Mi?rcoles, 07 de noviembre de 2007
El juicio contra activistas de Atenco, ?terrorismo de Estado?: abogados
Pretenden dictar la libertad de 11 detenidos despu?s de las vacaciones decembrinas, acusa Rosalba G?mez.
Citan a careo a personas que participar?an el mismo d?a en el foro de Casa Lamm
La esposa de Ignacio del Valle tard? a?o y medio para visitarlo
Blanche Petrich
Nunca, durante los 18 meses que lleva el proceso contra los presos de San Salvador Atenco, las autoridades de los juzgados mexiquenses hab?an citado a una diligencia ministerial en lunes. Pero cuando se anunci? que el 5 de noviembre la Casa Lamm organizar?a una conferencia sobre este caso, con la presencia de los abogados y los familiares de los procesados, decidieron citar a los involucrados a uno de los ?ltimos careos implicados en la investigaci?n en los juzgados del penal de Molino de Flores, en Texcoco, estado de M?xico.
Por esta raz?n, Rosalba G?mez de Selvas, esposa y madre de dos de los presos, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, no pudo llegar al acto semanal de la casona de la colonia Condesa.
?Yo quer?a ir para denunciar una m?s de las aberraciones del proceso?, se?al? m?s tarde en entrevista telef?nica. ?Quer?a decir que la liberaci?n de 11 de los presos, entre ellos mi esposo y mi hija, deb?a ocurrir ya, en estos d?as, a ra?z del amparo liso y llano dictado el 11 de octubre por un juez federal que no encontr? pruebas suficientes para mantenerlos en prisi?n.
?Pero en lugar de permitir que se cumpliera este acto de elemental justicia ?agreg?, el Ministerio P?blico esper? hasta el ?ltimo momento del plazo de 10 d?as que ten?a para apelar el amparo y el juez nuevamente concedi? dos meses y medio para la revisi?n de esta inconformidad. Contando el periodo vacacional de fin de a?o, cuando en los juzgados se van de vacaciones, la liberaci?n se postergar?, una vez m?s y sin una raz?n real, hasta enero o febrero del a?o pr?ximo.?
La intenci?n de la se?ora G?mez de Selvas era, explic?, hacer ?una petici?n p?blica a los gobiernos del estado de M?xico y federal para que no se tarden tanto en dar tr?mite al auto de libertad?, porque, dijo, ?esta nueva demora es parte de una injusticia que no tiene fin?.
Veinte meses para autorizar una visita
Quienes s? llegaron a la conferencia en la Casa Lamm fueron Trinidad Ram?rez, esposa de Ignacio del Valle, l?der del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 67 a?os en el penal de m?xima seguridad conocido como el Altiplano, y madre de David del Valle, preso en Texcoco, as? como los abogados Juan de Dios Hern?ndez y Enrique Gonz?lez Ruiz.
Activa participante en el FPDT ella misma, Trini, quien adem?s de tener al esposo y a un hijo presos tiene a su hija Am?rica del Valle pr?fuga, pues sobre ella pesan a?n varias ?rdenes de aprehensi?n, relat? que hace unos d?as pudo visitar en el penal de Almoloya de Ju?rez, por primera vez, a su esposo Ignacio. ??Tardaron un a?o ocho meses para autorizarme la primera visita!?
Refiri? que despu?s de este largo periodo de aislamiento, en condiciones de prisi?n de extrema dureza, ni Nacho ni Felipe ?lvarez, otro de los l?deres hist?ricos del movimiento atenquense, ?se ven igual que antes. Pero lo que permanece igual en sus corazones es la convicci?n y la firmeza de sus ideales?.
Entre el p?blico estaba tambi?n la madre de H?ctor Galindo, otro de los tres detenidos en el Altiplano.
Ella tard? un a?o tres meses gestionando el primer permiso para visitar en la c?rcel a su hijo, asesor jur?dico del Consejo General de Huelga durante el conflicto de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico en 1999 y del FPDT.
Los tres activistas de Atenco presos en el penal del Altiplano fueron sentenciados, en un proceso a?n inconcluso, a 67 a?os de prisi?n por haber retenido en 2006 a un grupo de funcionarios p?blicos que no atend?an las demandas de la comunidad.
El juez debe entrar al fondo del caso
A su vez, el abogado Juan de Dios Hern?ndez refiri? que antes de obtener el reciente amparo, el equipo de defensores de los presos, en el que participa tambi?n B?rbara Zamora, ya hab?a logrado que los tribunales emitieran en 60 ocasiones sentencias de amparo ?para efectos?, que en lugar de desembocar en el auto de libertad s?lo permit?an a los juzgados en turno ?corregir sus barbaridades?.
Pero en esta etapa del proceso, indic? el jurista, ?se agotaron los m?rgenes de tiempo y el juez est? obligado a entrar al fondo del caso?.
Por su parte, el abogado Gonz?lez Ruiz defini? el proceso del caso Atenco como parte de un operativo de ?terrorismo de Estado?.
El director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Aut?noma de la Ciudad de M?xico se?al? que tanto la incursi?n de los elementos de la Agencia Federal de Investigaci?n y de la polic?a mexiquense en San Salvador Atenco, en mayo del a?o pasado, como los juicios contra los presos, pretenden ser ?un castigo ejemplar para paralizar a la sociedad?.

