El juicio contra activistas de Atenco, “terrorismo de Estado”: abogados
Pretenden dictar la libertad de 11 detenidos después de las vacaciones decembrinas, acusa Rosalba Gómez.
Citan a careo a personas que participarían el mismo día en el foro de Casa Lamm
La esposa de Ignacio del Valle tardó año y medio para visitarlo
Blanche Petrich
Nunca, durante los 18 meses que lleva el proceso contra los presos de San Salvador Atenco, las autoridades de los juzgados mexiquenses habían citado a una diligencia ministerial en lunes. Pero cuando se anunció que el 5 de noviembre la Casa Lamm organizaría una conferencia sobre este caso, con la presencia de los abogados y los familiares de los procesados, decidieron citar a los involucrados a uno de los últimos careos implicados en la investigación en los juzgados del penal de Molino de Flores, en Texcoco, estado de México.
Por esta razón, Rosalba Gómez de Selvas, esposa y madre de dos de los presos, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, no pudo llegar al acto semanal de la casona de la colonia Condesa.
“Yo quería ir para denunciar una más de las aberraciones del proceso”, señaló más tarde en entrevista telefónica. “Quería decir que la liberación de 11 de los presos, entre ellos mi esposo y mi hija, debía ocurrir ya, en estos días, a raíz del amparo liso y llano dictado el 11 de octubre por un juez federal que no encontró pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
“Pero en lugar de permitir que se cumpliera este acto de elemental justicia –agregó–, el Ministerio Público esperó hasta el último momento del plazo de 10 días que tenía para apelar el amparo y el juez nuevamente concedió dos meses y medio para la revisión de esta inconformidad. Contando el periodo vacacional de fin de año, cuando en los juzgados se van de vacaciones, la liberación se postergará, una vez más y sin una razón real, hasta enero o febrero del año próximo.”
La intención de la señora Gómez de Selvas era, explicó, hacer “una petición pública a los gobiernos del estado de México y federal para que no se tarden tanto en dar trámite al auto de libertad”, porque, dijo, “esta nueva demora es parte de una injusticia que no tiene fin”.
Veinte meses para autorizar una visita
Quienes sí llegaron a la conferencia en la Casa Lamm fueron Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 67 años en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, y madre de David del Valle, preso en Texcoco, así como los abogados Juan de Dios Hernández y Enrique González Ruiz.
Activa participante en el FPDT ella misma, Trini, quien además de tener al esposo y a un hijo presos tiene a su hija América del Valle prófuga, pues sobre ella pesan aún varias órdenes de aprehensión, relató que hace unos días pudo visitar en el penal de Almoloya de Juárez, por primera vez, a su esposo Ignacio. “¡Tardaron un año ocho meses para autorizarme la primera visita!”
Refirió que después de este largo periodo de aislamiento, en condiciones de prisión de extrema dureza, ni Nacho ni Felipe Álvarez, otro de los líderes históricos del movimiento atenquense, “se ven igual que antes. Pero lo que permanece igual en sus corazones es la convicción y la firmeza de sus ideales”.
Entre el público estaba también la madre de Héctor Galindo, otro de los tres detenidos en el Altiplano.
Ella tardó un año tres meses gestionando el primer permiso para visitar en la cárcel a su hijo, asesor jurídico del Consejo General de Huelga durante el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y del FPDT.
Los tres activistas de Atenco presos en el penal del Altiplano fueron sentenciados, en un proceso aún inconcluso, a 67 años de prisión por haber retenido en 2006 a un grupo de funcionarios públicos que no atendían las demandas de la comunidad.
El juez debe entrar al fondo del caso
A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández refirió que antes de obtener el reciente amparo, el equipo de defensores de los presos, en el que participa también Bárbara Zamora, ya había logrado que los tribunales emitieran en 60 ocasiones sentencias de amparo “para efectos”, que en lugar de desembocar en el auto de libertad sólo permitían a los juzgados en turno “corregir sus barbaridades”.
Pero en esta etapa del proceso, indicó el jurista, “se agotaron los márgenes de tiempo y el juez está obligado a entrar al fondo del caso”.
Por su parte, el abogado González Ruiz definió el proceso del caso Atenco como parte de un operativo de “terrorismo de Estado”.
El director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señaló que tanto la incursión de los elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la policía mexiquense en San Salvador Atenco, en mayo del año pasado, como los juicios contra los presos, pretenden ser “un castigo ejemplar para paralizar a la sociedad”.
Atenco: Mujeres presas.
lourdes godínez leal
México, D.F., 1 de noviembre (apro-cimac).- La justicia no llega para las mujeres presas luego de la represión al movimiento popular de Atenco.
Así, pese a haber ganado siete de once amparos, de los que dos corresponden a mujeres que aún se encuentran recluidas en el penal mexiquense de Molino de las Flores, detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, el Ministerio Público adscrito al juzgado de distrito en el Estado de México interpuso nuevamente un recurso de revisión, lo que significa que estas mujeres no obtendrán su libertad hoy, como se tenía previsto.
