REPORTAJE /A diez años de Acteal
Desmantelar las desarmadas bases zapatistas, su propósito
Paramilitar: joven frustrado por las autoridades agrarias
Un trabajo de los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, difundido al día siguiente de la matanza, describía el perfil del “agente protagónico de la violencia”
Hermann Bellinghausen /X
En los meses anteriores a la masacre de Acteal, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, buenos conocedores de los Altos, y particularmente de Chenalhó, se dieron a la tarea de indagar el fenómeno de violencia que sacudía la región. Por extraña coincidencia, habrían de publicar sus conclusiones iniciales el día que se difundieron las primeras informaciones de la matanza. Su documento fue elaborado antes, pero tuvo una oportunidad muy importante. Se titulaba “¿Quiénes son los ‘paramilitares’?” (La Jornada, 23 de diciembre). Vale la pena adelantar un poco el calendario y escuchar sus hallazgos en los mismos meses finales de 1997 que este reportaje recapitula:
“El conflicto de Chiapas cobró a los antropólogos una tarea más: la de identificar a un nuevo sujeto social, el agente protagónico de la violencia”, admiten de entrada. Los autores hacen un rastreo metódico de la información proporcionada por indígenas y precisan: “Sólo en Chenalhó, 17 parajes son afectados: la tercera parte de sus asentamientos y la mitad de su población”.
Por rutina histórica, explican Aubry e Inda, “se le llamó primero pistolero o guardia blanca, por las heridas que aquellos han plasmado en la memoria colectiva de Chiapas. Sin que ellos se hayan extinguido, los medios empezaron a darle la identidad de paramilitar para diferenciarlo de los anteriores (agentes externos a las comunidades, mientras que el nuevo brote de ellas), porque actúa con una relación ambigua y no confesada con las fuerzas del orden, e interviene con armas propias de ellas.
“Con repetidos desmentidos, el Estado ha negado la existencia de paramilitares, dando argumentos que fracciones del Congreso local y la opinión pública se resistieron a creer. Por carencia semántica y por respeto a las autoridades, seguiremos llamándolo como los medios, pero entrecomillado.”
Ni tierra ni trabajo
“¿Quiénes son?”, se preguntan. “Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. Los ya casados y jefes de familia, a la par de sus padres, han vagado sin éxito en busca de empleo, sobrevivido de milagro, o de robos de parcelas y cosechas. Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medio de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”.
De repente, la “paramilitarización” ofrece a estos campesinos solución y prestigio. “Solución porque el impuesto de guerra que cobran (25 pesos quincenales por adulto si es permanente, 375 pesos de una vez para quienes se niegan) les proporciona ingresos, y porque el botín de animales, cosechas y enseres (incluidas camionetas) legitima los hurtos humillantes de elotes, café y aves de corral. Prestigio porque las armas –que no son escopetas– les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido, ni ellos ni sus padres sin tierras”.
Aquí, Aubry e Inda señalan: “Por haber tenido una vida itinerante en busca de trabajo, o no ser ejidatarios, nunca tuvieron la educación cívica que proporcionan las asambleas periódicas en las cuales se decide el destino colectivo de su paraje, colonia o municipio, y escaparon a toda responsabilidad comunitaria. Los ‘paramilitares’ no tienen proyecto social o político alguno. No pregonan nada, tan sólo se imponen. Los únicos maestros que han tenido son sus monitores del entrenamiento militar al que está condicionada la adquisición de las armas que exhiben.
“Sus mentores, ya sea en sus campamentos o en los patrullajes, tienen una conducta muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala. ¿A qué le tiran? ¿Por qué están operando sólo en el estrecho perímetro de la zona de influencia en la cual gozan de perfecta impunidad? La razón es estratégica, y probablemente lo ignoran”. Los investigadores destacan que los parajes donde finalmente “prendieron” estos grupos armados forman una cuña entre los municipios colindantes de Chenalhó, Pantelhó, Cancuc y Tenajapa.
Hacen comparaciones con la ubicación de otros grupos paramilitares: “El estado mayor de Paz y Justicia, en torno a El Limar (Tila), controla los cinco municipios choles y el acceso a varios más. Hacen las veces de las políticas públicas en la casi totalidad de los municipios que administra la secretaría estatal de Atención a los Pueblos Indígenas. El objetivo de todos es el desmantelamiento de algún bastión de las bases –desarmadas– de apoyo zapatistas”.
