En 97, la contrainsurgencia abortó la paz en Chenalhó
La marcha de los 1,111 frenó algo la violencia; faltaba agosto
Hermann Bellinghausen / IV
A mediados de junio de 1997 Chenalhó ya es un escenario de activa contrainsurgencia. La asignación de recursos oficiales, que fluyen en abundancia, está detonando conflictos comunitarios. Como en otras comunidades, en Saclum y Matzeclum se amenaza con expulsar a las familias de los dos municipios autónomos que abarcan Chenalhó: Polhó y Magdalenas La Paz.
En la cabecera de San Pedro Chenalhó, un priísta de nombre Mariano (pidió omitir su apellido), poblador de Saclum, declaró: “Nos dijeron que iban a repartir el dinero, con la condición de que lo solicitaran todos de la comunidad. Les dijimos que los zapatistas no iban a aceptar, y nos repitieron que ‘todos’. Entonces preguntamos que qué hacíamos si no aceptaban, y nos dijeron ‘pues córranlos, o los obligan’” (La Jornada, 14 de junio*).
“Tenemos diferencias, sí, pero llevamos tres años viviendo desde que comenzó el problema de los zapatistas y sólo ahora, con la obligación para un programa del gobierno, nos obligan a pelear”, agregaba el hombre de Saclum, comunidad ubicada al oeste del municipio, en el extremo opuesto de la zona donde finalmente “prendió” la paramilitarización y en cuyo corazón geográfico se encuentra Acteal. El edil Jacinto Arias Cruz había solicitado, en nombre de “todo el municipio”, la presencia de la policía. Mariano advirtió a La Jornada que al menos en Saclum no era así. “No queremos más problemas entre hermanos”.
Aquí no pasa nada
Ese día estuvo en Chenalhó el senador priísta Sami David en un acto proselitista (pues se avecinaban elecciones de diputados federales), en un ambiente de “aquí no pasa nada”. Poco antes, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, de gira por Chiapas, había asegurado que la inversión social no se orientaba a la contrainsurgencia. También visitó la entidad, por segunda vez en 15 días, el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre (13 y 14 de junio).
En ese momento ya se calculaba en mil 200 el número mínimo de desplazados zapatistas y simpatizantes (sólo de Yaxjemel y Yabteclum eran 534 y 527, respectivamente). En Polhó, el consejo autónomo recordaba que antes, en Chenalhó, cuando había conflictos, “en vez de encender el fuego” lo aplacaban negociando (16 de junio). Las cosas cambiaron desde un año atrás, cuando renunció el alcalde oficial Manuel Arias Pérez y lo sustituyó su secretario Jacinto Arias Cruz. Ahora, éste “es el que desbarata, insiste en que haya enfrentamiento”.
La caída del edil electo se debió al primer crimen contra zapatistas, cuando la noche del 19 al 20 de agosto de 1996 una turba de priístas ebrios “capturó” a seis jóvenes zapatistas en una posada de la cabecera municipal, los linchó y arrojó sus cuerpos en la sima de Chixiltón. Hubo tres detenidos por los asesinatos, que salieron libres tiempo después. También por entonces renunció, “por motivos personales”, el secretario estatal de Atención a los Pueblos Indios, el conocido escritor pedrano Jacinto Arias Pérez (homónimo del nuevo alcalde priísta y primo del anterior). Estaba inconforme con lo que pasaba y prefirió hacer mutis (Suplemento Masiosare, 28 de diciembre). Algo estaba pasando en San Pedro Chenalhó. El grupo oficialista dominante era desplazado por gente nueva, más agresiva y desarraigada (como documentarían más adelante Andrés Aubry y Angélica Inda en La Jornada).
En Yabteclum se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas. El consejo de Polhó refirió el caso de Felipe Gómez Gómez, priísta, quien en vez de participar en un ataque contra simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “se quedó dormido” en su casa. “Les dio coraje a los del PRI que no obedeciera. Lo fueron allanar la casa del muchacho y lo llevaron preso a Chenalhó. Y (eso que) es uno de ellos” (17 de junio). Las explicaciones oficiales del conflicto por “fundamentalismo religioso” disfrazaban la realidad; se trataba de un nuevo fundamentalismo ejercido con el presupuesto.
Presiones contra Las Abejas
En tanto, Las Abejas denunciaron que los priístas los “presionaban” para votar por el partido oficial. En diversas reuniones pretendían obligarlos “a sacar sus credenciales” y volver al PRI. Yabteclum, el “pueblo viejo” del municipio, punto de encuentro entre autónomos y priístas, fue devorado por la marea contrainsurgente tras ser expulsado medio millar de zapatistas (18 de junio).
