DETIENE EL EJÉRCITO A MILITANTES DEL FPR EN LA COSTA
Al pueblo de Oaxaca.Al pueblo de México y del mundo.A los medios de comunicación:
El día de hoy, miércoles 7 de noviembre a las 20:15 hrs., fueron detenidos tres integrantes del Ayuntamiento de Santa Maria Temaxcaltepec, distrito de Juquila en la región Chatina de la Costa, por parte de integrantes del Ejercito Mexicano. Se trata de los compañeros Lorenzo Salinas Mendoza, Presidente Municipal; Alejandro Salinas Cortes, Comisariado de Bienes Comunales y Petronilo de la Lid Cortes Sindico Municipal, su vez miembros del Frente Popular Revolucionario. Las autoridades comunales indígenas venían de una comisión a bordo de un Taxi del sitio “Temaxcaltepec” cuando fueron interceptados por miembros del Ejecito Mexicano a la altura del paraje conocido como el Charco donde se les sembraron armas. Una hora después de las detenciones arbitrarias el Ejército cateó el Palacio Municipal de la Comunidad. Hasta el momento se desconoce el paradero de nuestros compañeros ya que no han sido presentados ante ninguna autoridad judicial federal ni estatal y tememos por su integridad física.
Estas detenciones arbitrarias hechas por el Ejercito Mexicano, son una prueba más de la complicidad del Gobierno Federal y el gobierno caciquil de Ulises Ruiz Ortiz. Las detenciones se enmarcan en un proceso de conflictos postelectorales, pues las decisiones que ha tomado la comunidad en asambleas democráticas no convienen a los intereses del priísmo en la región, en especial del cacique Fredy Gil Pinada Gopar, quien ha pretendido reelegirse como Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala, lugar donde se ha enquistado con una política de terror y de miedo, pretendiendo mantener el control de la región. En Asamblea de usos y costumbres en la comunidad de Temaxcaltepec el 7 de octubre la comunidad eligió a sus autoridades de manera democrática y con mayoría abrumadora. Dado que las decisiones de la comunidad contravenían los intereses de los personeros de Ulises Ruiz en la región, gente armada ajena a la comunidad y enviados por el ex porro de la UABJO, Fredy Gil Pineado Gopar, irrumpieron en la asamblea comunitaria de forma violenta y con armas de alto poder, resultando de este hecho dos heridos de bala. La comunidad ante la Dirección de Usos y Costumbres del Instituto Estatal Electoral, decidió en gesto de buena voluntad realizar la asamblea de la comunidad para el próximo 11 de Noviembre. Para romper con la asamblea y sembrar el terror en la comunidad los gobiernos pro fascistas de Ulises Ruiz y Felipe Calderón han enviado al Ejercito Mexicano ha reprimir a quienes se han negado a acatar los deseos del cacicazgo de la región.
Estos hechos en la costa oaxaqueña viene a confirmarnos que el Ejercito Mexicano, desplegado por Felipe Calderón en la todo el territorio nacional, están llevando a cabo una estrategia de terror en contra de la población inconforme bajo la excusa de “acabar con el narcotráfico”. El Frente Popular Revolucionario, exige de manera categórica la presentación con vida y libertad de los compañeros Lorenzo Salinas Mendoza, Alejandro Salinas Cortes, y Petronilo de la Lid Cortes, se le respeten sus derechos civiles, puesto que han sido detenidos por los militares en represalia por contravenir los intereses del cacicazgo en la región. El Frente Popular Revolucionario condena la alarmante militarización de Oaxaca, en especial de la costa; condena la intensificación de la represión contra el movimiento popular oaxaqueño en especial contra el FPR. Ante estos hechos el FPR levanta las banderas de los derechos democráticos que los
fascistas enquistados en el poder pretenden eliminar.
¡LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN!¡FUERA URO DE OAXACA!
Fraternalmente
UNIDAD DE TODO EL PUEBLO POR LA EMANCIPACIÓN PROLETARIA.FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca: Detiene el Ejército al alcalde de Santa María Temaxcaltepec
pedro matías
Oaxaca, Oax., 8 de noviembre (apro).- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a autoridades municipales y comunales de Santa María Temaxcaltepec, e instalaron retenes en esa región chatina, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.
Precisó que el presidente municipal de Santa María Temaxcaltepec, Lorenzo Salinas Mendoza; el síndico municipal Petronilo Cortés; y el presidente de bienes comunales de ese municipio indígena, Alejandro Salinas Cortés, fueron interceptados por los militares ayer alrededor de las 18:00 horas, a la altura del paraje La Arena.
Comentó que todos fueron puestos disposición del Ministerio Público Federal de Santa María Huatulco, sin que hasta ahora se sepan de qué los están acusando.
