Analizará la SCJN la constitucionalidad de la ley del ISR por amparos de Coca Cola, Cemex y otras
Jesús Aranda
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no está en posibilidad de rastrear fiscalmente a todas las empresas nacionales y extranjeras que envían dinero a “paraísos fiscales” con el fin de reducir el pago de impuestos. Ante esta situación, el Congreso reformó en 2004 la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para obligar a las empresas y personas físicas que envían sus ganancias al exterior a pagar al gobierno mexicano el impuesto correspondiente, cuando la renta a sus ingresos en un tercer país sea inferior a 75 por ciento del tributo que pagaría en México.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de estas disposiciones, al revisar los amparos interpuestos por Cementos Mexicanos (Cemex), Televisa, Coca Cola Mexicana, Intermex, y Visión Integral Empresarial, entre otras compañías nacionales y extranjeras que impugnan la constitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley del ISR, los cuales regulan los “regímenes fiscales preferentes”, que es como el SAT se refiere a los paraísos fiscales.
Son millones de dólares los que están en juego por el pago de este impuesto, y funcionarios de la Corte comentaron que preferían no poner atención en las cifras contendidas en los expedientes, para no prejuzgar el criterio jurídico que debe prevalecer. Los ministros de la primera sala de la Corte crearon una comisión de secretarios de Estudio y Cuenta que se abocó al estudio del tema.
Trascendió que no hay unanimidad entre los cinco ministros de la primera sala (José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls Hernández), y que por ello la Comisión redactó dos proyectos de dictamen.
Uno declara la constitucionalidad de los artículos referidos, con base en la reciente decisión de la misma sala, la cual negó el amparo en revisión (224/2007) a Pepsicola Mexicana en contra del artículo 213 de la Ley del ISR, con el argumento de que “la legislación mexicana ha marcado como finalidad de dichas medidas (el uso de paraísos fiscales) regular mecanismos para combatir las prácticas de competencia fiscal nocivas, así como el combate a la posibilidad de manipular la base de tributación, mediante el uso de vehículos jurídicos que aprovechen los beneficios inherentes a la inversión en regímenes fiscales preferentes”.
Se sabe que pesa en el ánimo de los ministros el hecho de que en estos amparos que revisarán están en juego millones de dólares, que podrían ser utilizados en el país para atender las crecientes demandas de la población, aún cuando existe una razonable duda sobre la constitucionalidad de los artículos.
En el asunto de Pepsi Cola, los ministros concluyeron que “la finalidad de desalentar las inversiones en paraísos fiscales, es válida desde el punto de vista constitucional”.
El proyecto de dictamen plantea la inconstitucionalidad de los tres artículos impugnados en algunos de sus párrafos.

Aeroméxico, rematada
León Bendesky
leon@jornada.com.mx
La privatización de las líneas aéreas que quedaron entre los activos del IPAB, es decir, de la nación, luego de la crisis financiera de fines de 1994 acabó de manera atropellada. Ese rasgo parece ser típico de las operaciones para vender los activos nacionales en ese organismo en más de una década, tras su creación para sustituir al fallido Fobaproa.
No ha podido el IPAB ni tampoco el gobierno federal hacer la transacción de Aeroméxico, sin generar discusión y suspicacias. La sospecha sobre las operaciones de privatización era la norma cuando se hacían en la opacidad del viejo régimen político controlado por el PRI, regido por la discrecionalidad del ejercicio del poder y la ausencia prácticamente completa de rendición de cuentas.
La sospecha en el quehacer público no ha desaparecido en el contexto de la transición democrática y de los gobiernos del PAN, cuando se supone que parte del cambio es actuar a la luz pública y con transparencia. Este último es un término muy socorrido entre los políticos y funcionarios de la alta burocracia, pero su sentido práctico no puede sustentarse en las declaraciones que hagan, por firmes y solemnes que parezcan. Únicamente pueden sostenerse en los hechos y ahí aún son muchas las limitaciones. Pero sólo con hechos puede generarse la confianza, que es un bien todavía muy escaso en esta sociedad.
Habrá muchos aspectos técnicos involucrados en la venta de los activos de todo tipo que pasaron a ser propiedad estatal con aquella crisis. Para ello hay leyes y reglas, aunque la operación del IPAB está supeditada a los criterios e influencia de la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente determina lo que ahí se hace. Vaya, el IPAB está hecho a modo para que las cosas salgan como se quiere. La historia del instituto y de las transacciones que se han hecho está ahí para revisarla.
El de Aeroméxico es el caso más reciente de esas transacciones de compra-venta a 13 años de distancia de la crisis. Pero de nueva cuenta se exhibe la debilidad de la institucionalidad democrática que se quiere instaurar en México. Adviértase el calificativo de democrático, necesario para distinguirlo del anterior orden institucional de tipo autoritario, como se pretende en el marco de la transición política.
Se trata de la venta de un bien nacional y por lo tanto de recursos públicos: activos y pasivos que pasan por el fisco. Los términos de la operación indican que la situación financiera de la empresa era bastante mala, pues había acumulado grandes pérdidas. Pero quienes la administraron estos años y su principal dueño (el gobierno federal a nombre de la sociedad) no dieron cuenta de las cuentas de Aeroméxico.
La transacción se ha hecho en el terreno de la bolsa de valores como si fuese un negocio privado, una simple operación financiera. No se sabe a las claras cuál es la política estatal de gestión de los bienes nacionales, si es que existe; no hay un recuento de la tasa de recuperación del valor de los activos, o sea, cuánto ha ganado o perdido el gobierno administrando los distintos tipos de bienes públicos. ¿Cómo evaluar a los responsables del IPAB?, entre los que hay funcionarios gubernamentales y vocales supuestamente independientes. En esto sigue habiendo opacidad, lo que da lugar a la sempiterna sospecha.
Es notorio, asimismo, que en el manejo de esta privatización estuvo ausente la cabeza del sector dentro del gobierno, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que sólo validó la venta una vez realizada y afirmó que con ella mejorará el servicio, por supuesto sin decir cómo es que eso ocurrirá.
Nadie sabe si en esa dependencia hay algún criterio para orientar a la industria aeronáutica y redefinir la estructura de esta actividad clave para la competitividad de la economía. No parece que la haya. No fue clara tampoco la participación y los criterios aplicados en este caso por la Comisión de Competencia, que da repetidas muestras de falta de la misma. Puede afirmarse a la luz de los hechos que no hay una política para la aviación en México.
En el gobierno persiste una postura gerencial ligada muy de cerca a los intereses privados, lo que confiere una noción particular a las funciones del Estado y los criterios de la política pública. Esto tiene costos inmediatos y que se extienden en el tiempo, pues redefinen constantemente los patrones de la producción, del crecimiento y de la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese contexto es cada vez más difícil cambiar el modo en que funciona la economía mexicana y superar su estancamiento crónico.
La venta de Aeroméxico bajo la forma de subasta fue apresurada, al final hubo falta de claridad, parecía que todo debía hacerse rapidito para que resultara como se había planeado. ¿Por qué se filtró la supuesta molestia del gobernador del Banco de México por el curso de la subasta? ¿Será casual que se adjudicara la empresa el consorcio liderado por Banamex y otros inversionistas?
No se trata de alcanzar la unanimidad en los criterios de la gestión pública, ésta no es la granja de los animales orwelliana. Sólo reconozcamos lo que tenemos enfrente. También aceptemos aquello de lo que carecemos: un sistema eficiente de pesos y contrapesos en asuntos públicos.


