Lunes, 05 de noviembre de 2007
Acteal la herida que no cierra.

El origen: m?ltiples episodios de un plan contrainsurgente
Ninguno de los encarcelados ha sido sentenciado como paramilitar

Hermann Bellinghausen /I
Acteal marc? la historia y la imagen de M?xico ante el mundo de manera indeleble. La masacre no fue un hecho aislado. Antes y despu?s de aquel 22 de diciembre, en el Chiapas ind?gena se han sucedido ataques directos de paramilitares, tropas regulares o polic?as contra comunidades y familias bases de apoyo zapatistas, as? como de otras organizaciones fuera del espectro gubernamental. Muertes, quema de casas, despojos de cultivos y tierras, desplazamientos, agresiones fratricidas.
Como hizo desde el 1? de enero de 1994 al ocurrir el levantamiento zapatista, La Jornada cubri? puntualmente los hechos violentos que se fueron sumando en diversas regiones y municipios: Sabanilla, Tila, El Bosque, Ocosingo, Chil?n, Pantelh?, Chenalh?. Corresponsales, enviados, fot?grafos, incluso analistas desde el lugar de los hechos fueron con frecuencia testigos de decenas de episodios en apariencia aislados que trazaban la ruta de una estrategia de contrainsurgencia y potencial guerra civil.
Al mismo tiempo, decenas de reporteros y articulistas documentaban los ires y venires desde el centro pol?tico. Las declaraciones y acciones del gobierno federal, el Congreso, los empresarios, la Iglesia cat?lica. Y tambi?n la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, la academia. Por lo dem?s, La Jornada continuaba con el seguimiento del movimiento zapatista.
Alzamiento ind?gena
En las p?ginas de este diario se fue registrando un proceso social, pol?tico y cultural que con la masacre de Acteal enfrentar?a un terrible ba?o de sangre. Y por donde m?s dol?a: entre hermanos de pueblo. Lo que en 1994 hab?a sido una declaraci?n de guerra y un alzamiento ind?gena contra el gobierno del pa?s se fue convirtiendo en una ?guerra civil? permitida, propiciada, construida, forzada incluso por instancias gubernamentales. Antes de ella, las comunidades rebeldes y las oficialistas conviv?an en paz. La rebeli?n de unos no era contra los otros.
Hubo lugares donde la confrontaci?n inducida ?prendi?. Con programas sociales, educativos y productivos, con adoctrinamiento y control de la ?poblaci?n leal? al gobierno y al Ej?rcito Mexicano. Primero en el territorio chol de la zona norte, donde la organizaci?n pri?sta Paz y Justicia intensific? desde 1995 una ofensiva contra la poblaci?n zapatista y la ?sociedad civil? de variable filiaci?n perredista. Costar?a decenas de muertes, incontables emboscadas, saqueos, violaciones, miles de desplazados. Primero Sabanilla, Tila y Tumbal?. Luego Chil?n. A partir de 1997 se expandi? a Chenalh?.
A?n duele decirlo, pero la matanza de Acteal pudo evitarse. Las se?ales eran abundantes y se hicieron p?blicas de m?ltiples maneras. Como escribi? aqu? Fernando Ben?tez el 27 de diciembre de 1997: ??Qu? m?s decir, si han sido in?tiles los numerosos art?culos que he escrito en defensa de los indios, as? como los de mis colegas de La Jornada y de muchos otros peri?dicos? Parecen in?tiles las palabras?.
