A partir de enero, aumento mensual de 2 centavos a la gasolina y el diesel
Como “compensación”, en febrero de 2011 se eliminará el pago de tenencia vehicular.
Aprueban en comisión dictamen; el incremento se mantendría hasta llegar a 5.5%
Enrique Méndez y Roberto Garduño
A partir del primero de enero de 2008 los precios de la gasolina y el diesel se incrementarán mensualmente dos centavos hasta llegar, en un plazo de 18 meses, a un incremento de 5.5 por ciento por litro de ambos combustibles.
Con el voto en favor de 21 diputados de PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, y siete en contra de PRD, Convergencia, PT y Alternativa, la Comisión de Hacienda aprobó la propuesta de Acción Nacional, a pesar de la reticencia de un grupo considerable de panistas y priístas, que se manifestarán en contra de ese gravamen durante el debate en el pleno.
La comisión también eliminó en el dictamen el impuesto a la tenencia por uso de vehículos a partir del primero de febrero de 2011, como una forma de compensación por el impuesto especial a la gasolina y el diesel.
Dicho gravamen fue establecido en 1968 con objeto de obtener recursos para respaldar la realización de los Juegos Olímpicos de ese año, y a raíz de la actual negociación se decidió suprimirlo porque el incremento a los combustibles permitiría compensar la recaudación por tenencias, cuyo monto alcanza 22 mil millones de pesos anuales.
La mayoría priísta y panista decidió que el incremento a la gasolina se aplique gradualmente con el argumento de no provocar un impacto inflacionario, aunque en realidad subyace el temor en ambas bancadas de tener que pagar el costo político que implicará la medida en el bolsillo de millones de mexicanos.
Incluso se prevé que en la frontera norte del país Petróleos Mexicanos (Pemex) subsidie el costo de los dos combustibles, porque en Estados Unidos son más baratos.
La comisión aprobó también el dictamen sobre federalismo fiscal, que tras una negociación soterrada de priístas y panistas permitirá la aplicación de una fórmula general de transferencias del Fondo General de Participaciones destinado al combate a la pobreza, que afectará los ingresos de 17 estados y el Distrito Federal, pero que beneficiará a las otras 14 entidades.
La justificación del PRI y del PAN para votar ese mecanismo fue que todos los estados “van a ganar”, al menos en el corto plazo. No obstante, el diputado del PRD Juan Guerra Ochoa, encargado de la negociación fiscal, reveló la trampa que, dijo, contiene la asignación de recursos.
“Perversamente los recursos se distribuirán por el índice de población, así que los estados de menor masa demográfica seguirán perdiendo. El problema es que la Secretaría de Hacienda y el PRI castigarán la migración, la pobreza y el desempleo”, afirmó.
Estados como Tabasco y Zacatecas, que sufren alto índice de expulsión de sus habitantes hacia Estados Unidos, en lugar de recibir más transferencias para el desarrollo, educación y salud, verán mermadas sus finanzas, porque con esa fórmula Hacienda disminuirá las partidas, explicó.
Juan Guerra advirtió que esas y otras entidades que perderán ingresos se verán obligadas a aceptar la aplicación del nuevo impuesto a la gasolina y el diesel para obtener recursos que compensen el recorte del ramo 28. “Nosotros propusimos más de 20 opciones al gobierno y al PRI y, finalmente, ninguno de los dos quiso modificar su dictamen”, dijo el perredista.
En la discusión del documento, el PRD cruzó sus datos con un estudio que se le pidió al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; ambos coincidieron con las cifras de Hacienda, pero los representantes de la dependencia permanecieron inamovibles.
No obstante, un grupo de priístas negoció con los funcionarios dos fondos que servirán como “zanahoria” para los gobiernos de los estados, en su afán de obtener mayores recursos.
El primero se integrará por 2 mil 300 millones de pesos, que se obtendrán de un recorte de 2 por ciento de los derechos ordinarios de Petróleos Mexicanos y favorecerá a estados petroleros como Veracruz, Campeche y Tabasco, que son además gobernados por priístas.
Mientras, Hacienda ató el segundo fondo al impuesto a las gasolinas, que se obtendrá de 20 por ciento de lo que se recaude del precio adicional a los combustibles, hasta por 4 mil 500 millones de pesos, que se dividiría entre los diez estados más pobres del país.
“Este es el asunto más corrupto que se negoció entre la Secretaría de Hacienda y el PRI. Fue elaborado con cinismo, y a pesar de los argumentos se negaron a modificar este acuerdo perverso”, cuestionó Guerra Ochoa.
