miércoles, 19 de septiembre de 2007
INSPECTORES OAXAQUEÑOS, GOLPEADORES DE MUJERES
Golpean inspectores a tortilleras
El abuso origina la intervención de comerciantes, vecinos y transeúntes de La Merced, quienes quisieron linchar a los funcionarios municipales
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
En un verdadero acto de brutalidad y autoritarismo, cinco inspectores municipales arremetieron ayer a golpes en contra de humildes vendedoras de tortillas, que se ubican en la explanada del mercado Democracia, mejor conocido como La Merced.
La cobarde agresión estuvo a punto de ocasionar un zafarrancho mayor, cuando locatarios, automovilistas y transeúntes salieron en defensa de las señoras, una de las cuales fue aventada desde la escalinata del acceso al mercado, por la calle de Leandro Valle, hacia la explanada.
"¡No sean hijos de la chingada, no les peguen a las mujeres!", exigían los testigos a los funcionarios municipales, que justificaban su acción afirmando que sólo cumplían las órdenes del presidente municipal, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira.
En el intento de arrebatar sus productos a las mujeres, los inspectores provocaron que decenas de tortillas, tamales y tacos quedaran esparcidos en la plancha de cemento.
LA CELADA
Desde las 13:30 horas, los cinco sujetos arriban a la explanada del mercado Democracia, por el crucero que forman las calles de Leandro Valle y Murgía. Bajo la sombra de un árbol, esperaran pacientes la llegada de las mujeres procedentes del municipio de Tlalixtac de Cabrera, entre llamadas telefónicas, charlas e intercambio de información por radios de banda civil, pues no es la primera vez que se aprestan a realizan el mismo trabajo, ya que tienen 15 días impidiendo la venta de tortillas en ese lugar.
Media horas después, cuatro señoras morenas, con mandiles cuadriculados y sus tenates de palma sobre la cabeza, aparecen por la Calzada de la República, cruzan la calle y se instalan en el acceso al mercado para expender sus productos.
Pero apenas colocan los cajones de madera que les sirven de banco, los funcionarios municipales les exigen introducirse al interior del inmueble. "¡Ya saben que no pueden vender aquí!, ¡métanse, métanse!", exigen en tono autoritario, jaloneando los tenates.
Seguros de la impunidad que gozan, se atreven incluso a ordenar a los compradores que no adquieran las tortillas en la explanada del mercado. "¡No puede comprar aquí!, ¡compre allá adentro o váyase!". Mentras las mujeres insisten vehementes: ¿blandas o tlayudas?
EL ADMINISTRADOR
El intercambio de reproches es intenso. Las vendedoras argumentan que en el interior del mercado no tienen ventas, ya que desde hace más de 12 años se instalan en esa zona. "Además no vendemos drogas o algo malo, sólo vendemos tortillas para poder subsistir".
En los mismos interviene el administrador del mercado, Jorge Ruiz Canseco, quien pretende justificar la intervención de los inspectores municipales, con el argumento de que se hizo un estudio y se comprobó que existe una "competencia desleal" entre las vendedoras de tortillas en el exterior y las del interior del centro comercial.
Los sujetos en tanto realizan llamadas por su teléfono celular, intercambian comentarios, en espera de la orden que les permita actuar.
"No se por qué hace todo esto si sólo es un rato el que ellas vienen a vender, en qué le afecta al presidente municipal", expresa con tristeza una anciana al presenciar el bochornoso espectáculo.
En tanto, otro hombre de edad que llega montado sobre su bicicleta increpa al inspector que le impide comprar las tortillas. "Yo compro mis tortillas a quien quiera, falta más".
LA BRUTALIDAD
El administrador insiste en su argumento. De pronto, los cinco sujetos se lanzan sobre los tenates de tortilla e inician una pelea cuerpo a cuerpo con las mujeres para decomisarles las tortillas.
Sin ninguna consideración, los hombres tiran codazos, matonean, fintan con lanzar patadas ante los gritos y llantos de las señoras, que poco pueden hacer ante la brutal agresión.
Un sujeto gordo, joven, arrebata una canasta de carrizo a una de las mujeres y en su intento por huir desparrama las tortillas tlayudas en el piso; otro más, arrastra literalmente a Virginia Luján Manuel hasta las escaleras de acceso, aferrada a su tenate de tortillas.