Sin embargo, Santiago Reyes teme que les puedan fabricar delitos porque en esta comunidad chatina se ha organizado durante los últimos años para defender sus derechos indígenas, debido a que han sido “reprimidos” por el estado.
Ante esta situación, el presidente del Cedhapi solicitará, en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia temática, para que autoridades indígenas del estado de Oaxaca rindan un informe sobre la discriminación y abusos que persisten en la entidad en su contra.
Santiago Reyes resaltó que el municipio de Santa María Temaxcaltepec es habitado por indígenas chatinos, quienes han sido víctimas de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, que van desde las detenciones arbitrarias hasta la tortura.
Recordó que el 17 de marzo de 2006, los indígenas chatinos realizaron una manifestación en Puerto Escondido para exigir la libertad de ocho habitantes de Santiago Cuixtla, quienes fueron detenidos por defender su territorio.
En esa ocasión, las fuerzas de seguridad estatal detuvieron a doce manifestantes y los acusaron de rebelión sólo por exigir la libertad de sus compañeros.
Posteriormente, el 11 de Abril del 2000, la policía auxiliar detuvo arbitrariamente a siete indígenas chatinos en la terminal de autobuses de esta capital al confundirlos, supuestamente, con indocumentados centroamericanos. A pesar de que se identificaron con sus credenciales de elector, fueron encarcelados, torturados y amenazados con ser deportados a Guatemala.
Denunció que el trato discriminatorio hacia los pueblos indígenas persiste tanto en el nivel federal como el estatal, a pesar de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política Mexicana que salvaguarda los derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, el vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Florentino López Martínez, consideró que la detención de las autoridades municipales y comunales tiene tintes eminentemente políticos, ya que los relacionan directamente con el movimiento por la lucha que han emprendido en defensa de su territorio y sus derechos indígenas.
Exigen indígenas loxichas acusados de eperristas su libertad preparatoria
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Cuatro indígenas zapotecas de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, su intervención para que sean liberados por alcanzar la libertad preparatoria.
Los encarcelados, Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio,
Urbano Ruiz Cruz y Estanislao Ramírez Santiago, fueron sentenciados por el Poder Judicial Federal a una pena de 13 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio simple intencional, tentativa de homicidio simple intencional y terrorismo, por su presunta participación en el ataque del grupo armado a instalaciones navales y policiales, el 29 de agosto de 1996, en La Crucecita, Huatulco.
"Legalmente ya debemos estar libres", señalaron.
En un manifiesto, explicaron que fueron detenidos en los primeros días de septiembre de 1996 y sometidos a largos, aberrantes y tortuosos procesos judiciales, para posteriormente ser sentenciados en la causa penal 39/96 por el Juez Octavo de Distrito del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Explicaron que a la fecha, llevan 11 años y dos meses en la cárcel, pero "legalmente ya debemos estar libres según el Código Penal Federal", pues dispone en el artículo 84, conceder la libertad preparatoria al condenado quien hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando hayan observado buena conducta y se hayan readaptado socialmente, según un estudio de personalidad.
Una vez cumplido con las exigencias, "según nuestras cuentas, deberíamos estar libres desde que cumplimos 8 años y un mes de prisión, pero a pesar de las promesas del ex presidente Vicente Fox, los compromisos de los ex secretarios de Gobernación Santiago Creel y Carlos Abascal, seguimos siendo rehenes del estado".
Además de que "como lo consigna el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el año 2003, sobre el caso de la región Loxicha, se aplicó toda la fuerza del estado para desaparecer a la etnia zapoteca de nuestra tierra".
Ante esto, solicitaron a Soberanes Fernández e Ibarra de Piedra intervenir de manera inmediata y contundente "para que se nos ponga en libertad ya que consideramos que también somos seres humanos"
El IFAI demanda a la SFP sancionar a funcionarios de la PFP
de la redacción
* Los acusa de ocultar “de manera indebida, con dolo y mala fe” la identidad de los detenidos en Oaxaca durante el conflicto magisterial
México, D.F., 8 de noviembre (apro).- Por decisión unánime, los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) demandaron hoy a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar y sancionar a funcionarios de la Policía Federal Preventiva (PFP), que ocultaron “de manera indebida, con dolo y mala fe”, la identidad de los maestros y activistas de la APPO detenidos en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006.
La PFP dijo que no existía ningún documento que mencionara los nombres de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) detenidos durante el conflicto.
Sin embargo, hace cuatro meses, la propia PFP hizo público un documento que incluía el nombre, la fecha y el lugar del aseguramiento de cada sospechoso.
Ante esa contradicción, los comisionados estuvieron de acuerdo en pedir que la SFP inicie procedimientos de responsabilidad contra quienes negaron informar quiénes eran los detenidos.
