
Un poco después, Paty Chapoy, del programa Ventaneando, de Tv Azteca, reforzó esa idea al preguntar a los senadores si se convertiría en “criminal” al hablar de políticos y señalar –por ejemplo– que un gobernador “es guapo”.
El senador Ricardo Monreal Avila aclaró a López Dóriga que la redacción del artículo 41 constitucional fue modificada para evitar que la prohibición del pago de propaganda electoral en radio y televisión se interprete como la prohibición de la crítica a políticos en los medios electrónicos.
Igualmente, el senador del Partido Revolucionario Institucional Jesús Murillo Karam respondió a los concesionarios que no hay intención alguna de atentar contra la libertad de expresión y aclaró que en este sexenio el ahorro por la disminución de gastos en campañas será de 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, los concesionarios de radio y televisión siguieron insistiendo. Javier Tejado Dondé, funcionario de Televisa, acusó a los senadores de pretender estatizar la radio y la televisión, de otorgar en realidad más recursos a los partidos políticos, y deseó que la reunión no fuera sólo “para tapar el ojo al macho”.
Pero fue la intervención de Pedro Ferriz de Con la que mostró la verdadera y furibunda cara de los concesionarios. Representante de la emisora beneficiada durante el sexenio foxista, el conductor dijo a los legisladores: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de los gastos de campaña”.
También, a gritos, señaló: “Ya estoy cansado de tanta palabrería. Nosotros pagamos impuestos, nadie nos ha regalado nada, se los recuerdo”. Además, acusó a los representantes populares de frenar el desarrollo del país y les reprochó que no hubieran permitido a Felipe Calderón rendir su Informe de gobierno.
A los empresarios de la radio y la televisión se sumaron los legisladores de los partidos Verde y Convergencia. Dante Delgado, de esta última fuerza política, se sumó a la demanda de los concesionarios de posponer la aprobación de la reforma.
Entonces, el perredista Pablo Gómez hizo frente a la andanada. De entrada, señaló que la Constitución es muy clara al precisar que la soberanía reside en el pueblo y que el Congreso tiene la representación popular y es sujeto de “críticas, insultos y denuestos, porque forman parte de la libertad de expresión”.
Recordó también que la libertad de expresión de que hoy se goza en el país fue producto de un movimiento democrático que costó muchas vidas, y que lo que se quiere restringir en la reforma electoral es el poder del dinero, para que los partidos no estén bajo la presión de tener que conseguir donde sea y como sea recursos económicos para poder aparecer en las pantallas.
Están en contra de que se legisle, sostuvo Gómez, porque “ustedes recibían en conjunto miles de millones de pesos, la mayoría, las grandes cadenas de televisión”. Mordaz, el perredista les pidió no preocuparse, ya que no es ahora cuando se busca modificar al duopolio televisivo. “Eso será después, en la ley de radio y televisión”.
La priísta María de los Angeles Moreno aclaró a su vez que no se intenta tener el control de los órganos electorales, sino que sean instituciones ciudadanizadas, y el panista Ricardo García Cervantes cerró la pinza al desmentir a Tejado Dondé y señalarle que es falso que se vaya a duplicar el gasto de campaña en los procesos electorales.
“Vamos a salir al paso a cualquier intención ilegítima que irrumpa en procesos electorales y la principal irrupción es el dinero, porque no se sabe si es dinero sucio o limpio”, agregó.
Después de casi cuatro horas, el poder mediático abandonó la sede senatorial; querían seguir hablando, pero el priísta Pedro Joaquín Coldwell dio por concluido el encuentro. Al despedirse, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Pereda, le pidió a varios senadores no aprobar “con prisas” la reforma electoral. Pero no tuvo éxito, el dictamen se aprobó horas después.
Las torpes embestidas mediáticas
Luis Linares Zapata
Los medios electrónicos emprendieron una embestida contra el Congreso por demás torpe, aun si, a esta acción, se le enfoca desde el punto de vista de sus masivos intereses. Deseaban, y claro está, aún pretenden, conservar tanto los instrumentos para sus múltiples negociaciones políticas como el enorme caudal de recursos que llega a sus arcas.
La experiencia obliga a suponer que tales recursos los reciben por varios canales, documentados unos, semiocultos e indirectos otros. La contratación facturada de tiempos que hacen los partidos y sus candidatos, solapados o formales, que aspiran a conquistar puestos de elección, es la común y cuantiosa. Pero, otros adicionales, arriban como denso río informal que, sin embargo, aporta miles de millones de pesos anualmente. Dineros que algunos medios reciben a tras mano de empresas paralelas de “mercadología política”