Atenco: Mujeres presas.

lourdes god?nez leal
M?xico, D.F., 1 de noviembre (apro-cimac).- La justicia no llega para las mujeres presas luego de la represi?n al movimiento popular de Atenco.

As?, pese a haber ganado siete de once amparos, de los que dos corresponden a mujeres que a?n se encuentran recluidas en el penal mexiquense de Molino de las Flores, detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, el Ministerio P?blico adscrito al juzgado de distrito en el Estado de M?xico interpuso nuevamente un recurso de revisi?n, lo que significa que estas mujeres no obtendr?n su libertad hoy, como se ten?a previsto.

M?s a?n, el defensor de los a?n presos, Juan de Dios Monge, apunt? que nuevamente su excarcelaci?n depender? del Tribunal Colegiado (que revisar? el amparo) y para ello no hay plazos, por lo que descart? que en breve obtengan su libertad.

Todo ello apunta a un ?manejo discrecional? del caso y a la ?administraci?n del conflicto?, coinciden los defensores de las muejres.

Lo inquietante en el asunto es que pese a que el abogado ha presentado m?s de 60 amparos en esta causa penal, y a que se ha demostrado, e incluso los propios jueces han reconocido que no hay imputaciones directas contra las y los acusados, el gobierno estatal insiste en mantenerlos en prisi?n, perpetuando con ello la violaci?n a sus derechos humanos.

Por lo pronto Hern?ndez Monge destac? que, en el caso de Edith Rosales Guti?rrez, la sentencia de amparo se espera para la pr?xima semana, mientras que Mariana Selvas, una de las que gan? el amparo, tendr? que esperar la revisi?n de su expediente por parte del Tribunal Colegiado.

Sin embargo, en esta situaci?n tambi?n se encuentra Magdalena Garc?a Dur?n, a quien el pasado 16 de octubre le concedieron el tercer amparo presentado para su liberaci?n por su abogada B?rbara Zamora, sin que a la fecha haya salido libre.

En tanto, la abogada Isabel Uriarte, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust?n Pro Ju?rez --quien por cierto coadyuva en el caso ante la fiscal?a especial para la atenci?n de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres (Fevim), y ante la que el Prodh interpuso una demanda por la violaci?n de 14 mujeres durante los operativos de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006--, se?al? que a?n no hay resultados de los peritajes que la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) realiz? en agosto pasado a dos de las mujeres que hicieron la denuncia pertinente.

