De “La Jornada”:

Comunicado del EPR: “en el gobierno, los únicos terroristas”
Es en el gobierno y no en el pueblo donde se encuentran los “únicos” terroristas y grandes delincuentes, aseguró el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pues, añadió que la violencia “siempre ha sido y venido de parte del Estado, los revolucionarios sólo hacemos el uso legítimo de la autodefensa”.
“Los únicos terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, (ni) en las filas de los revolucionarios. A dichos delincuentes y terroristas búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policiaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado policiaco-militar, con esos fines impusieron a (Felipe) Calderón en un proceso electoral fraudulento”, respondió la agrupación guerrillera a sus críticos en un comunicado.
Indicó que sus acciones en instalaciones de Pemex no son ataques contra el patrimonio nacional ni pretenden desestabilizar al país, sino que son una práctica de “autodefensa” ante el “terror” de Estado y el impulso del paramilitarismo de la actual administración federal, la cual “es la responsable del desastre económico, político y social que vive el país” y trata a los problemas político-sociales como de seguridad nacional.
Subrayó que quienes han destruido la paraestatal son los “grandes oligarcas” que llevaron de manera “fraudulenta” a Calderón a la Presidencia, y no las explosiones que ha provocado.
El grupo guerrillero recordó que desde hace más de tres meses dos de sus integrantes están desaparecidos, por lo que reiteró su exigencia de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida; pues aseguró que son víctimas de tortura por autoridades militares y que están recluidos en una cárcel clandestina del Campo Militar Número Uno.
Dijo que por ello se ha visto orillado a cometer acciones “político militares”, como define las explosiones en la paraestatal. “Hemos insistido una y otra vez que no somos partidarios ciegos de la violencia, amamos sobre todo la vida y la paz, pero ante la ofensiva fascista no podemos permanecer en la indiferencia, la indefensión y la sumisión; hacerlo así sería capitular y dejar en el abandono a nuestro pueblo, allanarle el camino a la ultraderecha para que siga perpetrando sus crímenes de lesa humanidad para borrar físicamente toda expresión de inconformidad y oposición política ya sea progresista o revolucionaria”.
Es en el gobierno y no en el pueblo donde se encuentran los “únicos” terroristas y grandes delincuentes, aseguró el Ejército Popular Revolucionario (EPR); pues, añadió, la violencia “siempre ha sido y venido de parte del Estado, los revolucionarios sólo hacemos el uso legítimo de la autodefensa”.
“Los únicos terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, (ni) en las filas de los revolucionarios. A dichos delincuentes y terroristas búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policíaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado policíaco-militar, con esos fines impusieron a (Felipe) Calderón en un proceso electoral fraudulento”, señaló la agrupación guerrillera en respuesta a sus críticos en un comunicado.
Dijo que “ha sido prudente” en espera de que las autoridades respondieran a la petición de que sus compañeros sean presentados con vida; sin embargo, consideró que les han respondido con indiferencia y menosprecio, restando importancia a sus acciones “político-militares” con una actitud gubernamental de “ni los veo, ni los oigo”. Como muestra de “esa prudencia” indicó que en Veracruz pospuso sus acciones hasta después del proceso electoral en la entidad.
El EPR resaltó que “no es con el incremento de la militarización y el exceso de presupuesto en el rubro de seguridad nacional como detendrán el creciente descontento popular en nuestro país, porque éste es consecuencia directa de la política económica neoliberal y las medidas fascistas impulsadas por la ultraderecha”.



Conspira CIRT con gobernadores para detener la reforma electoral
Empresarios de radio y tv se quejan ante la CNDH por violación al derecho a la información.
El mexiquense Peña Nieto encabeza la intentona; cabildearán senadores en congresos locales

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La embestida de los dos mayores consorcios televisivos y de las grandes cadenas de radio contra la reforma electoral se enfoca ahora hacia la presión de los gobernadores, con el propósito de impedir que sea aprobada en las legislaturas locales.
El tema se discutió en las plenarias de los grupos parlamentarios del PRI y el PRD, y buena parte de los legisladores advirtió que es evidente que los empresarios de la radio y la televisión intentan configurar una “conspiración de los gobernadores”, encabezada por el mexiquense Enrique Peña Nieto, uno de los principales “clientes” de los medios electrónicos.