El Ejército en la mira de la OEA
jorge carrasco araizaga
México, D.F., (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, salió a celebrar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya aceptado las cuatro recomendaciones que le hizo por recientes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

El ombudsman se deshizo en halagos para el Ejército por el mero hecho de haber dado por recibidas las recomendaciones que la CNDH emitió por las violaciones a la dignidad humana cometidas por efectivos militares en Coahuila, Michoacán y Sinaloa.

Se trató de un anuncio más para el consumo interno en la intensa propaganda del actual gobierno en favor de su gran aliado.

El mismo día en que Soberanes se congratuló por la decisión de la Sedena, en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se vencía el plazo para que el Estado mexicano respondiera al informe y a las recomendaciones que el organismo internacional le hizo en agosto pasado para resolver la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en 1974.

Detenido por el Ejército en Guerrero durante la llamada guerra sucia, Radilla desapareció del Campo Militar Número Uno en el DF, a donde había sido trasladado desde Atoyac, donde simpatizaba con los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

En los próximos días se sabrá si el Estado mexicano solicitó y obtuvo una prórroga para satisfacer las recomendaciones, que pasan por el esclarecimiento de lo ocurrido, la aplicación de justicia contra los militares responsables y la reparación del daño.

Si en más de tres décadas el Estado mexicano no ha cumplido, es difícil que el gobierno de Calderón lo haga en los escasos meses que le pudieran dar de ampliación, a la luz del cerrojo que le puso a la fiscalía para la guerra sucia y, sobre todo, por su gran alianza con el Ejército.

De no cumplir con las recomendaciones, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que sería la primera vez en que el Estado mexicano sea sometido a esa jurisdicción interamericana, y a causa de violaciones de los derechos humanos.

El precedente tendría un enorme impacto en las otras víctimas de la represión ejercida por el Estado mexicano en los años sesenta, setenta y entrados los ochenta.

Pero no es el único caso por el que el Ejército Mexicano se encuentra en la mira de la CIDH. Actualmente se tramita una acusación por la violación de dos indígenas de Tlapa, también en Guerrero, cometidas por militares. El caso llegó a la Comisión Interamericana por la falta de justicia en el país.

Además, la CIDH sigue la manera en que el Ejército hará frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos de sus elementos en Michoacán y Sinaloa, como resultado del despliegue ordenado por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico.

Soberanes sabe lo que está ocurriendo en Washington. Por eso, por lo menos, resultan desmedidos sus elogios al Ejército, del que dijo que con la aceptación de las recomendaciones “genera una sólida confianza en la ciudadanía” en materia de derechos humanos.

El problema no es que la Sedena acepte los informes del organismo, sino que en todos los casos se haga justicia; lo que es casi imposible debido a que son los propios militares los que se investigan.

Debido a un anacronismo autoritario, en México el fuero militar prevalece sobre el civil en los casos en que algún elemento de las Fuerzas Armadas se vea involucrado en hechos relacionado con población civil.

El propio Soberanes es defensor de ese predominio del fuero militar porque –dice– así lo establece el artículo 13 de la Constitución.

Hijo él mismo de militar, falta a la razón de ser de su cargo por el que se le paga con dinero público, pues como auténtico defensor de los derechos humanos tendría que promover la remoción de todas las ataduras legales y de hecho que durante décadas han protegido a los militares cuando se trata de abusos contra la población civil. (19 de octubre de 2007)