Lunes, 22 de octubre de 2007
Analizar? la SCJN la constitucionalidad de la ley del ISR por amparos de Coca Cola, Cemex y otras
Jes?s Aranda
El Servicio de Administraci?n Tributaria (SAT) de la Secretar?a de Hacienda y Cr?dito P?blico, no est? en posibilidad de rastrear fiscalmente a todas las empresas nacionales y extranjeras que env?an dinero a ?para?sos fiscales? con el fin de reducir el pago de impuestos. Ante esta situaci?n, el Congreso reform? en 2004 la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para obligar a las empresas y personas f?sicas que env?an sus ganancias al exterior a pagar al gobierno mexicano el impuesto correspondiente, cuando la renta a sus ingresos en un tercer pa?s sea inferior a 75 por ciento del tributo que pagar?a en M?xico.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) analizar? la constitucionalidad de estas disposiciones, al revisar los amparos interpuestos por Cementos Mexicanos (Cemex), Televisa, Coca Cola Mexicana, Intermex, y Visi?n Integral Empresarial, entre otras compa??as nacionales y extranjeras que impugnan la constitucionalidad de los art?culos 212, 213 y 214 de la Ley del ISR, los cuales regulan los ?reg?menes fiscales preferentes?, que es como el SAT se refiere a los para?sos fiscales.
Son millones de d?lares los que est?n en juego por el pago de este impuesto, y funcionarios de la Corte comentaron que prefer?an no poner atenci?n en las cifras contendidas en los expedientes, para no prejuzgar el criterio jur?dico que debe prevalecer. Los ministros de la primera sala de la Corte crearon una comisi?n de secretarios de Estudio y Cuenta que se aboc? al estudio del tema.
Trascendi? que no hay unanimidad entre los cinco ministros de la primera sala (Jos? Ram?n Coss?o D?az, Olga S?nchez Cordero, Juan N. Silva Meza, Jos? de Jes?s Gudi?o Pelayo y Sergio Valls Hern?ndez), y que por ello la Comisi?n redact? dos proyectos de dictamen.
Uno declara la constitucionalidad de los art?culos referidos, con base en la reciente decisi?n de la misma sala, la cual neg? el amparo en revisi?n (224/2007) a Pepsicola Mexicana en contra del art?culo 213 de la Ley del ISR, con el argumento de que ?la legislaci?n mexicana ha marcado como finalidad de dichas medidas (el uso de para?sos fiscales) regular mecanismos para combatir las pr?cticas de competencia fiscal nocivas, as? como el combate a la posibilidad de manipular la base de tributaci?n, mediante el uso de veh?culos jur?dicos que aprovechen los beneficios inherentes a la inversi?n en reg?menes fiscales preferentes?.
Se sabe que pesa en el ?nimo de los ministros el hecho de que en estos amparos que revisar?n est?n en juego millones de d?lares, que podr?an ser utilizados en el pa?s para atender las crecientes demandas de la poblaci?n, a?n cuando existe una razonable duda sobre la constitucionalidad de los art?culos.
En el asunto de Pepsi Cola, los ministros concluyeron que ?la finalidad de desalentar las inversiones en para?sos fiscales, es v?lida desde el punto de vista constitucional?.
El proyecto de dictamen plantea la inconstitucionalidad de los tres art?culos impugnados en algunos de sus p?rrafos.

Aerom?xico, rematada
Le?n Bendesky
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La privatizaci?n de las l?neas a?reas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la naci?n, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acab? de manera atropellada. Ese rasgo parece ser t?pico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en m?s de una d?cada, tras su creaci?n para sustituir al fallido Fobaproa.
No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacci?n de Aerom?xico, sin generar discusi?n y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatizaci?n era la norma cuando se hac?an en la opacidad del viejo r?gimen pol?tico controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia pr?cticamente completa de rendici?n de cuentas.
La sospecha en el quehacer p?blico no ha desaparecido en el contexto de la transici?n democr?tica y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz p?blica y con transparencia. Este ?ltimo es un t?rmino muy socorrido entre los pol?ticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido pr?ctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. ?nicamente pueden sostenerse en los hechos y ah? a?n son muchas las limitaciones. Pero s?lo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todav?a muy escaso en esta sociedad.
Habr? muchos aspectos t?cnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operaci?n del IPAB est? supeditada a los criterios e influencia de la Secretar?a de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ah? se hace. Vaya, el IPAB est? hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho est? ah? para revisarla.
El de Aerom?xico es el caso m?s reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 a?os de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democr?tica que se quiere instaurar en M?xico. Advi?rtase el calificativo de democr?tico, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transici?n pol?tica.
Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos p?blicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los t?rminos de la operaci?n indican que la situaci?n financiera de la empresa era bastante mala, pues hab?a acumulado grandes p?rdidas. Pero quienes la administraron estos a?os y su principal due?o (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aerom?xico.
La transacci?n se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operaci?n financiera. No se sabe a las claras cu?l es la pol?tica estatal de gesti?n de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperaci?n del valor de los activos, o sea, cu?nto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes p?blicos. ?C?mo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.
Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatizaci?n estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretar?a de Comunicaciones y Transportes, que s?lo valid? la venta una vez realizada y afirm? que con ella mejorar? el servicio, por supuesto sin decir c?mo es que eso ocurrir?.
Nadie sabe si en esa dependencia hay alg?n criterio para orientar a la industria aeron?utica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la econom?a. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participaci?n y los criterios aplicados en este caso por la Comisi?n de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una pol?tica para la aviaci?n en M?xico.
En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noci?n particular a las funciones del Estado y los criterios de la pol?tica p?blica. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producci?n, del crecimiento y de la distribuci?n del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez m?s dif?cil cambiar el modo en que funciona la econom?a mexicana y superar su estancamiento cr?nico.
La venta de Aerom?xico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parec?a que todo deb?a hacerse rapidito para que resultara como se hab?a planeado. ?Por qu? se filtr? la supuesta molestia del gobernador del Banco de M?xico por el curso de la subasta? ?Ser? casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?
No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gesti?n p?blica, ?sta no es la granja de los animales orwelliana. S?lo reconozcamos lo que tenemos enfrente. Tambi?n aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos p?blicos.