El dictamen de federalismo, aprobado por la mayoría de diputados de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, fue motivo de discordia en la Cámara de Diputados. Al incluirse el impuesto a las gasolinas y el diesel en ese documento, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac –a quien algunos de sus compañeros comienzan a llamar “Jorge Estafan”– intentó reducir la presión de panistas y priístas inconformes por llevar la votación hasta el límite y mantener escondido el proyecto con objeto de evitar una votación en contra.
El martes por la noche Estefan intentó sorprender a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, y en connivencia con el encargado de Servicios Parlamentarios, Emilio Suárez Licona –quien ocupa esa oficina por el respaldo del secretario general de la Cámara, Guillermo Haro Bélchez–, incluyeron en la orden del día de la sesión de ayer “la dispensa de segunda lectura, discusión y votación” de los seis dictámenes aprobados el martes por la Comisión de Hacienda y el del impuesto empresarial a tasa única, votado la madrugada de ayer.
El acuerdo de los grupos parlamentarios fue que los cinco documentos sólo entraran en primera lectura y se discutieran hasta la sesión de hoy. Incluso Estefan Chidiac le sugería a la presidenta de la Cámara que dispensara “los trámites correspondientes, para poner a discusión el mismo día” los seis dictámenes.
Dada la premura de la solicitud y las sospechas que despertó la maniobra del priísta y de Suárez Licona, los coordinadores parlamentarios del PRD, Javier González Garza, y de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, solicitaron a Ruth Zavaleta una revisión detallada del requerimiento.
La presidenta de la mesa directiva comprobó que no era el momento legislativo oportuno para someter a votación los seis dictámenes, sobre todo porque aún faltaba la aprobación del relativo al federalismo, con el aumento a la gasolina.
Y es que entre los diputados priístas persistía la idea de que Jorge Estefan pretendía, con esa estrategia, que cada uno de los dictámenes se votara por el pleno sin problema mientras él avanzaba en la aprobación del impuesto a la gasolina y evitar así un mayor rechazo.
Este jueves los siete dictámenes serán sometidos a votación y se espera que sólo haya diferendo en el gravamen a los combustibles, rubro en el que los panistas aún no determinan el sentido de la votación del grupo, porque persiste la idea de no cargar con el costo político de la medida.
La mediocracia también llora
Luis Hernández Navarro
La industria del entretenimiento montó este martes uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléctricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron, el pasado 11 de septiembre, un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expresión, amenazados, según ellos, por la reforma electoral promovida por el Poder Legislativo.
El enfrentamiento entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado anuncia un nuevo capítulo de la teleguerra sucia. Las lágrimas de cocodrilo que la mediocracia ha derramado lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en medios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y televisión, es el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional es, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70 por ciento de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión va más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia es, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos.
El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, uno de los conductores televisivos advirtió a los senadores que los políticos profesionales están más desacreditados que sus empresas. La aseveración es cierta. La clase política no disfruta de buena reputación. Junto con la policía, se encuentra en uno de los niveles más bajos de estima ciudadana. Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.
Esta crisis de representación ha propiciado que los medios de comunicación electrónicos asuman un liderazgo efectivo. Con frecuencia han sustituido a los partidos. Una muestra de ella se vivió con la convocatoria a la movilización ciudadana contra la inseguridad pública el 27 de junio de 2004. Pero más allá de situaciones excepcionales, este papel se corrobora, día a día, cuando los conductores de radio y televisión excomulgan, pontifican o exaltan de acuerdo a la conveniencia del momento. No sólo informan sino que, indistintamente, editorializan, enjuician y condenan. Se comportan, en los hechos, como un nuevo Ministerio Público, como un vehículo de justicia popular instantánea capaz de canalizar la indignación de la audiencia ante los funcionarios públicos.
Hasta ahora, el enorme poderío mediático y cultural de las televisoras y radiodifusoras en México parecía no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa en la marco de la contienda electoral de 2006 fue el rubí en la corona de esta fuerza. Una fuerza que se presenta en sociedad como la reserva moral de la nación, como un poder al que partidos y políticos deben rendir pleitesía.
Más allá de sus evidentes limitaciones y del fortalecimiento a la partidocracia, la reforma electoral aprobada por el Senado pone un coto real a un poder fáctico sin contrapesos. De allí la virulencia con la que los empresarios de la industria del entretenimiento han enfrentado la situación adversa.
La respuesta de la mediocracia ante la reforma electoral parece sacada de una telenovela. Sueña con hacer de la realidad una calca del mundo virtual. Para defender sus intereses específicos, sus ganancias y poder, se disfraza de representación genuina de la ciudadanía, usurpa la voz pública, alerta contra la estatización y habla en nombre de la libertad de expresión. Con el pretexto de defender una reforma electoral de más largo aliento –indudablemente necesaria– apuesta a preservar sus privilegios.
Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la “Libertad”. Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tanta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora.