Investigadores y políticos dudan de las bondades de la Iniciativa Mérida
El dinero que ofrece Bush, una “limosna” que no servirá para combatir al narco, señalan
Legisladores del PRD exigirán al Ejecutivo federal explicación puntual del acuerdo

Alma Muñoz, Alfredo Méndez, Elizabeth Rodríguez, Gabriel León, Jesús Aranda y José Antonio Román
Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.
Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.
Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.
Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.
Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.
En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.
Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.
Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.
La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.
Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.
Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.
Surgen en EU dudas sobre la efectividad de la Iniciativa Mérida
“Con el Plan México el diablo estará en los detalles; soltar un programa de mil 400 mdd sobre nuestra puerta sin aviso previo hace más difícil construir un consenso”, se quejan representantes
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 23 de octubre. Al proclamar el anunciado paquete de cooperación en seguridad bilateral como “un nuevo paradigma”, arrancó aquí el debate sobre los méritos y dudas sobre lo que será el programa de asistencia exterior antidrogas de Estados Unidos más grande en casi una década.
“Con el Plan México, el diablo estará en los detalles, y hasta este punto los detalles son pocos”, declaró el senador demócrata Robert Menéndez. “Soltar un plan de mil 400 millones de dólares sobre nuestra puerta sin mucho aviso previo hace más difícil construir un consenso y elaborar políticas sanas”, advirtió, según informó el diario Los Angeles Times.
Otros demócratas también indicaron que examinarán a fondo la iniciativa. El representante federal Eliot Engel, presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, se quejó de que los legisladores no fueron consultados en la elaboración de este plan. “No es buena manera de lanzar un esfuerzo tan importante para combatir el incremento en el narcotráfico y la violencia en la región”, afirmó. Anunció que realizará una primera audiencia pública sobre la iniciativa el próximo jueves.
Aunque varios legisladores indicaron que se pronostica la aprobación eventual de este programa, varios intentarán enmendar algunos aspectos del mismo, sobre todo en asegurar que sea evaluado cada año, y otros podrían solicitar más medidas de control sobre el empleo de los fondos por parte de las autoridades mexicanas ante preocupaciones de corrupción que, según ellos, han sido endémicas en las fuerzas de seguridad pública del otro lado de la frontera.
La guerra, factor en contra
Fuentes legislativas han dicho a La Jornada que una de las razones por las que los demócratas desean demorarse en aprobar este proyecto de ley es para evitar que la precandidata presidencial y senadora Hillary Clinton se vea obligada a votar en favor de un incremento de fondos para la guerra de Bush antes de las elecciones primarias claves, a principios de febrero de 2008.
Que Calderón diga a qué se comprometió: legisladores
Mañana, la titular de la SRE deberá dar explicaciones a diputados
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
La canciller Patricia Espinosa comparecerá hoy ante senadores para explicar la Iniciativa Mérida, y mañana lo hará ante la Cámara de Diputados, luego de que ambas cámaras del Congreso decidieron convocarla de manera urgente para que detalle las obligaciones del gobierno de Felipe Calderón al recibir 500 millones de dólares que aportaría Estados Unidos al combate al narcotráfico en territorio nacional.
Los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia hacen notar que se enteraron a través de los medios de comunicación de la solicitud del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a su Congreso “para que se destinen a nuestro país 500 millones de dólares para el combate al narcotráfico”.
Por ello, “el Senado estima pertinente, necesaria y urgente la comparecencia en comisiones de la secretaria de Relaciones Exteriores”, a efecto de que informe sobre el alcance y contenidos de los acuerdos dados a conocer un día antes en Washington.
En San Lázaro, a propuesta del diputado del PRI José Murat, el pleno aprobó un punto de acuerdo para citar a Espinosa Cantellano y a un grupo de funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, así como del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a que comparezcan ante comisiones para explicar a qué se comprometió el presidente Calderón con Bush.
Además, a propuesta de los perredistas Cuauhtémoc Sandoval y José Alfonso Suárez del Real, la Junta de Coordinación Política analizará la constitución de un grupo plural de legisladores, al frente del cual estaría la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta Salgado, para que viaje a Washington a entrevistarse con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelossi.
“La lideresa demócrata de la Cámara no le quiere autorizar más fondos a Bush, y no lo hará para el Plan México si el Congreso mexicano no está de acuerdo o está dividido en torno a este tema”, resaltó Sandoval.
También en tribuna, José Murat dijo que con la denominada Iniciativa Mérida “parecen cristalizarse los riesgos de violación de la soberanía; el silencio del gobierno hace pensar que las cosas no andan bien en esa materia y detrás de este aparente acuerdo de colaboración puede haber algo más”.
Murat y otros legisladores advirtieron que el supuesto compromiso del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, en el sentido de que México contribuiría con 7 mil millones de dólares al combate el narcotráfico para corresponder a Estados Unidos, no es de ninguna manera automático.
“Que no se olvide, que quede claro: los únicos que pueden autorizar el presupuesto para cualquier proyecto son los diputados de esta Cámara. Los únicos que pueden ratificar acuerdos y convenios internacionales para que éstos tengan validez son los senadores de la República”, expresó Murat.
Mientras, en la Cámara de Senadores el coordinador del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, advirtió que en todo acuerdo con Estados Unidos “hay que ser muy claros” y cuidar puntos y comas “para no dejar cabos sueltos que vulneren la soberanía y la autodeterminación” del país.
Igualmente, el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, consideró necesario que los senadores conozcan todos los detalles de ese convenio de colaboración, sobre todo en lo que corresponde al respeto a la soberanía nacional y por eso citaron de inmediato a la canciller para abordar el tema a profundidad y que no genere ninguna duda o incertidumbre. Una de las preocupaciones, dijo, es por la posibilidad de que autoridades o policías de Estados Unidos intervengan en México.
Por separado, Navarrete consideró que la negociación debió hacerse en términos más equitativos. Es inadmisible, afirmó, que México comprometa 7 mil millones de dólares para los próximos tres años, frente a los mil 400 millones que habría de aportar Estados Unidos.
Reveló que la víspera la canciller se comunicó con cada uno de los coordinadores políticos para darles un primer avance del acuerdo con Estados Unidos, y lo mismo hizo el embajador Sarukhán, quien desde Washington llamó a los legisladores. En San Lázaro, sin embargo, el perredista Cuauhtémoc Sandoval Gutiérrez cuestionó que quien informara a los diputados del acuerdo fuera el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, a través de correos dirigidos desde su dirección electrónica en la legación. “Eso es grotesco e indigno”, afirmó.
El priísta Emilio Gamboa provocó desconcierto cuando afirmó que los “7 mil millones de dólares” a los que hizo referencia Sarukhán fueron solicitados por la Secretaría de la Defensa y aprobados en San Lázaro para incorporarlos a su presupuesto en los próximos tres años. Sin embargo, los diputados Sandoval y Suárez del Real explicaron que la Comisión de Defensa sólo avaló solicitar “7 mil millones, pero de pesos mexicanos”, para la compra de dos aviones Hércules, dos helicópteros y mil vehículos todo terreno Hummer, como parte de las necesidades de equipamiento para el Plan DN III.