Hay que recordar que en los d?as posteriores a la masacre se realizaron protestas y actos multitudinarios en m?s de 100 pa?ses, la mayor manifestaci?n global hasta entonces, antes de las grandes movilizaciones internacionales contra la globalizaci?n y la guerra imperial. Se demandaba justicia al gobierno mexicano, y un alto a la guerra de baja intensidad, que oficialmente no exist?a. De hecho, nunca ha ?existido?. Como jam?s existieron oficialmente grupos paramilitares. Ni entonces ni ahora. No obstante, han pisado la c?rcel con diversa fortuna miembros y dirigentes de Paz y Justicia, los Chinchulines, el ?grupo de autodefensa? de Chenalh?, y m?s recientemente la Organizaci?n para la Defensa de los Derechos Ind?genas y Campesinos (Opddic).
Todos tienen en com?n ser pri?stas o de partidos afines, y vinculados in situ con el Ej?rcito, pero ninguno ha sido sentenciado como paramilitar. S?lo los procesados por los hechos de Acteal pagan c?rcel por participar en acciones armadas contra otros ind?genas. Y esto, porque llegaron demasiado lejos y fueron capturados casi con las manos en la masa. El esc?ndalo mundial fue inmenso, alguien ten?a que pagar. Como siempre que las cosas se le complicaban al gobierno, alguien servir?a de fusible. Acteal ?cost? mucho: un secretario de Gobernaci?n, un comisionado para la paz del gobierno federal, un gobernador y sus colaboradores; fueron procesados un general retirado (director de la polic?a auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad P?blica del estado), algunos mandos policiacos y decenas de ind?genas ?autoarmados?. All? se cortaba la correa de transmisi?n. Antes de irse, el titular de Gobernaci?n, Emilio Chuayffet, alcanz? a remachar: ?No se puede culpar al gobierno, ni siquiera por omisi?n?. El Ejecutivo y el PRI se deslindaron, condenaron en?rgicamente la violencia, abrieron (y cerraron) investigaciones, y siguieron tan campantes.
Vayamos un poco m?s atr?s. Desde 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo fue extendiendo en la entonces llamada ?zona de conflicto? el fen?meno de la paramilitarizaci?n de comunidades, sim?trica a la masiva ocupaci?n militar decretada el 8 de febrero de ese a?o, cuando el gobierno sali? a la caza de la comandancia zapatista, lanz? una ofensiva de tropas en la selva Lacandona, la zona norte y los Altos, y pr?cticamente ocup? las comunidades.
Con ello, el Ejecutivo quebrantaba su palabra, una oferta de di?logo hecha al EZLN poco antes de la ofensiva, mediante el secretario de Gobernaci?n, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes. Ese encuentro abortado quiso funcionar como carnada para capturar a la comandancia rebelde. Desde entonces, los zapatistas llaman a aquello ?la traici?n de Zedillo?. No ser?a la ?nica. Otra m?s cancelar?a las negociaciones de paz (que no se han vuelto a concretar) al incumplir los acuerdos de San Andr?s, firmados en febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y directamente aprobados por el secretario Chuayffet. Su antecesor Moctezuma hab?a dejado el cargo un a?o atr?s, a ra?z de su ?negociaci?n? desfondada por el propio presidente.