Pero los medios no fueron solos en la campaña emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente colocados ante la posibilidad de ser afectados en los trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia con un amplio grupo de críticos, articulistas, académicos e intelectuales de amplio conocimiento público. Como en toda aventura de este calado, hubo también uno que otro compañero de viaje que lo hizo motu proprio, por individuales creencias, pero que, al final, sirvieron a los mismos propósitos de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Durante la batalla mediática han salido a relucir cruciales conceptos y fenómenos de la vida colectiva de la nación: la democracia, la independencia del IFE, el papel de pulcros árbitros desempeñado por los consejeros durante la pasada campaña, el fraude de 2006, que, se afirmó con voz en cuello, nadie ha probado. Se blandieron además temas como las afectaciones al cuerpo social o a la ciudadanía por las vengativas remociones planeadas. Pero esto fue secundario, lo imperioso para los medios fue su propia conservación como actuante y efectivo poder fáctico.
La capacidad de los medios para modelar la conducta de las masas quedó situada en el centro, en el meollo de la puja. La partidocracia de un lado y, en el otro, la altanera mediocracia. El Congreso quedó a la mitad del territorio en disputa.
Pero esta vez les falló el cálculo, les salió contraproducente su embestida. Provocaron dos fenómenos simultáneos. Uno fue crucial, pues obligaron a los legisladores a cerrar filas, a defender lo poco que aún queda de soberanía popular, sustento legítimo del Congreso. Los coordinadores de las principales facciones tuvieron que empujar la pensada transformación electoral, a pesar de las enormes presiones y las debilidades partidarias, ambas situaciones bien conocidas por el grueso de la ciudadanía. El otro, que no secundario, porque enajenaron a una parte sustantiva de las muchas audiencias que componen el espectro de la opinión pública, quizá a la más consciente e informada de ellas. Tanto los directivos de los medios involucrados en este pleito, como sus incondicionales defensores, rebasaron, una vez más y con grados inadmisibles de soberbia, la línea de tolerancia de amplios sectores de la población.
Los ataques, aun los revestidos de defensas impersonales, institucionales, apegados a la libertad de expresión y otras linduras (siempre sacadas a relucir en ocasiones propicias) les han golpeado en las narices. Tendrán que recular. Por todos los rincones de México han brincado los reclamos y los deseos de ir hasta el final, de completar, de una buena vez, lo que se viene solicitando desde hace muchos años. De reparar el tejido de la relación entre pueblo y medios, entre derechos conculcados y el accionar político respetable que se busca.
La embestida pretendía también involucrar a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Hacerlo, una vez más, responsable de eso que se considera una venganza contra los consejeros. Querían motivar (con sus maniobras desde las pantallas y los micrófonos) al gran público cautivo para que repudiara el flagrante atropello contra la libertad de información fraguado por el que fue contendiente a la Presidencia y que, para muchos, millones, es el real triunfador de la contienda pasada. Se unieron para evitar que saliera como un vengador efectivo, para exhibir las mentiras de agravios inexistentes que propala por todos los confines de la patria. Lo que han logrado con la embestida de marras es un repudio a sus maniobras, a las patrañas que han esgrimido en la defensa a ultranza de sus enormes apañes y abusos. Las consignas que lanzan como tapaderas de sus pretensiones indebidas, guardadas con fingidos argumentos legalistas de apego a la democracia, han quedado al descubierto.
La ley Televisa aguarda a sólo un paso de ser retocada por el Congreso y afectar, ahora de manera un tanto más radical, sus intereses o, mejor dicho, la parte indebida de ellos. Lo saben ya y se aprestan a desactivar la furia acumulada por senadores, diputados, partidos completos, opositores intransigentes, audiencias encorajinadas por sus desplantes sin razón.
La interrelación comercial, de promoción individual, oportunidades de lucimiento, dependencia económica que los aguerridos defensores tienen con los dueños y estrategas de los medios es evidente, profunda, totalizadora en varios de los casos notorios. No se tuvo el menor prurito para lanzarse al ruedo de los desplegados, las descalificaciones y las argumentaciones retorcidas.
Esta semana quedará escrita parte de una historia que puede ser trascendente para la vida organizada del país, para la sanidad de la política, para las imágenes personales de ciertos legisladores que han aguantado las andanadas y hasta tienen arrestos para responder a los retos que les arriman sus críticos interesados.

