Lunes, 29 de octubre de 2007
Criminalizar la protesta social, el pan de cada d?a
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucat?n, botones de muestra de la represi?n.
Castigo a la disidencia, conducta com?n de los tres ?rdenes de gobierno
Blanche Petrich /II
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales ?por mot?n, asociaci?n delictuosa y terrorismo? y las ?rdenes de aprehensi?n emitidas ?como amenaza permanente? contra activistas sociales y pol?ticos ?son hoy el pan de cada d?a? para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Monta?a Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como ?l, otros defensores de derechos humanos caracterizan las pol?ticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como ?de castigo a la disidencia?, de ?criminalizaci?n de la protesta social? y de ?persecuci?n a la solidaridad y la libertad de expresi?n?, patr?n que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucat?n, Patricio Patr?n, y de Jalisco, Francisco Ram?rez Acu?a, adem?s de los pri?stas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de M?xico, Enrique Pe?a Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltr?n.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust?n Pro concluy?: ?Las protestas generadas por situaciones econ?micas, pol?ticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposici?n y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacci?n en un contexto democr?tico?.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos ?siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disoluci?n de pruebas o imposici?n de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistem?tico de las redes ciudadanas para actualizar la estad?stica? llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.
El fracaso de la pol?tica
En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagoniz? uno de los procesos de disidencia m?s significativos de los ?ltimos a?os. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, seg?n defini? el l?der zapoteco Joel Aquino, ?la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la ?ltima gran batalla contra el sistema autoritario?. Pero no fue.
En el momento m?s cr?tico del proceso se entabl? un di?logo para una salida pol?tica. Pero otra negociaci?n paralela y secreta, al m?s alto nivel de la pol?tica, decidi? salvar al cuestionado gobernador oaxaque?o a cambio de poder concretar la imposici?n del panista Felipe Calder?n en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pac?fica se derrumb?. Las armas y los toletes, bajo las ?rdenes del entonces secretario de Seguridad P?blica ?hoy procurador general?, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.
La intervenci?n violenta de la Polic?a Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acci?n descontrolada de ?escuadrones? informales bajo las ?rdenes de autoridades estatales, provocaron, adem?s de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas c?rceles ?a m?s de 500 personas?, seg?n estimaciones de Jessica S?nchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
?Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia f?sica y s?quica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la poblaci?n, fueron las caracter?sticas predominantes? de la ?soluci?n de fuerza? al conflicto oaxaque?o, seg?n denunci? en un informe especial la Comisi?n Civil Internacional de Observaci?n por los Derechos Humanos.
El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa Mar?a Coyotepec y Santa Luc?a del Camino, el 27 de octubre del a?o pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese d?a fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Despu?s vinieron el avance de la PFP hacia el z?calo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatl?n, Tlacolula, Cuicatl?n, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Adem?s fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.
A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades m?dicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los ind?genas no tuvieron acceso a int?rpretes, el Estado se desisti? de la mayor?a de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.
El primero, integrante de la direcci?n de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les intern? en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupaci?n de la radio y televisi?n del gobierno estatal ?delito por el cual acaban de recibir un amparo?, privaci?n ilegal de la libertad y robo a dos polic?as, sedici?n, asociaci?n delictuosa y da?os por incendio. Su defensa alega que todos ?son delitos fabricados?.
Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades ind?genas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agust?n Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarizaci?n de la regi?n en 1996, que no alcanzaron la amnist?a decretada por el ex gobernador Jos? Murat por tener en su expediente causas del orden federal.
Para describir el panorama de la represi?n en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. ?Donde quiera que haya organizaci?n, protesta, defensa de los derechos humanos, movilizaci?n o bloqueo de caminos hay represi?n, arrestos irregulares y ?rdenes de aprehensi?n?. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatl?n, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? todos han sufrido persecuci?n?.
As?, los pueblos me?pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlat?noc para exigir un camino rural y mejor?a en las condiciones de educaci?n en su lengua. En consecuencia, su l?der C?ndido F?lix est? preso y cuatro m?s tienen ?rdenes de aprehensi?n. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Mat?as han sido presos y est?n libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once m?s tienen ?rdenes de aprehensi?n. Lo mismo ocurri? con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestaci?n de Petatl?n y la construcci?n de la presa La Parota han pasado por la c?rcel. El episodio m?s reciente fue el arresto ?y posterior liberaci?n? de Cirino Pl?cido, fundador de la polic?a comunitaria de San Luis Acatl?n.