Se fueron sucediendo episodios diversos, algunos de envergadura. Los gobernadores pri?stas de Chiapas ca?an uno tras otro, antes y despu?s de las elecciones de 1995, oficialmente ?ganadas? por el candidato del PRI, Eduardo Robledo Rinc?n, en un ambiente de fraude e imposici?n. El presunto perdedor, Amado Avenda?o, tras sobrevivir a un atentado que lo dej? en silla de ruedas varios meses, se convirti? en ?gobernador en rebeld?a? con el apoyo del PRD, las organizaciones independientes, la sociedad civil y el EZLN. Robledo dejar?a el cargo en pocas semanas, y lo sustituy? Julio C?sar Ruiz Ferro, ex funcionario federal que desconoc?a por completo la entidad. Su mandato, que culmin? abruptamente con la matanza de Acteal, fue pasivo y obediente a una pol?tica trazada desde arriba.
El verdadero ?gobierno? de Chiapas lo ejerc?a el Ej?rcito; la administraci?n ruizferrista colaboraba o dejaba hacer. Como jefe militar en la zona de conflicto fung?a desde 1995 el general Mario Ren?n Castillo Fern?ndez, quien as? lleg? a ser un ?jefe de ej?rcitos?, algo que hasta entonces s?lo pod?a ser el secretario de Defensa Nacional, a la saz?n el general Enrique Cervantes Aguirre. Remplazado por el general Jos? G?mez Salazar, Ren?n Castillo dejar?a el cargo el 16 de noviembre de 1997, a s?lo cinco semanas de Acteal. Durante su periodo se larv? y auspici? una estrategia deliberada, basada en los manuales de contrainsurgencia del Pent?gono y el propio Ej?rcito, para ?quitar el agua? al ?pez revolucionario?, adaptando procedimientos probados en Vietnam y Guatemala.
Mes y medio antes de la tragedia, los investigadores Andr?s Aubry y Ang?lica Inda recapitulaban: ?La colaboraci?n de los pol?ticos con la ?guerra irregular?, mexicanizaci?n sem?ntica del conflicto de baja intensidad, hace resurgir ante nuestros ojos un nuevo actor, el paramilitar?.
Aubry e Inda se?alaban (La Jornada del Campo, 29 de octubre de 1997): ?A partir de 1995 se prob? en la zona norte (chol) de Chiapas, que ha sido el laboratorio donde se ensay? con la desorganizada organizaci?n campesina llamada Paz y Justicia, que no sirve para una cosa ni la otra. Luego, afinado el modelo, se extendi? a la zona tzeltal con Los Chinchulines. Escurri? despu?s a la zona tzotzil, Chenalh? y su paraje Los Chorros, su escenario actual sin haber cobrado (?o revelado?) su nombre?. No tendr?a tiempo de revelarlo.
Camino del abismo
?Cu?ndo empieza el ?camino? que desemboc? en el abismo de Acteal? Pudo ser aquel 8 de febrero de 1995. O el 19 de agosto de 1996, con el asesinato de seis j?venes de Chenalh? en las simas de Chixilt?n, ?hecho aislado? que la prensa local atribuy? a ?brujer?a?, y que marcar?a el debut de la violencia antizapatista en el municipio tzotzil. O bien el 22 de mayo de 1997, cuando miembros del PRI quemaron nueve casas de familias zapatistas en Las Limas Chitamucum, Pantelh?, muy cerca de Chenalh?. Seg?n informaba La Jornada (23 de mayo), ?85 ind?genas tuvieron que huir?. ?O fijamos el principio al d?a siguiente, 24 de mayo, cuando el profesor Crist?bal P?rez Medio, representante del municipio aut?nomo, fue asesinado por pri?stas armados en Uni?n Yaxjemel mientras se dirig?a a negociar con ellos la liberaci?n de los primeros zapatistas rehenes? El cl?sico ?maten al mensajero?. El gobierno nunca investig?. El cr?neo y el cuerpo del maestro aparecer?an por separado cuatro meses despu?s, cuando la suerte de Chenalh? estaba echada.