Y es menester lo apuntado por Isabel Uriarte: ?Continuamos atoradas con la Fevim porque seguimos esperando los resultados de los peritajes del Protocolo de Estambul realizado a dos mujeres?.

Sin embargo, la propia Uriarte ha dicho que aunque esperan una ?resoluci?n de fondo de inmediato? por parte de la Fevim para la denuncia, ?nunca han cre?do en el compromiso de la fiscal Alicia Elena P?rez Duarte?.

Finalmente suman ya tres los peritajes realizados a las mujeres para acreditar que fueron violadas, sin embargo, a 19 meses de haber sido torturadas por los polic?as de la Procuradur?a Federal Preventiva (PFP) la Fevim contin?a aplicando el protocolo de Estambul para demostrar que s? hubo tortura sexual.


En dos a?os se dispuso en zona chol una ?guerra? dentro de la guerra
Chenalh?, laboratorio de una estrategia amplia de contrainsurgencia
Hermann Bellinghausen /III
Para la relaci?n de los hechos que sacudieron a Chenalh? la segunda mitad de 1997 es necesario recordar su contexto. Chenalh? se hab?a convertido en un laboratorio m?s de una estrategia amplia de contrainsurgencia, en un territorio en guerra que abarca la tercera parte de Chiapas e involucra a casi todos los ind?genas de la entidad. La militarizaci?n era (y sigue siendo) abrumadora.
Iniciada en 1995, durante los dos a?os siguientes se organiz? y activ? en la zona chol de Chiapas una ?guerra? dentro de la guerra, con la expansi?n paramilitar de la organizaci?n pri?sta Paz y Justicia. En 1997, mientras Chenalh? entraba en su propia espiral contrainsurgente, los asesinatos, desplazamientos y despojos prosegu?an en la zona norte. Ambos casos, en territorios cercados por el Ej?rcito Mexicano y un importante despliegue policiaco.
?xodo y saqueos
El 14 de marzo de 1997, la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, colindante con Chenalh?, fue atacada por la polic?a y el Ej?rcito, quienes mataron a cuatro ind?genas zapatistas y causaron el ?xodo de m?s de 80 familias. La polic?a hab?a disparado en El Vergel, por tierra y desde un helic?ptero (matr?cula XC-BGC), sobre la poblaci?n civil. Despu?s saquearon Nixtalucum. Durante dos meses, los tzotziles zapatistas permanecieron desplazados, mientras las polic?as federal y estatal y el Ej?rcito, posicionados dentro y en torno a esa comunidad, ?conviv?an? con los pri?stas del lugar, quienes dejaron de trabajar el campo, se adue?aron del poblado, sembraron mariguana (seg?n se comprob? despu?s) y recibieron adoctrinamiento y adiestramiento militar.
Igual suced?a en Sabanilla y Tila, y suceder?a pronto, de manera brutal, en Chenalh?. Alg?n d?a habr? que explicar por qu? en unas partes funcion? la formaci?n de grupos paramilitares y en otros, como El Bosque, no. Por ello, cuando el gobierno decidi? atacar el municipio aut?nomo San Juan de la Libertad en 1998, ser?an directamente tropas federales y polic?as.
El 17 de mayo de 1997, una marcha de 4 mil civiles zapatistas acompa?? el retorno de los desplazados a Nixtalucum, y pareci? cerrarse ese cap?tulo (La Jornada, 18 de mayo). Al otro d?a arranc? la agresi?n contra zapatistas en Yaxjemel. En las semanas siguientes se revelar? otro grupo paramilitar en Ocosingo y Oxchuc, el Movimiento Revolucionario Ind?gena Antizapatista (MIRA), cuya existencia jam?s fue admitida por las autoridades y en buena medida fue un fracaso.
En alg?n momento imposible de fechar, durante la primavera de 1997, las comunidades identificadas como ?pri?stas? o ?cardenistas? (en referencia al Partido del Frente Cardenista que por entonces exist?a, sin relaci?n con el cardenismo hist?rico y menos a?n con el de Cuahut?moc C?rdenas, quien ese mismo a?o ganar?a las elecciones para gobernar la capital del pa?s), comenzaron a llamar ?el contrario? y ?los contrarios? a las familias y comunidades que se hab?an unido al municipio aut?nomo de Polh?, como bases de apoyo del EZLN o miembros de organizaciones civiles m?s o menos perredistas, cuando su partido era de oposici?n en un estado controlado hasta 1994 por numerosos cacicazgos, ind?genas o mestizos seg?n la regi?n, pero siempre pri?stas.
El ?contrario? en muchos pueblos del pa?s es el ?demonio?. El giro idiom?tico, inusual en Chenalh?, al parecer fue inducido por quienes aplicaron la estrategia contrainsurgente, y representa una de las primeras adaptaciones locales de los preceptos de la guerra de baja intensidad: ahondar las diferencias, demonizar al otro, deshumanizarlo. As? es m?s f?cil da?arlo.
Las informaciones de la ?poca, incluso en los medios oficialistas, nunca fundamentaron convincentemente que los conflictos en Chenalh?, que se fueron sumando y complicando, se originaban en agresiones de ?los contrarios? (zapatistas) contra los oficialistas. Las ?emboscadas? de los primeros apenas se pudieron probar; los verdaderos enfrentamientos, que no fueron la regla, se debieron a ataques de paramilitares y respuesta defensiva de los zapatistas; los desplazamientos de familias del PRI y cardenistas obedec?an al temor a ser agredidos, mientras los zapatistas, perredistas y Abejas eran perseguidos y tiroteados, sus casas quemadas y sus propiedades robadas o destruidas.
El argumento de que los zapatistas ?despojaban? a los oficialistas de sus tierras no se sostiene ante la evidencia, entonces y hasta la fecha, de que ellos fueron los verdaderos despojados en las comunidades de donde salieron. Los desplazados pri?stas y cardenistas retornar?an en poco tiempo, escoltados y protegidos por la polic?a, y ya no debieron desplazarse. La versi?n de que ?stos se organizaron para ?autodefenderse?, propalada entre otros por la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) en su libro blanco (1998), fue una construcci?n posterior, que buscaba ?explicar? la matanza de Acteal y los m?ltiples episodios previos, aportando versiones que durante 1997 nadie se molest? en demostrar. La t?ctica de los grupos armados, y de los gobiernos municipal, estatal y federal, hab?a sido ?negar todo?, sin insistir en demostrar las versiones de su lado. Les bastaba con desde?ar, acusar y difamar a ?los contrarios?, a los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes. Su ?verdad? comenz? a preocuparles despu?s del terrible desenlace, que los confront? con la responsabilidad penal.
Violencia administrada
El verano de 1997 se anuncia con declaraciones del gobernador Ruiz Ferro minimizando el tema chol como ?conflicto entre dos grupos de siete ejidos? (La Jornada, 2 de junio), mientras el obispo de San Crist?bal de las Casas, Samuel Ruiz Garc?a, acusaba: ?Todo apunta a concluir que la violencia en la zona norte es ?administrada? por las fuerzas de seguridad p?blica?. Las autoridades consideraban ?religioso? el conflicto, y culpaban a la di?cesis cat?lica. Ruiz Garc?a insit?a en el car?cter ?pol?tico? de aquella violencia. Para Chenalh? tambi?n se intentar?an explicaciones ?religiosas?, sobre todo despu?s de Acteal; hoy s?lo los abogados de los paramilitares presos act?an con ese enfoque.