La militarización crecía en Ocosingo y Altamirano, con la llegada de 3 mil soldados más (19 de junio) y la “guerra” del grupo paramilitar Paz y Justicia escalaba nuevamente en Tila y Sabanilla; en Emiliano Zapata y Shushupá, entre los días 22 y 24 fueron asesinados ocho simpatizantes zapatistas, y heridos muchos más, luego de que Juan López Jiménez, dirigente de Paz y Justicia, fue asesinado en Pasijá el día 15 (24, 26 y 27 de junio). Los simpatizantes del EZLN se encontraban sitiados por Paz y Justicia en 14 comunidades de Tila y Sabanilla y era inminente una nueva oleada de desplazados.
El día 26 el gobierno oficial de Chenalhó detuvo en Yabteclum a los simpatizantes zapatistas Fidencio Ruiz y Ernesto Gómez, responsabilizándolos de la desaparición de Manuel Takiumut, un mes atrás. La aprehensión fue mientras se efectuaba allí mismo una reunión más de acercamiento entre autónomos y priístas. “Estaban a punto de llegar a un acuerdo para que más de mil desplazados pudieran retornar” cuando se dio la captura (27 de junio) y se interrumpió el diálogo. Una vez más.
Protesta por falta de créditos
Un día después, la sociedad cooperativa de productores de Bajxulum envió una carta al gobierno federal anunciando que en 21 comunidades de Chenalhó sus socios no votarían el 6 de julio, “y menos por el PRI”, pues los productores no habían recibido los créditos ofrecidos y presumían que “alguien cobró” por ellos millón y medio de pesos. Argumentaron “falsas promesas, engaños y mentiras” (28 de junio). Versiones posteriores indicarían que ese dinero se destinó a la compra de armas.
El EZLN anunció, a su vez, que las comunidades rebeldes no votarían en protesta por la militarización, “el ambiente de guerra promovido por el gobierno y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés”. El subcomandante Marcos escribió en un comunicado: “¿Con qué cara exigirles (a las comunidades) que voten si ni siquiera viven en condiciones normales? ¿Se les puede pedir que aparenten una normalidad ciudadana un día y regresen al terror cotidiano el resto del año?” (3 de julio).
En tanto, representantes de comunidades zapatistas de Chenalhó y San Andrés (dentro del municipio autónomo Magalenas La Paz) exigieron cancelar la formación de grupos paramilitares y el retiro del Ejército federal. Indígenas de las comunidades Atzamilhó, Saclum, Xux’chen, San Pedro Cotzinam y Aldama aseguraron que priístas armados “están planeando y uniendo sus fuerzas para provocar enfrentamientos” (2 de julio).
Rebeldía y abstencionismo
La víspera de las elecciones marcharon en San Andrés 2 mil zapatistas anunciando que impedirían los comicios. Realizaron un acto contra el gobernador Julio César Ruiz Ferro “por mantener una amplia campaña de desprestigio contra el EZLN” y “distorsionar” la información para enfrentar a los pueblos (6 de julio). Los desplazados de Tila, Sabanilla y Tumbalá tampoco estaban en condiciones de sufragar.
El domingo 6 de julio, las elecciones federales en Chiapas registraron el mayor abstencionismo del país; no votó 65 por ciento y unas 600 casillas no fueron instaladas. Hubo quema o retiro de urnas en Chenalhó, San Andrés, Tenejapa, El Bosque, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Amatenango del Valle y Pantelhó, y en muchos otros municipios indígenas faltaron casillas y, sobre todo, votantes. En la zona norte, Paz y Justicia “controló” las elecciones para que sólo participaran los priístas. En Yabteclum (Chenalhó) fueron expulsados los observadores de Alianza Cívica, y “sólo votaron los del PRI” (7 de julio).
Agresión inminente
Poco después, el presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, alertó sobre una posible agresión de policías y grupos paramilitares cuyo centro de operaciones era Santiago el Pinar (10 de julio). En los caminos de los Altos se veían pintas como: “Somos Máscara Roja, si nos quieres conocer nos vemos en el infierno” y “Ya no estamos engañados, estamos para salir”.
Al otro día, la policía de Seguridad Pública detuvo en Santiago el Pinar, donde había un campamento del Ejército federal, a siete priístas armados (cuatro de ellos menores de edad) con pistolas 3.80 y 38 especial, así como cartuchos para AK-47 (cuerno de chivo) y otros calibres. Los detenidos participaban en un bloqueo carretero con otras 40 personas (11 de julio). Esto confirmaba las reiteradas acusaciones de la existencia de grupos civiles armados en San Andrés y Chenalhó, pero no tuvo ningún efecto.
Ante la situación en Chiapas, el EZLN inició una estrategia hacia fuera, para llamar la atención del país y del mundo de lo que sucedía en las comunidades. Las protestas a escala local eran ignoradas. El 21 de julio se levantó un plantón frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde unos 300 representantes de los desplazados de la zona norte habían permanecido ¡87 días! demandando inútilmente al gobernador Ruiz Ferro el cese de la violencia para que los desplazados pudieran retornar a sus comunidades.