Editorial de ?La Jornada?:

Tabasco: despliegues para nada
La oficina de la Estrategia Internacional de reducci?n de Desastres (ISDR, por sus siglas en ingl?s) de la ONU confirm? ayer lo que todo mundo sabe: que habr?a podido evitarse la tragedia en la que se encuentran sumidos Tabasco y parte de Chiapas por las grav?simas inundaciones y las salidas de cauce de los r?os de la regi?n. La dependencia de Naciones Unidas ni siquiera se refer?a a la no realizada construcci?n de obras de regulaci?n hidr?ulica para la que se destinaron presupuestos que ahora no aparecen por ning?n lado: habl?, simplemente, de la falta de un sistema de alerta temprana: ?Las inundaciones son uno de los peligros naturales m?s anunciados, esperados y f?ciles de predecir, y sin embargo no se hace lo suficiente para preparar y proteger a los pobres, los m?s afectados por esos fen?menos; los pobres tienen menos posibilidades de adaptar sus condiciones de vida antes y despu?s de las inundaciones, y con frecuencia se ven obligados por las circunstancias a vivir en zonas de alto riesgo?, se?al? Salvador Brice?o, director de la ISDR.
El deficiente sentido de responsabilidad de las autoridades federales ?a las cuales corresponde la administraci?n de los recursos h?dricos y de las cuencas hidrol?gicas? y de las estatales es, pues, una causal directa de la cat?strofe en la que se encuentran un mill?n de tabasque?os, por m?s que el discurso presidencial asegure que la culpa es del cambio clim?tico, y aunque el gobernador Andr?s Granier pretenda exculparse aseverando ?en lo que constituye una verdad a medias? que la Federaci?n fall? en la realizaci?n de obras hidr?ulicas para evitar la inundaci?n de la capital tabasque?a. Para ponderar la disfuncionalidad gubernamental, basta con recordar que cuando las calles de Villahermosa todav?a estaban secas, el gerente de la hidroel?ctrica Pe?itas, Luis Mart?nez Ram?rez, advirti? sobre la posibilidad de que el desfogue de la presa inundara la capital tabasque?a en un plazo de 20 horas. Tres d?as m?s tarde, el secretario de Gobernaci?n, Francisco Ram?rez Acu?a, se limit? a observar, con su sintaxis peculiar, que ?el evento nos rebas? a todo el mundo?.
A la ineptitud y a la presumible corrupci?n previas a la cat?strofe se suma la manifiesta incapacidad de las autoridades para manejar una situaci?n que, en efecto, desbord? a los tres niveles de gobierno y que ha degenerado en un caos: hasta el momento se carece de un padr?n de damnificados, de una cifra confiable de desaparecidos, de un reparto eficiente y equitativo de la ayuda, por lo dem?s masiva, que la sociedad ha canalizado a la entidad en desgracia; el rescate de personas atrapadas se lleva a cabo sin plan ni orden alguno y la presencia en el sitio del jefe del Ejecutivo federal es percibida por muchos de los afectados como un mero aprovechamiento medi?tico de la desgracia, porque, lejos de poner orden, los viajes a Tabasco de Felipe Calder?n Hinojosa han servido para exhibir la descoordinaci?n y hasta los encontronazos entre la Federaci?n y el estado. Posiblemente a eso se refer?a Calder?n cuando pidi? ?dejar a un lado las discrepancias y los intereses parciales para (...) salvaguardar a la poblaci?n de Tabasco?.
El hecho es que tanto las autoridades federales ?la Secretar?a de Gobernaci?n, las comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua? como las estatales se han guiado, en lo que concierne a los riesgos hidrol?gicos que se cern?an sobre aquella entidad, precisamente por una suma de ?intereses parciales?, entre los que no figur? nunca la preocupaci?n por salvaguardar la integridad y los bienes de los pobres, que son, como siempre, los principales afectados.
Como ocurri? tras el terremoto de 1985 en la capital de la Rep?blica, las autoridades responsables han reaccionado con una inepcia exasperante. Hasta los gobiernos de otras entidades se han comportado con mayor pertinencia, agilidad y lucidez para socorrer a los damnificados tabasque?os. La sociedad civil, por su parte, no ha escatimado esfuerzos para acudir en ayuda de los afectados. Cabe esperar que mantenga el empe?o durante los amargos meses que a?n les esperan a los habitantes de las ?reas inundadas y que supla, con su organizaci?n y su solidaridad, como ocurri? en el Distrito Federal hace 22 a?os, la inoperancia de los gobernantes, ensimismados en sus grandes despliegues medi?ticos que, en rigor, no sirven para nada.