De “Proceso”:

Comisiones aprueban la reforma electoral
jenaro villamil
* La iniciativa prohíbe a partidos y candidatos contratar tiempos en radio y televisión para publicidad

México, D.F., 11 de septiembre (apro).- Por unanimidad los senadores aprobaron en comisiones, en lo general, el dictamen de la reforma electoral, que prohíbe a partidos y candidatos contratar tiempos en radio y televisión para publicidad; y establece el relevo escalonado de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

La sesión del pleno fue declarada en receso hasta después de la medianoche, en espera de la minuta aprobada en comisiones, para proceder a su primera lectura esta madrugada.

Después de una larga sesión de audiencia con los concesionarios de radio y televisión los 45 senadores de las comisiones no modificaron ninguna de las prohibiciones que generaron el malestar de los dueños de los medios electrónicos.

Entre los cambios que descartaron estuvo una propuesta presentada con Arturo Escobar, senador del Partido Verde, quien propuso que los partidos pudieran contratar tiempos en radio y televisión fuera de periodos electorales.

El senador Ricardo Monreal, del PRD le respondió que esa “propuesta desnaturaliza todo el ejercicio de la reforma electoral”.

Monreal insistió que la reforma tiene como objetivo “despersonalizar” también la propaganda institucional de partidos y de funcionarios públicos.

Las comisiones también desecharon la propuesta de los partidos minoritarios para que la fórmula del financiamiento público fuera 50 por ciento de manera proporcional al número de votos y 50% de manera equitativa.

Entre los cambios incluidos en la última versión del dictamen aprobado se encuentra la precisión en el artículo 41 constitucional que ninguna otra persona pública o privada “podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular”. Esta modificación fue propuesta por Jesús Murillo Karam, senador del PRI, y fue aprobada por unanimidad.

Hasta las 22:30 horas otros cambios a este mismo párrafo propuestos por Pablo Gómez, senador del PRD, y por Federico Döring, del PAN, han generado una larga discusión sobre la naturaleza de la propaganda institucional y sobre los alcances de la prohibición de difundirla.

Se prevé que éste será uno de los puntos que se discutirán de manera más intensa durante el debate en el pleno del Senado que está previsto para este miércoles 12.

Otra discusión que se alargó fue a raíz de la propuesta de Javier Orozco, senador del Partido Verde y cercano a las televisoras, quien propuso derogar la facultad que ahora tendrá el IFE para ordenar “la cancelación inmediata” de transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias a la ley.

Orozco Gómez argumentó que esta es una facultad de la Comisión Federal de Telecomunicación (Cofetel); y que técnicamente es muy difícil ordenar esa suspensión.

El senador Arturo Núñez le respondió que se trata de una reforma constitucional que está por encima de la ley secundaria y que en todo caso el procedimiento expedito para suspender las transmisiones tendrá que detallarse en las reformas en materia electoral.

El proyecto de reforma electoral contempla la modificación de 9 artículos constitucionales y la adición de seis transitorios, en los que se especifican los plazos para la remoción de los consejeros electorales. El consejero presidente durará en el cargo seis años, con derecho a reelegirse.

La iniciativa también contempla la creación de un contralor del IFE que será elegido por la mayoría calificada de los diputados.