Sus promesas de inversión en el estado, preocupantes: PRI
Godoy exige a Calderón sacar las manos de comicios en Michoacán
Antonio Aguilera y Tamara Sosa (La Jornada Michoacán)
La Mira, Lázaro Cárdenas, 7 de octubre. Ante la “evidente intervención” del presidente Felipe Calderón en favor de los candidatos del PAN en pleno proceso electoral en Michoacán, Leonel Godoy Rangel, abanderado de PRD-PT-Convergencia y Partido Alternativa al gobierno del estado, exigió al Ejecutivo federal que “respete y no enturbie el proceso electoral” y deje de hacer campaña en favor del candidato de la derecha, Salvador López Orduña.
Por su parte, el candidato del PRI al gobierno, Jesús Reyna García, advirtió que las promesas de grandes inversiones en la entidad que Calderón hizo la víspera “enrarecen el clima electoral”, por lo que exigió al Presidente no entrometerse en los comicios en el estado y ajustarse a una agenda oficial, sin tintes electorales, en las visitas que realice.
En lo que sí estuvo de acuerdo el abanderado fue en el planteamiento que hizo Calderón de reforzar la presencia policiaca y militar, pues por el momento es la única alternativa que se tiene para combatir el crimen organizado, comentó.
Después de que Calderón Hinojosa dijo el sábado en Morelia que con sus programas “a Michoacán le va a ir bien”, usando el lema de campaña del panista López Orduña, el candidato de izquierda dijo que resulta “preocupante” que el Presidente venga a presentar programas federales y promover obras.
Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente de la corriente Nueva Izquierda que acompañó a Godoy, comentó que igual que en 2006, cuando el ex presidente Vicente Fox se metió de lleno al proceso electoral para promover a quien ahora lo sucede en Los Pinos, ahora Calderón Hinojosa actuó más como militante que como funcionario público y vino a presentar programas a sólo 36 días de las elecciones.