Tabasco inundado
Le?n Bendesky
En Tabasco hay mucho petr?leo y, sobre todo, mucha agua. Ambos recursos son fuente potencial de riqueza, pero all? ese potencial no se materializa.
Tabasco tiene una superficie de 24 mil 661 kil?metros cuadrados, 1.2 por ciento del total nacional; una poblaci?n de poco m?s de 2 millones, 1.9 por ciento del total. Su producto es del orden de 112 mil millones de pesos, 1.27 por ciento del total, pero s?lo contribuye con 0.03 por ciento del crecimiento de la econom?a nacional (los datos productivos pueden estar subestimados por la forma en que se mide la producci?n petrolera; el estado tiene 18 por ciento del petr?leo del pa?s). Tiene un PIB por habitante de 55 mil pesos o 4 mil 800 d?lares y representa as? 0.66 por ciento del promedio nacional.
Sigue siendo una entidad rezagada en t?rminos sociales y econ?micos y, ahora, sometida a una brutal inundaci?n y mayor fragilidad. A este tipo de situaciones se les llama ?desastres naturales?. Pero la naturaleza no causa desastres y son, en cambio, fen?menos en los que se expresan las condiciones sociales y pol?ticas que prevalecen en determinada regi?n. As? ocurri? en agosto de 2005 con el hurac?n Katrina que devast? las costas del estado de Louisiana y la ciudad de Nueva Orle?ns.
Tabasco forma parte, junto con Chiapas, de la novena regi?n llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidr?ulico de la Comisi?n Nacional del Agua (Conagua). ?ste todav?a se refiere al periodo de 2000 a 2006, seg?n se puede ver en su p?gina de Internet (www.conagua.gob.mx), donde no hay seguimiento de las acciones que se debieron haber realizado en ese lapso.
En dicha regi?n est? la cuenca de los r?os Grijalva y Usumacinta. Seg?n Conagua, esta cuenca constituye la primera reserva de agua en M?xico, la s?ptima del mundo y es la principal potencia en la generaci?n de energ?a el?ctrica en el pa?s (Ver Diario Oficial del 22 de junio de 2007 en el que esa dependencia expone los resultados de la disponibilidad de agua superficial en diversas cuencas).
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio est? cubierta por ella; luego de esta inundaci?n se habla de que 70 por ciento del territorio est? bajo el agua, incluyendo la ciudad de Villahermosa.
All? se cuenta con uno de los m?s altos niveles de precipitaci?n media anual. Seg?n los registros, entre 1941 y 2003 el promedio fue de mil 903 mm siendo la tercera luego de la costa de Chiapas y la regi?n de Coatzacoalcos. En Tabasco se da tambi?n el mayor nivel de escurrimiento natural superficial interno, con 73 mil 467 hect?metros c?bicos. al que le sigue la zona del Papaloapan, con 50 mil 887 hect?metros c?bicos.
Estos datos m?nimos ponen de relieve la necesidad de contar con un programa hidr?ulico para el estado, que cumpla con una serie de objetivos claves para la gesti?n del agua. Es decir, para planear y administrar su uso como recurso esencial para abastecer el consumo humano, irrigar tierras y proveer de energ?a el?ctrica, b?sica para el funcionamiento de la econom?a; adem?s, como se ve ahora, para la seguridad de la poblaci?n y de sus bienes.
En 1999 ocurri? una inundaci?n en el estado que puso en evidencia los riesgos de la situaci?n referida al agua y los problemas de su administraci?n. El programa hidr?ulico que se anunci? entonces no fue aplicado de modo comprensivo y ahora salen a la superficie, literalmente a la superficie de la inundaci?n, los nombres del ex presidente Zedillo y los ex gobernadores Madrazo, Priego y Andrade.
Luego de ocho a?os, Garnier, actual gobernador, no puede sino reclamar que durante todo ese tiempo no se haya avanzado en las distintas etapas fijadas para dicho programa, con lo que se ha expuesto a un riesgo mayor la situaci?n de los habitantes, las ciudades, la econom?a y el patrimonio del estado.
No se trata, pues, de un desastre natural, sino de la forma en que se gobierna y en que se dispone de los recursos p?blicos en el pa?s. Tabasco es en este sentido un caso de referencia casi natural, sobre todo en el periodo que aqu? se considera.
Garnier no pudo eludir se?alar lo que considera como la contribuci?n de la CFE al desbordamiento de los r?os. Esta afirmaci?n exige una aclaraci?n p?blica, pues no se trata s?lo de un asunto t?cnico, lo que ser?a ya en s? mismo un motivo de atenci?n especial, sino que involucra el modo de actuar en las entidades p?blicas a escala federal y local.
Lo que aqu? est? involucrado es un asunto recurrente en esta sociedad y que tiene que ver con el arreglo pol?tico institucional prevaleciente, con las diferentes instancias en las que se toman decisiones del ?mbito general y en las que prevalece un amplio margen de discrecionalidad y, sobre todo, una falta de rendici?n de cuentas oportuna y que tenga consecuencias y no sea siempre extempor?nea y por lo tanto pr?cticamente in?til.
La inundaci?n de Tabasco no es s?lo producto del desbordamiento de las aguas de los r?os, sino del desbordamiento de un modelo de gobierno y de la relaci?n existente entre quienes ocupan puestos p?blicos y la sociedad.

