44 millones 700 mil mexicanos viven en la pobreza, reconoce Sedesol
de la redacción
México, D.F., 27 de septiembre (apro).- Beatriz Závala Peniche, secretaria de Desarrollo Social, reconoció hoy ante legisladores de todos los partidos que existen 44 millones 700 mil mexicanos que viven en situación de pobreza, es decir, casi la mitad de la población total del país.

Además, reveló que de ellos 14 millones 400 mil enfrentan la pobreza más lacerante: la alimentaria.

Ante tan desolador panorama, Zavala se comprometió a garantizar la aplicación de un programa de abasto de alimentos mediante la red de Diconsa, para proteger la economía de las familias más pobres del país.

Incluso, comprometió su disposición para un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo, con el fin de que, al menos cuatro millones 300 mil mexicanos, dejen de padecer hambre.

Subrayó que detrás de las cifras está “el dolor evitable de mexicanos con nombre, rostro y una historia personal, mujeres y niñas explotadas; personas obligadas a abandonar sus hogares para buscar un destino mejor más allá de nuestras fronteras; indígenas condenados a vivir 20 ó 30 años menos que un habitante de la ciudad”.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del primer Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, Závala Peniche respaldó las medidas del Ejecutivo federal para diferir el aumento en el precio de los combustibles y frenar el alza de productos básicos, en apoyo de los más pobres.

Sostuvo que la dependencia a su cargo redoblará esfuerzos para abastecer de alimentos de primera necesidad a los grupos más marginados del país, conforme a los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La funcionaria dijo que el propósito es que Oportunidades llegue a más familias que lo necesitan, para entregar leche vitaminada a los niños de las poblaciones rurales más apartadas e incorporar a las mujeres a los beneficios de los programas sociales, y así poder construir un país con igualdad de oportunidades.

Señaló que dos de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria, se ubican en las zonas rurales donde, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y 40 por ciento de la población elabora sus propias tortillas.

Indicó que, en ese marco, la labor de Diconsa ha sido fundamental para la estabilización de los precios de ese alimento básico, garantizando el precio de 3.50 pesos para el kilo de maíz y de cinco pesos para el de harina de maíz.

Zavala convocó a los legisladores a un diálogo constructivo y un trabajo conjunto para vencer la desigualdad y la exclusión social de millones de mexicanos.

Explicó que, con el fin de beneficiar más a las cinco millones de familias inscritas en Oportunidades y que gastan más de 30 por ciento de sus ingresos en insumos de energía, a partir de este año se instrumentó el componente energético de ese programa.

Añadió que Oportunidades impacta de manera directa en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, porque el apoyo que se les entrega equivale a más de 14 por ciento del gasto en energéticos.

Además, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados por su iniciativa para impulsar el Programa de Adultos Mayores de 70 años en beneficio del sector, y en que a la fecha se han registrado a 828 mil 345 adultos mayores en el Programa 70 y Más, a quienes se les entrega mil pesos bimestrales retroactivos al mes de enero.

Anunció que, a fines de este año, se alcanzará la meta de cubrir a todos los adultos mayores de 70 años que viven en localidades de hasta dos mil 500 habitantes, como instruyó la Cámara de Diputados.

Grupos guerrilleros convocan a crear “frente común” para “recuperar a la patria”
isaín mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de septiembre (apro).- Cuatro grupos armados clandestinos “convocaron” a los movimientos sociales y guerrilleros de México a “articular esfuerzos”, con el propósito de crear un frente común que permita “recuperar la patria”, secuestrada –dijeron-- por una “minoría usurpadora derechista”.

Además, demandaron la presentación con vida de los dos presuntos líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde mayo pasado, Edmundo (Andrés) Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La convocatoria fue lanzada a través de un comunicado difundido por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º M) y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).

“Llamamos a todas las organizaciones políticas armadas a profundizar y extender el trabajo de organización, a fortalecer la autodefensa popular y a incrementar el número de sus efectivos militares, frente a la ofensiva de la ultraderecha y la escalada represiva gubernamental”, afirman en el comunicado.