Después, ya con el producto de la vendedora en sus manos, lanza un fuerte empellón a Luján Manuel que la hace rodar por las escaleras y llegar hasta la explanada girando sobre su propio cuerpo. Indefensas, las mujeres gritas, lloran, claman ayuda.
La deshumana acción provoca que locatarios, transeúntes y conductores de vehículos que pasan por el lugar, reclamen a los funcionarios municipales su proceder con palabras altisonantes e intentos de agresión. "Hay que lincharlos, hay que lincharlos", dicen algunas voces, por la indignación.
Al final los sujetos se alejan. Las mujeres lloran su rabia, los golpes y la pérdida de su producto de cuyas ventas sólo sacan para medio comer. Nadie se acuerda que esta situación ya ha sido denunciada ante el Cabildo municipal y se tomó el acuerdo de respetar los lugares tradicionales de las vendedoras, ¿a quién importa?
El presidente municipal interino, Esteban de Esesarte, y los concejales están más interesados en distribuirse los bonos, hacer cuentas sobre su aguinaldo, apoyar a sus candidatos, visitar las ciudades hermanas, aparecer en los medios de comunicación diciendo las mentiras de siempre. Finalmente para eso los pusieron en ese lugar y no para solucionar los problemas de la ciudadanía.
Los derechos humanos y el
gobernadorismo autoritario
VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ (IISUABJO)
Con bombo y platillo, el Congreso del Estado, a través de Rito Salinas, el mismo que pidió que, mediante la fuerza pública, los maestros fueran desalojados del Zócalo el año pasado, hoy anuncia que se ha reformado el artículo 114 de la constitución para crear la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos que sustituirá a la tan deslegitimada Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El tema de los derechos humanos se colocó en uno de los primeros lugares de la agenda pública del estado y el país justamente por los excesos verbales y escritos de la actual legislatura y la miopía política de Jorge Franco y Ulises Ruiz quienes, el 14 de junio del 2006, quisieron resolver un problema laboral mediante el uso de la fuerza pública, dando origen con ello a una de la mayores crisis políticas en el estado.
La visita apenas el mes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su presidente Florentín Fernández a Oaxaca, es una muestra de la gravedad que la violación de los derechos humanos ha tenido en nuestro estado, el caso mas reciente de Emeterio Cruz es paradigmático.
La utilización de la fuerza pública y la creación de grupos paramilitares llevó a extremos nunca visto en la afectación de los derechos humanos en Oaxaca, en ello coinciden no solo los grupos de derechos humanos existentes en el estado, sino distintos organismos nacionales e internacionales que han realizado investigación e informes sobre la situación en nuestra entidad, aunque, en su visión esquizofrénica, el gobierno del estado, con la complicidad de la Secretaria de Gobernación, no la quieran ver y por ende, reconocer. Es entendible pues son los directos responsables de dichas violaciones.
El último informe de fecha 1 de agosto del 2007 presentado por la delegación de Latin American Studies Association (LASA por sus siglas), así lo confirma. Este documento se viene a sumar, entre otros, al de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional.
Todos estos informes concluyen entre otras muchas cosas que hubo exceso de fuerza contra el paro y plantón de los maestros de la sección 22 el 14 de junio del 2006; que los poderes públicos en Oaxaca no solo no han garantizado suficientemente los derechos y libertades de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, movilización, sino que se ha atentado sistemáticamente contra ellos; que se han dado homicidios por razones políticas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos ilegales, tortura, intimidación, amenazas, separación involuntaria del empleo (sobre la base de creencias o afiliaciones políticas), exilio de personas , etc., etc.
En el informe de LASA, que fue presentado en su último congreso celebrado en Canadá este mes de septiembre del 2007, la comisión que vino a Oaxaca en el mes de junio, además de agregar su voz a otras que han denunciado los abusos del poder en Oaxaca, concluye, en relación a lo que fue parte de su misión investigar que : “el principal hallazgo de la delegación enviada, es que la represión, violaciones y en general la atmósfera general de amenazas se extiende contra investigadores, maestros, trabajadores culturales e intelectuales asociados con universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales, e instituciones similares”.
Por ello, LASA, de la que forman parte mas de 6 mil investigadores en toda América Latina y los Estado Unidos, expresa su rechazo a las amenazas, intimidación o castigo a los académicos que han hecho uso de su libertad de investigación y expresión y se declara en alerta a la seguridad personal de estos.