Después del “golpe militar” contra las comunidades rebeldes el 9 de febrero de 1995, una de las tácticas militares denunciadas por las Misiones de Observación era la destrucción de instalaciones productivas, cosechas y aperos de cultivo “para quitar porvenir” a los disidentes, subrayan. “La táctica ‘paramilitar’ de Chenalhó es la misma: los operativos empezaron con el inicio de la tapizca del café, en un año de buen precio. Y se desplaza masivamente a los productores. Tal como a los indeseables se les corre el tapete, a los indígenas de Chiapas se les quita su futuro”.
Espiral imparable
Entre septiembre y diciembre, las comunidades del norte y el oriente de Chenalhó se ven atrapadas en un proceso que parece imparable. Los hechos criminales en Acteal el 22 de diciembre confirman que al menos el Estado mexicano no pudo, o más bien no quiso, detener esa espiral. De hecho, fue obra suya. Anuncios, denuncias y alarmas no faltaron. Lo que faltó fue otra cosa.
De los entrenamientos de la Seguridad Pública en la comunidad de Puebla no hubo testimonios directos, aparte de los tiros que todas las noches se escuchaban en el valle. Pero sí de lo que ocurría en Los Chorros. Desde julio, el edil Arias Cruz había encargado a sus agentes municipales que levantaran listas de quienes eran del PRI y quienes no, en cada paraje. Se hace asamblea. El agente toma nota. Casi nadie se apunta. Los de la “sociedad civil” instauran un debate y mandan decir a Arias Cruz que el agente no tiene derecho a dividir las comunidades. Lo mismo dicen muchos priístas que tampoco se apuntaron (La Jornada, 27 de septiembre).
En septiembre, los agentes exigen dinero a los pobladores de Puebla, Los Chorros y otros parajes para comprar armas y municiones. Se castiga a los que no colaboran. En algunos lugares, como Los Chorros, se les expulsa. El concejo autónomo de Polhó asegura que el promotor de la contra para dividir a las comunidades es el ex diputado priísta Antonio Pérez Hernández (significativamente, oriundo de Polhó), ahora secretario estatal de Atención a los Pueblos Indígenas, en sustitución del escritor Jacinto Arias Pérez. Entre pedranos te veas.
El 23 de octubre, La Jornada informa desde la cabecera municipal de San Andrés que grupos de tzotziles de los municipios de Chenalhó, San Andrés y Simojovel “reciben entrenamiento militar para oponerse a la permanencia de los simpatizantes del EZLN y evitar la formación de municipios autónomos en los Altos”, según autoridades civiles rebeldes y representantes de organizaciones independientes.
Las comunidades de Puebla y Santa Martha, en Chenalhó; Santiago el Pinar, en San Andrés, y cerca de Chitamulkum, en Simojovel, son consideradas por los concejos autónomos “como centros de entrenamiento de personas que posteriormente formarán parte de grupos paramilitares”. En todos esos lugares se suceden agresiones violentas contra las comunidades en resistencia.
Creciente trasiego de armas
Por su parte, Las Abejas denuncian que “el trasiego de armas en los municipios indígenas se incrementa y los grupos armados aparecen continuamente en los caminos del municipio de Chenalhó” (La Jornada, 24 de octubre).
Los días posteriores se suceden en cascada hechos muy graves en el camino a Los Chorros y las comunidades de Chimix, La Esperanza, Aurora Chica, Puebla, Canolal, Tzanembolom y Acteal. Los ataques armados de los paramilitares contra la población civil, con la intención de expulsarlos de las comunidades, producen un muerto y más de una decena de heridos; los primeros casos que se conocieron, contabilizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y los representantes priístas de Los Chorros, fueron 13 priístas heridos, y estas fuentes insisten en que todos fueron “emboscados” por “presuntos simpatizantes del EZLN” (La Jornada, 26 y 28 de octubre). En los días posteriores se vería que las cosas no eran así de simples.
Cierran normalistas el Congreso de Guerrero; retienen a diputados
Se apoderan de la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol; Capufe ya prepara denuncias
El secretario de Educación del estado advierte que no cambiará el método para asignar plazas
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 13 de noviembre. Aproximadamente 800 estudiantes provenientes de 17 escuelas normales rurales de los estados de México, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Sonora, Jalisco, entre otras entidades, ocuparon hoy el Congreso local, donde retuvieron durante ocho horas a cinco diputados locales, entre ellos el coordinador Carlos Reyes Torres, y a unos 60 empleados.
Los jóvenes mantienen en su poder 11 autobuses de las empresas Estrella Blanca y Estrella de Oro, que usaron para trasladarse a esta ciudad.
Los estudiantes llegaron para apoyar a sus compañeros de la normal rural de Atyotzinapa, quienes demandan a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la asignación de 75 plazas para los egresados, que no desaparezcan la licenciatura en educación primaria ni el sistema de internado, y que se mejore la alimentación, entre otros puntos.