Coalición del PRD se perfila para ganar la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez
El PREP le da el triunfo en 10 distritos, 9 al PRI y 5 al PAN
Ángeles Mariscal y Elio Henriquez (Corresponsales)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. Con 63 por ciento de los votos computados, Jaime Valls Hernández, candidato de la coalición Por el Bien de Chiapas (PRD, Verde Ecologista, PT y Convergencia), se perfiló la noche del domingo como ganador de la alcaldía de esta capital, gobernada por el PRI.
Respecto al Congreso local, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) otorgaba el triunfo en 10 de los 24 distritos a alianzas encabezadas por el PRD, nueve al PRI y cinco al PAN.
Según el PREP, el hijo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls, y amigo del gobernador Juan Sabines llevaba 33 mil 810 sufragios contra 30 mil 497 de su más cercano perseguidor, Ballardo Robles Riqué, del PRI.
La encuestadora Parametría dio a conocer los resultados de una encuesta de salida que realizó en 50 secciones, que representan 30 por ciento del total. Sostuvo que Jaime Valls obtuvo 48 por ciento de los sufragios; Ballardo, 35 por ciento, y César Serrano, del Partido Acción Nacional, 15 por ciento.
Avance priísta en Tapachula
En Tapachula, segunda ciudad en importancia de Chiapas, gobernada por una coalición PAN-PRD-PT-Convergencia, el tricolor se mantenía arriba con 13 mil votos, contra 11 mil 548 del PAN.
El PRI, en alianza con el Verde, también tenía ventaja en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con 9 mil 26 votos, contra 6 mil 149 del PRD.
Actualmente el PRI gobierna 52 municipios; coaliciones formadas por PAN, PRD, PT y Convergencia, 28; el PRD, 14; el PAN 11; PRD-PVEM cuatro; el PVEM cuatro; el PT tres, y Convergencia dos.
El abstencionismo fue de 40 por ciento.
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Documentan 150 denuncias penales por presuntos delitos electorales; al menos 22 detenidos por actos ilícitos en el contexto del proceso
Ángeles Mariscal, Elio Henriquez y Rodolfo Villalba Corresponsales
La jornada para renovar las 118 presidencias municipales y el Congreso de Chiapas fue, según autoridades, de “incidentes menores”, si bien incluyó la muerte de ocho militantes del PAN en un accidente, una emboscada contra militantes del PRD, la detención de al menos 22 personas relacionadas con diversos ilícitos efectuados en el contexto del proceso, y 150 denuncias por delitos electorales.
El titular de la Fiscalía Electoral del Estado, Julio César Fernández Hernández, dijo que de acuerdo con acusaciones que presentaron institutos políticos, “el voto se cotizó entre 100, 200 y hasta mil pesos”. Comentó que documentó 150 denuncias penales por la presunta comisión de delitos electorales, y procedieron 61.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) reportó que en los municipios de Reforma, Simojovel, El Bosque, La Grandeza, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Chamula, Pijijiapan y Mitontic, entre otros, se reforzó la vigilancia policiaca ante posibles enfrentamientos entre distintos grupos políticos, así como amenazas de quema y robo de urnas electorales, una vez cerradas las casillas.
El proceso comenzó no oficialmente a las 6 de la madrugada en Venustiano Carranza, el principal foco rojo de la entidad, con una marcha de ciudadanos que partieron de la cabecera municipal vestidos de blanco y emitieron un “llamado a la paz” en esta región, donde durante las campañas electorales hubo dos atentados contra el candidato a la alcaldía por la coalición PRD-PT-Convergencia, José Bernardino Magdaleno Velasco.
Horas después, personas identificadas como integrantes del equipo de campaña del candidato del PAN a la alcaldía, Amín Coutiño, dispararon contra miembros del equipo del PRD, que iban en la camioneta placas DNM40-26 y el coche compacto placas DNF50-14; no hubo heridos. En el lugar de la agresión, ubicado en el barrio El Calvario, se recogieron 13 cartuchos percutidos de un arma calibre 9 milímetros.
Por la balacera policías de seguridad pública detuvieron a seis personas en posesión de dos pistolas y un rifle AK-47 cuerno de chivo, y las trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, para evitar que simpatizantes del candidato panista intentaran rescatarlas.
Durante toda la jornada electoral en el municipio de Carranza, simpatizantes del PAN y de la coalición encabezada por el PRD aplicaron operativos de vigilancia contra sus contrincantes, mientras unos 250 policías estatales resguardaron la zona.
En el municipio de Escuintla, en la zona Costa del estado, ocho militantes panistas murieron y seis más resultaron heridos de gravedad, al volcarse la camioneta en que viajaban cuando regresaban de una reunión en una comunidad serrana, informó Carlos Palomeque Archila, representante del blanquiazul en ante el IEE.
Víctor Manuel Méndez Sarmiento, dirigente estatal del PAN, señaló que el accidente automovilístico ocurrió luego de que esas personas participaron en la “liberación de un grupo de panistas que permanecían retenidos por perredistas” en el poblado El Triunfo.
En el accidente perecieron Alfredo Rodríguez Meza, Elvira Puom Martínez, Noemí Zúñiga, su hija Noemí Pilar Gómez Zúñiga (de 12 años), Cristobalina Ramos, María de los Ángeles Vera Ramos (de 14), Hernán Casanova y Bulmaro Morales Gutiérrez, quien conducía la camioneta y murió en un hospital la madrugada del domingo.
Méndez Sarmiento añadió que los heridos –varios de gravedad– fueron internados en hospitales de Tapachula y de Escuintla. Informó que el accidente fue provocado por una falla en los frenos de la camioneta en la que viajaban los panistas, la cual chocó contra un poste y una barda, en una bajada pronunciada. “Era una camionetita y transportaba mucha gente; fue un accidente imprudencial”, señaló.
En el municipio de Maravilla Tenejapa, simpatizantes del PRI retuvieron durante varias horas y golpearon a los agentes del Instituto Nacional de Migración Justino Aguilar y Carlos Alberto Bodegas, quienes ingresaron al lugar para vigilar la franja fronteriza a fin de evitar que guatemaltecos que tienen credencial de elector se introdujeran a territorio mexicano para votar.
En San Juan Chamula, uno de los municipios más monitoreados debido a que estaba considerado foco rojo, sólo se reportaron incidentes menores.
La policía estatal detuvo a Catarino Ancheita en San Cristóbal de Las Casas, cuando presuntamente repartía despensas para apoyar al candidato del PAN a la alcaldía, Juan José Román, así como a Sergio Lobato, abanderado a la diputación correspondiente por la alianza entre PRI y Verde Ecologista de México.
En el municipio La Grandeza, Ignacio Vázquez, hijo del síndico municipal Abel Vázquez Santizo, fue detenido por intentar asesinar a tiros al joven de 16 años Elizender Pérez Escobar, a quien disparó en la pierna izquierda, presumiblemente por distribuir víveres para inducir el voto en favor del PRI.