Asimismo, llama a las autoridades estatales y federales a respetar las leyes mexicanas y los acuerdos internacionales que protegen la vida, el debido proceso legal y las libertades de pensamiento, reunión y expresión.
La faramalla de la actual legislatura que encabeza Rito Salinas es poco creible mientras en los hechos no se vea una reforma del estado de fondo que ponga límites al “gobernadorismo autoritario”, al régimen que hoy día envuelve y permea a todas las instituciones en Oaxaca.
El “gobernadorismo autoritario”, como hemos dicho, es personalista, se centra en el gobernador; se funda más en el temor que en el consenso; en el ejercicio discrecional de la ley más que en un real estado de derecho; en el uso patrimonial del poder y los recursos públicos y no en una concepción republicana en la que éstos son de todos y no del gobernante; prefiere el ocultamiento y manipulación de la información pública por lo que es reactivo a la rendición de cuentas, a la libertad de prensa y a la transparencia.
Este régimen tiende al control y a la manipulación clientelar del ciudadano más que a su participación informada, libre, organizada; su visión de la sociedad es maniquea; su actuación es parcial más que neutral, o se goza de sus favores o se sufre de sus aversiones; lo tienta más la represión y la venganza que la justicia, el recurso de la fuerza más que la utilización del diálogo, la conciliación y el acuerdo; es egocentrista más que pluralista; el déspota que corona el vértice de la pirámide usa el poder para su beneficio más que para el de los gobernados.
En el “gobernadorismo autoritario”, los otros poderes del estado, el legislativo y judicial y el resto de las instituciones públicas, están sometidas al gobernador, como seguramente lo estará la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos a pesar de la supuesta autonomía que le dicen dar, si no, al tiempo.
Preguntas: ¿Cuándo habrá responsables de los crímenes cometidos?; ¿Cuándo se creará el fideicomiso para sus viudas y sus huérfanos?; ¿Cuándo se darán garantías para los exiliados y las exiliadas?; ¿cuando saldrán de la cárcel los presos políticos?; ¿Qué atención se dará a las victimas de la tortura?. Ahí están algunas de las primeras preguntas a la Comisión y el gobierno. ¡Hechos, no palabras!
El abuso origina la intervención de comerciantes, vecinos y transeúntes de La Merced, quienes quisieron linchar a los funcionarios municipales
LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
En un verdadero acto de brutalidad y autoritarismo, cinco inspectores municipales arremetieron ayer a golpes en contra de humildes vendedoras de tortillas, que se ubican en la explanada del mercado Democracia, mejor conocido como La Merced.
La cobarde agresión estuvo a punto de ocasionar un zafarrancho mayor, cuando locatarios, automovilistas y transeúntes salieron en defensa de las señoras, una de las cuales fue aventada desde la escalinata del acceso al mercado, por la calle de Leandro Valle, hacia la explanada.
"¡No sean hijos de la chingada, no les peguen a las mujeres!", exigían los testigos a los funcionarios municipales, que justificaban su acción afirmando que sólo cumplían las órdenes del presidente municipal, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira.
En el intento de arrebatar sus productos a las mujeres, los inspectores provocaron que decenas de tortillas, tamales y tacos quedaran esparcidos en la plancha de cemento.
LA CELADA
Desde las 13:30 horas, los cinco sujetos arriban a la explanada del mercado Democracia, por el crucero que forman las calles de Leandro Valle y Murgía. Bajo la sombra de un árbol, esperaran pacientes la llegada de las mujeres procedentes del municipio de Tlalixtac de Cabrera, entre llamadas telefónicas, charlas e intercambio de información por radios de banda civil, pues no es la primera vez que se aprestan a realizan el mismo trabajo, ya que tienen 15 días impidiendo la venta de tortillas en ese lugar.
Media horas después, cuatro señoras morenas, con mandiles cuadriculados y sus tenates de palma sobre la cabeza, aparecen por la Calzada de la República, cruzan la calle y se instalan en el acceso al mercado para expender sus productos.
Pero apenas colocan los cajones de madera que les sirven de banco, los funcionarios municipales les exigen introducirse al interior del inmueble. "¡Ya saben que no pueden vender aquí!, ¡métanse, métanse!", exigen en tono autoritario, jaloneando los tenates.