Víctor Santiago Peña, vocero de los inconformes de Ayotzinapa, informó que la SEG ha asumido una actitud “insensible” ante el pliego de peticiones. Dijo que la concentración concluirá cuando la respuesta sea favorable.
Desde temprano los alumnos se concentraron en Tixtla, a 14 kilómetros de Chilpancingo. Luego se dividieron en dos grupos: uno se apoderó del Centro de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso local para impedir los trabajos de la mesa Democracia, partidos políticos y sistema electoral, en la que participarían los diputados locales y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, dentro del marco de la reforma del Estado. El otro contingente tomó la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
De ahí los contingentes se trasladaron al edificio principal del Congreso del estado, que estuvo ocupado desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. La protesta concluyó cuando el presidente del Congreso, Carlos Reyes Torres, quien también estuvo retenido, solicitó la presencia de la fuerza pública.
Los jóvenes se trasladaron al palacio de gobierno, donde alrededor de las siete de la noche fueron recibidos por el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, Al cierre de esta edición seguían las negociaciones.
El funcionario consideró que la movilización no se justificaba porque la tarde de este martes se instalaría una mesa de trabajo para atender sus demandas.
Dijo que la SEG no cederá a presiones ni modificará el mecanismo de distribución de plazas, basado en el escalafón, el promedio de los egresados y el número de beneficiarios.
De la Vega Otero dijo que Caminos y Puentes Federales integró denuncias penales contra los normalistas por apoderarse de las casetas de la Autopista del Sol.
Los dirigentes estudiantiles refutaron las declaraciones que el lunes hizo el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien durante una gira de trabajo señaló: “Mi gobierno no trata con vándalos”. Los inconformes advirtieron que si el gobernador se niega a negociar “vamos a boicotear su proceso de reforma de Estado y la discusión en el Congreso local de su propuesta de presupuesto de egresos”.
Denuncian a maestros del SNTE
La SEG presentó una demanda contra los maestros institucionales que el lunes retuvieron varias horas a siete funcionarios de la dependencia en la coordinación regional de Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña.
Los funcionarios fueron detenidos por mentores encabezados por Braulio Aguilar Vázquez, de la dirigencia de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes exigen la destitución del coordinador regional de la dependencia, Gaudencio Solano.
Entre los retenidos se encontraban el asesor técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta; el subsecretario de Planeación, Jesús Flores; el director de asuntos indígenas, Antonio Villegas, así como Carlos Klímek, director de Planeación, y tres servidores públicos más.
Bárbara Zamora exige juicio político contra Peña Nieto por el caso Atenco
lourdes godínez leal
México, D.F., 13 de noviembre (apro-cimac).- Luego de lograr la excarcelación de la indígena mazahua, Magdalena García Durán, quien fue implicada indebidamente en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, la abogada Bárbara Zamora emprenderá ahora una batalla legal para llevar a juicio político al gobernador del Estado de México, Enrique Peña, entre otros funcionarios y exfuncionarios mexiquenses.
En conferencia de prensa, la defensora legal del bufete jurídico Tierra y Libertad afirmó que el caso de García Durán no ha concluido, que ahora peleará para que se le haga justicia y se castigue a los responsables de injusta reclusión. Entre ellos, mencionó al gobernador Peña Nieto, al procurador Abel Villicaña, al presidente del Tribunal de Justicia estatal José Castillo Ambriz, así como a los jueces Jaime Maldonado y Alberto Cervantes.
La defensora de derechos humanos consideró que lo más importante es que estos hechos no queden en la impunidad.
Calificó de “tortuoso y manipulado” el proceso penal contra Magdalena García, y denunció que las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado de México están al servicio del gobernador, pues en el caso de los detenidos de Atenco, y en específico de Magdalena, “la sentenciaron sin mediar prueba alguna”.
Destacó que “ha existido en todo este proceso una maquinación perversa entre la Procuraduría y los jueces para mantener en la cárcel a otras 24 personas”.
La activista pidió hacer una revisión del Poder Judicial y de la Procuraduría mexiquenses y que, por un principio de división de poderes, “sean retiradas todas las fotografías de Enrique Peña Nieto que permanecen en todos los juzgados, porque es una muestra más de su injerencia”.
A las instancias internacionales
Aunque no hay plazos para comenzar el procedimiento de juicio político contra los funcionarios estatales y el gobernador, Zamora explicó que armarán una acusación más amplia y agotarán todas las instancias nacionales en su reclamo de justicia.
En caso de no obtenerla --porque reconoció que los juicios políticos promovidos contra gobernadores no han prosperado--, recurrirán a las instancias internacionales de defensa de derechos humanos, como las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).