Atenco y la libertad debida
Eugenia Guti?rrez*

Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos en M?xico ante reportes de violencia institucional alcanza ya un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisi?n Civil Internacional de Observaci?n por los Derechos Humanos (CCIODH) detect? y sistematiz? arbitrariedades y abusos de la Polic?a Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de M?xico. Un a?o m?s tarde y con la situaci?n agravada despu?s de los cr?menes contra el pueblo de Oaxaca, Amnist?a Internacional asegur? en su informe (mayo 2007) que la situaci?n de los derechos humanos en M?xico es ?decepcionante?. Sin embargo, no se puede hablar de acciones concretas tendientes a la procuraci?n de justicia verdadera en los hechos de Atenco.
Hace apenas unos d?as, y despu?s de casi un a?o y medio de c?rcel, a ocho personas detenidas y agredidas salvajemente por la PFP los d?as 3 y 4 de mayo de 2006 se les otorg? un amparo que les abre el camino de la liberaci?n por falta de pruebas. Se trata de Vicente Garc?a Mungu?a, Mart?n Garrido Romero, David Medina Neri, Cecilio Ram?rez Espinosa, Jorge Armando Ram?rez Aguilar, Mariana Selvas G?mez y su padre Guillermo Selvas Pineda, as? como de do?a Magdalena Garc?a Dur?n, ind?gena mazahua a quien se le otorga por tercera vez un amparo. No obstante, ser? hasta la pr?xima semana cuando se resuelva su situaci?n jur?dica. La Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) tiene a?n posibilidades de obstaculizar esa libertad, ya que cuenta con 10 d?as h?biles (que se cumplen a finales de octubre) para apelar de los amparos y detener un acto de justicia.
Ante la posibilidad de que eso ocurra, es importante insistir en lo que ya han dicho tanto las presas y los presos de Atenco como sus familiares y abogados: mantenerlos en prisi?n ser?a una arbitrariedad que prolongar?a la violaci?n a sus derechos humanos y a sus garant?as individuales. Claro que en el caso Atenco eso se ha vuelto costumbre. No podemos olvidar que a m?s de 180 hombres y mujeres se les rob? su libertad en mayo de 2006, que much?simos siguen bajo proceso, que otros est?n escondidos, perseguidos, lejos de sus familias, que varios fueron expulsados del pa?s, que 27 contin?an injustamente en la c?rcel y que a compa?eros como Ignacio del Valle Medina, Felipe ?lvarez Hern?ndez y H?ctor Galindo Gochicua se les dict? sentencia por m?s de 67 a?os. De ah? que no se pueda confiar en que en esta ocasi?n la PGR no intentar? impugnar los amparos.
Los hechos hablan por s? solos. Despu?s de 17 meses, los asesinatos del joven Alexis Benhumea y del ni?o Javier Cort?s no han sido investigados. La violaci?n masiva que sufrieron decenas de compa?eras de la otra campa?a por parte de los ?muchachos? de Wilfrido Robledo Madrid en el estado que gobierna Enrique Pe?a Nieto no s?lo sigue impune, sino que adquiere un matiz kafkiano cuando se piensa que las mujeres que fueron violadas est?n presas mientras los polic?as que las atacaron duermen tranquilos en sus casas. Por si fuera poco, a do?a Magdalena Garc?a se le han negado ya dos amparos. ?ste ser?a el tercero.
En un pa?s donde la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos altera sus propias investigaciones y modifica el t?rmino ?homicidio? por el de ?gastritis?, cuando el diagn?stico forense es emitido desde Los Pinos, ser?a peligrosamente ingenuo esperar que las instancias de procuraci?n de justicia hagan pulcramente su trabajo.
Por ello, es necesario seguir los pasos de los familiares de quienes hoy est?n en la c?rcel para exigir al procurador general de la Rep?blica que deje ya de criminalizar a los movimientos sociales.
El panorama de los derechos humanos en M?xico es turbio: hay acusaciones de violaci?n sexual y asesinato que involucran a integrantes del Ej?rcito Mexicano; no ha habido justicia para Oaxaca; la tortura y la desaparici?n forzada son pr?cticas cotidianas; la prensa libre es perseguida; las comunidades ind?genas zapatistas de Chiapas est?n siendo constantemente atacadas por gobiernos y paramilitares, estamos en el para?so de la pederastia y hasta hay quien planea exonerar a los asesinos de Acteal, Chiapas. Frente a todo ello, hay que resquebrajar el silencio y exigir la libertad que se les debe a Vicente, Mart?n, David, Cecilio, Jorge Armando, Mariana, Guillermo y do?a Magdalena, presas y presos pol?ticos mexicanos.