El calderonazo
Más con el ánimo de detener una campaña mediática en contra suya y de su gobierno que de resolver un problema de la economía real, el presidente Felipe Calderón decidió el miércoles 26 de septiembre no sólo posponer la entrada en vigor de los aumentos a las gasolinas y el diesel –previstos para el primer día de este mes, según lo acordó el Congreso como parte de la recientemente aprobada reforma fiscal–, sino congelar, en lo que resta del año, los precios de algunos de esos combustibles, además de los del gas licuado y de la electricidad de uso doméstico. Desde hace dos sexenios, los precios de los productos petrolíferos registran un alza promedio de entre dos y cinco centavos cada mes, señala el número 1614 de Proceso.

En efecto, apenas fue aprobada por el Senado de la República la reforma electoral, que despojará a concesionarios de radio y televisión de buena parte de las jugosas ganancias que obtienen de su relación con los partidos políticos, Felipe Calderón fue ubicado en el centro de furibundos ataques de las principales radiodifusoras y televisoras del país. Todo, bajo la lógica de que nada se mueve sin la autorización del jefe del Ejecutivo. Era, pues, el responsable de que se aprobara la reforma electoral, que difícilmente van a digerir y aceptar los concesionarios.

Así, después de que la Cámara de Diputados aprobó aumentos mínimos a las gasolinas y el diesel –muy inferiores a los que se habían venido dando en los dos sexenios anteriores–, el presidente Calderón decidió congelarlos, no con fines económicos, sino políticos: detener la campaña que en su contra emprendieron los medios electrónicos tras la reforma electoral, magnificando los efectos del “gasolinazo”.

Pero desde un punto de vista estrictamente económico, la postergación de los aumentos –calificada de “irresponsable” por los analistas– no reportará necesariamente los beneficios que se supone acarrearán, señala el reportaje que aparece en el número 1614 de Proceso.

Los negocios de la familia de Miguel de la Madrid en Colima
pedro zamora briseño
Colima, Col., 8 de octubre (apro).- Involucrados en proyectos del ramo turístico que prometían trastocarse en jugosos negocios en el puerto de Manzanillo, al menos tres familiares del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado vieron derrumbarse sus planes en los últimos años, debido al incumplimiento de contratos por parte de sus propias empresas.

Es el caso de los proyectos Puerto Santiago de la Laguna y de la terminal de cruceros que, frente al abandono de las compañías contratadas, fueron retomados por el gobierno estatal, su principal promotor.

Sobre el primer proyecto, la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago SA, encabezada por Luis Cordero Tapia --cuñado de De la Madrid Hurtado--, no cumplió con el pago de más de 5 millones de dólares al gobierno del estado por el costo de un terreno en la laguna de Juluapan, por lo que le fue rescindido el contrato y tuvo que entregar una parte del inmueble.

A su vez, Carlos Alberto Raphael de la Madrid y Federico Luis de la Madrid Cordero --sobrino e hijo del expresidente-- participaron como socios de una de las empresas responsables de construir la terminal de cruceros de Manzanillo, pero el retraso de las obras propició que el gobierno de Colima les retirase la concesión del proyecto.

Por esos antecedentes Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago SA, que mantiene vivo el proyecto de Puerto Santiago de la Laguna, se convirtió en una paraestatal dirigida por Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, secretario de Fomento Económico bajo el sexenio de Fernando Moreno Peña.

Así mismo, después del fracaso de la familia De la Madrid, el 12 de septiembre pasado el mandatario Silverio Cavazos Ceballos anunció que la terminal de cruceros será construida principalmente con inversiones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (Apiman) y el gobierno del estado.

