Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas
La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista.
Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades
blanche petrich /I
En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.
Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.
Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.
Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.
En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.
La sentencia más alta
En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.
Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.
De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.
En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.
A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.
Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.
Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.
En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.
En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.
Zedillo, culpable de crímenes de lesa humanidad en Acteal, dice Raúl Vera
Gabriel León Zaragoza
El obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, afirmó que las ejecuciones en Acteal, Chiapas, contra la población tzotzil fueron crímenes de lesa humanidad, en los que, a 10 años de ocurridos, queda por esclarecer la responsabilidad del Estado mexicano, toda vez que “está más que comprobado” que hubo una guerra de baja intensidad, protagonizada por grupos paramilitares y auspiciada por el Ejército Mexicano, que “armó a la sociedad civil para atacar a la sociedad civil”.
El prelado recordó que existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta contra el Estado por la matanza de 45 indígenas de Acteal, y consideró que “se debe condenar al ex presidente (Ernesto) Zedillo por crímenes de lesa humanidad”.
En entrevista, afirmó que ya es tiempo de que “salga la verdad” sobre los hechos sangrientos de hace una década, y urgió al gobierno federal a aclarar la matanza, pero “no para engañar” ni para “lavar la cara al Ejército”, como sucedió recientemente en el caso del poblado de Castaños, Coahuila.
Aseguró que contrario a lo que de manera oficial se pretende omitir, entre la población “hay memoria histórica, por lo que debe prevalecer la identidad social”.
Recordó que cuando tuvieron lugar los hechos fungía como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, y emitió un boletín en el que denunció que la gente de la diócesis “veníamos documentando” el proceso de paramilitarización de Chiapas y la formación de estos grupos a expensas de las fuerzas armadas.
Recordó que era tan intensa la presencia de fuerzas paramilitares en las zonas zapatistas, que la víspera de lo de Acteal él y el obispo Samuel Ruiz fueron agredidos por estos grupos. Al día siguiente de esos hechos, el hermano del prelado fue atacado a martillazos.
“Los signos que se veían venir eran de un ataque frontal al zapatismo, y lo que nosotros teníamos bien identificado era que los paramilitares eran creados por el Ejército Mexicano. Se trataba de soldados que se pasaban a esos grupos como retirados; eran los principales instructores y les daban armas que sólo el Ejército tenía; además, se les uniformaba al estilo castrense, pero sin insignias, con corte de cabello tipo militar y no usaban identificación”, destacó.
Expuso que Acteal “es un caso emblemático en el país, muy significativo, porque atacaron a personas desplazadas que pertenecían al grupo de Las Abejas, que había nacido con un tinte totalmente pacifista”. Además, por primera vez los paramilitares mataron a personas adentro de una iglesia, ya que en otros casos se limitaban a causar destrozos en los templos.
“El gobierno federal creyó que sembrando terror en la gente que consideró insurrecta acabaría con sus posiciones, pero sucedió lo contrario, cometió un crimen de Estado y nació lo que la población califica ahora como los mártires de Acteal”, destacó Vera López.
Consideró que en el caso de las poblaciones de las zonas de Chenalhó, la posición oficial quiso demostrar que las ejecuciones tuvieron lugar por un conflicto por un banco de arena, “pero los hechos desmienten eso, porque hubo todo un proceso de paramilitarización en las regiones donde había bases zapatistas”. Agregó que el ataque de hace casi 10 años tuvo “un planteamiento de tipo kaibilesco (grupo de terrorismo de Estado en Guatemala)”.
Explicó que está demostrado y documentado que las incursiones paramilitares de aquel periodo “siempre tenían lugar con excusas”, con el fin de “colocar militares en las zonas zapatistas”.
Qué poca leche…
Debido a la inexperiencia de sus actuales directivos, Leche Industrializada Conasupo, S.A. (Liconsa), encargada de paliar la pobreza alimentaria de 5 millones 800 mil mexicanos, experimenta la peor crisis de su historia y se encuentra al borde de la quiebra, expone la edición 1617 de Proceso.
Con sus arcas vacías, la empresa social con más de medio siglo de vida –aunque formalmente se denomina Liconsa desde 1972– necesita con urgencia mil 582 millones de pesos, y podría quedar paralizada si no recibe apoyos adicionales de la Secretaría de Hacienda y no se aumenta en un peso el precio del producto, lo que afectaría a por lo menos 3 millones de familias pobres si se considera el programa propiamente comercial.
Aunque la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, anunció el 27 de septiembre –en su comparecencia ante la Cámara de Diputados– que el próximo año Liconsa abrirá tiendas en las zonas rurales –donde dos de cada tres mexicanos son pobres–, los datos financieros y administrativos obtenidos por Proceso de tres fuentes (Plan Financiero Estratégico 2007; Evaluación Externa de Resultados del Programa de Abasto Social de Leche, realizada por el Tecnológico de Monterrey en 2006, y un informe interno elaborado por trabajadores de Liconsa) no sólo revelan una realidad financiera alarmante, sino también que ésta ha sido originada por la inexperiencia del equipo directivo de Liconsa, aderezada de partidismo, amiguismo y acusaciones de corrupción e impunidad.
Apenas asumió el poder presidencial, en diciembre del 2006, Felipe Calderón decidió que el director general de Liconsa sería el panista Jesús Galván Muñoz, quien no tiene más capacitación en el ramo que la adquirida en una empresa de quesos de su propiedad, pero que en cambio se ha mantenido cerca de Calderón desde 1993, cuando éste era el brazo político de Carlos Castillo Peraza como presidente nacional del PAN, mientras que Galván Muñoz fungía como el brazo administrativo del partido.
Luego de haber pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1997) y el Senado (2000-2006), lugar que obtuvo gracias a la tendencia de votos de Vicente Fox, Galván Muñoz compitió en 2005 por la candidatura al gobierno del Distrito Federal, pero perdió ante Demetrio Sodi de la Tijera.
No obstante, en la competencia interna del PAN ese mismo año, y más tarde en la contienda constitucional por la Presidencia de la República de 2006, formó parte del equipo de operadores de Felipe Calderón, y fue de aquí de donde saltó a la Dirección General de Liconsa.
El propio Galván Muñoz, de acuerdo con el informe, se rodeó de un equipo cuestionado por su falta de aptitudes para manejar una empresa social con un patrimonio calculado en 2 mil 200 millones de pesos, que consta de 4 mil 400 empleados y que este año se propuso distribuir mil millones de litros de leche entre los más pobres y vender otros 200 millones en su programa comercial, destaca la edición 1617 de Proceso.