Más aún, el defensor de los aún presos, Juan de Dios Monge, apuntó que nuevamente su excarcelación dependerá del Tribunal Colegiado (que revisará el amparo) y para ello no hay plazos, por lo que descartó que en breve obtengan su libertad.
Todo ello apunta a un “manejo discrecional” del caso y a la “administración del conflicto”, coinciden los defensores de las muejres.
Lo inquietante en el asunto es que pese a que el abogado ha presentado más de 60 amparos en esta causa penal, y a que se ha demostrado, e incluso los propios jueces han reconocido que no hay imputaciones directas contra las y los acusados, el gobierno estatal insiste en mantenerlos en prisión, perpetuando con ello la violación a sus derechos humanos.
Por lo pronto Hernández Monge destacó que, en el caso de Edith Rosales Gutiérrez, la sentencia de amparo se espera para la próxima semana, mientras que Mariana Selvas, una de las que ganó el amparo, tendrá que esperar la revisión de su expediente por parte del Tribunal Colegiado.
Sin embargo, en esta situación también se encuentra Magdalena García Durán, a quien el pasado 16 de octubre le concedieron el tercer amparo presentado para su liberación por su abogada Bárbara Zamora, sin que a la fecha haya salido libre.
En tanto, la abogada Isabel Uriarte, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez --quien por cierto coadyuva en el caso ante la fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim), y ante la que el Prodh interpuso una demanda por la violación de 14 mujeres durante los operativos de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006--, señaló que aún no hay resultados de los peritajes que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en agosto pasado a dos de las mujeres que hicieron la denuncia pertinente.
Y es menester lo apuntado por Isabel Uriarte: “Continuamos atoradas con la Fevim porque seguimos esperando los resultados de los peritajes del Protocolo de Estambul realizado a dos mujeres”.
Sin embargo, la propia Uriarte ha dicho que aunque esperan una “resolución de fondo de inmediato” por parte de la Fevim para la denuncia, “nunca han creído en el compromiso de la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte”.
Finalmente suman ya tres los peritajes realizados a las mujeres para acreditar que fueron violadas, sin embargo, a 19 meses de haber sido torturadas por los policías de la Procuraduría Federal Preventiva (PFP) la Fevim continúa aplicando el protocolo de Estambul para demostrar que sí hubo tortura sexual.
En dos años se dispuso en zona chol una “guerra” dentro de la guerra
Chenalhó, laboratorio de una estrategia amplia de contrainsurgencia
Hermann Bellinghausen /III
Para la relación de los hechos que sacudieron a Chenalhó la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalhó se había convertido en un laboratorio más de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los indígenas de la entidad. La militarización era (y sigue siendo) abrumadora.
Iniciada en 1995, durante los dos años siguientes se organizó y activó en la zona chol de Chiapas una “guerra” dentro de la guerra, con la expansión paramilitar de la organización priísta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalhó entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos proseguían en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ejército Mexicano y un importante despliegue policiaco.
Éxodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalhó, fue atacada por la policía y el Ejército, quienes mataron a cuatro indígenas zapatistas y causaron el éxodo de más de 80 familias. La policía había disparado en El Vergel, por tierra y desde un helicóptero (matrícula XC-BGC), sobre la población civil. Después saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las policías federal y estatal y el Ejército, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, “convivían” con los priístas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adueñaron del poblado, sembraron mariguana (según se comprobó después) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.
Igual sucedía en Sabanilla y Tila, y sucedería pronto, de manera brutal, en Chenalhó. Algún día habrá que explicar por qué en unas partes funcionó la formación de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidió atacar el municipio autónomo San Juan de la Libertad en 1998, serían directamente tropas federales y policías.
El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompañó el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareció cerrarse ese capítulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro día arrancó la agresión contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelará otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jamás fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.
En algún momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como “priístas” o “cardenistas” (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces existía, sin relación con el cardenismo histórico y menos aún con el de Cuahutémoc Cárdenas, quien ese mismo año ganaría las elecciones para gobernar la capital del país), comenzaron a llamar “el contrario” y “los contrarios” a las familias y comunidades que se habían unido al municipio autónomo de Polhó, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles más o menos perredistas, cuando su partido era de oposición en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, indígenas o mestizos según la región, pero siempre priístas.
El “contrario” en muchos pueblos del país es el “demonio”. El giro idiomático, inusual en Chenalhó, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. Así es más fácil dañarlo.
Las informaciones de la época, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalhó, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de “los contrarios” (zapatistas) contra los oficialistas. Las “emboscadas” de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedecían al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.