El megaproyecto Puerto Santiago de la Laguna tiene su origen hace más de 20 años, cuando en 1986, todavía en el sexenio de Miguel de la Madrid, fue promovido por la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, cuyo consejo de administración era presidido por Luis Cordero, cuñado del entonces presidente de la República.

La empresa, que se había constituido dos años antes como parte del grupo Marhnos, no pagó al gobierno de Colima, en un plazo de diez años, los 9 millones de dólares en que había sido valuado un terreno de 90 hectáreas sobre el que pretendía construir el emporio turístico, en una superficie ganada a la Laguna de Juluapan.

Ese terreno había sido desincorporado del gobierno federal en favor del estatal bajo la condición de que lo vendiera a Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago en 9 millones 524 mil 945 dólares, que serían pagados a plazos.

El proyecto original consideraba la construcción de una marina para 500 embarcaciones y dos clubes de yates; lotes hoteleros para mil 204 cuartos; áreas para 2 mil 310 unidades condominales y 920 lotes residenciales; también, campo de golf, club de tenis, club hípico, restaurantes, así como diversos centros cívicos, culturales, de servicios y comerciales.

Sin embargo, todavía en 1998 la empresa adeudaba más de 5 millones de dólares por el valor del terreno, lo que generó una serie de críticas en el Congreso local.

El escándalo obligó al gobierno estatal a presionar con la reversión del contrato, pero luego de varios años de negociaciones, en 2002 la empresa saldó su deuda al ceder a las autoridades estatales 56% de la superficie y la mayoría de sus acciones.

Empresarios de Monterrey

Y aunque desde entonces el gobierno estatal anunció que promovería el proyecto por su cuenta con la invitación a diversos inversionistas, hasta ahora no se han iniciado las obras.

El 23 de mayo de 2005, cuando Silverio Cavazos aún no cumplía tres semanas de haber arribado a la gubernatura, empresarios de Monterrey vinculados con el grupo Marhnos le ‘vendieron’ el proyecto al mandatario como un detonador del puerto de Manzanillo en materia turística y económica.

El empresario Carlos Aedo explicó que además de la construcción de una marina, el proyecto preveía desarrollar hoteles, lotes residenciales y condominios.

Al respecto, el abogado Everardo Alanís Alanís refirió que este desarrollo podría llevar de 15 a 20 años, "pero al comenzar automáticamente se genera toda una afluencia de capitales y de ideas que van a poner a Manzanillo, a escala nacional e internacional, en el mapa turístico".

Según los empresarios, estaba planeado iniciar los trabajos en septiembre de 2005, pues el gobernador los estaba apoyando en la agilización de los trámites y permisos para el inicio de la marina y demás obras de infraestructura.

Sin embargo, fue hasta principios de agosto de 2006 cuando Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago presentó ante la Semarnat la manifestación de impacto ambiental (MIA) con el fin de conseguir el permiso para el inicio de las obras.

Según el estudio, el proyecto considera una inversión de 809 millones 789 mil 158 pesos, divididos en 251 millones 861 mil 400 pesos para la primera etapa y 557 millones 927 mil 758 pesos para la segunda.

Pero después de dos meses y medio de haber recibido la MIA, la dependencia federal negó a la empresa la autorización del proyecto, bajo el argumento de que incumplió con los requerimientos de las leyes ambientales.

No obstante, la empresa quedó en libertad de empezar nuevamente el procedimiento administrativo ante la Semarnat, aunque hasta agosto de este año todavía no reiniciaba los trámites.

En relación con la terminal de cruceros, el 23 de julio de 2003 el gobierno de Colima otorgó la concesión del muelle a la constructora Tradeco Infraestructura SA, y alrededor del proyecto se conformaron además las empresas Concesionaria Manzanillo SA y Desarrolladora Puerto de Manzanillo SA.

El consejo de administración de esta última era presidido por Carlos Alberto Raphael de la Madrid, mientras que entre sus vocales se encuentra Federico Luis de la Madrid Cordero, sobrino e hijo del expresidente, respectivamente.