En respuesta al ataque frontal de los poderosos empresarios, que ayer presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que le piden declarar la reforma electoral como violatoria de la libertad de expresión y de información, PRI, PRD y PAN en el Senado decidieron ir a los estados para explicar a los legisladores locales el contenido y alcance de esa modificación constitucional.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, declaró ayer que se trata de un método “poco usual” en el proceso legislativo, pero la coyuntura actual lo amerita. Reveló que acudirá personalmente a dialogar con los diputados de los congresos locales y los gobernadores, acompañado por la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Leonel Cota, a fin de contrarrestar la campaña mediática que busca detener esa reforma.
“Creo que los legisladores locales tienen derecho a conocer directamente de los senadores las razones y el contenido de la reforma, la más importante de los últimos tiempos”, agregó Navarrete.
La decisión fue suscrita también por el priísta Manlio Fabio Beltrones y el panista Santiago Creel Miranda, quienes afirmaron que si es necesario acudirán directamente a las 31 legislaturas de los estados, que a partir del lunes comenzarán a recibir la minuta aprobada ayer en la Cámara de Diputados.
Los empresarios de medios no pudieron evitar que el Congreso federal avalara esa reforma, que echa abajo un negocio de miles de millones de pesos con recursos públicos –vía la compra de propaganda durante las elecciones–, por lo que ahora enfocan el chantaje a los congresos locales, comentó el perredista Graco Ramírez.
Además del despliegue promocional que el gobernador del estado de México tiene en espacios informativos y de variedades de Televisa (ayer estuvo durante varios minutos en el programa Hoy), una señal de que está aliado con los concesionarios de los medios electrónicos fue que ayer, durante el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, una legisladora del PRI del estado de México se negó a subir a tribuna para fijar la postura de su bancada, por indicaciones de Peña Nieto, según aseguró a sus compañeros de bancada.
En tanto, la dirigencia nacional del PRI pidió explicaciones al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, por la postura expresada en una entrevista a la que Televisa dio amplia difusión en su noticiero estelar del jueves por la noche, en la que se pronuncia por una mayor consulta en torno a la reforma electoral.
La versión del hidalguense es que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Sin embargo, el asunto preocupa a las tres principales fuerzas políticas en el Senado –también el gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas, manifestó en las pantallas de Televisa una postura que no fue de respaldo a la legislación.
El acuerdo es que los perredistas se entrevistarán con diputados de cinco congresos, los priístas con otros cinco y los panistas con siete, debido a que se requiere el voto de 17 legislaturas locales para que la reforma concluya su proceso constitucional.
El poder mediático, dispuesto a todo
Sin embargo, el poder mediático está dispuesto a todo, comentó el senador perredista Ricardo Monreal, luego de que se conoció en Xicoténcatl que ayer mismo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) presentó una queja ante la CNDH, en la que pide al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que declare que la reforma electoral es violatoria de la libertad de expresión.
En el documento, que llevó a la CNDH el operador de Televisa Javier Tejado Dondé, los empresarios invocan la legislación; tratados internacionales como el Pacto de San José, y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU para sostener que las modificaciones a la Constitución votadas por el Congreso de la Unión vulneran el derecho a la información y la labor de los periodistas.
Sostienen que la prohibición a partidos, personas morales y físicas para contratar propaganda política en los medios electrónicos, así como el impedimento de difundir campañas sucias o negras “es violatoria de la libertad de expresión, porque restringe que los ciudadanos manifiesten libremente sus opiniones”.
Piden a Soberanes que recuerde que “es obligación del Estado garantizar que en el país se ejerza el derecho de información y libertad de expresión”.

Más inestabilidad en pueblos autónomos zapatistas debido a conflictos atomizados
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 14 de septiembre. La proliferación de conflictos “focalizados” y en apariencia aislados, pero de características idénticas, desestabiliza crecientemente la cotidianidad de los pueblos autónomos zapatistas en la selva Lacandona y otras regiones, especialmente en territorios correspondientes a las juntas de buen gobierno de Morelia y La Garrucha, donde se localiza el mayor número de tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras su levantamiento en 1994. Además, las acciones gubernamentales para desalojar a las comunidades “no lacandonas” de Montes Azules se han agudizado.