Los grupos rebeldes uno de ellos encabezado por el comandante José Arturo, fundador del EPR, criticaron el sistema político mexicano y los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, al que llamaron “represor e ilegítimo”.

Señalaron que ante la “ofensiva del gran capital y de la minoría usurpadora derechista”, es necesario articular esfuerzos con base en coincidencias fundamentales, respecto a las metas y tareas políticas en el corto y mediano plazos.

Para esa articulación de esfuerzos en “este proceso liberador”, los cuatro grupos armados proponen:

--“Avanzar en la construcción y la articulación de un nuevo poder democrático y popular”.

--Combinar, desarrollar y generalizar “todas las formas de lucha, incluido el derecho a la autodefensa y a la resistencia armada, como un frente ante la obstrucción de las vías democráticas y la acción represiva que ha intensificado la minoría derechista, desde el gobierno federal”.

--Que “desde arriba y desde dentro de las instituciones republicanas, a fin de conquistar posiciones, dar lugar a un nuevo sistema de partidos verdaderamente democrático

--Reconstruir el mando político de abajo a arriba.

Los grupos clandestinos expusieron la necesidad de que surjan planes concretos de lucha en todo el país “que recojan y enarbolen el espíritu humanista, fraterno y libertario que animó a los independentistas, a los liberales antiimperialistas de la Reforma, y a los agraristas y sindicalistas de la Revolución. También que recuperen la raíz comunitaria y el ejemplo de dignidad de los pueblos indígenas, afromestizos y mestizos de nuestro país… que orienten el previsible desencadenamiento de la violencia revolucionaria de todo el pueblo, al ser nuevamente defraudada y reprimida la voluntad popular por el gobierno derechista usurpador”.

De igual forma, coincidieron con la propuesta del EZLN con “La Otra Campaña”, en la necesidad de constituir la plataforma que contribuya a superar la dispersión de las fuerzas de izquierda, “que posibilite la más amplia articulación de todos los movimientos sociales, antineoliberales y anticapitalistas, y que dé lugar a un nuevo pacto social entre todos los mexicanos, a fin de impulsar la realización de un nuevo proyecto de nación”.

Respaldo al EPR

En otra de parte de su comunicado, los grupos armados se solidarizaron con el Ejército Popular Revolucionario en su demanda de que sean presentados con vida los presuntos líderes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, capturados y desaparecidos, desde el 25 de mayo pasado.

Rechazaron “tajantemente la insidiosa versión” que ha deslizado el gobierno federal en los medios de comunicación, para hacer creer que la desaparición de los presuntos líderes del EPR fue producto de un "ajuste de cuentas" entre organizaciones revolucionarias armadas; y objetaron “las cínicas y cobardes declaraciones” del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, con las que pretende “reforzar” la versión del gobierno federal

Con estos cuatro grupos armados y el EZLN son ya cinco las organizaciones armadas que empiezan a confluir en un solo camino: la presentación con vida de los desaparecidos y la organización social y ciudadana.


