Mi?rcoles, 24 de octubre de 2007
Tribunal popular exige ?castigo a criminales de lesa humanidad?
Enrique Pe?a, Mario Mar?n y Ulises Ruiz, acusados
Javier Salinas Ces?reo (Corresponsal)
San Salvador Atenco, Mex., 21 de octubre. La Audiencia del Juicio Popular Nacional, en el que participaron decenas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y campesinas, exigi? que los ?criminales de lesa humanidad?, como los gobernadores de los estados de M?xico, Oaxaca y Puebla, Enrique Pe?a Nieto, Ulises Ruiz y Mario Mar?n, respectivamente, as? como el ex presidente Vicente Fox, dejen de tener la protecci?n del poder y puedan ser enjuiciados penalmente y castigados.
En el ?ltimo d?a de trabajos celebrados en la explanada de San Salvador Atenco, las organizaciones hicieron un pronunciamiento por la libertad de los presos pol?ticos y la presentaci?n de los desaparecidos. El ?tribunal popular? escuch? durante dos d?as decenas de denuncias de represi?n y desaparici?n de luchadores sociales, y concluy? que se deben redoblar esfuerzos entre las organizaciones para enfrentar la embestida gubernamental.
Se quejaron de que los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se burlan de los esfuerzos que se han hecho para enjuiciarlos y castigarlos.
Juan de Dios Hern?ndez, integrante del tribunal popular, se?al? que ejemplos hay muchos: ?Mario Mar?n (gobernador de Puebla) sigue despachando a pesar de las numerosas evidencias de su complicidad con las bandas del crimen organizado vinculadas con la pederastia. Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) sigue reprimiendo al pueblo sin importar los m?s de 25 asesinatos que se le imputan, y Enrique Pe?a Nieto (gobernador del estado de M?xico) promueve su candidatura para la Presidencia en 2012 al tiempo que ordena al Poder Judicial violar las leyes para mantener en prisi?n a los luchadores sociales de Atenco?.
El ex general Francisco Gallardo, quien forma parte de la ?procuradur?a popular?, se?al? que la militarizaci?n de las estructuras del gobierno de Felipe Calder?n Hinojosa y de seguridad p?blica se deben a una gran embestida que se est? dando en contra de la poblaci?n civil para criminalizar la protesta social.
?Quieren inhibir la protesta social en virtud de que los poderes econ?micos, mediante las pol?ticas neoliberales, se quieren apropiar de nuestros recursos energ?ticos. Y no me refiero s?lo al petr?leo, agua, a la biodiversidad o a la tierra, sino a la fuerza de trabajo que representan los mexicanos?. Esta situaci?n se debe a que buscan aplicar una pol?tica que es impuesta desde la Casa Blanca y el Pent?gono, en donde ?les queda a ellos como recurso ?ltimo utilizar la fuerza armada para instrumentar los programas de car?cter econ?mico?, sostuvo.
Maria Trinidad Ram?rez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, denunci? que su esposo fue condenado a 67 a?os de c?rcel, que hace un a?o cinco meses que est? encarcelado en el penal del Altiplano y que hasta el momento las autoridades no han permitido que lo visite.
?Me han puesto muchas trabas, muchos pretextos, como el que no estaba anotada para visitas o que no tra?a un documento, entre otras cuestiones?, dijo.
Trinidad Ram?rez ley? un mensaje de Ignacio del Valle y otro de su hija, Am?rica del Valle.
?En caso de que el gobierno comience de nuevo con sus pretensiones ?de construir un nuevo aeropuerto en Atenco?, estemos listos. S? que su postura es firme, pero la vida nos indica que nos tenemos que preparar?, se?ala la carta.


Contrainsurgencia intelectual a modo

Gilberto L?pez y Rivas
La Jornada

La publicaci?n de la primera parte de un texto de H?ctor Aguilar Cam?n ??Regreso a Acteal? (Nexos, octubre de 2007)?, que motiv? una reacci?n de Luis Hern?ndez Navarro en las p?ginas de nuestro peri?dico (?El retorno de Galio Berm?dez?, La Jornada, 9/10/07), as? como intercambios epistolares en El Correo Ilustrado al respecto con un ex miembro de la Liga 23 de Septiembre que devino en empleado de la Secretar?a de Gobernaci?n, obligan a una definici?n de quienes ocupamos cargos de representaci?n popular en el momento en que se cometi? ese crimen de lesa humanidad.