Seguros de la impunidad que gozan, se atreven incluso a ordenar a los compradores que no adquieran las tortillas en la explanada del mercado. "¡No puede comprar aquí!, ¡compre allá adentro o váyase!". Mentras las mujeres insisten vehementes: ¿blandas o tlayudas?
EL ADMINISTRADOR
El intercambio de reproches es intenso. Las vendedoras argumentan que en el interior del mercado no tienen ventas, ya que desde hace más de 12 años se instalan en esa zona. "Además no vendemos drogas o algo malo, sólo vendemos tortillas para poder subsistir".
En los mismos interviene el administrador del mercado, Jorge Ruiz Canseco, quien pretende justificar la intervención de los inspectores municipales, con el argumento de que se hizo un estudio y se comprobó que existe una "competencia desleal" entre las vendedoras de tortillas en el exterior y las del interior del centro comercial.
Los sujetos en tanto realizan llamadas por su teléfono celular, intercambian comentarios, en espera de la orden que les permita actuar.
"No se por qué hace todo esto si sólo es un rato el que ellas vienen a vender, en qué le afecta al presidente municipal", expresa con tristeza una anciana al presenciar el bochornoso espectáculo.
En tanto, otro hombre de edad que llega montado sobre su bicicleta increpa al inspector que le impide comprar las tortillas. "Yo compro mis tortillas a quien quiera, falta más".
LA BRUTALIDAD
El administrador insiste en su argumento. De pronto, los cinco sujetos se lanzan sobre los tenates de tortilla e inician una pelea cuerpo a cuerpo con las mujeres para decomisarles las tortillas.
Sin ninguna consideración, los hombres tiran codazos, matonean, fintan con lanzar patadas ante los gritos y llantos de las señoras, que poco pueden hacer ante la brutal agresión.
Un sujeto gordo, joven, arrebata una canasta de carrizo a una de las mujeres y en su intento por huir desparrama las tortillas tlayudas en el piso; otro más, arrastra literalmente a Virginia Luján Manuel hasta las escaleras de acceso, aferrada a su tenate de tortillas.
Después, ya con el producto de la vendedora en sus manos, lanza un fuerte empellón a Luján Manuel que la hace rodar por las escaleras y llegar hasta la explanada girando sobre su propio cuerpo. Indefensas, las mujeres gritas, lloran, claman ayuda.
La deshumana acción provoca que locatarios, transeúntes y conductores de vehículos que pasan por el lugar, reclamen a los funcionarios municipales su proceder con palabras altisonantes e intentos de agresión. "Hay que lincharlos, hay que lincharlos", dicen algunas voces, por la indignación.
Al final los sujetos se alejan. Las mujeres lloran su rabia, los golpes y la pérdida de su producto de cuyas ventas sólo sacan para medio comer. Nadie se acuerda que esta situación ya ha sido denunciada ante el Cabildo municipal y se tomó el acuerdo de respetar los lugares tradicionales de las vendedoras, ¿a quién importa?
El presidente municipal interino, Esteban de Esesarte, y los concejales están más interesados en distribuirse los bonos, hacer cuentas sobre su aguinaldo, apoyar a sus candidatos, visitar las ciudades hermanas, aparecer en los medios de comunicación diciendo las mentiras de siempre. Finalmente para eso los pusieron en ese lugar y no para solucionar los problemas de la ciudadanía.
Los derechos humanos y el
gobernadorismo autoritario
VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ (IISUABJO)
Con bombo y platillo, el Congreso del Estado, a través de Rito Salinas, el mismo que pidió que, mediante la fuerza pública, los maestros fueran desalojados del Zócalo el año pasado, hoy anuncia que se ha reformado el artículo 114 de la constitución para crear la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos que sustituirá a la tan deslegitimada Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El tema de los derechos humanos se colocó en uno de los primeros lugares de la agenda pública del estado y el país justamente por los excesos verbales y escritos de la actual legislatura y la miopía política de Jorge Franco y Ulises Ruiz quienes, el 14 de junio del 2006, quisieron resolver un problema laboral mediante el uso de la fuerza pública, dando origen con ello a una de la mayores crisis políticas en el estado.
La visita apenas el mes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su presidente Florentín Fernández a Oaxaca, es una muestra de la gravedad que la violación de los derechos humanos ha tenido en nuestro estado, el caso mas reciente de Emeterio Cruz es paradigmático.