El 2 de junio se suspendi? por segunda ocasi?n el di?logo entre los municipios aut?nomos de Polh? y el oficial de Chenalh?, pues los representantes del segundo no se presentaron en Yabteclum, donde era la cita. Inesperadamente, el d?a 3 se encontraron al fin las partes en esa comunidad. Avanzaban en un ?acercamiento? y conven?an respeto mutuo y libertad de tr?nsito, cuando irrumpi? en un helic?ptero el subsecretario de Gobierno Uriel Jarqu?n; su presencia no hab?a sido acordada y abort? la reuni?n (La Jornada, 4 de junio).
El d?a 5, las autoridades aut?nomas del vecino municipio de San Andr?s denunciaron: ?Ha aumentado la presi?n militar en los Altos. Hacen diario patrullajes desde hace 10 d?as? (La Jornada, 6 de julio), as? como vuelos rasantes. Relataron: ?Entran en los pueblos, se entrenan dentro de los pueblos?, y aseguraron que las tropas adiestraban a los pri?stas. ?Recibimos informaci?n de que ya hay guardias blancas en los Altos. Ya tienen radios para comunicarse entre ellos.?
Poco despu?s ocurri? un incidente a 400 metros de Acteal, que a?n no ten?a campamentos de desplazados. El d?a 9, la Subprocuradur?a de Justicia del estado inform? de una ?emboscada? a un cami?n de Seguridad P?blica, ?atacado por zapatistas?. Seg?n pobladores de Pechiquil, hubo una detonaci?n y entre 70 y 100 balazos. El municipio aut?nomo de Polh? dijo que los polic?as dispararon bombas y tiros ?sin haber ning?n problema? (La Jornada, 10 de junio). Diez ind?genas fueron golpeados a culatazos, dos fueron detenidos por la polic?a y luego arrojados del cami?n al camino. Ese d?a, unos 200 desplazados de Yaxjemel, miembros de Las Abejas y refugiados en Yibeljoj, se dispon?an a retornar a sus casas. La ?emboscada? los disuadi?.
Provocaci?n para la militarizaci?n
Al d?a siguiente, los pobladores de Acteal negaron la ?emboscada? y afirmaron que la acci?n ?fue premeditada para provocar m?s conflictos y justificar la militarizaci?n de nuestros parajes? (La Jornada, 11 de junio). Los pobladores y desplazados en Polh?, a pocos kil?metros, ?ya quer?an huirse por el miedo?, dijo Javier Ruiz Hern?ndez, secretario del concejo aut?nomo. En un bolet?n, la Coordinaci?n de Comunicaci?n Social del gobierno de Chiapas reiter? que los polic?as fueron ?agredidos por desconocidos?, con saldo de dos agentes lesionados. ?Los desconocidos arrojaron botellas con gasolina y mecha?, dec?a el bolet?n, contradiciendo a la subprocuradur?a de Justicia que la v?spera asever? que los presuntos atacantes hab?an disparado. Seg?n la gente de Acteal, la versi?n oficial era ?falsa?, pues ?los mismos polic?as tronaron bombas y tiraron balazos para amedrentarnos?.
Un d?a despu?s, el ayuntamiento oficial de Chenalh? se reuni? en Pantelh? con el gobernador Ruiz Ferro y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Guti?rrez (La Jornada, 12 de junio). El juez Antonio P?rez Arias, vocero del municipio oficial, insisti? en que el gobierno enviara m?s polic?as a las comunidades, y pidi? la intervenci?n de las comisiones Nacional de Intermediaci?n (Conai) y de Concordia y Pacificaci?n (Cocopa). En tanto, el municipio aut?nomo denunci? que en Yabteclum, unos 50 pri?stas armados agredieron la casa de Rosa Guti?rrez ?y se llevaron a uno de sus hijos a la cabecera municipal?.
En las semanas siguientes, la primera petici?n del ayuntamiento oficial ser?a satisfecha: en las comunidades y caminos de Chenalh?, cientos de polic?as instalaron campamentos que devendr?an permanentes, escudar?an el retorno de los pri?stas y frentecardenistas desplazados y el inmediato despojo de las casas y cafetales de los ausentes zapatistas, perredistas y Abejas. As? aparece un nuevo actor visible en las comunidades de Chenalh? en poder de pri?stas: la polic?a.
Publicado por solaripa69 @ 9:56
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