Como presidente en turno de la Comisi?n de Concordia y Pacificaci?n (Cocopa), y con la asesor?a de la abogada Digna Ochoa, present? el 30 de abril de 1999 una demanda en la Procuradur?a General de la Republica (PGR) acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales hab?a perpetrado la masacre de Acteal en diciembre de 1997.

En la demanda denuncie la puesta en pr?ctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Am?ricas, como el ex comandante de la s?ptima Regi?n Militar, Mario Ren?n Castillo. La demanda considera la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relaci?n directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano P?rez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declar? y admiti? ante la PGR ?que ex funcionarios y l?deres del PRI son responsables de contratar militares y polic?as para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades ind?genas de Chenalho?, pero agreg? una aclaraci?n significativa: ?es cierto que declar? en ese sentido, fue debido a que los elementos de la Polic?a Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hac?a me iban a desaparecer, adem?s todav?a era militar activo y ten?a que acatar las ?rdenes de un superior.? En la citada demanda estipulaba que ?los paramilitares son ahora la fuerza de contenci?n activa en Chiapas.

Mientras que el Ej?rcito se ha desplegado como una fuerza de contenci?n pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a l?deres agrarios y a obispos y sacerdotes de la di?cesis de San Crist?bal. La cooperaci?n de los militares y polic?as supondr?a la aplicaci?n de una t?ctica militar de contraguerrilla conocida como ?yunque y martillo?, la cual consiste en que el ej?rcito e instituciones policiacas adoptan la funci?n de fuerzas de contenci?n (yunque) y permiten realizar la funci?n de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.?

Los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organizaci?n, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque as? conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultaci?n del origen de esa violencia. Existen v?ctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ning?n gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque ser?a reconocer la paternidad de esas masacres y actos represivos.

Nunca se reconoci?, por ejemplo, la existencia de la Brigada Blanca, acaso la organizaci?n paramilitar clandestina m?s importante que cre? el gobierno mexicano para aniquilar a la guerrilla urbana entre 1976 y 1983. La Brigada Blanca tuvo su cuartel general en el Campo Militar N?mero Uno y fue dirigida por dos coroneles del Ej?rcito Mexicano. Era una organizaci?n policiaco-militar en la que participaban la Direcci?n Federal de Seguridad, la Divisi?n de Investigaciones para la Prevenci?n de la Delincuencia, la Polic?a Judicial Federal y la Polic?a Judicial Federal Militar. Fue responsable de la desaparici?n de cerca de 500 personas y de la muerte de la mayor?a de los integrantes de la guerrilla en ese periodo.

Ninguna muerte se investig?. Ning?n miembro de la Brigada Blanca fue arrestado en esos a?os o se?alado por el Estado como responsable de ning?n delito. Los halcones fueron uno de los primeros grupos paramilitares que se crearon por iniciativa de oficiales del Ej?rcito, adem?s de los militares que actuaron de civiles en el Batall?n Olimpia el 2 de octubre de 1968. Los integrantes del primero eran j?venes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltraci?n y destrucci?n del movimiento estudiantil. Est? plenamente documentado que este grupo fue creado por un coronel del Ej?rcito Mexicano, cuyos servicios fueron premiados despu?s con la impunidad y el ascenso militar. Ha sido documentado tambi?n que en su definici?n de misiones y coordinaci?n participaron autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal, la Secretar?a de Gobernaci?n y de la Defensa Nacional.

Junto con la demanda present? documentos probatorios o de sustentaci?n de la misma, dentro de los cuales estaba el Manual de guerra irregular, editado por la Sedena, en la que se denomina como ?personal civil? a los paramilitares bajo el mando castrense, as? como informes de la Secci?n Segunda del Ej?rcito (Inteligencia Militar) que probaban la infiltraci?n de ?sta en grupos de la sociedad civil chiapaneca y de la di?cesis de San Crist?bal. Obviamente la demanda no prosper? y la fiscal?a creada para investigar a los llamados eufem?sticamente por la PRG ?grupos de civiles presuntamente armados? desapareci? sin pena ni gloria. Ahora, Aguilar Cam?n y su defensor de oficio denominan a los paramilitares ?grupos civiles de autodefensa?, en lo que parece ser el encubrimiento intelectual de un crimen de Estado.
Publicado por solaripa69 @ 9:43
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