La utilización de la fuerza pública y la creación de grupos paramilitares llevó a extremos nunca visto en la afectación de los derechos humanos en Oaxaca, en ello coinciden no solo los grupos de derechos humanos existentes en el estado, sino distintos organismos nacionales e internacionales que han realizado investigación e informes sobre la situación en nuestra entidad, aunque, en su visión esquizofrénica, el gobierno del estado, con la complicidad de la Secretaria de Gobernación, no la quieran ver y por ende, reconocer. Es entendible pues son los directos responsables de dichas violaciones.
El último informe de fecha 1 de agosto del 2007 presentado por la delegación de Latin American Studies Association (LASA por sus siglas), así lo confirma. Este documento se viene a sumar, entre otros, al de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional.
Todos estos informes concluyen entre otras muchas cosas que hubo exceso de fuerza contra el paro y plantón de los maestros de la sección 22 el 14 de junio del 2006; que los poderes públicos en Oaxaca no solo no han garantizado suficientemente los derechos y libertades de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, movilización, sino que se ha atentado sistemáticamente contra ellos; que se han dado homicidios por razones políticas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos ilegales, tortura, intimidación, amenazas, separación involuntaria del empleo (sobre la base de creencias o afiliaciones políticas), exilio de personas , etc., etc.
En el informe de LASA, que fue presentado en su último congreso celebrado en Canadá este mes de septiembre del 2007, la comisión que vino a Oaxaca en el mes de junio, además de agregar su voz a otras que han denunciado los abusos del poder en Oaxaca, concluye, en relación a lo que fue parte de su misión investigar que : “el principal hallazgo de la delegación enviada, es que la represión, violaciones y en general la atmósfera general de amenazas se extiende contra investigadores, maestros, trabajadores culturales e intelectuales asociados con universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales, e instituciones similares”.
Por ello, LASA, de la que forman parte mas de 6 mil investigadores en toda América Latina y los Estado Unidos, expresa su rechazo a las amenazas, intimidación o castigo a los académicos que han hecho uso de su libertad de investigación y expresión y se declara en alerta a la seguridad personal de estos.
Asimismo, llama a las autoridades estatales y federales a respetar las leyes mexicanas y los acuerdos internacionales que protegen la vida, el debido proceso legal y las libertades de pensamiento, reunión y expresión.
La faramalla de la actual legislatura que encabeza Rito Salinas es poco creible mientras en los hechos no se vea una reforma del estado de fondo que ponga límites al “gobernadorismo autoritario”, al régimen que hoy día envuelve y permea a todas las instituciones en Oaxaca.
El “gobernadorismo autoritario”, como hemos dicho, es personalista, se centra en el gobernador; se funda más en el temor que en el consenso; en el ejercicio discrecional de la ley más que en un real estado de derecho; en el uso patrimonial del poder y los recursos públicos y no en una concepción republicana en la que éstos son de todos y no del gobernante; prefiere el ocultamiento y manipulación de la información pública por lo que es reactivo a la rendición de cuentas, a la libertad de prensa y a la transparencia.
Este régimen tiende al control y a la manipulación clientelar del ciudadano más que a su participación informada, libre, organizada; su visión de la sociedad es maniquea; su actuación es parcial más que neutral, o se goza de sus favores o se sufre de sus aversiones; lo tienta más la represión y la venganza que la justicia, el recurso de la fuerza más que la utilización del diálogo, la conciliación y el acuerdo; es egocentrista más que pluralista; el déspota que corona el vértice de la pirámide usa el poder para su beneficio más que para el de los gobernados.
En el “gobernadorismo autoritario”, los otros poderes del estado, el legislativo y judicial y el resto de las instituciones públicas, están sometidas al gobernador, como seguramente lo estará la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos a pesar de la supuesta autonomía que le dicen dar, si no, al tiempo.
Preguntas: ¿Cuándo habrá responsables de los crímenes cometidos?; ¿Cuándo se creará el fideicomiso para sus viudas y sus huérfanos?; ¿Cuándo se darán garantías para los exiliados y las exiliadas?; ¿cuando saldrán de la cárcel los presos políticos?; ¿Qué atención se dará a las victimas de la tortura?. Ahí están algunas de las primeras preguntas a la Comisión y el gobierno. ¡Hechos, no palabras!