Tabasco, tragedia de la corrupci?n
jorge carrasco araizaga
M?xico, D.F. (apro).- La tragedia que afecta a la mitad de la poblaci?n de Tabasco no s?lo apunta a la gigantesca corrupci?n de quienes han gobernado la entidad en las ?ltimas d?cadas, sino a un creciente riesgo de inestabilidad social.

Lo que vive esa entidad del pa?s no es meramente un desastre natural. Si ahora un mill?n de los dos millones de habitantes del estado padece los estragos de una inundaci?n sin precedente en medio siglo, es a consecuencia del prolongado saqueo de sus recursos naturales y econ?micos.

En los ?ltimos 30 a?os, el estado ha contado con un presupuesto de 30 mil millones de d?lares. Las cifras son p?blicas. Basta con sumar los presupuestos que ha manejado cada uno de los ?ltimos seis gobiernos para llegar a esa cantidad.

Desde que en 1977 el gobernador Leandro Rovirosa Wade logr? negociar con el gobierno de Jos? L?pez Portillo el incremento significativo de los recursos que recib?a el estado por la explotaci?n del petr?leo que est? en el subsuelo tabasque?o, la entidad se ha convertido en el principal receptor de participaciones federales.

Despu?s de Rovirosa, Enrique Gonz?lez Pedrero, Salvador Neme Castillo, Manuel Gurr?a Ord??ez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade D?az no dejaron de ver un aumento de esos recursos, que representan 96% de los ingresos del estado.

Ese modelo ha impedido que en el estado se desarrolle una industria de servicios propia, m?s all? de la extracci?n del crudo que hace Pemex. Como una de las zonas estrat?gicas del pa?s, Tabasco es hoy el segundo productor nacional de petr?leo y el segundo productor de gas natural.

Pero los recursos no se han invertido en la infraestructura necesaria que exige un estado cuyo territorio es una planicie que recibe caudales desde tres cuencas que se originan en Guatemala, Chiapas y el propio Tabasco. Adem?s, s?lo tiene una inclinaci?n de 0.5 grados, lo cual explica que 70% del estado se encuentre inundado.

Eso significa que el estado requiere adem?s la conservaci?n de sus vasos reguladores naturales. Pero por el contrario. Han desaparecido en manos de especuladores inmobiliarios al amparo de la corrupci?n gubernamental. Esa ha sido otra manera de atentar contra la seguridad de los tabasque?os.

La entrega de recursos federales m?s reciente, gestionada en el ?ltimo a?o de gobierno de Andrade y que ejerce desde enero de este a?o el gobierno del priista Andr?s Granier Melo, es de 32 mil 500 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto que tiene la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena) para actividades de seguridad nacional en todo el pa?s.

Granier ha canalizado gran parte de esos recursos a emular programas sociales como los puestos en marcha por su paisano, el perredista Andr?s Manuel L?pez Obrador en la Ciudad de M?xico, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).

El exsenador, exc?nsul de M?xico en Houston y candidato en la pasada contienda por el gobierno del estado, Humberto Hern?ndez Haddad, ha sido a partir de esta realidad de las cifras uno de los principales cr?ticos de lo que define como el ?modelo superficial? de crecimiento, sin un desarrollo industrial y social. La tragedia, asegura, es resultado de ese enga?o.

Lejos del prop?sito que exist?a para reducir las participaciones federales para Tabasco, el desastre obligar? a la creaci?n de un programa especial de emergencia que de forma obligada exige la canalizaci?n de recursos para la reconstrucci?n del estado.

No hacerlo, ser?a hacer de esta tragedia de la corrupci?n un desastre humanitario. Por lo pronto, los gobiernos federal y estatal se enfrentan al reto de impedir que lo que ahora es dolor se convierta en inestabilidad social, producto de la indignaci?n.
Publicado por solaripa69 @ 9:00
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