El EZLN anunció que del 25 de julio al 3 de agosto dos delegados suyos asistirían al segundo Encuentro Intercontinental (Intergaláctico) en cinco localidades del Estado español. En agosto, los rebeldes anunciaron una marcha de mil 111 bases zapatistas a la ciudad de México para septiembre, mientras otros dos delegados indígenas viajarían a Venecia y Roma. Estas iniciativas civiles frenarían pasajeramente la violencia paramilitar, la cual recrudecería brutalmente en la segunda mitad de septiembre. Pero aún faltaban los relámpagos de agosto.
En el crimen de Acteal se busca negar la responsabilidad del Estado y el Ejército
El Centro Fray Bartolomé documentó y denunció la existencia de paramilitares, sostiene.
En la gestión de Zedillo no se hizo justicia, afirma el obispo Samuel Ruiz García
Gabriel León Zaragoza
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, afirmó que durante el sexenio de Ernesto Zedillo “no se investigó” con seriedad la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas. Desde entonces, agregó, se ha pretendido “negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército”, y omitir la autoría intelectual del ex mandatario en el crimen de lesa humanidad contra los tzotziles. Consideró que el resultado de la indagatoria de esa administración quedó “muy al margen de lo que en realidad sucedió”.
Acerca del debate que se ha dado sobre la revisión de los hechos que cobraron la vida de 45 indígenas chiapanecos, Samuel Ruiz afirmó en entrevista que “da la impresión” de que el Estado echó a andar una maquinaria para borrar la historia, porque “se ha visto que hay una complicidad en marcha, porque detrás de este articulista está alguna indicación oficial. No se ve otra intención”.
Consideró que la actual administración federal carece de determinación para alcanzar la verdad sobre las ejecuciones en Acteal, y “lo que estoy viendo es que hay una complicidad, porque se quieren borrar los hechos en lugar de que se haga una investigación a fondo”.
–A 10 años de los hechos, ¿cómo debe mirarse la masacre de Acteal?
–Un crimen lo es a 10 años o a 20, lo grave es que no se ha hecho justicia y que recientemente alguien trata de borrar los acontecimientos y las reflexiones sobre lo sucedido. La masacre no ha tenido una investigación a fondo. Y parece que con el artículo publicado pierde calidad el periodista que lo escribió, tratando de negar acontecimientos que están a la mano.
“He dicho que un crimen no deja de ser un crimen, que no se ha castigado adecuadamente y con ese artículo se ve claramente que hay intentos y complicidad de no continuar investigación alguna. Por el contrario, se pretende decir que los hechos no sucedieron.”
–¿Qué respuesta espera del gobierno federal en el décimo aniversario de la matanza de Acteal?
–Nada, porque se ve que no hay justicia. Sin embargo, espero que haya el reconocimiento de los hechos, la investigación adecuada y el castigo de los responsables.
–¿El Estado echó a andar una maquinaria para borrar los hechos?
–Da la impresión.
–¿Quién podría estar interesado en que no se conozca la realidad?
–Eso sería cuestión de preguntarle al periodista: ¿quién le dijo que escribiera?
–El ex presidente Ernesto Zedillo dijo en España que los hechos de Acteal se investigaron con seriedad.
–No se investigó. Las indagaciones no fueron suficientes o quedaron escondidas, porque los verdaderos responsables quedaron ocultos. Inclusive él no deja de aparecer como responsable, puesto que estuvo al tanto de las cosas. Se ve que hay una complicidad en el asunto y que se quiere negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército.
–¿Comparte la opinión del obispo Raúl Vera?, quien dijo que el autor intelectual de la masacre de Acteal fue el ex mandatario, al que acusó de cometer un crimen de lesa humanidad.
–No sólo la comparto, lo dije antes.
–¿Qué personajes estarían pendientes de ser investigados?
–Le toca al Estado decirlo, pero evidentemente son los que formaban parte de la estructura oficial.
–¿Hará un llamado al gobierno calderonista para que retome las investigaciones?
–No va a hacerlo. Lo que estoy viendo es que hay complicidad. Quieren borrar los hechos en lugar de hacer una investigación a fondo.
–¿Ratifica que fue un crimen de Estado?
–Lo he dicho, basta investigar y ver las comunicaciones que se hicieron.
–¿Qué espera de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
–Que haya alguna comunicación al Estado mexicano y que éste dé respuesta.
–¿Qué elementos tuvieron en su momento para señalar la existencia de grupos paramilitares?
–Lo de Acteal fue como la acción 22 y fue la más representativa. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé lo documentó, y en su momento denunció su existencia, entrenados por el Ejército.