Las bases de apoyo zapatistas de la comunidad Rafael Moreno, en el municipio autónomo Francisco Gómez, denuncian agresiones constantes y crecientes de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), grupo priísta cuya función política explícita es confrontar, agredir e intentar desalojar a las bases zapatistas, respaldado por las autoridades federales agrarias y en la impunidad que gozan sus acciones violentas.
También es el caso reciente de la comunidad Bolom Ajaw, en el municipio autónomo Olga Isabel, cuyas familias fueron agredidas por miembros de la Opddic en las inmediaciones de Agua Azul, y de inmediato el gobierno del estado emitió en Palenque una versión distorsionada de los hechos, amplificada por los medios locales e ilustrada con fotos de insurgentes zapatistas tomadas en 1994, como si fuesen de los hechos en Agua Azul, y así acusar a los zapatistas de ser los “violentos”.
La beligerancia de la Opddic se acrecienta a pesar de que su líder, Pedro Chulín Jiménez, se encuentra preso en El Amate (aunque no se han hecho públicos los cargos).
Un informe reciente sobre la situación de Rafael Moreno y otras comunidades zapatistas expresa: “Los agravios contra las bases de apoyo zapatistas se han convertido en parte de una cotidianidad. Robos de mazorcas, plátanos, calabazas, materiales de la escuela autónoma, herramientas de trabajo comunitario, se suceden regularmente”.
Miembros de la Opddic de la propia comunidad, y procedentes de otras, amenazan desde el 27 de julio con “traer 25 carros llenos de gente” para desalojarlos de sus casas y tierras. Esto, después de exigirles “legalizar” las tierras recuperadas. Mariano Jiménez Morales, miembro de Opddic, adivirtió que de lo contrario, sus derechos no serán tomados en cuenta y arguyó la existencia de “potenciales compradores”. Después amenazó llamar a la seguridad pública “para someterlos en la cárcel si las autoridades zapatistas reaccionaban”.
Las amenazas y agresiones se agudizaron en marzo de este año, cuando personas ajenas a la comunidad, pertenecientes a la Opddic, invadieron con ganado la milpa comunitaria zapatista y causaron daños. Los acompañaba el dirigente local de Opddic, Manuel Cortes Pérez. El 24 de marzo, el mismo Cortes Pérez encabezó a Rigoberto Sánchez Pérez, Antonio García y Vicente Hernández Ruiz para destruir la casa de un campesino zapatista, de nombre Jerónimo.
En mayo, los zapatistas arriendan uno pastizales a personas de un ranchito vecino, pertenecientes a la Aric Independiente. Los líderes de la Opddic obligaron a los arrendadores ariqueros a romper el trato con los autónomos de Rafael Moreno, y los amenazó con represalias si volvían a hacerlo.
A fines de mayo se incendia la casa de Mariano Jiménez Morales, y su familia admite que el percance fue accidental, pero días después la Opddic, organización a la que pertenece Jiménez Morales, acusa a los zapatistas del incendio y amaga con “traer a la seguridad pública para que los detenga y encarcele”. Según la versión inicial de la señora de la casa, los zapatistas más bien la auxiliaron para sofocar el fuego. Días después, obligada por la organización priísta, la mujer acusó a los zapatistas.
La Opddic establece un regimen de terror entre las familias que la apoyan, para justificar las agresiones contra los autónomos. Las acusaciones falsas, la fabricación de “incidentes”, la destrucción de cultivos y hasta casas, son acciones que aderezan la presión gubernamental contra las tierras recuperadas hace más de una década por las bases del EZLN.
Los principales agresores priístas en la comunidad Rafael Moreno son: Eusebio Hernández Pérez, Manuel Cortes, Vicente Hernández Ruiz, Chabelo Sánchez Pérez, Rigoberto Sánchez Pérez, Mariano Jiménez Morales, Antonio García, Vicente Hernández Ruiz y Manuel Cortes Pérez.