El 30 de enero de 2004, frente al entonces presidente Vicente Fox, y el entonces gobernador Gustavo Vázquez Montes, fue presentado el proyecto de construcción de la terminal de cruceros de Manzanillo, con la participación del gobierno estatal y varias empresas, con una inversión anunciada de 350 millones de pesos y una generación prevista de 500 empleos directos y 3 mil indirectos.

Durante la presentación, Carlos Alberto Raphael de la Madrid, aseguró que en diez meses serían concluidos los trabajos, e invitó desde ese momento al presidente Fox a acudir a la inauguración a finales de ese año. La tarde de ese mismo día inició la demolición de las instalaciones del viejo muelle fiscal, sitio donde se ubicaría la terminal.

Sin embargo, cuando había transcurrido la mitad del plazo establecido en el contrato, los trabajos permanecían paralizados. La empresa adujo entonces que el buque Blue Moon, hundido en ese lugar, le impedía proseguir los trabajos, mientras que empezaron a surgir versiones de que en realidad se encontraba descapitalizada y no tenía capacidad económica para cumplir el compromiso.

La terminal de cruceros incluía la construcción de una plaza comercial de 18 mil metros cuadrados, que sería destinada a zona comercial, de oficinas y áreas de entretenimiento, así como un estacionamiento de 266 cajones en tres niveles, y una marina de uso público con todos los servicios de tecnología en dos etapas de 142 posiciones.

Frente al incumplimiento, el gobierno de Gustavo Vázquez inició el proceso legal para el retiro de la concesión a la empresa de Carlos Alberto Raphael de la Madrid y Federico Luis de la Madrid Cordero.

Y tras una serie de pláticas, un año después del “banderazo” dado por Fox, el 19 de febrero de 2005 gobierno y empresa acordaron la disolución del contrato y el lanzamiento de una nueva licitación, en la que, según se dijo entonces, las empresas vinculadas a los De la Madrid tendrían la oportunidad de concursar nuevamente.

La rescisión de ese contrato fue acordada por el gobernador Gustavo Vázquez apenas cinco días antes de su muerte, ocurrida cuando el avión del gobierno estatal en que viajaba con seis personas más se estrelló en un paraje de Michoacán el 24 de febrero de 2005.

Y luego de la llegada de Silverio Cavazos a la gubernatura ya no hubo licitación de la obra.

A mediados de septiembre pasado, a dos años y medio del inicio de su administración, el mandatario anunció formalmente que la terminal de cruceros será construida con recursos de la API de Manzanillo y el gobierno estatal, con una inversión inicial de 120 millones de pesos.

El anuncio fue realizado por el mandatario en compañía del director de la API, José Luis Iberri Martínez, y ahí Cavazos manifestó que después de un largo proceso se logró concretar en un plan de vinculación estrecha y de coordinación obras que fortalecerán la vocación turística del puerto.

Reconoció que si bien Manzanillo ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es el desarrollo portuario de carga contenerizada y en general, donde ocupa el primer lugar, el puerto se venía rezagando en la captación de más cruceros, debido a que no tenía instalaciones adecuadas.

De acuerdo con el proyecto, este año la API invertirá 30 millones de pesos en la reparación del muelle fiscal y, para marzo de 2008, se encuentra programada la aplicación de 40 millones más para la ampliación del muelle turístico, lo que haría posible, si no ocurre nada fuera de lo previsto, que en octubre de 2008 Manzanillo cuente ya con una terminal de cruceros.

En lo que se refiere a la obra del centro comercial, Silverio Cavazos indicó que su gobierno está en posibilidad de hacer una inversión directa, o bien de otorgar la concesión a un particular para que la desarrolle.

Mientras tanto, Federico Luis de la Madrid Cordero, quien fuera socio de una de las empresas involucradas en el fallido proyecto, labora actualmente en el gobierno federal panista.

El 1 de febrero de 2007 fue nombrado temporalmente director de Dictaminación y Concertación del la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), por un periodo de seis meses que concluyó el 31 de julio de este año.

Ahora, De la Madrid Cordero continúa en el puesto gracias a una prórroga de cuatro meses, que concluirá el 30 de noviembre próximo, en tanto la dependencia realiza el nombramiento definitivo conforme a las bases del servicio civil de carrera.