El comisionado Alonso Gómez Robledo expuso que, desde el pasado 12 de julio, la propia PFP había entregado al IFAI una relación de 152 personas detenidas por las fuerzas federales en Oaxaca, por lo que ahora denegaba los informes “intencionalmente”.
“La presunta responsabilidad administrativa del o los servidores públicos involucrados, consiste en declarar la inexistencia de información que obra en los archivos del órgano desconcentrado.
“Se considera procedente hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control para que verifique a aquéllos que la ocultaron de manera indebida, actuaron con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de la solicitud de acceso y denegaron intencionalmente la información, para que, en su caso, inicie el o los procedimientos de responsabilidad”, señala el proyecto de Gómez Robledo.
En la resolución del IFAI, se destaca que la SFP deberá entregarle al instituto los resultados o resoluciones finales de los procedimientos de responsabilidad, para hacerlos del conocimiento público a través de su informe anual.
Oaxaca: quejas de mujeres contra IMSS, ISSSTE y SS.
Por Nadia Altamirano Díaz/corresponsal
Oaxaca, Méx., 8 nov 07 (CIMAC).- La muerte de una mujer por la perforación de su matriz e intestinos; el caso de una madre que perdió a su bebé por omisiones de los médicos; un dictamen incorrecto y una cirugía mal realizada son las quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El presidente de este organismo, Jaime Mario Pérez Jiménez, condenó la insensibilidad humana de los médicos del área de Urgencias en el IMSS, quienes el pasado 14 de octubre negaron el servicio a Montserrat Javier Martínez, una derechohabiente que estuvo a punto de morir por complicaciones en su embarazo de 16 semanas y media.
A su juicio este hecho es censurable, pues por ética, humanidad y obligación legal los médicos del IMSS debieron brindar los servicios de emergencia a Montserrat, quien no fue atendida por no presentar su carnet de citas.
Recordó que independientemente de los reglamentos internos de una institución pública, los médicos tienen “una responsabilidad civil” para con los enfermos y tienen además “la obligación de atender a un paciente, esté o no inscrito en el IMSS”.
Lo que sucedió con Montserrat Javier, quien enfrentó una hemorragia mientras esperaba en el área de Urgencias del Seguro Social sin recibir atención médica, es para el Ombudsman oaxaqueño una situación grave porque se trata de la vida y la integridad física de una persona.
“Los médicos tienen la obligación de salvar vidas y eso está ligado a una condición humanística, algo que se ha perdido”, lamentó.
Este caso se suma a los ocho expedientes de queja que ha integrado la CEDH, de los cuales el 50 por ciento son en contra del IMSS, ante quien la Comisión es incompetente pues el Instituto es un organismo federal.
“Nosotros nada más agotamos las cuestiones urgentes y determinamos medidas cautelares como la atención médica inmediata”, pero todos los casos se canalizan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se determine en cuáles hubo negligencia médica.
ARBITRAJE MÉDICO
Por otra parte, para el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Manuel Ortega González, las quejas que ha integrado le permiten asegurar que en Oaxaca “continúa siendo deficiente la atención materno infantil”.
Admitió además que la muerte de mujeres antes, durante o después del parto es “uniforme” y no está condicionada a la presencia o no de un médico ni de la infraestructura en salud.
En lo que va del año esta Comisión ha recibido 59 inconformidades que han permitido la integración de 30 quejas formarles en contra de 16 clínicas particulares y 14 relacionadas con instituciones públicas.
Cuestionado sobre el caso de Montserrat Javier Martínez, una mujer que estuvo a punto de morir en el área de urgencias del hospital central del IMSS, después de que el personal le negó la atención por no presentar su carnet de citas, consideró que “a todas luces hay una negativa” de los servicios de emergencia.
Asegurando que hasta el momento de la entrevista el caso no había sido presentado a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, Ortega González, consideró que la señora Montserrat debió ser atendida en el IMSS porque la hemorragia que presentaba era una urgencia, sin embargo limitó la negativa al personal administrativo.
Detalló que el IMSS encabeza la lista con ocho quejas, seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con tres e igual número para los hospitales de la Secretaría de Salud (SS).
“En su mayoría los casos refieren a una deficiencia en la atención materno infantil, a veces es porque la propia institución no tiene el personal para dar la atención adecuada”, explica Ortega González.
Sin revelar detalles ni nombres, explicó que actualmente está en proceso de resolución una queja que se refiere a la muerte de una madre después del parto porque la institución carecía de un anestesiólogo.
Reconoció que en las quejas que van en contra de una institución de salud federal, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico tiene “la gran limitante” de ser “sólo tramitadores”, así que además de presentar una queja ante esta instancia, el médico propone presentar otra más en el órgano interno del IMSS y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de levantar una demanda por la vía penal.