Condenan diputados la “entrega de la soberanía” de México a EU
Una vergüenza, que el gobierno aceptara convertir el país en territorio de cazaterroristas
Lamenta el PRD la “debilidad discursiva” demostrada por la titular de Relaciones Exteriores
Roberto Garduño y Enrique Méndez

La aceptación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para convertir a México en territorio de cazaterroristas fue reprochada por diputados de PRD, PRI, PT, Convergencia y Nueva Alianza. “Es una vergüenza para el país la entrega implícita de la soberanía nacional a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos”, señalaron.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Héctor Larios, recalcó que la Cámara de Diputados es el único ente público encargado de aprobar el presupuesto anual, “y en esta Cámara no se asignarán esos recursos –dedicados a la llamada Iniciativa Mérida– porque ya quedó perfectamente claro que no es un compromiso por parte de México”
A su vez, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, lamentó la “debilidad discursiva de la funcionaria encargada de conducir la diplomacia mexicana” (la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa).
Grave, que los senadores no conozcan el documento
“Es un problema muy preocupante; no puede ser que al Congreso de la Unión, específicamente al Senado, que es el encargado de normar las relaciones internacionales del país, no se le den documentos. Eso sí es un asunto muy grave, porque no puede ser que se esté discutiendo en el vacío, y que nos digan que no pueden informar y que no pueden dar documentos, eso es inadmisible”.
Tratando de suavizar su discurso en torno a la postura de la canciller Espinosa Cantellano, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, insistió en llamar a comparecer a la funcionaria federal para que explique cuál sería el curso de “los 7 mil 500 millones de dólares” que se destinarían al combate del narcotráfico en la frontera con Estados Unidos.
“Los diputados no hemos definido cuándo vamos a aprobar (los recursos), si es que se toma la decisión, al Plan Mérida. Lo importante, y es lo que hoy los medios reflejan, es que la canciller dijo muy claramente que no habrá agentes de la DEA, de la CIA, ni marines en territorio nacional. Sabemos que no hay un documento y por eso vamos a pedir a la canciller que elabore uno para conocer los alcances del Plan Mérida.”
Por su parte, el diputado perredista Alfonso Suárez del Real manifestó alarma por el dicho de la funcionaria encargada de la política exterior. “Es una soez cesión de la soberanía, porque mediante ese gravísimo desliz, al que se sumó el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, se pone en riesgo la soberanía; esto implicaría que el gobierno de Felipe Calderón llamara a ambos funcionarios a comparecer y por dignidad los dos deberían poner sobre la mesa su renuncia”.
Marco Bernal, legislador del PRI, se sumó a la posición de Del Real al calificar el tema de muy grave, porque “la canciller Espinosa reconoce que nuestro país será el patio trasero para cazar terroristas. Ahora resulta que en México nos vamos a enterar de lo que es el Plan Mérida cuando se discuta en el Congreso” de Estados Unidos.
“Postura antiyanqui”
Joaquín Vela, del Partido del Trabajo, explicó que “la sociedad mexicana por naturaleza rechaza la posibilidad de establecer pactos o convenios con Estados Unidos. Hay una postura antiyanqui y las críticas a la secretaria Patricia Espinosa Cantellano son el fruto del descontento ante la posibilidad de una intervención directa de Estados Unidos en México para combatir narcotraficantes”.
Finalmente, Irma Piñeiro, diputada por el Panal, advirtió que el pueblo mexicano es muy sensible a cualquier insinuación de afectar el libre tránsito de las personas, sobre todo cuando año con año se incrementan el trato infrahumano a los migrantes el otro lado de la frontera.

Inconforma a magistrados que se intente darles “cursos” por la Iniciativa Mérida
“Nada más falta que nos capaciten para juzgar como terroristas a migrantes, guerrilleros y narcos”
Alfredo Méndez
Jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) están inconformes con el plan entre México y Estados Unidos que implicará una inyección de mil 400 millones de dólares para la adquisición de equipo sofisticado de combate al crimen organizado en nuestro país, ya que entre los propósitos de la llamada Iniciativa Mérida está el adiestramiento de impartidores de justicia en temas de delincuencia, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con juristas consultados por La Jornada, quienes solicitaron el anonimato, miembros del área de seguridad del gobierno calderonista han tenido reuniones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para indicarles que el agresivo programa binacional antinarco incluirá cursos destinados a los juzgadores.
Las reticencias y desconfianzas de algunos impartidores de justicia en este tema son por el hecho de quiénes serán los capacitadores de los jueces. Los funcionarios consultados consideran que si se trata de especialistas estadunidenses, lo más seguro es que pretendan enseñar métodos de “persecución del delito y sistemas de oralidad” que son propios del sistema judicial inglés, pero que tiene escasa relación con el derecho romano.
“Con estos cursos va, sin duda, una carga implícita que busca favorecer la reforma judicial calderonista e imponer los juicios orales en México”, indicó un magistrado unitario.
“Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas”, aseveró un juez de distrito.
“La distancia entre el sistema de justicia de los estadunidenses es totalmente lejana al que se aplica en tribunales mexicanos; querer aplicar una justicia alejada de los legajos de expedientes por volver más rápidos los juicios implica un error que costará mucho dinero al Estado y no necesariamente representará juicios más apegados a la ley”, refirió un juez en materia de amparo.
Asimismo, los impartidores de justicia coincidieron en señalar que el compromiso del gobierno de Felipe Calderón con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, es contribuir con un fondo económico importante para fortalecer en el año presupuestal 2008 las labores de impartición de justicia.
“Este acuerdo previo (entre Calderón y Ortiz Mayagoitia) nos preocupa porque va de por medio el hecho de que aceptemos ser adiestrados por fuerzas de seguridad externas al país, y porque no representa un eficaz modelo de mejora de justicia (el cambiar el sistema de justicia mediante expedientes por un sistema de oralidad)”, señaló otro de los jurisconsultos.
Lo criticable de este proyecto de cooperación bilateral entre ambos países –el segundo más ambicioso que establece Estados Unidos para combatir al narcotráfico después del Plan Colombia, firmado hace una década– es que el gobierno de George W. Bush es el que establecerá las condiciones torales, mientras que las autoridades mexicanas quedarán supeditadas, concluyeron.