El argumento de que los zapatistas “despojaban” a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados priístas y cardenistas retornarían en poco tiempo, escoltados y protegidos por la policía, y ya no debieron desplazarse. La versión de que éstos se organizaron para “autodefenderse”, propalada entre otros por la Procuraduría General de la República (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcción posterior, que buscaba “explicar” la matanza de Acteal y los múltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molestó en demostrar. La táctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, había sido “negar todo”, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desdeñar, acusar y difamar a “los contrarios”, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su “verdad” comenzó a preocuparles después del terrible desenlace, que los confrontó con la responsabilidad penal.
Violencia administrada
El verano de 1997 se anuncia con declaraciones del gobernador Ruiz Ferro minimizando el tema chol como “conflicto entre dos grupos de siete ejidos” (La Jornada, 2 de junio), mientras el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, acusaba: “Todo apunta a concluir que la violencia en la zona norte es ‘administrada’ por las fuerzas de seguridad pública”. Las autoridades consideraban “religioso” el conflicto, y culpaban a la diócesis católica. Ruiz García insitía en el carácter “político” de aquella violencia. Para Chenalhó también se intentarían explicaciones “religiosas”, sobre todo después de Acteal; hoy sólo los abogados de los paramilitares presos actúan con ese enfoque.
El 2 de junio se suspendió por segunda ocasión el diálogo entre los municipios autónomos de Polhó y el oficial de Chenalhó, pues los representantes del segundo no se presentaron en Yabteclum, donde era la cita. Inesperadamente, el día 3 se encontraron al fin las partes en esa comunidad. Avanzaban en un “acercamiento” y convenían respeto mutuo y libertad de tránsito, cuando irrumpió en un helicóptero el subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín; su presencia no había sido acordada y abortó la reunión (La Jornada, 4 de junio).
El día 5, las autoridades autónomas del vecino municipio de San Andrés denunciaron: “Ha aumentado la presión militar en los Altos. Hacen diario patrullajes desde hace 10 días” (La Jornada, 6 de julio), así como vuelos rasantes. Relataron: “Entran en los pueblos, se entrenan dentro de los pueblos”, y aseguraron que las tropas adiestraban a los priístas. “Recibimos información de que ya hay guardias blancas en los Altos. Ya tienen radios para comunicarse entre ellos.”
Poco después ocurrió un incidente a 400 metros de Acteal, que aún no tenía campamentos de desplazados. El día 9, la Subprocuraduría de Justicia del estado informó de una “emboscada” a un camión de Seguridad Pública, “atacado por zapatistas”. Según pobladores de Pechiquil, hubo una detonación y entre 70 y 100 balazos. El municipio autónomo de Polhó dijo que los policías dispararon bombas y tiros “sin haber ningún problema” (La Jornada, 10 de junio). Diez indígenas fueron golpeados a culatazos, dos fueron detenidos por la policía y luego arrojados del camión al camino. Ese día, unos 200 desplazados de Yaxjemel, miembros de Las Abejas y refugiados en Yibeljoj, se disponían a retornar a sus casas. La “emboscada” los disuadió.
Provocación para la militarización
Al día siguiente, los pobladores de Acteal negaron la “emboscada” y afirmaron que la acción “fue premeditada para provocar más conflictos y justificar la militarización de nuestros parajes” (La Jornada, 11 de junio). Los pobladores y desplazados en Polhó, a pocos kilómetros, “ya querían huirse por el miedo”, dijo Javier Ruiz Hernández, secretario del concejo autónomo. En un boletín, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas reiteró que los policías fueron “agredidos por desconocidos”, con saldo de dos agentes lesionados. “Los desconocidos arrojaron botellas con gasolina y mecha”, decía el boletín, contradiciendo a la subprocuraduría de Justicia que la víspera aseveró que los presuntos atacantes habían disparado. Según la gente de Acteal, la versión oficial era “falsa”, pues “los mismos policías tronaron bombas y tiraron balazos para amedrentarnos”.
Un día después, el ayuntamiento oficial de Chenalhó se reunió en Pantelhó con el gobernador Ruiz Ferro y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez (La Jornada, 12 de junio). El juez Antonio Pérez Arias, vocero del municipio oficial, insistió en que el gobierno enviara más policías a las comunidades, y pidió la intervención de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Concordia y Pacificación (Cocopa). En tanto, el municipio autónomo denunció que en Yabteclum, unos 50 priístas armados agredieron la casa de Rosa Gutiérrez “y se llevaron a uno de sus hijos a la cabecera municipal”.
En las semanas siguientes, la primera petición del ayuntamiento oficial sería satisfecha: en las comunidades y caminos de Chenalhó, cientos de policías instalaron campamentos que devendrían permanentes, escudarían el retorno de los priístas y frentecardenistas desplazados y el inmediato despojo de las casas y cafetales de los ausentes zapatistas, perredistas y Abejas. Así aparece un nuevo actor visible en las comunidades de Chenalhó en poder de priístas: la policía.