El Plan M?xico
jorge carrasco araizaga
M?xico, D.F. (apro).- Contrario a lo que el gobierno de Felipe Calder?n pretende presentar como la ?Iniciativa M?rida?, fue el Congreso de Estados Unidos el que desde enero de este a?o concibi? un plan antinarco para M?xico.

Desde los primeros d?as de este 2007, el 17 de enero, el representante (diputado) dem?crata por Texas, Henry Cu?llar, present? en su nombre y en el de Silvestre Reyes, nada menos que presidente del Comit? de Inteligencia de la C?mara de Representantes, la iniciativa que sirvi? de base a la negociaci?n.

El plan original consideraba recursos anuales por 170 millones de d?lares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que el presidente George Bush ahora busca en su Congreso para los pr?ximos tres a?os.

El propio Silvestre fue quien en junio pasado revel? lo que desde entonces se conoci? como el Plan M?xico, en referencia al Plan Colombia.

Por las implicaciones intervencionistas de ese plan en el pa?s sudamericano, que incluye la presencia de militares estadunidenses, el gobierno de Calder?n Hinojosa se apresur? en marcar una distancia respecto de los alcances de los planes estadunidenses hacia M?xico.

Sin embargo, nada ha informado sobre el componente militar del Plan M?xico, salvo lo filtrado sobre la entrega de helic?pteros.

Llamar ahora ?Iniciativa M?rida? no es m?s que una manipulaci?n, pues lo que Bush y Calder?n hicieron en la capital yucateca, cuando se reunieron por primera vez como presidentes en marzo pasado, no fue otra cosa que acordar el inicio de las negociaciones del plan concebido en el Congreso estadunidense.

El rebautizo de la iniciativa se qued? corto ante los desatinos posteriores del gobierno de Calder?n, al dar a conocer el acuerdo alcanzado con la administraci?n Bush. El m?s grave de ellos fue el intento de negar lo innegable.

El embajador de M?xico en Washington, Arturo Sarukh?n, uno de los principales negociadores del acuerdo, confirm? lo que el propio Pent?gono hab?a adelantado: que el gobierno calderonista hab?a comprometido 7 mil millones de d?lares a la iniciativa.

Sin embargo, el secretario de Hacienda, Agust?n Carstens, se desmarc? de inmediato para no explicar de d?nde saldr? ese dinero. Mucho menos la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, atin? a responder en el Senado.

Pero ya no s?lo en los recursos, sino en el contenido de todo el plan es lo que Calder?n y sus funcionarios se niegan a informar, de manera que en M?xico se desconoce lo que Bush ya solicit? al Congreso que se apruebe en relaci?n con el pa?s.

El plan original, que no preve?a fondos por parte de M?xico, aparece en la iniciativa presentada a la C?mara de Representantes bajo el nombre de ?Acta 2007 de la Alianza Vecino Pr?spero y Seguro?, y enmienda el Acta de Asistencia Extranjera de 1961.

Como justificaci?n, los congresistas se refirieron al ?alarmante crecimiento de violencia relacionada con las drogas en la frontera com?n, lo que ha hecho m?s dif?cil para los estadunidenses vivir en las comunidades fronterizas?.

Recordaron que en 2006, el director de Inteligencia Nacional y exembajador en nuestro pa?s, John Dimitri Negroponte, declar? a M?xico ante el Comit? de Inteligencia del Senado como un pa?s de preocupaci?n para Estados Unidos debido a la capacidad de los narcotraficantes de debilitar la autoridad del Estado.

Como vecino y nuestro segundo socio comercial, dec?a la propuesta de ley, M?xico merece el apoyo de Estados Unidos para mejorar su seguridad y promover el desarrollo econ?mico.

Parte de lo acordado entre Bush y Calder?n, seg?n la informaci?n general ofrecida por el gobierno mexicano, estaba ya establecida desde enero en esa iniciativa de ley.

La propuesta ten?a cinco puntos: profesionalizar al personal de la PGR y SSP para un ?combate m?s efectivo? contra las drogas, en coordinaci?n con Estados Unidos; entrega de tecnolog?a; capacitaci?n de jueces y magistrados; mayor vigilancia a los funcionarios mexicanos que trabajan con Estados Unidos, y financiamiento para el desarrollo social en las comunidades m?s pobres.