El Ej?rcito en la mira de la OEA
jorge carrasco araizaga
M?xico, D.F., (apro).- El presidente de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jos? Luis Soberanes, sali? a celebrar que la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena) haya aceptado las cuatro recomendaciones que le hizo por recientes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

El ombudsman se deshizo en halagos para el Ej?rcito por el mero hecho de haber dado por recibidas las recomendaciones que la CNDH emiti? por las violaciones a la dignidad humana cometidas por efectivos militares en Coahuila, Michoac?n y Sinaloa.

Se trat? de un anuncio m?s para el consumo interno en la intensa propaganda del actual gobierno en favor de su gran aliado.

El mismo d?a en que Soberanes se congratul? por la decisi?n de la Sedena, en Washington, en la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se venc?a el plazo para que el Estado mexicano respondiera al informe y a las recomendaciones que el organismo internacional le hizo en agosto pasado para resolver la desaparici?n forzada del luchador social Rosendo Radilla, en 1974.

Detenido por el Ej?rcito en Guerrero durante la llamada guerra sucia, Radilla desapareci? del Campo Militar N?mero Uno en el DF, a donde hab?a sido trasladado desde Atoyac, donde simpatizaba con los movimientos de Lucio Caba?as y Genaro V?zquez.

En los pr?ximos d?as se sabr? si el Estado mexicano solicit? y obtuvo una pr?rroga para satisfacer las recomendaciones, que pasan por el esclarecimiento de lo ocurrido, la aplicaci?n de justicia contra los militares responsables y la reparaci?n del da?o.

Si en m?s de tres d?cadas el Estado mexicano no ha cumplido, es dif?cil que el gobierno de Calder?n lo haga en los escasos meses que le pudieran dar de ampliaci?n, a la luz del cerrojo que le puso a la fiscal?a para la guerra sucia y, sobre todo, por su gran alianza con el Ej?rcito.

De no cumplir con las recomendaciones, el caso pasar? a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que ser?a la primera vez en que el Estado mexicano sea sometido a esa jurisdicci?n interamericana, y a causa de violaciones de los derechos humanos.

El precedente tendr?a un enorme impacto en las otras v?ctimas de la represi?n ejercida por el Estado mexicano en los a?os sesenta, setenta y entrados los ochenta.

Pero no es el ?nico caso por el que el Ej?rcito Mexicano se encuentra en la mira de la CIDH. Actualmente se tramita una acusaci?n por la violaci?n de dos ind?genas de Tlapa, tambi?n en Guerrero, cometidas por militares. El caso lleg? a la Comisi?n Interamericana por la falta de justicia en el pa?s.

Adem?s, la CIDH sigue la manera en que el Ej?rcito har? frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos de sus elementos en Michoac?n y Sinaloa, como resultado del despliegue ordenado por Felipe Calder?n para combatir el narcotr?fico.

Soberanes sabe lo que est? ocurriendo en Washington. Por eso, por lo menos, resultan desmedidos sus elogios al Ej?rcito, del que dijo que con la aceptaci?n de las recomendaciones ?genera una s?lida confianza en la ciudadan?a? en materia de derechos humanos.

El problema no es que la Sedena acepte los informes del organismo, sino que en todos los casos se haga justicia; lo que es casi imposible debido a que son los propios militares los que se investigan.

Debido a un anacronismo autoritario, en M?xico el fuero militar prevalece sobre el civil en los casos en que alg?n elemento de las Fuerzas Armadas se vea involucrado en hechos relacionado con poblaci?n civil.

El propio Soberanes es defensor de ese predominio del fuero militar porque ?dice? as? lo establece el art?culo 13 de la Constituci?n.

Hijo ?l mismo de militar, falta a la raz?n de ser de su cargo por el que se le paga con dinero p?blico, pues como aut?ntico defensor de los derechos humanos tendr?a que promover la remoci?n de todas las ataduras legales y de hecho que durante d?cadas han protegido a los militares cuando se trata de abusos contra la poblaci?n civil. (19 de octubre de 2007)
Publicado por solaripa69 @ 9:18
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