La reforma electoral, un hecho; suman 17 los congresos que la han aprobado
Las modificaciones son trascendentes para la vida democrática de México, dicen legisladores
De los corresponsales
Los congresos de Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit y Chiapas avalaron este jueves la minuta de reformas en materia electoral, con lo cual sumaron 17 las legislaturas que la aprobaron, completándose el número necesario para su promulgación. En días pasados la habían aprobado el estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Durango, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Colima y Jalisco.
Después de la medianoche, el Congreso de Chiapas aprobó por mayoría la reforma. En Tuxtla Gutiérrez, 26 legisladores votaron a favor y 12 en contra. Dos diputados no asistieron.
En sesión extraordinaria, el Congreso de Nuevo León documentó los votos en favor de la reforma emitidos por 38 legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), así como abstenciones de las legisladoras de Nueva Alianza (Panal), Blanca Nelly Sandoval Adame y María Dolores Leal Cantú.
Horas antes, los nueve integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la legislatura nuevoleonesa aprobaron el dictamen por unanimidad, luego de que por cinco votos contra cuatro se rechazó una propuesta del tricolor para que al texto de reforma constitucional se le añadiera un exhorto para que, en la legislación reglamentaria, el Congreso de la Unión busque evitar que las modificaciones vulneren a la soberanía de los estados, el pacto federal y el derecho a la libertad de expresión.
La legislatura de Chihuahua también aprobó la reforma electoral, en periodo extraordinario. Las fracciones de PRI, PAN y PRD consideraron que las enmiendas a la Constitución son más trascendentes para la vida democrática de México que la reforma electoral de 1997.
El periodo extraordinario del Congreso chihuahuense incluyó como primer punto del orden del día la aprobación de la reforma electoral, antes de que la 61 Legislatura concluyera funciones el día 30. Previamente, el dirigente estatal del Panal, Ricardo Yáñez, advirtió que con la nueva composición de la Cámara de Diputados local, a partir del primero de octubre, su bancada votaría en contra de las enmiendas a la Carta Magna.
Con 32 votos a favor y cuatro en contra –dos del Partido Verde Ecolgista de México (PVEM), uno de Convergencia y otro del PRI–, el Congreso de Guerrero aprobó el dictamen relativo a la reforma electoral emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Poder Legislativo local.
El secretario de la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso guerrerense, José Luis Ramírez Mendoza, dio lectura al dictamen, el cual fue impugnado por el diputado priísta Fermín Alvarado Arroyo, quien acusó a los tres integrantes de dicha comisión de redactar la resolución “a escondidas”, pues a él no lo citaron a la reunión.
La legislatura de Baja California Sur aprobó con 17 votos a favor y dos en contra –de los diputados Octavio Reséndiz Cornejo, de Convergencia, y la independiente Blanca Guluarte Guluarte– la minuta de modificaciones constitucionales, que fue incluida de última hora en la sesión del jueves.
La discusión en tribuna se limitó a la participación de los diputados Octavio Reséndiz y Georgina Hernández –coordinadora de la fracción del PRD– para fijar sus posturas en contra y a favor, respectivamente.
El Congreso de Michoacán aprobó la reforma electoral con 30 votos a favor y un voto del PVEM en contra. Nueve legisladores locales, dos del PAN y siete del PRI, no estuvieron presentes por atender “un asunto de presupuesto y cuenta pública”.
El diputado priísta Eugenio Torres Moreno consideró que la reforma electoral constituye un paso decisivo para avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia en el país. No obstante, lamentó que las legislaturas estatales sólo puedan votar a favor o en contra, en lo general, sobre modificaciones constitucionales, sin posibilidad de proponer cambios al dictamen.
La Cámara de Diputados de Nayarit aprobó las reformas a la ley electoral realizadas por el Congreso de la Unión, con 26 votos a favor y la abstención de la legisladora perredista Grisela Villa Santacruz. Los diputados priístas Juan Manuel Rocha y Oscar Zermeño, así como Everardo Leyva, del PT, se reportaron enfermos.
La diputada del sol azteca señaló que la reforma sólo toma en cuenta a los partidos políticos “y dejó fuera a los ciudadanos”, aunque corrillos locales manejaron que la posición de Villa tuvo que ver con su relación con el grupo político del empresario y ex gobernador Antonio Echevarría Domínguez, propietario, entre otras cosas, de dos empresas radiodifusoras.
Durante el sexenio de Echevarría Domínguez (1999-2005), Villa Santacruz fue conductora del canal televisivo del gobierno del estado. Antes fue encargada de noticieros de Televisa Nayarit.
(David Carrizales, Miroslava Breach, Sergio Ocampo, Raymundo León, Ernesto Martínez, Jesús Narváez y Ángeles Mariscal)