Y, en una suerte de certificaci?n de la operaci?n del plan, esa iniciativa establec?a que el Ejecutivo estadounidense tendr?a que enviar un reporte anual de evaluaci?n, adem?s de proponer nuevas estrategias para reducir la entrada de drogas desde M?xico.

Debido a la petici?n de los millonarios recursos, que llegar?n a M?xico en forma de equipo, es muy seguro que este requerimiento se haya mantenido. (26 de octubre de 2007).

Plan M?xico, Iniciativa M?rida...
Javier Oliva Posada
En franca ca?da en la aceptaci?n de la gesti?n ante sus ciudadanos, con las dos C?maras del Congreso dominadas por sus adversarios del Partido Dem?crata, con el aislamiento internacional ante su resistencia a reconocer el deterioro ambiental, producto de la industrializaci?n, y con el ins?lito alargamiento de la guerra en Irak y Afganist?n, el presidente de Estados Unidos insiste en hacer del narcotr?fico un asunto principalmente b?lico y no un tema de salud p?blica y, por tanto, de prevenci?n.
David Brooks, en sus espl?ndidos despachos (La Jornada del 23 de este mes y d?as subsecuentes) aporta varios datos a considerar. Destaca el referido a que el dinero solicitado al Congreso de ese pa?s, destinado a la ayuda a M?xico en el combate al narcotr?fico, se encuentra dentro de la misma partida presupuestal que la destinada a las guerras de Irak y Afganist?n. Probablemente, para que no fuera muy visible o cualquier otra raz?n esgrimida, haber incluido all? a nuestro pa?s en esa bolsa fue muy mala idea, pues pareciera que con criterios muy peculiares se acepta que el nivel de conflictividad en las tres naciones es similar.
En el caso de que as? sea, la construcci?n del ignominioso muro entre M?xico y Estados Unidos cuenta con una promoci?n indirecta, pero eficaz, desde la Casa Blanca. Ya no s?lo es el probable fracaso a la aprobaci?n de la ayuda solicitada para nuestro pa?s, sino, como se recordar?, la sonada derrota legislativa de Bush cuando present? la iniciativa de regularizaci?n de varios millones de inmigrantes, principalmente mexicanos, que al ser rechazada por senadores de su mismo partido dej? en claro que el crecimiento de la xenofobia, y en particular del antimexicanismo, van en aumento.
Por parte del gobierno mexicano, asistimos nuevamente a las afirmaciones y desmentidos entre funcionarios de primer nivel, en este caso entre el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukh?n, y el secretario de Hacienda, Agust?n Carstens. Pero adem?s de eso, la notable ausencia de participaci?n en la negociaci?n del Congreso, principalmente de la C?mara de Senadores. As? que con un escenario de esa naturaleza, tanto interno como externo, las probabilidades de que se aprueben los mil 500 millones de d?lares son escasas. Y no es un asunto en el cual se pueda se?alar s?lo como un fracaso o la falta de pericia pol?tica, adem?s de esto queda en evidencia que el planteamiento para hacer frente al narcotr?fico sigue siendo un asunto de correcci?n y no de prevenci?n. Los incrementos en las tasas delictivas, aunadas a los indicadores de desempleo, la frustraci?n juvenil para encontrar condiciones aceptables de vida y contar con un futuro medianamente estable son, entre otras muchas razones, parte de la patolog?a social que conduce a la drogadicci?n.
La denominaci?n puede ser Plan M?xico, Iniciativa M?rida o Compromiso Guadalajara, lo que es un hecho es que, lejos de disminuir, el consumo de estupefacientes y otras drogas aumenta. Que en vez de disminuir la violencia intrafamiliar, la desintegraci?n del n?cleo base de la sociedad se incrementa. Y as? seguiremos en tanto el enfoque no sea modificado, mediante una visi?n integral, articulada y con prioridades que se enfoquen a la consideraci?n de la pobreza y la marginaci?n como bases de la polarizaci?n social que vive el pa?s; pues mientras los planes de gobierno no ponderen en la estrategia el deterioro de los valores y principios sociales, los efectos de propuestas como las comentadas ser?n pocos y de corta duraci?n.
A lo anterior habr? que sumar las consecuencias sobre la soberan?a y pol?tica exterior de M?xico. Pues un pr?stamo de esa magnitud, l?gicamente, va acompa?ado de condiciones e imposiciones. As?, no obstante planes y propuestas, el problema del narcotr?fico y la gravedad del mismo siguen all? creciendo y creciendo.
Publicado por solaripa69 @ 9:18
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